CE - Sentencia 11001031500020250033701

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250033701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

Accionante: Eudes Gómez Salazar Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de tutelante como alcalde. Doble militancia en la modalidad de apoyo / MODIFICA PARA DECLARAR IMPROCEDENCIA – No cumple los presupuestos de relevancia constitucional y subsidiariedad. Reproches tienen como fin emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y revivir una oportunidad procesal

Procede la Sala a decidir la impugnaci ón presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 13 de febrero de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante la cual negó el amparo constitucional reclamado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 23 de enero de 2025 el señor Eudes Gómez Salazar , mediante apoderad o judicial, promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado ,

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 23 de enero de 2025 el señor Eudes Gómez Salazar , mediante apoderad o judicial, promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , con la pretensión de que dejara sin efectos la sentencia de 14 de noviembre de 2024, emitida dentro del proceso de nulidad electoral1 que instauró el señor José Isaías Rodríguez Túquerres en su contra, encaminado a obtener la anulación de su acto de elección como alcalde de El Rosario (Nariño) para el período 2024 -2027, al haber incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA.

2. En la providencia acusada se revocó la decisión adoptada el 13 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones ordinarias, para en su lugar, acceder a estas. Se consideró, con base en la prueba testimonial y la evidencia de un audio recaudado, que el 2 de octubre de 2023 el tutelante, en calidad de candidato a la alcaldía de El Rosario por el Movimiento Autoridades

1 Expediente 52001-23-33-000-2024-00003-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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Indígenas de Colombia ( AICO), se presentó en la vereda La Tigresa y promovió la candidatura de la señora Isabel Rodríguez Guevara, quien en su momento aspiró a la Asamblea Departamental de Nariño por el Movimiento Alianza Democrática Amplia

Indígenas de Colombia ( AICO), se presentó en la vereda La Tigresa y promovió la candidatura de la señora Isabel Rodríguez Guevara, quien en su momento aspiró a la Asamblea Departamental de Nariño por el Movimiento Alianza Democrática Amplia (ADA), en el mismo certamen electoral, a pesar de que el partido político de aquel formuló lista de candidatos para disputar las curules de esa duma departamental.

3. La parte actora afirmó que se configuró un defecto fáctico , en tanto el demandante no cumplió la carga de la prueba que le asistía en las diligencias ordinarias para acreditar la conducta prohibida alegada. En ese sentido, adujo que

(i) se omitió valorar un dictamen pericial que presentó, a pesar de que en este se concluyó que el material probatorio no demostraba la prohibición de doble militancia; (ii) se acogió un testimonio sin examinarse su credibilidad; (iii) se le otorgó pleno valor probatorio a unas fotografías y publicaciones obtenidas de redes sociales (Facebook), a pesar de que estas solo constituían indicios y que no estaban respaldadas en otros elementos de convicción; y, (iv) se omitió ordenar un peritaje técnico para verificar la autenticidad de las grabaciones de audio aportadas.

4. Asimismo, se indicó que se incurrió en defecto sustantivo, pues el hecho de que haya compartido escenarios públicos con diferentes fuerzas y candidatos políticos no es equiparable a la prohibición de doble militancia descrita en los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011. Para tal efecto, d ebe mediar un apoyo efectivo, real y comprobado a un candidato o partido diferente al que

la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011. Para tal efecto, d ebe mediar un apoyo efectivo, real y comprobado a un candidato o partido diferente al que pertenece y milita el demandado. Es decir, se efectuó una indebida interpretación de las expresiones militan y apoyar contenidas en esos preceptos legales.

5. De igual modo, se configuró violación directa de la Constitución, toda vez que con la providencia acusada se vulneraron sus derechos fundamentales (i) al debido proceso, al incurrir en los aludidos defectos fáctico y sustantivo; y, (ii) a elegir y ser elegido, dada la interpretación contra legem, irrazonable y desproporcionada de la prohibición de doble militancia . También se transgredió el principio pro homine , porque se acogió la interpretación judicial más desfavorable y restrictiva posible.

