CE - Sentencia 11001031500020250027501

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250027501
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00275-01

Demandante: JOSÉ GUILLERMO TADEO ROA SARMIENTO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA Y OTROS

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 21 de febrero de 2025, a través de la cual, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado denegó la acción de tutela respecto del cargo por defecto procedimental absoluto y, a su vez, declaró su improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional frente a los demás defectos específicos alegados.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional frente a los demás defectos específicos alegados.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento presentó acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la finalidad de que se protegieran sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, los cuales co nsideró vulnerados por la sentencia del 14 de noviembre de 2024, en tanto que, incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

Por lo anterior y los defectos soporte del amparo, así como por la grave injusticia que se cometió contra mis derechos fundamentales, ruego a losDemandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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Señores Consejeros y Magistrados en sede Constitucional, se sirvan amparar los que considero vulnerados y los q ue en su análisis encuentren quebrantados, declarando sin valor ni efecto alguno, revocando o anulando las sentencias tuteladas proferidas por los accionados en la ARD ya referencia y que dio lugar a la presentación del presente amparo,

quebrantados, declarando sin valor ni efecto alguno, revocando o anulando las sentencias tuteladas proferidas por los accionados en la ARD ya referencia y que dio lugar a la presentación del presente amparo, ordenando se profie ran unas nuevas tanto en 1ª como en 2ª instancia debida, adecuada, legal y suficientemente motivadas como lo exige la Constitución, la ley, el art. 187 del CPACA y los precedentes de las altas Cortes, como la SU -635 DE 2015, impartiendo las demás medidas u órdenes que se consideren necesarias para preservar los derechos del suscrito tutelante.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que el 10 de marzo de 2009, en su condición de apoderado judicial d e la señora María Arévalo Alegría , presentó una demanda en contra de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para que se declarara la nulidad del acto administrativo que revocó la licencia de su poderdante para ejercer la actividad profesiona l como vigilante privada y , a título de restablecimiento del derecho , se ordenara su reintegro con el correspondiente reconocimiento y pago de perjuicios.

Señaló que, con la sentencia de 26 de noviembre de 2010, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Cir cuito Judicial de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda.

Mencionó que, d espués del fallo que le resultó favorable, la señora Arévalo Alegría revocó el poder que le confirió sin cancelarle sus honorarios ni reembolsarle los gastos procesales que asumió en el litigio.

Mencionó que, d espués del fallo que le resultó favorable, la señora Arévalo Alegría revocó el poder que le confirió sin cancelarle sus honorarios ni reembolsarle los gastos procesales que asumió en el litigio.

Refirió que, a nte la revocatoria del poder y la falta de pago, el actor retuvo la primera copia auténtica de la sentencia por considerar que ese documento le pertenecía porque sufragó los costos para su expedición.

Manifestó que, por motivo de lo anterior, la señora María Arévalo no pudo hacer efectivo el pago de su condena ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo cual, el 15 de junio de 2011, interpuso una queja disciplinaria en su contra.

Destacó que el 16 de abril de 2012, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura resolvió la queja en su contra y le impuso una sanción de suspensión por dos meses en el ejercicio de la abogacía por la falta en la honradez en el ejercicio profesional.

Adujo que apeló esa decisión y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de laDemandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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Judicatura confirmó la sanción impuesta en primera instancia mediante sentencia de 21 de octubre de 2013.

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Judicatura confirmó la sanción impuesta en primera instancia mediante sentencia de 21 de octubre de 2013.

Señaló que e l 19 de agosto de 2015, presentó una demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial en la cual alegó que la sanción disciplinaria impuesta en su contra constituyó un error jurisdiccional porque careció de fundamentación, contenía una valoración errónea de la prueba, desconoció el principio de proporcionalidad y aplicó incorrectamente las normas disciplinarias.

Afirmó que la retención de la primera copia auténtica de la sentencia estuvo amparada por el contrato de mandato, dado que cubrió los gastos del proceso y, conforme con el artículo 2184 del Có digo Civil, la señora Arévalo Alegría tenía la obligación de reembolsarle dichos valores.

Destacó que, el 19 de agosto de 2015 presentó la demanda ordinaria ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que por reparto le correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera de dicha corporación.

