CE - Sentencia 11001031500020250027001

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250027001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE PROVIDENCIA. LA ACTORA CARECE DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, COMOQUIERA QUE NO SE HIZO PARTE COMO SUCESORA PROCESAL DENTRO DE LA ACCIÓN DE GRUPO EN LA

QUE FUERON PROFERIDAS LAS PROVIDENCIAS CUESTIONADAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y VIVIENDA DIGNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 7 de marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01

Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

1 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01

Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO en calidad de heredera de la señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.), actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia , a la igualdad y a la vivienda digna los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE FACATATIVÁ 2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN PRIMERASUBSECCIÓN “C” 3 al haber proferido las providencias de 13 de julio de 2021 y 19 de julio de 2024 , respectivamente, dentro de la acción de grupo identificada con el número único de radicación 25269-33-40-003-2016-00011-00.

I.2.- Hechos

2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Tribunal.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01

Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

3 En adelante el Tribunal.3

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Manifestó que entre los años 2008 y 2010 en el Municipio de Salgar se presentó una ola invernal que afectó varios barrios y veredas aledañas al río magdalena, circunstancia que ocasionó la declaratoria de calamidad pública.

Aseveró que el MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR gestionó junto con el Gobierno Nacional la reubicación de las familias damnificadas y, para tal efecto, se entregó el predio denominado “La Esperanza I” adquirido por la Nación en virtud de un proceso de extinción de dominio.

Señaló que en el aludido predio se construyó un proyecto de vivienda de interés social sin considerar las condiciones ambientales y sociales del lugar, pues no se evaluaron las condiciones de las viviendas aledañas.

Indicó que durante la construcción del proyecto de vivienda se afectó gravemente el predio de propiedad de su madre la señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) ubicada en el barrio “Buenos Aires” colindante con el proyecto urbanístico, pues, debido a la maquinaria y el tráfico de los vehículos con materiales4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00270-01

Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

debido a la maquinaria y el tráfico de los vehículos con materiales4

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de obra, se causaron una serie de daños estructurales al punto del riesgo inminente de colapso, razón por la que su señora madre se vio en la obligación d e desalojar la vivienda junto con sus familiares.

Señaló que en vida su señora madre la señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) junto con otros afectados presentaron demanda en ejercicio de la acción de grupo contra la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA y el MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados a sus inmuebles con ocasión al proyecto de vivienda que pretendió reubicar a los damnificados de la tragedia invernal.

Indicó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 25269-33-40-003-2016-00011-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 13 de julio de 2021, i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) por cuanto las pretensiones formuladas no guardaban similitud y unidad respecto de las5

legitimación en la causa por activa de la señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR (Q.E.P.D.) por cuanto las pretensiones formuladas no guardaban similitud y unidad respecto de las5

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pretensiones invocadas por los demás integrantes del grupo y, ii) declaró probada la excepción de caducidad de la acción de grupo.

Mencionó que, inconforme con lo anterior el apoderado de los accionantes formuló recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 19 de julio de 2024, revocó el numeral segundo de la sentencia cuestionada, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y, en lo demás, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio d e la actora, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto fáctico , comoquiera que cometieron sendas irregularidades en el estudio del material probatorio obrante en el expediente, pues, a su juicio, no se efectuó una apreciación integral ya que se limitaron a transcribir y resaltar algunos apartes, pero, al momento de valorarlas , se apartaron de los hechos que estas demostraban llegando a una conclusión negativa y contraria a la realidad.6

integral ya que se limitaron a transcribir y resaltar algunos apartes, pero, al momento de valorarlas , se apartaron de los hechos que estas demostraban llegando a una conclusión negativa y contraria a la realidad.6

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Así mismo, manifestó que “[…] es una sola la causa por la que las dos sentencias vulneran ciertos derechos y en especial emiten una decisión equivocada, sin ir más allá de lo que exige la interpretación textual de las normas. De ahí que, el defecto en el que incurren ambas instancias es el defecto fáctico […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicita el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Que se amparen a la accionante los derechos fundamentales de IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO y ACCESO REAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y los demás que considere vulnerados el Honorable Magistrado o Consejero de Tutela; los cuales les fueron vulnerados a los Accionantes por las Accionadas con las decisiones tomadas en la Sentencia anteriormente señaladas.

SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos las Sentencia de primera y segunda instancia bajo radicado No. 25269334000320160001100 y 25269334000320160001102 proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito

SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos las Sentencia de primera y segunda instancia bajo radicado No. 25269334000320160001100 y 25269334000320160001102 proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá y el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Primera Subsección “C”.

TERCERO: Que se ordene a la parte accionada que en un término no superior a treinta (30) días dicten una nueva sentencia en el proceso radicado No. 25269334000320160001100 y 25269334000320160001102 […]”. (Destacado pertenece al texto).7

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital de la acción de grupo objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.5.2.- El JUZGADO señaló que la actora no intervino en la acción de grupo objeto de estudio, sino que quien acudió como actora en calidad de demandante fue la señora MARÍA ISABEL BEJARANO BOLÍVAR madre de la actora.

