CE - Sentencia 11001031500020250019901

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250019901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

Demandante: Christian Omar Castrillón Mosquera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

Demandante: CHRISTIAN OMAR CASTRILLÓN MOSQUERA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La controversia planteada es puramente económica y de mera legalidad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida el 21 de enero de 2025 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 17 de enero de la presente anualidad 1, el señor Christian Omar Castrill ón

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 17 de enero de la presente anualidad 1, el señor Christian Omar Castrill ón Mosquera interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por consider ar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la expedición de los autos del 29 de agosto y 27 de septiembre de 2024, dentro del proceso ejecutivo con radicado 68001 -3333-008-2017-00361-01/03. Formuló la siguiente petición (transcripción textual):

1-. CONCEDER la TUTELA DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA IGUALDAD como parte demandante contenidos en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política, vulnerados por el despacho judicial aquí accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER a través de su M.P Dr. Iván Mauricio Mendoza Saavedra en los autos de fecha 29 de agosto de 2024 y 27 de septiembre de 2024 en trámite de segunda instancia del proceso ejecutivo radicado 680 01-3333-008 201700361-03 promovido por el suscrito CHRISTIAN OMAR CASTRILLON MOSQUERA en contra de la NACION -RAMA JUDICIAL - DIRECCION

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL.

1 Se advierte que el 2 0 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

Demandante: Christian Omar Castrillón Mosquera

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

Demandante: Christian Omar Castrillón Mosquera

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2-. En consecuencia, ordenar DEJAR SIN EFECTO las siguientes providencias:

-. El auto de fecha 29 de agosto de 2024 expedido por el Magistrado Ponente del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER dentro del trámite de segunda instancia en el proceso ejecutivo radicado 68001-3333 008-201700361-03 promovido por el suscrito CHRIST IAN OMAR CASTRILLON MOSQUERA en contra de la NACION -RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por el cual ordeno remitir expediente al contador liquidador para realizar una nueva liquidación del crédito impartiendo instrucciones irregulares e ilegales.

-. El auto de fecha 27 de septiembre de 2024 expedido por el Magistrado Ponente del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER dentro del trámite de segunda instancia en el proceso ejecutivo radicado 680013333-008-2017-00361-03 promovido por el suscrito CH RISTIAN OMAR CASTRILLON MOSQUERA en contra de la NACION -RAMA JUDICIALDIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL por el cual decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto de fecha 20 de agosto de 2021 que “actualizo” la liquidación del crédito.

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL por el cual decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto de fecha 20 de agosto de 2021 que “actualizo” la liquidación del crédito.

3-. En su lugar ORDENAR, que en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación del fallo que conceda la tutela solicitada, el aquí accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER a través de su Magistrado Ponente Dr. Iván Mauricio Mendoza Saavedra, profiera auto que CONFIRME el auto apelado de fecha 20 de agosto de 2021 y a su vez liquide los intereses de mora a la tasa comercial sobre el saldo insoluto de la condena impuesta en la sentencia base de ejecución, desde el 21 de agosto de 2021 día siguiente al auto en que se “actualizo” la liquidación del crédito, hasta la fecha en que se profiera por el despacho judicial aquí accionado el auto que confirma la providencia recurrida.

4-. Las demás medidas que la SECCION SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO determine y considere necesarias para lograr la tutela efectiva de mis derechos fundamentales violados.

2. Como fundamentos fácticos, el señor Christian Omar Castrillón Mosquera señaló:

3. Que ejerció acción ejecutiva en contra de la Nación , Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro, con el propósito de obtener el pago de la condena establecida en la sentencia del 17 de marzo de 2016 2, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de reparación

Ejecutiva de Administración Judicial y otro, con el propósito de obtener el pago de la condena establecida en la sentencia del 17 de marzo de 2016 2, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de reparación directa con radicado 68001-3331-008-2012-00283-00.

4. La providencia aportada como título de recaudo quedó ejecutoriada el 2 de abril de 2016 y la petición para exigir su cumplimiento se radicó el 14 de diciembre de

2016.

5. El 24 de enero de 2018 , se libró mandamiento ejecutivo, en consecuencia, la entidad realizó un pago por valor de $244’154.135 y solicitó la terminación del proceso, petición que no se acogió, por lo que el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga continuó con el proceso.

