CE - Sentencia 11001031500020250018801

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250018801
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00188-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: DISICO S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISION DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EL CUAL ES MÁS RIGUROSO EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES. LO PRETENDIDO POR LA ACTORA ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL

LAUDO ARBITRAL Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. ASUNTO

LEGAL Y ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES : DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 27 de febrero de 2025 , mediante la cual la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1 En adelante la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00188-01

referencia.

1 En adelante la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00188-01

ACTORA: DISICO S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La sociedad DISICO S.A., actuando a través de apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales , a su juicio, le fue ron vulnerados por el

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

DE BOGOTÁ2 y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO3 al haber proferido el laudo arbitral de 12 de mayo de 2023 y la providencia de 2 2 de mayo de 2024, respectivamente, esta última dentro del recurso extraordinario de anulación identificado con el número único de radicación 11001-0326-000-2023-00132-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el 16 de mayo de 2013 suscribió el contrato núm. DG002-2013 con la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP 4, cuyo

2 Conformado dentro del trámite arbitral núm. 133080 por los Árbitros Carlos Mayorca Escobar, Carolina Guillén Gómez y Daniel Rodríguez Bravo. En adelante el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 3 En adelante la SECCIÓN TERCERA. 4 En adelante DISPAC.3

Guillén Gómez y Daniel Rodríguez Bravo. En adelante el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 3 En adelante la SECCIÓN TERCERA. 4 En adelante DISPAC.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00188-01

ACTORA: DISICO S.A.

objeto5 era la construcción y puesta en servicio de la línea de interconexión eléctrica de las localidades de Istmina, Paimadó y San Miguel en los municipios de Istmina y Medio San Juan (Chocó, Colombia).

Relató que el 20 de septiembre de 2019 presentó demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá contra de DISPAC, con el fin de dirimir las diferencias originadas con ocasión del contrato núm. DG-002-2013.

Adujó que el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá 6 mediante laudo de 19 de marzo de 202 0 declaró el incumplimiento del contrato, además, que la obra ejecutada fue superior a la reconocida por DISPAC , por lo que esta última se enriqueció sin justa causa y la condenó a pagar la suma de $3.595.010.737.

5 “[…] adquisición y transferencia del derecho de dominio de ciento veinte (120) viviendas tipo, viviendas de interés social en MIRADOR DEL JARDIN, con destino a los beneficiarios del fondo de solidaridad de la caja promotora de vivienda militar y de policía, en la ciudad de Medellín – Antioquia, que serán edificadas sobre el lote que tiene una extensión superficial de 533 M2 identificado con el folio

solidaridad de la caja promotora de vivienda militar y de policía, en la ciudad de Medellín – Antioquia, que serán edificadas sobre el lote que tiene una extensión superficial de 533 M2 identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No 01N-5196642 de carrera 50E No 82-99 de la ciudad de Medellín, Antioquia. Las viviendas objeto del presente contrato contaran con un área aproximada construida 40.00 M2 para las viviendas básicas. Estos inmuebles serán desarrollados por la sociedad OFICINA DE DISE ÑOS CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA – ODICCO LTDA. Sociedad que se obliga a construir, individualizar y ejecutar el proyecto MIRADOR DEL JARDIN, material y jurídicamente, desenglobando para el efecto cada etapa, manzana o vivienda, del predio matriz […]” 6 Conformado por los Árbitros Álvaro Mauricio Isaza Upegui, Carlos González Vargas y Alberto Gómez Mejía.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00188-01

ACTORA: DISICO S.A.

Aseveró que DISPAC interpuso recurso extraordinario de anulación contra el anterior laudo, el cual fue conocido por Sección TerceraSubsección “B”- del Consejo de Estado que , en providencia de 2 de junio de 2021 , lo anuló por estimar que no se pronunció sobre diversos aspectos , decisión contra la cual interpuso recurso extraordinario de revisión que a la fecha se encuentra pendiente de ser resuelto.

Sostuvo que promovió una nueva demanda arbitral ante el Centro de

diversos aspectos , decisión contra la cual interpuso recurso extraordinario de revisión que a la fecha se encuentra pendiente de ser resuelto.

