CE - Sentencia 11001031500020250020901

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250020901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-00209-01

Accionante: Blanca Cecilia Aldana de Duque Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia. Nulidad y restablecimiento del derecho.

Reconocimiento pensión gracia. Relevancia constitucional. CONFIRMA

IMPROCEDENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 6 de marzo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

La señora Blanca Cecilia Aldana de Duque, por intermedio de apoderado, pretende que se proteja n sus derechos fundamentales a la vida digna , mínimo vital y seguridad social, así como los principios de seguridad jurídica y favorabilidad laboral e inescindibilidad de ley y los derechos adquiridos y expectativas legítimas , los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del

seguridad social, así como los principios de seguridad jurídica y favorabilidad laboral e inescindibilidad de ley y los derechos adquiridos y expectativas legítimas , los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con ocasión de las sentencias del 19 de diciembre de 2023 y del 11 de julio de 2024 proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-057-2021-00276-01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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Que prestó sus servicios como docente durante 44 años, 6 meses y 18 días, de los cuales inicialmente fue nombrada por el departamento de Cundinamarca antes del 31 de diciembre de 1980, y posteriormente, por el Ministerio de Educación Nacional.

Que solicitó a la UGPP el reconocimiento de su pensión gracia, pero la entidad lo negó, mediante las resoluciones RDP 003110 del 10 de febrero de 2021 y RDP 009551 del 21 de abril de 2021 , por lo cual instauró demanda de nulidad y restablecimiento en contra de aquella.

Que el 19 de diciembre de 2023 el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del

009551 del 21 de abril de 2021 , por lo cual instauró demanda de nulidad y restablecimiento en contra de aquella.

Que el 19 de diciembre de 2023 el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones porque determinó que, si bien ostentó la calidad de docente territorial entre los años 1971 y 1973, lo cierto es que los tiempos de servicios posteriores se prestaron en el orden nacional.

Que interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión con el argumento de que la educación en Colombia no es de carácter nacional, a partir de la vigencia de la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001.

Que el 11 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó la sentencia recurrida, ya que consideró que los planteles educativos no cambiaron su categoría de nacionales a territoriales con la entrada en vigor de dichas leyes.

Que las autoridades judiciales incurrieron en decisión sin motivación, pues la de primera instancia n i siquiera mencionó el enfoque y el desarrollo del proceso de descentralización educativa que planteó, y la de segunda instancia no analizó ni efectuó un juicio ponderativo y un estudio juicioso de los argumentos expuestos en el recurso de apelación que interpuso , en el que hizo una exposición breve, pero juiciosa y coherente de las normas con las cuales se desarrolló el proceso de descentralización de la educación nacional, esto es, las leyes 60 de 1993 y 715 de 2011.

Que aquellas también incurrieron en violación directa de la Constitución porque con

descentralización de la educación nacional, esto es, las leyes 60 de 1993 y 715 de 2011.

Que aquellas también incurrieron en violación directa de la Constitución porque con su decisión desconocieron el mandato contenido en los artículos 356 y 357 de la Constitución, al imponer mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho.

PRETENSIONES

Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dejar sin efectos la sentencia del 11 de julio de 2024, mediante la cual confirmó la sentencia recurrida , y proferir una nueva decisión en la que le reconozca su pensión gracia.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 31 de enero de 202 5 el magistrado sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción y vinculó a la UGPP como tercera con interés.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , por intermedio de su titular, afirmó que con la sentencia que profirió no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante y en ella se expusieron las razones para negar las pretensiones , las cuales se fundamentaron en las normas constitucionales y legales, así como en la jurisprudencia del Consejo de Estado

los derechos fundamentales de la accionante y en ella se expusieron las razones para negar las pretensiones , las cuales se fundamentaron en las normas constitucionales y legales, así como en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia y el análisis probatorio, por lo que la tutela resulta improcedente.