6. Mediante auto del 14 de marzo de 2019 , se aprobó la liquidación del crédito 3,

2 Confirmó la sentencia de primera instancia proferida el día 31 de octubre de 2014 por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. 3 Contra este auto la parte ejecutada interpuso el recurso de reposición que inicialmente fue rechazado por improcedente mediante proveído del 14 de mayo de 2020, que a su vez, adecuó elRadicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

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bajo el criterio de que el pago realizado por la entidad no cubrió la totalidad de la

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bajo el criterio de que el pago realizado por la entidad no cubrió la totalidad de la obligación, y por ende, dicho abono se imputó a los intereses adeudados, de conformidad con lo señalado en el artículo 1653 del Código Civil.

7. Así las cosas, determinó que la obligación ascendía a $40’662.686, por concepto de capital e intereses de mora, liquidados con la tasa comercial, equivalente al uno y medio del interés corriente bancario diario certificado por la superintendencia financiera, desde el 2 de abril de 2016 hasta el 25 de agosto de 2018 (fecha del pago parcial). Aunado a ello, liquidó la condena en costas (de primera y segunda instancia), y estableció la suma de $3’307.526, sobre los cuales se liquidaron intereses de mora por $2’198.730, liquidados desde el día siguiente de la ejecutoria del auto que las aprobó, esto es del 4 de noviembre de 2016 hasta el 14 de marzo de 2019.

8. El 15 de octubre de 2020, el accionante solicitó la actualización del crédito, lo cual realizó el juzgado ejecutor mediante auto del 20 de agosto de 2021, en el que señaló las siguientes sumas: $40’662.686, por concepto de capital; $24.282.530 de intereses de mora, liquidados con el interés bancario corriente; $3’307.531 de la condena en costas; $4’199.968 por concepto de intereses moratorios sobre el valor

intereses de mora, liquidados con el interés bancario corriente; $3’307.531 de la condena en costas; $4’199.968 por concepto de intereses moratorios sobre el valor de la condena en costas. Además, fijó las costas y agencias en derecho del proceso ejecutivo en $2’026.775.

9. La entidad ejecutada interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación contra dicha providencia. La reposición se denegó con auto del 17 de junio de 2022, bajo el argumento de que la actualización del crédito se realiza tomando como base la liquidación que se encuentra en firme, de conformidad con el artículo 446 del

C.G.P.

10. Señaló que c oncedida la alzada, el Tribunal Administrativo de Santander con auto del 29 de agosto de 2024 ordenó remitir el expediente al contador -liquidador de la corporación, y le impartió unas instrucciones, a fin de realizar nuevamente la liquidación del crédito. Afirmó que e sa providencia no se le notificó, y que solo la conoció el 18 de septiembre de 2024, cuando realizó la consulta del proceso en la página web de la Rama Judicial.

11. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander con providencia del 27 de septiembre de 2024 , resolvió el recurso de apelación y dispuso que no existe obligación pendiente por concepto de capital, de modo que únicamente se adeudan las costas generadas en las dos instancias del proceso ordinario y las causadas en el ejecutivo.

12. Afirmó que esa providencia tampoco se notificó al accionante, quien solo se enteró el 25 de octubre de 2024, cuando recibió al correo electrónico el auto de

el ejecutivo.

12. Afirmó que esa providencia tampoco se notificó al accionante, quien solo se enteró el 25 de octubre de 2024, cuando recibió al correo electrónico el auto de obedecimiento a lo resuelto por el Tribunal. Pese a que el 28 de octubre de 2024, el accionante solicitó al magistrado sustanciador que le notificara la providencia de segunda instancia, nunca recibió respuesta.

13. A juicio del señor Castrillón Mosquera, el Tribunal accionado al expedir el auto

recurso y concedió la alzada. No obstante, el Tribunal Administrativo de Santander se abstuvo de conocer sobre la apelación, por considerar que el recurso de reposición era procedente y por ende, devolvió el expediente para que el juez resolviera lo pertin ente. Finalmente, el a quo no repuso la decisión, de conformidad con el auto del 6 de febrero de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

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del 27 de septiembre de 2024, incurrió en los siguientes vicios:

14. Defecto sustantivo. Inaplicó lo dispuesto en el artículo 446 del C.G.P., según el cual, la actualización del crédito se efectúa tomando como base la liquidación del crédito en firme, toda vez que la desconoció por completo, al tener por cumplida la obligación en cuanto al pago de capital e intereses.