B. Sentencia de primera instancia

6. Mediante sentencia de 13 de febrero de 2025 , la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado . Se consideró que no se incurrió en defecto fáctico, dado que se valoraron las pruebas allegadas al proceso de nulidad electoral razonablemente, de la siguiente manera:

(i) frente al testimonio controvertido, no se omitió la tacha que pesaba en su contra, sino que se advirtió que no obraba prueba de que el declarante hubiere estado privado de la libertad el día del suceso y, en todo caso, se apreciaría la prueba en conjunto con los demás elementos probatorios; (ii) en cuanto al dictamen pericial, se precisó que fue objeto de valoración, diferente es que no lo haya sido del modo

privado de la libertad el día del suceso y, en todo caso, se apreciaría la prueba en conjunto con los demás elementos probatorios; (ii) en cuanto al dictamen pericial, se precisó que fue objeto de valoración, diferente es que no lo haya sido del modo pretendido por el accionante , porque aunque aquel no dio certeza sobre la autenticidad de las capturas de pantalla, de audio y video, la autoridad judicial estimóRadicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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que era procedente su valoración para zanjar el asunto, no obstante, no se basó en esos elementos de convicción para definir la controversia , pues est os no evidenciaban un acto positivo y concreto de apoyo; y (iii) en lo relativo a la grabación de audio, advirtió que no se cuestionó su autenticidad, por lo que no es dable alegar en este escenario que no fue sometida a verificación, en razón a que el cotejo de voces no fue solicitado en el proceso ordinario.

7. Por otro lado, se anotó que no acaeció defecto sustantivo, debido a que se efectuó un estudio lógico y plausible de la normativa relativa a la prohibición de la doble militancia. Con fundamento en el material probatorio recaudado se encontraron los elementos suficientes para determinar su configuración.

8. Tampoco se evidencia la violación directa de la Constitución alegada, pues tiene como fundamento la configuración de los defectos fáctico y sustantivo que se demostró que no se presentaron y no se evidencia vulneración de derechos

8. Tampoco se evidencia la violación directa de la Constitución alegada, pues tiene como fundamento la configuración de los defectos fáctico y sustantivo que se demostró que no se presentaron y no se evidencia vulneración de derechos fundamentales, por el contrario, se tiene una decisión judicial sustentada de manera suficiente en la posición jurisprudencial vigente aplicado al caso concreto, que debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.

C. La impugnación

9. La parte actora sostuvo que , contrario a lo establecido por el a quo , se configuraron los 3 defectos alegados, para cuyo fundamento reiteró el razonamiento planteado en el escrito de tutela sobre dichas causales y añadió que estaba demostrado que la actividad probatoria realizada por la autoridad judicial era defectuosa; la interpretación normativa efectuada es irrazonable y contraria los principios del derecho sancionador, al no tener en cuenta el elemento intencional, acoger una interpretación extensiva en perjuicio del sancionado y desconocer la finalidad de la norma; y, lo anterior implicó violación a sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido u ocupar cargos de elección popular .

Además, no se emitió pronunciamiento alguno acerca de la aplicación del principio pro homine.

10. En auto del 02 de mayo de 2025 s e declaró fundado el impedimento presentado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

11. La Sala es competente para conocer de la impugnac ión presentada y examinar

por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

11. La Sala es competente para conocer de la impugnac ión presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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F. Análisis del caso concreto

12. La Sala advierte que no se superan los presupuestos de relevancia constitucional y subsidiariedad. Se difiere de la apreciación del juez de primera instancia, según la cual las inconformidades esgrimidas por el tutelante trascienden al ámbito constitucional.

13. No resulta suficiente para tener por satisfecho el aludido requisito que se haya invocado la protección de los derechos fundamentales alegados como consecuencia de la configuración de las causales específicas de procedibilidad reseñadas. Para tal propósito es indispensable dilucidar si la argumentación planteada en el escrito de amparo tiene como propósito acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que no se configura en este asunto. Además, lo relacionado con la presunta omisión en cotejar el audio aportado no fue solicitado por la parte interesada en sede ordinaria.

14. Las inconformidades de la parte actora evidencian desacuerdo con la providencia

omisión en cotejar el audio aportado no fue solicitado por la parte interesada en sede ordinaria.

14. Las inconformidades de la parte actora evidencian desacuerdo con la providencia objeto de censura, así como la intención de revivir oportunidades procesales ya fenecidas por su inactividad . Se pretende emplear esta acción como una instancia adicional del medio de control de nulidad electoral, con el fin de reabrir el debate probatorio ya zanjado por el juez natural de la causa y atribuirle a la autoridad judicial accionada la omisión de no decretar una prueba, a pesar de que no fue solicitada por la parte interesada . La simple inconformidad con una decisión judicial que le resulta desfavorable a un extremo del litigio o la presunta omisión en la práctica de una prueba, no lo habilita para que acuda ante el juez constitucional con el objeto de modificar la decisión judicial acusada, como se expondrá a continuación.