Añadió que, mediante proveído del 10 de diciembre de 2015, el magistrado ponente decidió remitir el expediente por competencia a los juzgados del circuito de Bogotá , por el factor cuantía , en razón a que la p retensión mayor correspondía a $30.000.000 de pesos, valor que no superaba los 500 smlmv para que pudiera conocer el tribunal. Esta decisión fue objeto de recursos de reposición y apelación. Mediante providencia del 5 de febrero de 2016 se

correspondía a $30.000.000 de pesos, valor que no superaba los 500 smlmv para que pudiera conocer el tribunal. Esta decisión fue objeto de recursos de reposición y apelación. Mediante providencia del 5 de febrero de 2016 se rechazó por improcedente el primero y se decidió no reponer el auto anterior.

Expuso que una vez efectuado el nuevo reparto con acta individual del 24 de febrero de 2016 ante los juzgados en cita, el conocimiento del proceso ordinario identificado con el radicado 11001 -33-43-060-2016-00102-00 le correspondió al Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual mediante auto del 15 de junio de 2016 inadmitió la demanda y, entre otros asuntos, s e pronunció sobre el conflicto negativo de competencia qu e había señalado la parte actora en memoriales del 26 de febrero y 17 de mayo de 2016, al recordar que frente a la remisión del superior, no podía declararse incompetente por lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 139 del CGP.

Mencionó que, e n sentenci a de 18 de enero de 2022, el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda por considerar que la autoridad sí fundamentó su decisión por la retención indebida de la primera copia de la sentencia, conduct a que afectó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la poderdante y porque el contrato de mandato no otorga al abogado el derecho de retención sobre documentos esenciales para el cumplimiento de una sentencia.

derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la poderdante y porque el contrato de mandato no otorga al abogado el derecho de retención sobre documentos esenciales para el cumplimiento de una sentencia.

Afirmó que prese ntó recurso de apelación contra la anterior decisión y que, enDemandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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ese mismo escrito , solicitó la nulidad de todo lo actuado en atención a que la competencia para conocer del asunto recaía en el tribunal y no en el juzgado al solicitar en el escrito en mención , lo siguiente: “…ruego a los Señores Magistrados, si así lo consideran, se sirvan reanalizar la competencia funcional para conocer de este asunto , pues … la primera instancia no le compete al Juzgado sino al Honorable Tribunal y, en su caso, la segunda, al Consejo de Estado. [ ] La falta de competencia funcional no es susceptible de ser saneada, como bien se tiene del art. 138 del CGP e implica la invalidación de la sentencia proferida por el incompetente.”

Refirió que en dicho memorial también indicó que “sin dejar de lado las graves falencias de motivación …” y la “superficialidad y tergiversación que bien puede afirmarse que el asunto no fue analizado y que la sentencia es totalmente incongruente con el aspecto fáctico y jurídico señalado en la demanda”.

falencias de motivación …” y la “superficialidad y tergiversación que bien puede afirmarse que el asunto no fue analizado y que la sentencia es totalmente incongruente con el aspecto fáctico y jurídico señalado en la demanda”.

Agregó que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 14 de noviembre de 2024 , con la cual confirmó la decisión del juzgado y negó la solicitud de nulidad. Afirmó que l a autoridad judicial demandada consideró lo siguiente:

  1. Descartó el argumento del actor según el cual la sanción de dos meses de suspensión en el ejercicio de la abogacía carecía de motivación, porque la providencia de la autoridad disciplinaria expuso detalladamente las razones jurídicas y fácticas que la justificaban y cumplió con los requisitos de motivación exigidos por la jurisprudencia y la normatividad disciplinaria.
  1. Indicó que el recibo de pago no era determinante en el análisis de la falta disciplinaria, pues la con troversia central era la retención indebida de la copia de la sentencia y no el pago de honorarios, además, el testimonio solicitado no era esencial para resolver el caso, ya que los hechos relevantes estaban suficientemente acreditados con otros medios probatorios.
  1. Mencionó que la sanción impuesta fue acorde con la falta cometida y no resultó excesiva en comparación con otros casos similares, al tiempo que tampoco se encontraron elementos que justificaran una reducción de la sanción o su revocatoria.
  1. Negó la solicitud de nulidad propuesta y señaló que el juzgado sí analizó los

tampoco se encontraron elementos que justificaran una reducción de la sanción o su revocatoria.

  1. Negó la solicitud de nulidad propuesta y señaló que el juzgado sí analizó los aspectos sustanciales del caso, en particular, la configuración del error jurisdiccional, la validez de la sanción disciplinaria, la interpretación del contrato de mandato y la obligación del abogado frente a su cliente . Al respecto, en

dicha providencia se indicó lo siguiente:

La solicitud de nulidad de la sentencia

29. En el recurso de apelación, el demandante solicitó que estaDemandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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corporación declare la nulidad de la sente ncia de primera instancia y devuelva el proceso al juzgado por lo que considera graves defectos en la motivación de la decisión . Los cuestionamientos no se fundaron en causal legal de nulidad, sino en sentencias que se refieren a la falta de motivación como causa de anulación.