15. Además, interpretó erróneamente los artículos 192 y 195 del CPACA, porque:

crédito en firme, toda vez que la desconoció por completo, al tener por cumplida la obligación en cuanto al pago de capital e intereses.

15. Además, interpretó erróneamente los artículos 192 y 195 del CPACA, porque:

  • Ordenó la liquidación de los intereses con la DTF durante los primeros 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y con interrupción de la causación de los mismos entre el 2 de julio y el 21 de diciembre de 2016. En criterio del accionante, eso únicamente es posible cuando la entidad realiza el pago en sede administrativa, sin que se promueva el proceso ejecutivo, como sucedió en este caso. - No había lugar a la cesación de los intereses porque elevó la petición de pago dentro de los 10 meses siguientes a la ejecutoria. - Se dispuso la reanudación de la causación de intereses a partir del 22 de diciembre de 2016 y hasta el 2 de febrero de 2017, aplicando la tasa DTF. - A partir del 3 de febrero de 2017, ordenó que se liquidaran los intereses con la tasa del interés bancario corriente. A su juicio, lo ajustado a la ley es ordenar la causación de los intereses desde la fecha de ejecutoria de la sentencia (2 de abril de 2016), liquidados con la tasa del interés bancario corriente, porque la DTF solo se aplica cuando la entidad paga en sede administrativa. - Liquidó los intereses de la condena en costas, causados a partir del 4 de noviembre de 2016 (auto que las aprobó), con la tasa de interés del 6% anual, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1617 del Código Civil.

noviembre de 2016 (auto que las aprobó), con la tasa de interés del 6% anual, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1617 del Código Civil. Siendo lo legal, en su concepto, que se liquidaran con el interés bancario corriente, como lo estipulan los artículos 192 y 195 del CPACA.

16. Asimismo, considera que la providencia incurrió en defecto sustantivo porque violó el debido proceso al no notificar las providencias censuradas, lo que le impidió oponerse a las decisiones y ejercer su derecho de defensa y contradicción.

17. Defecto procedimental absoluto. En el auto del 27 de septiembre de 2024, la autoridad judicial no consideró que mediante proveído del 14 de marzo de 2019 se dejaron planteados los pilares de la liquidación del crédito , que solo se podía actualizar partiendo de esos fundamentos y no modificándolos, como en efecto se hizo, en abierta contradicción a lo señalado en la ley.

18. Finalmente, reprochó que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho a la igualdad, dado que notificó las providencias del 29 de agosto y 27 de septiembre de 2024 únicamente a la parte ejecutada.

B. Trámite impartido e intervenciones

19. Mediante auto del 21 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y dispuso que se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander, como parte demandada. Como terceros con interés, se vinculó a la Nación , la Rama Judicial, el Consejo Superior de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

Tribunal Administrativo de Santander, como parte demandada. Como terceros con interés, se vinculó a la Nación , la Rama Judicial, el Consejo Superior de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

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Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.

20. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , Seccional Bucaramanga adujo que carece de legitimación en la causa por activa, dado que mediante la tutela se censuran dos providencias judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander , y en consecuencia, es esa la autoridad llamada a responder por la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

Además, señaló que no participó en el proceso ejecutivo y que es solo una entidad con naturaleza técnica y administrativa que no tiene injerencia alguna en decisiones judiciales.

21. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó su imposibilidad de atender las pretensiones, por cuanto se escapan de la competencia asignada por la Constitución y la ley.

22. Además, sostuvo que la tutela es improcedente porque no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para censurar providencias judiciales.

23. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga resaltó que las providencias cuestionadas fueron expedidas por el Tribunal Administrativo de Santander en segunda instancia, y por ende, solicitó que se declare la improcedencia del amparo.

23. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga resaltó que las providencias cuestionadas fueron expedidas por el Tribunal Administrativo de Santander en segunda instancia, y por ende, solicitó que se declare la improcedencia del amparo.

24. El Tribunal Administrativo de Santander no intervino, pese a ser debidamente notificado.

C. Fallo impugnado

25. En sentencia del 13 de febrero de 2025 , la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Christian Omar Castrillón Mosquera , por estimar que no cumple el requisito de relevancia constitucional, dado que se centra en un debate puramente económico, sin que se evidencie vulneración a derecho fundamental alguno.

26. En cuanto al defecto procedimental absoluto, cimentado en la «indebida» notificación de las providencias censuradas, señaló que el argumento no sustenta la vulneración de las garantías fundamentales alegadas, por cuanto se evidencia que no procede recurso alguno contra dichos proveídos.