15. En cuanto a que no obraban pruebas que demostraran la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo alegada , porque se efectuó una defectuosa valoración de estas, advierte la Sala que lo pretendido por la parte actora es imponer su tesis probatoria, es decir, que el juez de tutela la acoja, para que se le indique a la autoridad judicial accionada la manera como se debieron valorar los elementos de convicción obrantes en el plenario, actuación que invadiría la órbita de competencia del juez natural, por las siguientes razones.

16. Respecto de que no se tuvo en cuenta el dictamen pericial que presentó en el proceso ordinario y que fue ratificado en audiencia, se evidencia que la autoridad

del juez natural, por las siguientes razones.

16. Respecto de que no se tuvo en cuenta el dictamen pericial que presentó en el proceso ordinario y que fue ratificado en audiencia, se evidencia que la autoridad judicial lo analizó, diferente es que no de la manera pretendida por el accionante.

Advirtió que aquel versaba sobre la falta de autenticidad de los documentos aportados con la demanda, en particular, de las imágenes de las capturas de pantalla de publicaciones de la red social Facebook, elementos de convicción que no constituyeron el eje central de la decisión de tener por acreditada la doble militancia endilgada, en razón a que la decisión se fundamentó en otras pruebas (testimonio y audio) que demostraban dicha conducta.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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17. Es decir, el dictamen pericial por sí solo carecía de la virtud para concluir la falta de configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, en atención a que reposaban en el plenario otros elementos de convicción que comprobaban la conducta y los cuales no fueron objeto de análisis en la pericia (testimonio y audio).

18. En lo relativo a la credibilidad otorgada al testimonio del señor Fredy Montoya Muñoz, el ad quem ordinario anotó que en primera instancia se rechazó de plano dicha declaración, bajo el argumento de que se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad desde el 23 de agosto de 2023 hasta el 2 de abril de 2024 3, por lo que no era posible que participara en la reunión política del 2 de octubre de

dicha declaración, bajo el argumento de que se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad desde el 23 de agosto de 2023 hasta el 2 de abril de 2024 3, por lo que no era posible que participara en la reunión política del 2 de octubre de 2023, y menos que la hubiera grabado, o que realizara una declaración extrajuicio ante notario el 16 de enero de 2024.

19. No obstante, precisó que la aludida tacha no supone descartar la valoración de esa prueba testimonial, sino que debía ser sometida a un estudio más estricto que el que recae sobre las declaraciones que no padecen de sospecha. En esa medida, se debió haber valorado su contenido y alcance, así como su declaración extrajuicio, máxime cuando no se aportó al proceso medio de convicción emanado de autoridad competente que diera cuenta de que la pena privativa de la libertad se hizo efectiva y el lapso en la que transcurrió . Por el contrario, obra prueba documental de la que se infiere que para antes del 2 de abril de 2024 el testigo no estaba recluido en establecimiento carcelario, esta es, la constancia de autenticación biométrica de la declaración extraprocesal que rindió el 16 de enero de ese año.

20. Con base en lo anterior, procedió a valorar el testimonio, conforme al cual indicó que “ el testigo, en su narración en la audiencia de pruebas, refirió que estuvo presente en la reunión del 2 de octubre de 2023. Expuso que, en esa fecha, estaba reunida la comunidad de la vereda La Tigrera, entre 20 y 30 personas, que el lugar es un punto de reunión tipo gallera, que es un sitio público, que el entonces candidato

reunida la comunidad de la vereda La Tigrera, entre 20 y 30 personas, que el lugar es un punto de reunión tipo gallera, que es un sitio público, que el entonces candidato se presentó en ese lugar cuando las personas presentes terminaban una jornada de trabajo, que el presidente de la junta de la vereda lo llamó aprovechando que la comunidad estaba reuni da, y que hizo campaña a la candidata Isabel Rodríguez. Esta versión coincide con declaración extraprocesal que rindió ante la Notaría Única del Círculo de Taminango (Nariño), del 16 de enero de 2024”.

