CE - Sentencia 11001031500020250031001
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250031001
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionantes: HUMBERTO VIÑA PORTELA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Tesis: La tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional, cuando el debate planteado por el demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 20 de febrero de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Humberto Viña Portela, Mery Viña Portela , Omar Viña Portela, Aurora Viña Portela y Emilio Viña Portela, por intermedio de apoderado, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido
1.1. Los señores Humberto Viña Portela, Mery Viña Portela , Omar Viña Portela, Aurora Viña Portela y Emilio Viña Portela, por intermedio de apoderado, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad que estiman vulnerados con ocasión de la providencia del 24 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , que modificó el proveído del 1° de septiembre de 2022, dictado por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa adelantada contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la fiduciaria La PrevisoraRadicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
S.A. en calidad de administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) Caprecom Liquidado1.
1.2. En el referido medio de control, los señores Humberto Viña Portela, Mery Viña Portela, Omar Viña Portela, Aurora Viña Portela, Edgar Viña Portela y Emilio Viña Portela solicitaron que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a las demandadas por los perjuicios causados por la muerte del señor Cesar Augusto Viña Portela en hechos
Portela y Emilio Viña Portela solicitaron que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a las demandadas por los perjuicios causados por la muerte del señor Cesar Augusto Viña Portela en hechos ocurridos el 16 de junio de 2016 en el Centro Penitenciario y Carcelario La Modelo de Bogotá D.C., mientras cumplía la pena de 23 meses de prisión, impuesta por el delito de extorsión agravada. En la referida fecha, el señor Viña Portela fue encontrado sin vida en su celda; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó que la muerte ocurrió por estrangulamiento y determinó como manera de la muerte: homicidio.
1.3. La demanda correspondió al Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, autoridad que, mediante proveído del 1° de septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones y condenó al INPEC a reconocer los perjuicios morales a los demandantes. Lo anterior, de conformidad con el régimen objetivo de responsabilidad de daño especial , advirtiendo el señor Viña Portela , como persona privada de la libertad , se encontraba bajo la custodia y guarda del INPEC, autoridad que no logró acreditar la existencia de una causal eximente de responsabilidad.
1.4. Contra la anterior decisión, el INPEC presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a través de providencia del 24 de julio de 2024, que modificó la decisión de primera instancia en el sentido de otorgarle la indemnización únicamente al señor Edgar Viña Portela.
Sección Tercera, Subsección C, a través de providencia del 24 de julio de 2024, que modificó la decisión de primera instancia en el sentido de otorgarle la indemnización únicamente al señor Edgar Viña Portela.
Lo anterior , con fundamento en que la presunción de aflicción de los demás demandantes, quienes demostraron ser hermanos de la víctima , fue desacreditada con las pruebas presentadas por el INPEC . Dichas
1 Proceso que se identificó con la radicación 110013343064201800154 00/01.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
pruebas demostraron que el señor Cesar Augusto Viña Portela no recibió visitas de sus hermanos durante el tiempo que permaneció en la cárcel, lo que permitió concluir que no existía una relación cercana ni lazos afectivos significativos.
1.5. Los accionantes argumentaron en la tutela que la decisión atacada incurrió en defecto fáctico al desconocer las pruebas obrantes en el expediente que acreditaban el dolor que padecieron por el homicidio de su hermano, y al omitir “decretar pruebas de oficio en lo referente a que medios de comunicación interna había otrora en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá”, pues debió verificar si había otros medios adecuados para corroborar que la relación familiar en efecto existía, máxime cuando el
medios de comunicación interna había otrora en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá”, pues debió verificar si había otros medios adecuados para corroborar que la relación familiar en efecto existía, máxime cuando el hecho de que no se registraran visitas a su hermano mientras estuvo en la cárcel no resultaba suficiente para desvirtuar la aflicción y el sentimiento de dolor causado por su muerte.
1.6. Señalaron que la decisión atacada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente al exigir más requisitos de los establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, dictada por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, dentro del expediente con radicado número 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa , para acreditar los perjuicios inmateriales sufridos por las víctimas indirectas en caso de muerte de una persona con la que existían vínculos afectivos.