30. La sala no encuentra el vicio aludido que invalide la sentencia porque la razón del apelante corresponde al desacuerdo con los argumentos de la decisión y cuestionamientos sobre la técnica de redacción que no tienen la virtualidad de afectar la motivación de la sentencia como garantía del derecho a una tutela judicial efectiva.

31. Además, con independencia de los cuestionamientos del apelante

decisión y cuestionamientos sobre la técnica de redacción que no tienen la virtualidad de afectar la motivación de la sentencia como garantía del derecho a una tutela judicial efectiva.

31. Además, con independencia de los cuestionamientos del apelante sobre la extensión de las transcripciones contenidas en esa decisión y demás aspectos, la sala encuentra suficiente justificación para las razones que sustentaron la sentencia, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad fundada en la carencia absoluta de real motivación.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que la sentencia de 14 de noviembre de 2024 incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Señaló que el defecto procedimental absoluto se configuró con el rechazo de su solicitud de nulidad, pues no hubo pronunciamiento de fondo, con lo cual omitió su deber de resolverla antes de proferir sentencia.

Indicó frente al defecto fáctico que las autoridades omitieron valorar el testimonio de su exsecretaria y los salvamentos de voto manifestados dentro del proceso disciplinario, a partir de los cuales se pudo concluir que contaba con un legítimo derecho a exigir el reembolso por los gastos del proceso.

Manifestó, en cuanto al defecto sustantivo , que se interpretó de manera restrictiva el artículo 2184 del C ódigo Civil porque las autoridades disciplinarias y judiciales ignoraron que el contrato de mandato impone la obligación de reembolsar gastos al mandatario ; explicó que, para el caso concreto, la señora María Arévalo Alegría tenía la obligación de pagar su s honorarios como

y judiciales ignoraron que el contrato de mandato impone la obligación de reembolsar gastos al mandatario ; explicó que, para el caso concreto, la señora María Arévalo Alegría tenía la obligación de pagar su s honorarios como apoderado judicial y él tenía el derecho de retener la copia de la sentencia condenatoria.

Refirió que se configuró el desconocimiento del precedente judicial contenido en providencias del Consejo de Estado 1 y la Corte Constituciona l2 que desarrollaron el deber de motivación de las providencias judiciales , lo cual

1 Refirió citas que mencionan pronunciamientos de dicha corporación. 2 Citó las sentencias T-459 de 2017, SU-635 de 2015.Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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también propuso con la solicitud de nulidad que formuló en el mismo escrito del recurso de apelación.

1.5. Trámite en primera instancia

En primera instancia se dictó auto admi sorio el 24 de enero de 2025, decisión con la que se ordenó notificar como demandados a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al titular del Juzgado Sesenta Administrativo del Cir cuito Judicial de Bogotá.

A su vez, se dispuso la vinculación como terceros interesados en el resultado

de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al titular del Juzgado Sesenta Administrativo del Cir cuito Judicial de Bogotá.

A su vez, se dispuso la vinculación como terceros interesados en el resultado de la acción al Consejo Superior de la Judicatura, al presidente y magistrados integrantes de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá 3, al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada (o a quien hiciere sus veces) y la señora María Enelía Arévalo Alegría.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

Esta autoridad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional ya que el demandante José Guillermo Roa Sarmiento repitió en su acción de tutela los mismos argumentos que ya había expuesto en la demanda de reparación directa y en su solicitud de nulidad dentro del proceso ordinario.

Expuso que el accionante t ampoco cumplió con la carga argumentativa para justificar la afectación de sus derechos fundamentales, puesto que su escrito de demanda no distinguió con claridad si atacó la sentencia de primera instancia, la de segunda instancia o la sanción disciplinaria.

Mencionó que durante el proceso tuvo la oportunidad de recurrir las decisiones del juzgado mediante los recursos ordinarios, los cuales fueron resueltos en debida forma.

Destacó que l as citas y argumentos utilizados en la acción de tutela son los mismos que presentó en la demanda de reparación directa, lo cual demuestra que no existe un nuevo fundamento constitucional que justifique la intervención del juez de tutela.

Destacó que l as citas y argumentos utilizados en la acción de tutela son los mismos que presentó en la demanda de reparación directa, lo cual demuestra que no existe un nuevo fundamento constitucional que justifique la intervención del juez de tutela.

