CE - Sentencia 11001031500020250017701

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250017701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00177-01

Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar

Accionado: Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y procedimental absol uto. Aplicación de l literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación presentada por Víctor Andrés Angulo Tobar contra la Sentencia de 27 de febrero de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 16 de enero de 2025, Víctor Andrés Angulo Tobar, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, trabajo, mínimo vital e igualdad, con

presentó acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, trabajo, mínimo vital e igualdad, con ocasión de las Sentencias de 31 de mayo de 2023 y 20 de noviembre de 2024 , respectivamente, dentro d el proceso de disciplinario No. 76001-11-02-000-201901816-00/01. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:

«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO POR DEFECTO SUSTANTIVO, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, PROCEDIMENTAL ABSOLUTO, DERECHO AL TRABAJO – MINIMO VITAL y DERECHO A LA IGUALDAD del Dr. Víctor Andrés Angulo Tovar

SEGUNDO: REVOCAR las siguientes sentencias: - Sentencia aprobada según Acta N.70 del 20 de noviembre de 2024, notificada electrónicamente el 05 de diciembre de ese mismo año, proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, la cual decidió confir mar la Sentencia N° 45 del 31 de mayo de 2023, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, y la. - Sentencia 0045 del 31 de mayo de 2023, en la cual se declaró Disciplinariamente responsable al Dr.

Víctor Andrés Angulo T ovar a título de DOLO y a causa de ello fue sancionado con 2 meses de suspensión del ejercicio de la profesión y multa de 02 salario mínimos legales

Víctor Andrés Angulo T ovar a título de DOLO y a causa de ello fue sancionado con 2 meses de suspensión del ejercicio de la profesión y multa de 02 salario mínimos legales

1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00177-01

Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mensuales vigentes, proferida por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, y, en consecuencia,

TERCERO: REVOCAR la calificación de la conducta realizada por el disciplinado Víctor Andrés Angulo Tovar a título de DOLO por el CONSEJO SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA y en su defecto MODIFICARLA y adecuarla a

CULPA.

CUARTO: REVOCAR la sanción de 02 meses de suspensión del ejercicio de la profesión, la multa de 02 salario mínimos legales mensuales vigentes y en consecuencia MODIFICARLA a CENSURA por cumplirse los presupuestos requeridos en el numeral 2° del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.»

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron

identificados los siguientes:

en el numeral 2° del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.»

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron

identificados los siguientes:

4. El 18 de noviembre de 2021, Iván Octavio Monsalve Gómez, representante legal de la empresa INGECON Ltda. interpuso queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca en contra de l abogado Víctor Andrés Angulo Tobar, al considerar que este había incurrido en la falta contemplada en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 20072, al presuntamente apropiarse del valor de las costas procesales dentro del proceso radicado No. 76109-33-33002-2019-00202-00, adelantado en contra del Distrito de Buenaventura, que conoció el Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura.

5. El 22 de marzo de 2023, el señor Angulo Tovar realizó una consignación por $49.500.000, a una cuenta de ahorros de INGECON Ltda., en aras de compensar o resarcir el daño causado a la empresa a la que había representado judicialmente dentro del proceso ejecutivo que dio por origen a la queja.

6. Mediante Sentencia de 26 de junio de 2023 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca declaró responsable disciplinariamente a

Víctor Andrés Angulo, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE y consecuente con ello SANCIONAR al abogado VICTOR ANDRES ANGULO TOBAR, identificado con la

Víctor Andrés Angulo, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE y consecuente con ello SANCIONAR al abogado VICTOR ANDRES ANGULO TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.110.481.722 portador de la Tarjeta Profesional Nro. 258.477 del Consejo de Superior de la Judicatura, con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y MULTA EQUIVALENTE A DOS (02) S.M.L.M.V para el año 2023, de conformidad con el articulo 42 y 43 ibidem, dado que con su conducta transgredió el deber impuestos en el numeral 8° del artículo 28 de la ley 1123 de 2007, desarrollado como falta contra la honradez, establecida en el artículo 35 numeral 4° ibidem, comportamiento calificado a título de DOLO.

SEGUNDO: NOTIFICAR la present4 decisión al abogado investigado y al Agente del

Ministerio Público.