Asimismo, informó que el fallo proferido por ese despacho judicial efectuó el análisis de los elementos de hecho y de derecho , además de los medios de prueba que pretendieron hacer valer las partes y,

BOLÍVAR madre de la actora.

Asimismo, informó que el fallo proferido por ese despacho judicial efectuó el análisis de los elementos de hecho y de derecho , además de los medios de prueba que pretendieron hacer valer las partes y, por lo tanto, no constituyó una violación de las garantías constitucionales de la actora.

Además, manifestó que el 6 de septiembre de 2023 la actora interpuso una acción de tutela contra el Municipio de Puerto Salgar, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Vivienda, la Caja de Compensación FamiliarCAFAM, trámite al que fue vinculado ese8

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despacho judicial , en aras de que se le amparan sus derechos fundamentales a la vida y a la vivienda digna y, en consecuencia, se ordenara su evacuación inmediata y permanente a otra vivienda y se le reconociera la indemnización de daños y perjuicios, causados por la falta de atención a la situación.

Recalcó que el aludido trámite constitucional fue conocido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, a través de sentencia de 28 de septiembre de 2023 , declaró que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, en consecuencia, denegó por improcedente el amparo constitucional.

través de sentencia de 28 de septiembre de 2023 , declaró que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, en consecuencia, denegó por improcedente el amparo constitucional.

I.5.3.- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO señaló que debe ser desvinculada del trámite constitucional, por cuanto no goza de legitimación en la causa por pasiva para dar alcance a las pretensiones de la actora, esto en razón a que no participó como demandada dentro de la actuación objeto de controversia.9

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Igualmente, recalcó que no fue la entidad que profirió las providencias judiciales enjuiciadas, ni fue la causante de la afectación de los derechos fundamentales deprecados por la actora.

I.5.4.- Los señores JULIAN FELIPE GALVIS MORENO y YENNY PAOLA AGUDELO PINZÓN vinculados en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicitaron la desvinculación del trámite constitucional, por cuanto no hacen parte procesal dentro de la acción de grupo objeto de estudio, ni tampoco presentaron interés alguno en el proceso ya que desconocen a las partes involucradas en la contienda jurídica.

desvinculación del trámite constitucional, por cuanto no hacen parte procesal dentro de la acción de grupo objeto de estudio, ni tampoco presentaron interés alguno en el proceso ya que desconocen a las partes involucradas en la contienda jurídica.

I.5.5.- El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA

DE HACIENDA, el MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR , el FONDO

DE EMPLEADOS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE

ECOPETROL S.A. – CAJA DE VIVIENDA PETROLERA

(CAVIPETROL), la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y el señor GENARO ALBERTO LÓPEZ junto con los demás intervinientes en la acción de grupo , vinculados en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.10

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 7 de marzo de 2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que las providencias judiciales cuestionadas fueron sustentadas en debida forma por las autoridades judiciales accionadas, en particular, el hecho de que no existía identidad de

encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que las providencias judiciales cuestionadas fueron sustentadas en debida forma por las autoridades judiciales accionadas, en particular, el hecho de que no existía identidad de causa entre las pretensiones formuladas por la señora María Isabel Bejarano y el resto de los integrantes de la acción de grupo.

Igualmente, resaltó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo están encaminados a reabrir un debate que debió plantearse al interior de la acción ordinaria procedente, no siendo la acción de tutela el mecanismo judicial idóneo para conjurar los errores deprecados.

Asimismo, ordenó la desvinculación del trámite constitucional de los señores JULIÁN FELIPE GALVIS MORENO y YENNY PAOLA AGUDELO PINZÓN, por cuanto no intervinieron como partes en el11

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proceso cuestionado.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio , dentro de la actuación judicial se logró probar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo está encaminada a obtener la protección

decisión, pues, a su juicio , dentro de la actuación judicial se logró probar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo está encaminada a obtener la protección de sus derechos fundamentales debido a que se le ha ocasionado un perjuicio desproporcionado y, además, se ha afectado el acceso efectivo a la justicia.

Recalcó que “[…] esta acción de tutela no es un recurso más en un litigio legal. Se trata de la última esperanza para una familia que, día a día, enfrenta la angustia de vivir en un inmueble que no es apto para seres humanos. Un hogar que, en lugar de ofrecer refugio y seguridad, representa un peligro constante para su salud, su dignidad y su vida misma […]”.12

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.13

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La Sala advierte que el MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T1001 de 30 de noviembre de 2006 [1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y

Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.14

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, al verificar el contenido de las decisiones proferidas dentro de la acción de grupo identificada con el número único de radicación 25269-33-40-003-2016-00011-00, objeto del presente estudio, la Sala advierte que el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO no fue vinculado a la actuación como parte demandada, ni como tercero con interés directo en las resultas del proceso , razón por la que la Sala aceptará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva alegada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

resultas del proceso , razón por la que la Sala aceptará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva alegada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales15

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).16

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y

indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.17

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absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.17

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la

llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.18

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Actora: MARÍA ESPERANZA NIETO BEJARANO

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera

casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las sentencias de 13 de julio de 2021 y 19 de ju lio de 2024 , proferida

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