Sostuvo que promovió una nueva demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO que, mediante laudo de 12 de mayo de 2023 , accedió a las pretensiones declarativas, pero denegó las de orden económico por considerar frente a estas operó la figura de la cosa juzgada.

Señaló que, por ello, presentó ante el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO solicitud de aclaración, corrección y adición del laudo arbitral, el cual fue atendido desfavorablemente a sus intereses en auto de 26 de mayo de 2023.

Sostuvo que inconforme con lo anterior, interpuso recurso5

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ACTORA: DISICO S.A.

extraordinario de anulación, al cual le fue asignado el número único de radicación 2023-00132-00 y le correspondió por reparto a la SECCIÓN TERCERA que, mediante providencia de 2 2 de mayo de 2024, declaró infundado el recurso y la condeno en costas a favor de

DISPAC.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el laudo arbitral de 12 de mayo de 2023 incurrió en defecto sustantivo y en decisión sin motivación, comoquiera que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO declaró la excepción de cosa juzgada con total abstracción de las disposiciones contenidas en

en defecto sustantivo y en decisión sin motivación, comoquiera que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO declaró la excepción de cosa juzgada con total abstracción de las disposiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 304 de CGP y en el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 12 de julio de 20127, sin indicar de manera clara, completa y expresa cuál era su interpretación de tales normas.

Aseveró que, de conformidad con el inciso 3º del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 “[…] cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal arbitral […]”, lo que evidencia que sí podía convocar un nuevo tribunal de arbitramento.

7 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”.6

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ACTORA: DISICO S.A.

Afirmó que no es acertado afirmar que la ejecutoria de los laudos, ni su subsecuente efecto de cosa juzgada, provengan de no haber sido recurridos en anulación, comoquiera que la ejecutoria y la figura de la cosa juzgada del laudo no provienen de la providencia que decidió sobre el recurso de anulación interpuesto en su contra , aun cuando ciertamente dicha providencia si tenía la potencialidad de ponerles fin a una y a otra.

Manifestó que la SECCIÓN TERCERA interpretó en debida forma la finalidad del recurso extraordinario de anulación, pues este no puede emplearse como una segunda instancia, lo que desconoció lo

fin a una y a otra.

Manifestó que la SECCIÓN TERCERA interpretó en debida forma la finalidad del recurso extraordinario de anulación, pues este no puede emplearse como una segunda instancia, lo que desconoció lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 304 del CGP.

I.3.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] Primera: Que en defensa de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y de acceso eficaz a la administración de justicia de la accionante, se deje sin valor ni efecto alguno lo resuelto por las anotadas autoridades, así: - El punto o resolutivo primero del laudo de fecha 12 de mayo de 2023 y en lo pertinente su negativa a aclararlo de 26 de mayo de 2023, a través del cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones principales primera,7

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ACTORA: DISICO S.A.

segunda, quinta, sexta, primera a la par con las pretensiones primera, segunda y quinta, y pretensiones subsidiarias, pretensión c.1. de la correspondiente demanda. Y

  • Los puntos primero y segundo de la sentencia de 22 de mayo de 2.024 de la Subsección C de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, proferida dentro del radicado No. 11001-03-26-0002023-00132-00 (70274), en cuanto declaró infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por Disico contra el

de Estado, proferida dentro del radicado No. 11001-03-26-0002023-00132-00 (70274), en cuanto declaró infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por Disico contra el citado laudo arbitral de fecha 12 de mayo de 2023 y su aclaración de 26 de mayo de 2023, y condenó en costas a la recurrente.