Que quedó demostrado que aun cuando aquella tuvo una vinculación antes del año 1980 como docente territorial, la mayoría del tiempo laborado fue como docente del orden nacional , por lo cual no era procedente el reconocimiento reclamado, de conformidad con el inciso 1 del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, esto es, porque la demandante no cumplía la totalidad de requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, puntualmente, los 20 años de servicio como docente territori al o nacionalizada.

Solicitó, en consecuencia, negar las súplicas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, guardó silencio.

POSICIÓN DE LA VINCULADA

La UGPP , a través de l subdirector de Defensa Judicial Pensional, indicó qu e la tutela es improcedente, dado que lo pretendido por la parte accionante es sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por los jueces naturales de la causa, por no estar conforme con lo decidido , pese a que la acción no puede utilizarse como una instancia adicional al proceso ordinario ni con un fin netamente económico en busca de decisiones favorables , máxime cuando no está demostrada la configuración de algún defecto ni un perjuicio irremediable.

Que a la demandante se le respetó el debido proceso en el proceso, en el cual se

busca de decisiones favorables , máxime cuando no está demostrada la configuración de algún defecto ni un perjuicio irremediable.

Que a la demandante se le respetó el debido proceso en el proceso, en el cual se determinó que no era beneficiaria de la pensión gracia porque los tiempos de servicios comprendidos entre el 17 de febrero de 1975 y el 30 de diciembre de 1992 como docente no podían ser computados, ya que la vinculación fue nacional, como lo certificó la Secretaría de Educación de Bogotá.

Pidió declarar la improcedencia de la acción.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 6 de marzo de 202 5 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción porque consideró que lo pretendido por la actora era que se realizara un nuevo análisis del asunto, como si la tutela se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

Que la divergencia sobre la decisión sin motivación no solo carece de una perspectiva constitucional, en tanto su solución deriva de la valoración normativaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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que la parte actora busca que se efectúe, sino que, además, gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

Que la decisión adoptada no fue caprichosa ni arbitraria, sino que fue adoptada a

inconformidad con la decisión adoptada, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

Que la decisión adoptada no fue caprichosa ni arbitraria, sino que fue adoptada a partir del alcance otorgado a las pruebas aportadas y a un análisis de las particularidades fácticas del caso , situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí expuesta.

Concluyó que el juez de tutela no puede desconocer la decisión adoptada por el juez natural dentro del ámbito de sus competencias, salvo que se vulneren derechos fundamentales, lo que no observó en el asunto.

IMPUGNACIÓN

La accionante impugn ó la sentencia y solicitó acceder a lo pedido, para lo cual sostuvo que el caso sí reviste relevancia constitucional, ya que su inconformidad no versa simplemente sobre la denegación de las pretensiones y su pretensión no es convertir la acción en una tercera instancia.

Que lo alegado es la vulneración de sus derechos fundamentales por una carencia de motivación y una violación directa de la Constitución , en tanto las autoridades judiciales no desarrollaron un adecuado estudio y solución a los planteamientos que expuso, sino que se limitaron a explicar el marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia, pero dejaron de lado el argumento principal consistente en el cambio de categorización de la educación en Colombia con ocasión de la descentralización educativa, de acuerdo con la Ley 60 de 1993.

Que, con la negativa de reconocer un hecho notorio, como lo es dicha descentralización, y, con este, la mutación de los docentes nacionales a territoriales, se vulneraron sus derechos fundamentales.

Que, con la negativa de reconocer un hecho notorio, como lo es dicha descentralización, y, con este, la mutación de los docentes nacionales a territoriales, se vulneraron sus derechos fundamentales.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.

providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación d e tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a

providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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Caso concreto

La accionante impugnó la sentencia porque considera que, primero, el asunto bajo estudio sí goza de relevancia constitucional y, segundo, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, pues no efectuaron un adecuado estudio y solución de los desacuerdos que expuso, especialmente el relativo al cambio de categorización de

accionadas incurrieron en decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, pues no efectuaron un adecuado estudio y solución de los desacuerdos que expuso, especialmente el relativo al cambio de categorización de la educación en Colombia con ocasión de la descentralización educativa, de conformidad con la Ley 60 de 1993.