TERCERO: INFORMAR que contra la presente sentencia procede el recurso de APELACIÓN ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como lo señalan los artículos 66 y 83 de la Ley 1123 de 2007. En la eventualidad de que la presente decisión no sea apelada, ésta deberá ser remitida bajo el grado jurisprudencial de consulta a la

Comisión Nacional de Disciplina Judicial»

2 «Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad

Comisión Nacional de Disciplina Judicial»

2 «Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo»Radicado: 11001-03-15-000-2025-00177-01

Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar

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7. En la sentencia se indicó que el profesional incurrió en esta falta al no entregar oportunamente la suma de $49.455.741 correspondiente a las costas procesales 3.

Dicha suma fue apropiada por el abogado, quien argumentó que correspondía a honorarios pactados por la gestión de una acción de tutela presentada ante el Consejo de Estado, gracias a la cual se logró el pago. Sin embargo, no se evidenció la existencia de autorización ni renuncia expresa por parte de su cliente, quien manifestó en su queja que el abogado cobró dichos valores sin su consentimiento.

8. Agregó que no e ra posible aplicar la atenuación de la sanción prevista en el artículo 45, literal b, de la Ley 1123 de 2007 , pues aunque el abogado investigado devolvió $49.500.000 (monto aproximado de las costas recibidas), no se evidenció que hubiera reparado los daños o perjuicios causados al quejoso por la demora en la entrega del dinero.

9. El 4 de julio de 2023, el accionante apeló la sentencia . Argumentó que: (i) no

que hubiera reparado los daños o perjuicios causados al quejoso por la demora en la entrega del dinero.

9. El 4 de julio de 2023, el accionante apeló la sentencia . Argumentó que: (i) no se valoraron adecuadamente las pruebas, ya que se desestimaron casi por completo sus declaraciones y evidencias; (ii) hubo prejuzgamiento, pues el magistrado anticipó su decisión al señalar que, pese a la devolución de $49.500.000, no procedía el beneficio por no haberse actualizado el valor por inflación; (iii) la conducta no debía calificarse como dolosa, ya que retuvo el dinero por un error invencible inducido por el quejoso, lo cual haría aplicable la atenuación del artículo 45, literal b, numeral 2, de la Ley 1123 de 2007; y iv) la sentencia exigió requisitos adicionales no contemplados por la norma para conceder la atenuación4.

10. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024 , confirmó la decisión de primera instancia. Para ello, sostuvo que no se presentó vulneración al derecho al debido proceso ( defensa)5.

Descartó la existencia de prejuzgamiento por parte del magistrado, al considerar que, una vez verificados los presupuestos que configuran la conducta (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), el operador disciplinario puede adoptar determinadas posiciones sin que ello implique parcialidad.

11. Por otra parte, examinó la solicitud de exclusión de responsabilidad por error invencible y concluyó, con base en las pruebas obrantes en el expediente, que no se demostró que se hubiese renunciado expresamente al cobro de las costas

11. Por otra parte, examinó la solicitud de exclusión de responsabilidad por error invencible y concluyó, con base en las pruebas obrantes en el expediente, que no se demostró que se hubiese renunciado expresamente al cobro de las costas procesales. Respecto a la supuesta omisión del testimonio de Iván Octavio Monsalve Gómez, indicó que aquel no tuvo relevancia en la decisión adoptada, por lo que su no inclusión en la sentencia no representó una irregularidad sustancial. En cuanto a la imputación de la conducta a título de culpa, señaló que no se evidenció que el abogado hubiera actuado con descuido o incumpliendo el deber objetivo de cuidado, razón por la cual no era procedente atribuirle responsabilidad bajo ese fundamento.

3 Ordenadas mediante Auto de 18 de agosto de 2021, dentro del proceso ejecutivo radicado No. 2019-00202-00, tramitado ante el Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura. 4 Manifestó que la norma solo exige haber procurado por iniciativa propia, resarcir o compensar el daño causado y carecer de antecedentes disciplinarios 5 En la sentencia se describió las actuaciones realizadas por el accionado dentro del proceso que así lo confirmaba, permitiendo, por ejemplo, que la versión libre fuera presentada de manera escrita.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00177-01

Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar

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12. Por último, en relación con la inaplicación del criterio de atenuación, Sostuvo

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12. Por último, en relación con la inaplicación del criterio de atenuación, Sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió en un error de motivación al rechazar su aplicación. Indicó que conforme a la ley disciplinaria, dicho criterio exige que la intención de resarcir o compensar provenga de una iniciativa espontánea del disciplinado, no obstante, para este caso, la entrega del dinero no fue espontanea, ya que se produjo una vez iniciado el proceso disciplinario y tuvo como finalidad acceder al beneficio de la atenuación, tal como lo señaló el abogado.

13. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora, luego de analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 6, adujo que las autoridades accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental absoluto. Frente al primero se indicó que, en la sentencia de primera instancia, se realizó una interpretación incorrecta del numeral 2 del literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, al no conceder el beneficio de ser sancionado con «censura», al exigirse requisitos adicionales a los establecidos de manera taxativa en la norma7, mientras que en la segunda sentencia, se configuró dicho defecto al considerarse que la compensación o resarcimiento presentado no fue realizado por iniciativa propia, ya que l a norma no establece nada sobre su aplicación si existe, o no, un proceso disciplinario en curso.

14. Frente al segundo reparo, manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina

propia, ya que l a norma no establece nada sobre su aplicación si existe, o no, un proceso disciplinario en curso.

14. Frente al segundo reparo, manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró argumentos que no fueron objeto de discusión durante el proceso disciplinario. En el recurso de apelación, únicamente se cuestionó la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en el numeral 2 del literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, específicamente en relación con las actualizaciones inflacionarias. Sin embargo, no se debatió si la compensación o resarcimiento se había realizado por iniciativa propia. Este enfoque limit ó el derecho fundamental al debido proceso ( defensa y contradicción ), ya que, al ser el órgano de cierre, no permitió realizar pronunciamientos sobre este aspecto. Esto, a su vez, exced ió los límites de competencia establecidos por el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012

(CGP).

Intervenciones8

15. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial describió los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, concluyendo que la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional, ya que lo perseguido por el accionante era un juicio de corrección y no de validez sobre la decisión sancionatoria.

6 El señor Angulo Tobar manifestó que la acción de tutela (i) poseía relevancia constitucional, dado que las decisiones de las providencias enjuiciadas implican la violación de derechos fundamentales; (ii) se cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que se agotó el recurso de apelación; (iii) se satisfizo el requisito de inmediatez, puesto que la Comisión Nacional de

providencias enjuiciadas implican la violación de derechos fundamentales; (ii) se cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que se agotó el recurso de apelación; (iii) se satisfizo el requisito de inmediatez, puesto que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial notificó electrónicamente la sentencia el 5 de diciembre de 2024; (iv) la irregularidad procesal tuvo efectos decisivos y directos sobre las providencias judiciales que se cuestionan en esta acción de tutela, pues impactan los derechos fundamentales alegados; (v) se identificaron de manera razonable los hechos que dieron lugar a la vulneración y los derechos que se consideran afectados; y (vi) las providencias impugnadas en este caso no abordan ningún cuestionamiento relacionado con una sentencia de tutela. 7 Para el accionante la norma exige solo Haber procurado por iniciativa propia, resarcir o compensar el daño causado y, - Carecer de antecedentes para que sea aplicado el criterio de atenuación de la sanción contenido en el numeral 2 del literal b.) del artículo 45 de la Ley 1123 2007, según el accionante le exigía actualizaciones inflacionarias. 8 Mediante Auto de 27 de enero de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y vinculó a Iván Octavio Monsalve Gómez como tercero con interés en el proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00177-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

16. Señaló además que, aun si se diera trámite a la acción de tutela, no se cumplieron los requisitos específicos de procedencia, ya que no se configuró un defecto procedimental absoluto. En efecto, el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019 establece que, en segunda instancia, el recurso de apelación otorga competencia para revisar únicamente los aspectos impugnados y los que estén estrechamente vinculados a ellos. Así, el juez de segunda instancia actuó dentro de su competencia al analizar si se cumplían los requisitos legales para aplicar la causal de atenuación, sin que ello implicara una trasgresión a las reglas procesales, sino una respuesta al reparo planteado por el apelante.