Segunda: Que para restablecer el efectivo goce de los derechos de la accionante, se le ordene a los citados árbitros que, dentro del término que al efecto se les señale, profieran nuevo laudo en el que, para resolver las peticiones de la demanda, manifiesten de manera expresa, clara y completa su interpretación acerca de lo previsto en los arts. 304, numeral 2, del CGP y 43, inciso tercero, de la ley 1563, y de ese modo expresen, en concreto, si, por autorización de lo consignado en el inciso tercero del art. 43 de la ley 1563 en el sentido de que “Cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal arbitral”, lo resuelto en el laudo de marzo 19 de 2020 en contra de Disico corresponde, o no, a situación susceptible de se r modificada mediante el segundo proceso arbitral a que dicha norma se refiere, esto es, si resulta posible que el derecho allí consagrado en favor de Disico -consistente en poder volver a entablar un segundo proceso arbitral-, como así lo hizo, permite que las decisiones adoptadas en el laudo con que concluyó el primero de tales arbitrajes no conserven validez en el segundo de ellos y, por ende, no configuren cosa juzgada.

entablar un segundo proceso arbitral-, como así lo hizo, permite que las decisiones adoptadas en el laudo con que concluyó el primero de tales arbitrajes no conserven validez en el segundo de ellos y, por ende, no configuren cosa juzgada.

Nota: De prosperar las anteriores peticiones, carece de sentido pedir que la Subsección C de la Sección Tercera de esa H.

Corporación se pronuncie de nuevo sobre el laudo que, para entonces, ya no existirá. En tal caso, habrá que esperar el laudo sustitutivo, frente al cual las partes sabrán cómo actuar […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- EL señor CARLOS MAYORCA ESCOBAR, quien integró el8

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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, sostuvo que el laudo es la manera a través de la cual en su momento se resolvió las controversias puestas bajo consideración por las partes, por lo que no resulta conveniente entrar a desvirtuarlo, máxime cuando no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

I.4.2.- Los señores CAROLINA GUILLÉN GÓMEZ y DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO , quienes integraron el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, refirió que el laudo de 12 de mayo de 2023 que se profirió en derecho posee efectos consuntivos, lo que implicó la finalización del proceso y la culminación del encargo arbitral.

Destacó que se refirió en su totalidad a las peticiones de la convocante, a las excepciones de la convocada y se pronunció sobre

finalización del proceso y la culminación del encargo arbitral.

Destacó que se refirió en su totalidad a las peticiones de la convocante, a las excepciones de la convocada y se pronunció sobre aquellas que correspondían , justificando su decisión en la ley sustancial y procesal, con argumentos jurídicos razonables.

Relató que la accionante no demuestra la vulneración de derecho fundamental alguno , sino que pretende reabrir el debate jurídico sobre la legalidad de una de las decisiones adoptadas en el laud o, con base en una norma a la que la actora le da su propia9

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interpretación, lo que deja en evidencia que la solicitud de amparo debe ser denegada.

I.4.3.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia en razón a que las pretensiones elevadas no reúnen los requisitos de procedibilidad, en especial el de la relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido es utilizar la acción de tutela para reabrir un debate jurídico que se suscitó con ocasión de la excepción de cosa juzgada, de lo decidido en el laudo arbitral y en el recurso extraordinario de anulación.

Indicó que de encontrarse superados los requisitos de procedibilidad, se debe denegar el amparo deprecado, en tanto que la providencia enjuiciada no adolece del defecto sustantivo ni tampoco de decisión sin motivación, pues se realizó un estudio ponderado y juicioso sobre la configuración y el alcance de la cosa juzgada frente a las

enjuiciada no adolece del defecto sustantivo ni tampoco de decisión sin motivación, pues se realizó un estudio ponderado y juicioso sobre la configuración y el alcance de la cosa juzgada frente a las pretensiones elevadas y decididas en el primer proceso arbitral.

I.5.- Intervinientes

I.5.1.- La empresa DISPAC destacó q ue la accionante pretende convertir la acción de tutela en una segunda instancia, lo que no10

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resulta de recibo, comoquiera que este no es el mecanismo idóneo para reabrir la discusión de un laudo, máxime cuando las decisiones cuestionadas se encuentran debidamente fundadas y no desconocen las normas relacionadas con la figura de la cosa juzgada.

Adujo que se realizó un estudio adecuado del asunto, en el cual se expuso la interpretación del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.