1.7. Sostuvieron que la providencia objeto de debate es una decisión sin motivación porque “no se hizo un breve resumen de la demanda, ni de su contestación; ni se efectuó un análisis crítico de las prue bas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinaros estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones a que el Ad Quem llegó, ni los expuso con brevedad y precisión, tampoco los textos legales, puesto que no aplicó ninguno”. Además, sostuvo que el fallo no fue motivado, pues omitió resolver sobre lo planteado en la demanda y las contestaciones , de
con brevedad y precisión, tampoco los textos legales, puesto que no aplicó ninguno”. Además, sostuvo que el fallo no fue motivado, pues omitió resolver sobre lo planteado en la demanda y las contestaciones , de conformidad con la fijación del litigio.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1.8. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones2:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA AL MÍNIMO VITAL, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, en su sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024). incurrió en un defecto factico pues; i) se observa que de manera errada, desconocieron las pruebas aportadas durante el deba te procesal, defecto sustantivo; ii) misma forma que se apartó sin justificación alguna del precedente judicial consagrado en la Sentencia de Unificación con Radicación número: 66001 -23-31-000-2001-00731-01(26251) del Honorable Consejo de Estado2, consonan te con el artículo 7, del Código General del Proceso aplicable al Derecho Contencioso Administrativo por remisión Normativa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo
del Honorable Consejo de Estado2, consonan te con el artículo 7, del Código General del Proceso aplicable al Derecho Contencioso Administrativo por remisión Normativa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al requerir más requisitos de los establecidos en sentencia de unificación, impidiendo con ello el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales de personas en situaciones vulnerables, como lo son los parientes de las personas privadas de la libertad. iii) al igual que se apartó de los preceptos consagrados en el artículo 84 de la Constitución Política., al exigir mas requisitos de los previstos en la ley y, la jurisprudencia., iv) El Tribunal dio por sentado que por el mero hecho de los aquí actores no visitar a su hermano e n reclusión, como tal, este hecho era suficiente para demostrar que no hubo dolor, ni congoja por el asesinato de su hermano en los demandantes, sin siquiera el tribunal se dio a la tarea de oficio verificar si en vida, existía otro medio de comunicación e ntre presos y el mundo exterior dentro del penal., desconociendo el artículo 213 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Referencia: 1100133430642018-0015401, Sentencia SC3 -24073496 Sala 87. Medio de Control Reparación directa; Demandante: Edgar Viña Portela y o tros. – Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Tema Responsabilidad extracontractual del Estado por muerte de recluso.
Demandante: Edgar Viña Portela y o tros. – Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Tema Responsabilidad extracontractual del Estado por muerte de recluso.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, que en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso contencioso administrativo de reparación directa promovido, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, que en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso Contencioso Administrativo promovido”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 31 de enero de 2025, el juez de primera instancia admitió la tutela y vinculó como terceros con interés al señor Edgar Viña
2 Se transcribe del texto original aun con posibles errores.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Portela, al INPEC y a la fiduciaria La Previsora S.A., como administradora del PAR Caprecom Liquidado.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que la solicitud de amparo resulta improcedente al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, pues no cumplió con la carga argumentativa y
del PAR Caprecom Liquidado.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que la solicitud de amparo resulta improcedente al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, pues no cumplió con la carga argumentativa y lo que pretende el accionante es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa.
Sostuvo que la providencia objeto de debate no incurrió en los defectos alegados por el accionante, ya que fue dictada atendiendo el precedente jurisprudencial aplicable respecto del análisis de la presunción de los perjuicios morales en casos de m uerte y las pruebas fueron analizadas bajo las reglas de la experiencia y la sana critica. Y, finalmente , argumentó que los problemas jurídicos planteados en el proceso ordinario fueron desatados en debida forma.
2.3. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá allegó copia del expediente digital del proceso de reparación directa identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-0031-00/01.