17. En cuanto al presunto defecto fáctico, señaló que, para aplicar el criterio de atenuación, los magistrados debían verificar primero si el resarcimiento o compensación fue producto de la iniciativa propia del disciplinado, y solo después evaluar si dicha reparación se materializó adecuadamente. Este análisis no implicó la imposición de un requisito adicional al previsto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, sino una interpretación conforme a su contenido.

18. Las demás personas vinculadas como terceros , a pesar de haber sido notificados de la acción de tutela, guardaron silencio.

Sentencia impugnada

19. El 27 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró

notificados de la acción de tutela, guardaron silencio.

Sentencia impugnada

19. El 27 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional. Al respecto, c oncluyó que, el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por las autoridades accionadas, y la acción de tutela contra providencia judicial no constituía una instancia adicional que permitiera reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tenía por objeto verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales. El actor plante ó una afectación que tuvo origen en un debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso disciplinario y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le correspondía al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional.

Impugnación

20. El accionante impugnó la decisión al considerar que sí se presentó una vulneración de derechos fundamentales, los cuales fueron expuestos de forma clara, detallada y debidamente sustentada en el escrito de tutela. En cuanto a la relevancia constitucional, reiteró la existencia de presuntos defectos sustantivo y procedimental absoluto en la sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, particularmente en la aplicación del numeral 2 del literal b) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. Aclaró que no se trat ó de un asunto meramente legal, sino de una

absoluto en la sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, particularmente en la aplicación del numeral 2 del literal b) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. Aclaró que no se trat ó de un asunto meramente legal, sino de una posible vía de hecho.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00177-01

Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar

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II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

21. Si bien la acción de tutela se dirigió contra las decisiones proferidas en primera y segunda instancia en el proceso disciplinario No . 2019-01816-00/01, el análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados recaerá sobre el pronunciamiento de segundo grado comoquiera que fue Comisión Nacional de Disciplina Judicial la autoridad que puso fin al proceso.

22. Aunado a ello, a unque en la acción de tutela se menciona un presunto desconocimiento del precedente, este argumento no fue desarrollado en el escrito, por lo que no será objeto de análisis.

23. En ese orden de ideas, por temas metodológicos, de llegar a ser procedente la acción de tutela, primero se abordará el estudio de fondo del defecto procedimental y, luego, el sustantivo.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial , si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defecto sustantivo y

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial , si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defecto sustantivo y procedimental absoluto en la Sentencia de 20 de noviembre de 2024 , Rad. 201901816-01, respecto de la aplicación del numeral 2 del literal b) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia, dado que: (i) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto que el accionante participó como sujeto disciplinado en el proceso disciplinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; (ii) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (iii) la acción de tutela fue presentada el 16 de enero de 2025 esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la providencia enjuiciada9; (iv) no se alegó una irregularidad procesal, sino la indebida aplicación de una norma ; ( v) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable; y ( vi) la tutela no fue interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.

26. (vii) Ahora bien, contrario a la tesis que asumió el juez de tutela de primer grado, la controversia posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión

la tutela no fue interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.

26. (vii) Ahora bien, contrario a la tesis que asumió el juez de tutela de primer grado, la controversia posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centra en la posible vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso (defensa y contradicción) , debido a la presunta aplicación indebida del

9 La sentencia fue notificada el 5 de diciembre de 2024, a través de correo electrónico.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00177-01

Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co numeral 2 del literal b) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 , de cara a la competencia del juez de segunda instancia y el marco del recurso de apelación.

27. En ese orden, se revocará la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se procederá a estudiar de fondo el asunto de la referencia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

28. La Sala negará la solicitud de amparo por no encontrar configurado s los defectos alegados, por las razones que pasan a explicarse:

29. Para resolver, sea lo primero indicar que, una vez revisados los documentos que reposan en el expediente, logró advertirse que en el recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia, el hoy accionante, por conducto de apoderado, alegó una indebida aplicación del numeral 2 del literal b del artículo 45

que reposan en el expediente, logró advertirse que en el recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia, el hoy accionante, por conducto de apoderado, alegó una indebida aplicación del numeral 2 del literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 10. Por su parte, sobre dicho reparo , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la providencia enjuiciada, expresamente indicó:

«Del recuento procesal se advierte que si bien la primera instancia erró en las motivas para desatender el criterio de atenuación deprecada por el recurrente, ello no comporta la aplicación de censura como lo peticiona el apelante en el medio de impugnación .