21. Sin perjuicio de lo citado, como sobre dicha declaración pesaba una sospecha respecto de la imparcialidad y credibilidad del testigo, la autoridad judicial advirtió que debía “valorar con mayor detenimiento su versión de los hechos, por lo que es necesario confrontar la coherencia de su relato con los demás medios suasorios que obran en el plenario. Para el efecto, se cuenta con la grabación de audio aportada con la demanda, con la cual es posible corroborar la veracidad de su narración”.

3 Información que extrajo de la página electrónica de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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22. Por consiguiente, no corresponde a la realidad que el juez natural del litigio le haya otorgado credibilidad absoluta al aludido testimonio, diferente es que haya contado con otro elemento de convicción que le hubiere permitido corroborar lo narrado por el testigo, actuació n que no involucra algún tipo de arbitrariedad, por el contrario,

otorgado credibilidad absoluta al aludido testimonio, diferente es que haya contado con otro elemento de convicción que le hubiere permitido corroborar lo narrado por el testigo, actuació n que no involucra algún tipo de arbitrariedad, por el contrario, atiende la normativa referente a la manera cómo se deben examinar testimonios en los eventos en que hayan sido objeto de tacha.

23. En lo atinente a que las fotografías y publicaciones obtenidas de la red social Facebook carecían de autenticidad 4, por lo que debían ser consideradas como indicios, la autoridad judicial advirtió que no había forma de corroborar que las imágenes contenidas en las capturas de pantallas aportadas y las publicaciones coincidieran. No obstante, ello no impedía que se valorara el contenido del mensaje de datos y los registros fotográficos aportados mediante captura de pantalla. En todo caso, al no derivarse tal medio de una red social del tutelante, se deducía que no era el autor del texto que en ella aparecía, circunstancia que no demostraba un acto de apoyo positivo y concreto.

24. De lo anterior se colige que aunque la autoridad judicial tuvo en cuenta los medios probatorios referenciados en precedencia, de estos no era posible verificar la configuración de la conducta prohibida, por ende, para la Sala no resulta evidente de qué modo afectó su aná lisis cuando estos no le sirvieron de fundamento al juez ordinario para declarar configurada la doble militancia. Es decir, en el evento de que se hubiera acogido la exclusión probatoria que pregona la parte actora no implica modificación alguna en la deci sión judicial adoptada, pues estos finalmente no sirvieron como prueba para anular su acto de elección.

se hubiera acogido la exclusión probatoria que pregona la parte actora no implica modificación alguna en la deci sión judicial adoptada, pues estos finalmente no sirvieron como prueba para anular su acto de elección.

25. Para el juez natural las pruebas que demostraron el acto de apoyo prohibido lo constituyeron el testimonio del señor Jhon Fredy Montoya Muñoz y el audio aportado de la reunión celebrada el 2 de octubre de 2023 . De estos concluyó que “ quien pronuncia el discurso que se escucha en la grabación es el señor Eudes Gómez Salazar, otrora candidato a la Alcaldía de El Rosario por el Movimiento AICO para los comicios que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023, que el 2 de octubre de 2023 se pr esentó en la vereda La Tigrera y promovió la candidatura de Isabel Rodríguez Guevara, quien en su momento aspiró a la Asamblea Departamental de Nariño por el Movimiento ADA, en el mismo certamen electoral, y que ese respaldo tuvo lugar durante el periodo de campaña, entre el 28 de julio y el 29 de octubre de 2023”. Circunstancia que acreditaba la doble militancia alegada.

26. Frente a que la grabación de audio aportada no fue sometida a un cotejo de voces ni a un peritaje que garantizara su autenticidad, la autoridad judicial accionada sostuvo que la defensa del demandado no cuestionó su autenticidad durante el trámite procesal, pues su reproche se dirigió a que fue obtenida con desconocimiento

4 Para ello resultaba indispensable, (i) tener certeza de su autor y procedencia; (ii) existir plena identificación de

trámite procesal, pues su reproche se dirigió a que fue obtenida con desconocimiento

4 Para ello resultaba indispensable, (i) tener certeza de su autor y procedencia; (ii) existir plena identificación de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron; y (iii) que no se desprendieran diferentes posibilidades interpretativas, sino que, por el contrario, con la simple apreciación del intérprete emerjan los hechos que se pretenden demostrar.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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de los derechos al debido proceso e intimidad , lo cual se demostró que carecía de asidero jurídico.