D. Impugnación

27. La parte actora realizó varias precisiones respecto de los antecedentes narrados en la sentencia de primera instancia e insistió que el auto del 20 de agosto de 2021, mediante el cual se actualizó la liquidación del crédito, se expidió por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga de conformidad con la liquidación del crédito aprobada el 14 de marzo de 2019.

28. Agregó que el Tribunal Administrativo de Santander no debió estudiar argumentos en contra del auto que aprobó la liquidación del crédito, sino limitarse a analizar el proveído que actualizó tal liquidación, a la luz del artículo 446 del

28. Agregó que el Tribunal Administrativo de Santander no debió estudiar argumentos en contra del auto que aprobó la liquidación del crédito, sino limitarse a analizar el proveído que actualizó tal liquidación, a la luz del artículo 446 del C.G.P.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

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29. Manifestó que el a quo pasó por alto los argumentos trascendentales que se plantearon en la demanda para fundamentar los defectos sustantivo y procedimental absoluto, tales como la inaplicación de los artículos 446 del C.G.P., y 192, 195 y 205 del CPACA; y el desconocimiento de los principios de la buena fe, seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima.

30. Además, en cuanto al defecto procedimental absoluto, acotó que se invocó por la vía de trasgresión al derecho de igualdad, por estimar que se le notificó a la parte ejecutada pero no al señor Castrillón Mosquera en calidad de ejecutante. Así mismo, bajo ese vicio reprochó que el recurso de apelación contra el auto del 20 de agosto de 2021, se hubiera resuelto sin atender a lo previsto en el proveído del 14 de marzo de 2019, mediante el cual, se aprobó la liquidación del crédito, que estaba legalmente ejecutoriada.

31. Agregó que el juez de tutela de primera instancia no se refirió a la violación del

de marzo de 2019, mediante el cual, se aprobó la liquidación del crédito, que estaba legalmente ejecutoriada.

31. Agregó que el juez de tutela de primera instancia no se refirió a la violación del derecho fundamental a la igualdad, que se sustentó debidamente en la demanda.

32. En suma, considera que en el fallo impugnado se realizó un análisis superficial de los argumentos planteados en la demanda, al punto de concluir que el debate planteado es puramente económico, cuando lo cierto es que, la controversia se cimentó en la violación al derecho fundamental al debido proceso en que incurrió la autoridad judicial accionada, debido al desconocimiento de: i) las normas invocadas; ii) de los términos para impugnar las providencias ; iii) del auto de aprobación del crédito que estaba en firme y ejecutoriad o; y de la obligación de notificar a las dos partes del proceso ejecutivo.

33. Reiteró que la controversia planteada «(…) SE TRATA DE UN ASUNTO DE ESPECIAL RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, porque no solamente toca tales principios, PRINCIPIOS DE DIGNIDAD HUMANA, BUENA FE, SEGURIDAD JURIDICA, LEGALIDAD Y CONFIANZA LEGITIMA de la parte demandante, sino también el PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, Y EL RESPECTO QUE LOS JUECES

LE DEBEN A LAS PARTES Y A SUS APODERADOS».

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A , del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

36. Para ello, establecerá si la solicitud de amparo resulta procedente, en atención a lo expuesto en la impugnación. Sólo en caso afirmativo, también definirá si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos invocados por el accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

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G. Análisis de la Sala

Relevancia constitucional

37. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga

37. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

38. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

39. En el caso bajo estudio, al igual que el a quo, la Sala estima que la tutela carece de relevancia constitucional porque la controversia planteada se circunscribe a un asunto netamente económico o patrimonial, de ahí que el juez de primera instancia no haya abordado el fondo del debate, dado que si no se superó dicha exigencia no tenía obligación de resolver cada uno de los argumentos esgrimidos por el libelista, sin que por ello, pueda calificarse la providencia impugnada como superficial, como lo reprocha el actor.

40. Aunado a lo anterior, la Subsección advierte que la tutela incumple el requisito de relevancia constitucional porque se limita a discutir la interpretación legal de unas

lo reprocha el actor.

40. Aunado a lo anterior, la Subsección advierte que la tutela incumple el requisito de relevancia constitucional porque se limita a discutir la interpretación legal de unas normas, sin que de ello , se evidencie la flagrante violación de los derechos fundamentales invocados.