A esta Subsección corresponde, en primer lugar, verificar el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional que no se encontró cumplido en la sentencia recurrida, pues solo de hallarse satisfecho, junto con las demás exigencias generales de procedencia, habría lugar al estudio de los reparos expuestos.

Esta Sala considera que ciertamente el asunto no satisface el requisito mencionado previamente, pues la actora, más que demostrar la configuración de los defectos invocados, pretende desconocer la autonomía e independencia judicial del juez natural, discutir un aspecto meramente legal y convertir esta acción en una tercera instancia, pese a que no está de por medio el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, como se procede a explicar.

Aunque la accionante alegó la configuración de una decisión sin motivación, lo cierto es que sus argumentos no están encaminados a demostrar que las autoridades judiciales aquí accionadas adoptaron la decisión de confirmar la sentencia que negó las pretensiones de la demanda sin sustento normativo o que las argumentaciones efectuadas eran irrelevantes para dirimir la controversia, con lo cual se transgredió su derecho al debido proceso , sino que aquellos se dirigen a insistir en la postura que estima es la adecuada para resolver el litigio, esto es, la finalización de la

efectuadas eran irrelevantes para dirimir la controversia, con lo cual se transgredió su derecho al debido proceso , sino que aquellos se dirigen a insistir en la postura que estima es la adecuada para resolver el litigio, esto es, la finalización de la «educación nacional» y, por ende, su carácter de docente territorial, tanto así que en algunos apartes de la impugnación alud ió a una indebida justificación de la decisión.

Respecto a la violación directa de la Constitución, la actor a se limitó a exponer el desarrollo normativo de la pensión gracia y a señalar que las autoridades judiciales accionadas «con su decisión desbordaron el contenido de la norma al imponer mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho, pasando por alto el mandato constitucional dispuesto en el artículo 356 y 357 de la Constitución Política de 1991 », pero no explicó por qué estimaba que la decisión cuestionada en esta sede desconoció esos mandatos constitucionales ni cuál fue la norma, cuyo contenido fue indebidamente interpretado y que implicó el desconocimiento de dichos artículos , más allá de nuevamente alegar que tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia porque su vinculación fue territorial con ocasión de la descentralización de la educación.

Aunado a lo expuesto, la accionante no discutió la línea argumentativa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en relación con el razonamiento consignado en la decisión aquí discutida consistente en qu e elRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en relación con el razonamiento consignado en la decisión aquí discutida consistente en qu e elRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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hecho de que los entes territoriales fueran titulares directos o propietarios de los recursos girados por la Nación provenientes del Sistema General de Participaciones no implicaba que «los docentes con nombramiento nacional al ser pagados con el situado fiscal sufran una transformación de su vinculación nacional a una de carácter territorial».

Lo anterior evidencia que la actora utiliza este mecanismo como una instancia adicional a las adelantadas en el proceso ordinario, con la finalidad de insistir en que su vinculación fue de carácter territorial porque, en su criterio, con la Ley 60 de 1993 dejó de existir la educación nacional, aspecto que fue objeto de controversia en la apelación que interpuso y, a su vez, de resolución por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

En todo caso, aún de estimarse que el asunto goza de relevancia constitucional, lo cierto es que, si la parte actora considera que no se resolvieron los argumentos contenidos en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo alegó inicialmente en el escrito de tutela, para ese efecto cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz, como lo es el recurso extraordinario de revisión,

instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo alegó inicialmente en el escrito de tutela, para ese efecto cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz, como lo es el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en l a causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU026/21, luego de referirse a las causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las irregularidades que apunta a corregir; expresó que ello erige, en materia contencioso -administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.

En ese orden de ideas, al no encontrarse superado el requisito de relevancia constitucional, se confirmará la sentencia del 6 de marzo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado , mediante la cual declaró improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 6 de marzo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción , de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto

Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción , de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00209 -01

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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente

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