Resaltó que la parte actora cu enta con el recurso extraordinario de revisión, además, que el asunto carece del requisito general de la relevancia constitucional, pues lo pretendido es el reconocimiento de pretensiones netamente económicas.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA , mediante sentencia de 27 de febrero de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia al considerar que no se cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez q ue los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se

de amparo de la referencia al considerar que no se cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez q ue los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron11

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ACTORA: DISICO S.A.

debidamente debatidos, analizados y resueltos en el proceso arbitral y en la sentencia de 22 de mayo de 2024.

Resaltó que, en el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, la actora indicó en los mismos términos que ahora plantea, que no se presentó el fenómeno de la cosa juzgada y que la determinación del TRIBUNAL DEL ARBITRAMENTO de no analizar el asunto desconoció por completo el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.

Afirmó que en la providencia de 22 de mayo de 2024 , la SECCIÓN TERCERA declaró infundado el recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral de 12 de mayo de 2023, previa consideración de que la inconformidad de la sociedad recurrente se limitó a debatir la interpretación del TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO sobre la figura de la cosa juzgada, aspecto para el cual no fue concebido dicho recurso , comoquiera que la interpretación o el criterio de los árbitros no puede ser debatida ni controvertida por esa vía, de modo que el juez extraordinario no tenía competencia para pronunciarse al respecto.12

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controvertida por esa vía, de modo que el juez extraordinario no tenía competencia para pronunciarse al respecto.12

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ACTORA: DISICO S.A.

Así las cosas, puso de manifestó que, si bien la parte actora pretende poner de presente un defecto, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los a rgumentos que fueron planteados en el marco del proceso arbitral e inclusive en el recurso extraordinario de revisión, los cuales fueron resueltos de manera razonable por las autoridades accionadas.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:

Señaló que, contrario a lo manifestado por el a quo , el asunto s í reviste verdadera relevancia constitucional, comoquiera que involucra una discusión en torno a la comprensión y alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en el marco de un proceso de responsabilidad contractual.

Reiteró que uno de los debates planteados consiste en el13

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ACTORA: DISICO S.A.

cuestionamiento acerca de la falta de aplicación e interpretación de las normas, esto es, del numeral 2º del artículo 304 del CGP y del inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y si se configuró

cuestionamiento acerca de la falta de aplicación e interpretación de las normas, esto es, del numeral 2º del artículo 304 del CGP y del inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y si se configuró la cosa juzgada, por lo que al haberse declarado la nulidad del laudo por la causal 7, le surge el derecho de formular un segundo proceso arbitral.

Afirmó que el hecho de no haber aplicado las normas citadas compromete seriamente sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , dado que la indicada falta de aplicación de tales normas impone una carga más exigente o desproporcionada , lo cual sí trasciende al nivel constitucional que aparenta ser de índole meramente legal.

Resaltó que la acción de tutela no persigue directa e inmediatamente el interés de carácter económico, por lo que tampoco pretende reabrir un debate conc luido, sino advertir el deber de interpretar y aplicar en debida forma la normativa dispuesta en el numeral 2º del artículo 304 del CGP y el inciso 3º del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.14

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ACTORA: DISICO S.A.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la15

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ACTORA: DISICO S.A.

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la16

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cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y17

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ACTORA: DISICO S.A.

que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las

constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo

que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede18

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ACTORA: DISICO S.A.

como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales

La Corte Constitucional en sentencia T -131 de 20228 dispuso sobre el particular que, si bien es cierto, en principio, resultan aplicables a los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, su examen debe ser más rigur oso y estricto, de conformidad con la SU-174 de 20079.

los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, su examen debe ser más rigur oso y estricto, de conformidad con la SU-174 de 20079.

Por su parte, la sentencia SU -033 de 201810 precisó que el respeto por la decisión de los árbitros y la procedencia de la tutela supone analizar con especial detenimiento el requisito general de la relevancia constitucional.

Al respecto, en la mencionada sentencia T -131 de 2022 la Corte

8 M.P. Diana Fajardo Rivera. 9 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 10 M.P. Alberto

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