41. En primer lugar, la parte actora invoca la existencia del defecto sustantivo con fundamento en una supuesta interpretación errónea de los artículos 192 y 195 del CPACA. En efecto, cimenta su tesis en que, según la correcta interpretación de las normas en comento, para la liquidación de intereses debe tomarse en cuenta los

siguientes parámetros:

  1. el interés se calcula con la tasa DTF a partir del día siguiente de la ejecutoria, solo cuando la entidad cumple la conden a en sede administrativa, esto es, sin que el interesado promueva el proceso ejecutivo. Como en este caso se ejerció la acción ejecutiva, el interés se debe calcular con la tasa del interés bancario corriente, desde la ejecutoria del fallo (2 de abril de 2016) hasta la fecha del pago total de la obligación;
  1. si el acreedor presenta la reclamación para el pago de la condena dentro de los 10 meses siguientes a la ejecutoria, no hay lugar a suspender la causación de intereses. Teniendo en cuenta que en este caso, el actor interpuso la solicitud de pago el 22 de diciembre de 2016 , esto es antes de los 10 meses siguientes a la

4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103

pago el 22 de diciembre de 2016 , esto es antes de los 10 meses siguientes a la

4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

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ejecutoria de la sentencia, no hay lugar a suspensión alguna;

42. Sin embargo, no explicó en qué se fundamenta para realizar esa interpretación de los artículos 192 y 195 del CPACA, ni expuso los supuestos yerros en que incurrió el Tribunal demandado al efectuar un análisis distinto de las normas en comento, el cual, dicho sea de paso, no se avizora caprichoso, arbitrario o contrario a las garantías fundamentales del accionante.

43. Obsérvese que, en el auto del 27 de septiembre de 2024 (providencia censurada), la autoridad judicial accionada en su autonomía e independencia, como juez natural de la causa, determinó que, de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, durante los diez primeros meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, los intereses se liquidan con la tasa DTF. Así discurrió:

Así, con ocasión a la privación de la libertad del ciudadano que hoy funge como ejecutante, la nación -rama judicial. - fue condenada al pago de una determinada suma de dinero en razón a los perjuicios causados. De esa

Así, con ocasión a la privación de la libertad del ciudadano que hoy funge como ejecutante, la nación -rama judicial. - fue condenada al pago de una determinada suma de dinero en razón a los perjuicios causados. De esa manera fue determinado en el fallo de primera instancia de fecha 31 de octubre de 2014, confirmado por el tribunal administrativo de Santander mediante decisión del 17 de marzo de 2016. Una de las órdenes del a-quo, y confirmada por el ad -quem consistió en la liquidación de intereses conforme a los artículos 192,194 y 195 de la ley 1437 de 2011, como lo explica que ejecutante en el escrito de la demanda.

Pues bien, de acuerdo a estos artículos, y en específico al 195 numeral 4°, “…. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial”.

Conforme a esta disposición, y así es la interpretación de su contenido, durante los primeros 10 meses, luego de la ejecutoria de la providencia, se causará un interés equivalente al DTF. Posterior a esa fecha, el interés de mora será conforme a la tasa comercial.

durante los primeros 10 meses, luego de la ejecutoria de la providencia, se causará un interés equivalente al DTF. Posterior a esa fecha, el interés de mora será conforme a la tasa comercial.

44. En la misma providencia, el Tribunal demandado determinó que de conformidad con las normas señaladas, la causación de intereses se suspende en el evento en que el acreedor no realice la petición para el cumplimiento del fallo dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia título de recaudo.

45. Ahora bien, es cierto que con la i nterpretación acogida por la autoridad judicial se cambian los parámetros para liquidar los intereses moratorios y se disminuyen los valores adeudados por la ejecutada, de ahí la inconformidad del señor Castrillón Mosquera, pero también lo es que, más allá de ese ajuste de la liquidación que hizo el ad quem en el proceso ejecutivo, no se advierte irregularidad ni arbitrariedad alguna que ameriten la intervención del juez constitucional.

46. De otra parte, el accionante insiste en que el defecto sustantivo se configura porque la autoridad judicial accionada desconoció el mandato contenido en el artículo 446 del C.G.P., según el cual la actualización del crédito se efectúa tomando como base la liquidación del crédito en firme, motivo por el que, a su juicio, no eraRadicado: 11001-03-15-000-2025-00199-01

Demandante: Christian Omar Castrillón Mosquera

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posible modificar los parámetros de la liquidación de los intereses moratorios que

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posible m

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