Recordó que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia

3 Que conocieron del proceso disci plinario adelantado contra el accionante por la queja formulada por la señora María Enelía Arévalo Alegría, con ocasión del proceso ordinario de esta última contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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para reabrir un debate que ya fue objeto de análisis por las autoridades judiciales competentes.

1.6.2. Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Este despacho judicial señaló que la acción de tutela es improcedente puesto que fue utilizada por el actor como una tercera instancia para cuestionar decisiones judiciales de fondo, relacionadas con el análisis sobre la presunta carencia de motivación suficiente en la sanción disciplinaria, por lo que pretende desconocer la naturaleza excepcional y subsidiaria de este mecanismo de amparo.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección

desconocer la naturaleza excepcional y subsidiaria de este mecanismo de amparo.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Con sejo de Estado denegó la acción de tutela respecto del cargo por defecto procedimental absoluto y, a su vez, declaró su improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional frente a los demás defectos específicos alegados.

En cuanto a l defecto procedimental, el a quo señaló que cumplía con los requisitos generales de procedencia y, precisó que, contrario a lo afirmado por la parte actora -según la cual el tribunal omitió pronunciarse de manera expresa sobre la solicitud de nulidad proc esal que presentó junto con el recurso de apelación en el proceso ordinario -, sí existió un pronunciamiento sobre dicha solicitud en un acápite destinado para ello, el cual citó.

En relación con los demás defectos específicos invocados por el demandantefáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial -, indicó que los argumentos sobre los cuales se sustentaron tales vicios, fueros expuestos ante la autoridad judicial competente, tanto en la demanda como en el recurso de apelación que presentó, y frente a tales planteamientos se pronunció el tribunal demandado.

Mencionó que el tribunal explicó que la valoración probatoria se realizó conforme a los elementos obrantes en el expediente y dentro del margen de autonomía judicial, por lo cual deses timó los cuestionamientos del actor respecto de la supuesta omisión probatoria.

Refirió que, en lo particular, se determinó que la prueba testimonial solicitada

autonomía judicial, por lo cual deses timó los cuestionamientos del actor respecto de la supuesta omisión probatoria.

Refirió que, en lo particular, se determinó que la prueba testimonial solicitada por el actor no fue practicada debido a la no comparecencia de la testigo y que los salvamento s de voto emitidos por algunos magistrados en la decisión disciplinaria no podían ser considerados como elementos determinantes para desvirtuar la decisión mayoritaria.

Expuso, e n cuanto al defecto sustantivo, que la providencia analizó el marcoDemandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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normativo aplicable y concluyó que el artículo 2184 del Código Civil invocado por el actor no lo facultaba para retener documentos esenciales para el ejercicio de los derechos del cliente, como en efecto lo hizo.

Precisó que el tribunal desestimó el cargo de la ap elación relacionado con un supuesto desconocimiento del precedente judicial y concluyó que los fallos disciplinarios sí cumplieron con el deber de motivación y tuvieron en cuenta los estándares jurisprudenciales pertinentes, porque estos contenían un desar rollo argumentativo suficiente y la falta de conformidad del demandante con el contenido de dichas providencias no conllevaba a una ausencia de motivación.

Concluyó que la parte actora pretendió emplear la acción de tutela como un recurso que permitiera r evivir la discusión sobre la valoración probatoria, la

contenido de dichas providencias no conllevaba a una ausencia de motivación.

Concluyó que la parte actora pretendió emplear la acción de tutela como un recurso que permitiera r evivir la discusión sobre la valoración probatoria, la interpretación normativa y la aplicación de jurisprudencia en el fallo de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa y con ello crear una instancia adicional, a pesar de que tales desac uerdos no atañen a una discusión de raigambre constitucional, ya que fueron analizados y decididos por la autoridad judicial competente en ejercicio de su autonomía judicial.

1.8. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia , decisión que fue notificada vía electrónica el 28 de febrero de 2025, mediante memorial radicado electrónicamente el 5 de marzo del mismo año.

Indicó que e l fallo impugnado excluyó de la acción al Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá , que fue el que conoció en primera instancia de la acción de reparación directa por errores judiciales, dictando una extensa sentencia llena de transcripciones procesales, pero absolutamente inmotivada.

Mencionó que demandó de forma expresa también a dicha autoridad , pues cada uno en sus respectivas competencias, incurrieron en graves defectos ; por lo que consideró que dicha exclusión no tiene respaldo alguno. En tal sentido, señaló que la sentencia de tutela de primera instancia debe ser revocad a para emprenderse por primera vez el estudio de fondo de los defectos.

Refirió que la competencia para conocer del medio de control de reparación directa por razón de la cuantía, no era del juzgado en primera instancia sino del

emprenderse por primera vez el estudio de fondo de los defectos.