Lo anterior en atención a que el legislador dispuso que para que proceda la causal de atenuación contemplada en el numeral 2° del literal b.) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, se requiere que la intención de resarcir o compensar sea por iniciativa propia, lo que en el sub lite se muestra como inconcurrente, en tanto la entrega del dinero fue luego de que se iniciara el proceso disciplinario y bien lo refirió el defensor contractual, quien destacó que la entrega de los $49.500.000 pretendió obtener el beneficio de la causal de atenuación y recibir como reproche disciplinario para su prohijado la sanción de censura.

Luego mírese que en sí mismo ello desdice de que la compensación o el resarcimiento que se alegó no fue por iniciativa propia si no porque se enfrentaba el trasgresor disciplinario a una sanción que afectaba su ejercicio profesional y a partir de allí en búsqueda de una menor punición sancionatoria, optó por devolver el dinero recibido por concepto de costas procesales, luego tal actitud no es la consecuencia de una mera

disciplinario a una sanción que afectaba su ejercicio profesional y a partir de allí en búsqueda de una menor punición sancionatoria, optó por devolver el dinero recibido por concepto de costas procesales, luego tal actitud no es la consecuencia de una mera liberalidad del togado, si no de una situación que deja de ser por iniciativa propia pa ra ser la consecución de un propósito calculado por el infractor, comportamiento que no se ajusta a la premisa que dispuso el legislador, por lo que no se accederá a la petición de modificación de la sanción.»

30. En ese orden de ideas, en lo que respecta al argumento relacionado con la competencia del juez disciplinario de segunda instancia (defecto procedimental absoluto), es preciso resaltar 2 puntos.

31. De un lado, debe señalarse que el principio de congruencia constituye un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Dicho principio impide que el juez tome

10 «Como quedo probado en el proceso, mi cliente el día miércoles 22 de marzo del año en curso realizó consignación hecha por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($49.500.000.oo) M/Cte:, a la cuenta de ahorros [xxx] de Bancolombia, de la cual es titular INGECON LTDA., en aras de compensar o resarcir el daño al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en ese sentido mi cliente acepta de manera tácita haber

retenido el dinero pero ello debid o al convencimiento errado e invencible al que le hizo incurrir el quejoso, por lo que en su actuar nunca estuvo defraudarlo o aprovecharse de él o de los intereses de su empresa. Es así entonces como a las luces del artículo precitado, mi cliente debe verse amparado de las prerrogativas que ese artículo dispone, contrario sensu de lo dicho por el a quo en la Sentencia recurrida»Radicado: 11001-03-15-000-2025-00177-01

Accionante: Víctor Andrés Angulo Tobar

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decisiones cuya justificación no surja del proceso, es decir, que no correspondan a lo que fue solicitado, debatido o probado en el mismo y, en consecuencia , son las partes quienes delimitan el marco de acción del juez, por lo que cualquier pronunciamiento que exceda lo pedido u omita resolver sobre ello, implica una vulneración de dicho principio11.

32. Aunado a ello, debe resaltarse que, en materia disciplinaria, el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019 señala expresamente que «[e] l recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación».

33. Así las cosas, la Sala estima que no se configuró el defecto procedimental, comoquiera que al haber sido alegado lo relativo al numeral 2 del literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, se habilitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,

comoquiera que al haber sido alegado lo relativo al numeral 2 del literal b del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, se habilitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como juez de segunda instancia, para que se pronunciara sobre los requisitos para la aplicación del atenuante que prevé dicha norma.

34. Ahora bien, en lo que respecta al defecto fáctico, tampoco se evidenció que se hubiera configurado , ya que la interpretación y aplicación que hizo la autoridad accionada sobre aquel precepto normativo no fue caprichoso y/o irracional, por el contrario, respondió al margen de apreciación que como juez disciplinario tenía en marco de sus competencias, autonomía e independencia.

35. Al respecto , cobra especial relevancia señalar que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -290 de 2008, examinó la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 1123 de 2007, entre ellos, el artículo 45 . En aquella oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión « siempre y cuando carezca de ant

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