2.4. El INPEC adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva y solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional. No obstante, manifestó que a la parte accionante no le fueron vulnerados sus derechos fundamentales, y solicitó que se desestimaran las pretensiones de la tutela.
2.5. El PAR Caprecom Liquidado, por medio de apoderado, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la entidad competente para pronunciarse sobre las pretensiones del accionante y por tal razón, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la entidad competente para pronunciarse sobre las pretensiones del accionante y por tal razón, solicitó su desvinculación del trámite constitucional. Además, solicitó que se declarara la inexistencia del nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante y de su accionar.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2.6. El señor Edgar Viña Portela demandante en el proceso ordinario guardó silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 20 de febrero de 202 5, el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A, declaró improcedente el amparo solicitado por falta de subsidiariedad frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente alegado por los accionantes, pues consideró que contaban con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en los artículos 256 al 268 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para controvertir el hecho de que el Tribunal accionado se hubiese apartado de la sentencia de unificación dictada dentro del expediente de radicado 66001 23 31 000 2001 00731 01 (26251).
Por otro lado, negó el amparo al considerar que no se configuró el defecto fáctico y la decisión sin motivación, bajo el argumento de que el Tribunal
(26251).
Por otro lado, negó el amparo al considerar que no se configuró el defecto fáctico y la decisión sin motivación, bajo el argumento de que el Tribunal fundamentó la sentencia en los medios de prueba aportados al expediente y no podía trasladársele la carga probatoria de allegar otros elementos de convicción que demostraran el vínculo con el fallecido, pues es obligación de las partes fundamentar en pruebas sus argumentos.
IV. IMPUGNACIÓN
Los accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es improcedente para el caso concreto debido a que no se alcanza la cuantía requerida para su presentación . Por lo tanto, no se puede exigir su interposición para cumplir el requisito de la subsidiariedad en relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente. Luego, reiteró los argumentos presentados en el escrito de tutela.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Humberto Viña Portela, Mery Viña Portela, Omar Viña Portela, Aurora Viña Portela , Edgar Viña Portela y Emilio Viña Portela presentaron demanda de reparación directa donde pretendieron que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable al INPEC y a la fiduciaria La Previsora S.A. , en calidad de administradora del PAR Caprecom Liquidado, por los perjuicios causados con la muerte del señor Cesar Augusto Viña Portela, en hechos ocurridos el 16 de junio de 2016 en el Centro Penitenciario y Carcelario La Modelo de Bogotá D.C, donde se encontraba privado de la libertad.
5.2.2. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, a través de sentencia del 1° de septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al encontrar configurada la responsabilidad de la administración bajo el título de imputación de daño especial.
5.2.3. Contra la anterior decisión los demandantes interpusieron recurso de apelación y , mediante proveído del 24 de julio de 2024 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , la modificó en el sentido de otorgarle la indemnización únicamente al señor
de apelación y , mediante proveído del 24 de julio de 2024 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , la modificó en el sentido de otorgarle la indemnización únicamente al señor Edgar Viña Portela, y la confirmó en todo lo demás.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
La sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de desvinculación del trámite tutelar formulada por el INPEC y e l PAR Caprecom Liquidado, pues conformaron la parte demandada dentro del proceso que dio origen a la providencia objeto de debate. Por lo tanto, les asiste interés en las decisiones que se profieran dentro de este trámite constitucional.
5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.2.1. Frente al requisito de subsidiariedad
manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.2.1. Frente al requisito de subsidiariedad
Los artículos 86 de la Constitución Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en un mecanismo principal de protección.
La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por excelencia para la preservación de los derechos es el proceso 3. Por consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
3 Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su
como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
5.3.2.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 4, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional5 hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios” . Consideración a la cual agregó que:
“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 5 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.2.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional , so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU –573
www.consejodeestado.gov.co
A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU –573 de 20196, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 7.
5.3.2.2.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho8:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho8:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatizaa problemas de carácter
6 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022 7 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”. 8 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001 03 15 000 2025 00310 01
Accionante: Humberto Viña Portela y otros
12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo expuesto en la SU -128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado” , pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.