Refirió que la competencia para conocer del medio de control de reparación directa por razón de la cuantía, no era del juzgado en primera instancia sino del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , el cua l modificó la cuantificación de los perjuicios que tas ó razonadamente y bajo juramento , para ajustarlos según su propio arbitrio.

Destacó que la falta de competencia del juzgado conlleva una nulidad insaneable, la cual alegó en el proceso ordinario, y la que a su juicio puede ser declarada en sede de tutela.Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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Reiteró que el tribunal , en la sentencia demandada , no se pronunció sobre dicha solicitud de nulidad. Recordó el deber de someterse al imperio de la ley y al deber de motivación de las decisiones judi ciales, por lo que insistió en la configuración del defecto procedimental absoluto.

En relación con los demás defectos específicos invocados, señaló que su solicitud de amparo tiene que ver con “claros y caros” derechos fundamentales como el “…debido proc eso (art. 29 CP), que no honró la decisión tutelada; al acceso material y no meramente formal a la administración de justicia (art. 229 CP); a la igualdad, en la modalidad relacionada con la igualdad en la aplicación

como el “…debido proc eso (art. 29 CP), que no honró la decisión tutelada; al acceso material y no meramente formal a la administración de justicia (art. 229 CP); a la igualdad, en la modalidad relacionada con la igualdad en la aplicación de la ley (art. 13) y a la confianza le gítima en su aplicación; e incluso, los derechos al honor, al buen nombre y a ejercer libremente una profesión…” . Al respecto, agregó:

…la Justicia bajo evidentes errores judiciales y graves defectos negó los errores judiciales demandados en que incurrió la jurisdicción disciplinaria al sancionarme contra la evidencia, contra la ley y contra la buena razón, por una falta disciplinaria totalmente inexistente y que no cometí, y, además desproporcionadamente y por un cargo que nunca me formuló ni me pude defender, como bien lo expliqué en el escrito tutelar, aspectos sobre los cuales la decisión de la que disiento, guardó absoluto silencio bajo la cruel sombrilla de que el caso no tiene relevancia constitucional.

Así las cosas, ¿cómo se puede afirmar sin equi vocarse que la tutela carece de relevancia constitucional?, lo que si se mira bien, no es cierto.

La Subsección B de la Sección 3ª de esa Honorable Corporación echó mano de la falta de relevancia constitucional para declarar improcedentes las tutelas que los ciudadanos presentamos contra providencias judiciales, pero, hasta donde conozco, tales improcedencias son revocadas por el ad quem tutelar al encontrar que los casos sí contienen esa notabilidad Superior, como sucede en el presente asunto, por lo cual suplico su revocatoria y el estudio de fondo de todos los defectos soporte del amparo.

quem tutelar al encontrar que los casos sí contienen esa notabilidad Superior, como sucede en el presente asunto, por lo cual suplico su revocatoria y el estudio de fondo de todos los defectos soporte del amparo.

4. En los anteriores términos sustento la impugnación del fallo, remitiéndome en lo demás, en gracia a la no repetición, a lo manifestado en el libelo tutelar, argumentos que doy por reproducidos para que integren la sustentación, rogando a los Señores Consejeros tener a lo allí manifestado como parte integrante de la misma, máxime cuando la decisión no analizó ni dio respuesta íntegra y cabal a todos y cada uno de sus soportes como queda demostrado.

Los principios de transparencia, suficiencia argumentativa y seguridad jurídica fueron inobservados tanto por los tutelados como por el fallo impugnado, quienes, ignoraron por completo la SU-055 de 2018 y el art. 55 de la l ey 270 de 1998, que establece que “…Las sentencias judiciales debe-n referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales…”3, violentándose el debido proceso constitucional.Demandante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y otros Rad: 11001-03-15-000-2025-00275-01

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1.9. Trámite posterior

Mediante auto del 2 8 de marzo de 2025, se dispuso la vinculación de la

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1.9. Trámite posterior

Mediante auto del 2 8 de marzo de 2025, se dispuso la vinculación de la directora Ejecutiva de Administración Judicial como representante de la Nación, Rama Judicial, así como al juez Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al abogado Samuel David Quigua Ar évalo, los dos últimos relacionados con los hechos de la demanda de reparación directa por error jurisdiccional que presentó el actor, objeto de esta acción de tutela.

En cumplimiento de lo anterior se realizaron las siguientes intervenciones:

1.9.1. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

Aportó los datos de contacto relacionados con el señor Samuel David Quigua Arévalo, conforme con Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados-SIRNA.

1.9.

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