27. Con base en lo expuesto, para la Sala la intención del tutelante con el citado reproche es que se le endilgue una presunta omisión probatoria a la autoridad judicial accionada, a pesar de que él no solicitó el medio probatorio cuya práctica echa de menos. En esos términos, tal inc onformidad no supera el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que para que fuera objeto de análisis constitucional resultaba indispensable que aquello hubiera sido solicitado en las diligencias ordinarias y que, en efecto, la autoridad judicial hubiere omitido su práctica.

28. Ello por cuanto la acción de tutela reviste de una naturaleza residual y subsidiaria, esto es, solo procede en los eventos en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la Constitución Política). En ese sentido, resulta

otro instrumento diferente para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la Constitución Política). En ese sentido, resulta indispensable que, previo a acudir al juez constitucional, el interesado haya agotado todos los recursos que tenía a su alcance con la finalidad de remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos , actuación que no agotó en lo referente a la solicitud del cotejo de voces mencionada.

29. En ese sentido, el tutelante no puede, por conducto de la tutela, procurar la defensa de sus derechos fundamentales cuando pudo solicitar ante el juez natural el referido cotejo de voces, pero no lo hizo. Es decir, la tutela no puede emplearse como una instancia alternativa para revivir oportunidades procesales que ya fenecieron y que no fueron aprovechadas por la parte interesada.

30. Así las cosas, la Sala colige que no se advierte la defectuosa valoración probatoria alegada, sino reiteración de su postura sobre cómo debieron valorarse los elementos de convicción, pues se pretende imponer la manera como, a juicio del tutelante, debieron haberse valorado los referidos elementos probatorios, al no compartir el modo en que lo hizo el juez natural , sin que destine motivación alguna a poner en evidencia que el análisis en ese sentido realizado por el juez ordinario contrar ía los postulados de la sana crítica . Tampoco se comprobó una omisión en el decreto de una prueba, pues no fue solicitada en el proceso ordinario , es decir, la conducta omisiva de la parte interesada fue la que generó que no se practicara dicha prueba.

una prueba, pues no fue solicitada en el proceso ordinario , es decir, la conducta omisiva de la parte interesada fue la que generó que no se practicara dicha prueba.

31. En este punto, cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el modo cómo se deben valorar las pruebas obrantes en el proceso ordinario ni el grado de certeza de estas, así como tampoco imponer la tesis que defiende la parte actora para desvirtuar la configuración de la causal de nulidad electoral de doble militancia, cuando no se comprobó que las conclusiones probatorias de la autoridad judicial involucraran arbitrariedad alguna. Tal actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía la función del juez natural de la controversia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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32. En ese sentido, el hecho de que la autoridad accionada no haya zanjado la controversia como lo pretendí a el tutelante, no l a faculta para que acuda a este mecanismo judicial para imponer el criterio que defiende. La simple inconformidad de criterios, no comporta en sí la acreditación de la afectación constitucional que se requiere para conceder el amparo reclamado.

33. Lo anterior, permite concluir que tampoco reviste de relevancia constitucional el argumento sobre el que se funda el defecto sustantivo, consistente en que no se acreditaron los supuestos de los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011 para tener por configurada la doble militancia en la modalidad de

argumento sobre el que se funda el defecto sustantivo, consistente en que no se acreditaron los supuestos de los artículos 107 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011 para tener por configurada la doble militancia en la modalidad de apoyo, pues no medió un apoyo efectivo, real y comprobado a un candidato o partido diferente al que pertenece y milita. Dicho reproche, aunque se basa en una presunta indebida interpretación de las palabras “militar” y “apoyar” contenidas en los aludidos preceptos legales, tiene su soporte también en que las pruebas no carecían de la potencialidad para comprobar la aludida prohibición, lo cual, como se explicó en precedencia, no tiene asidero jurídico.

34. Por consiguiente, no se evidencia una incorrecta aplicación de los conceptos de militar y apoyar, pues se demostró la militancia política de los implicados, así como los actos de apoyo que acreditaron la causal de nulidad electoral invocada, diferente es que el accionante no comparte las conclusiones a las que sobre el particular arribó la autoridad judicial, planteamiento que carece de la potencialidad de evidenciar la afectación constitucional alegada, por el contrario, denotan una simple inconformidad con la decisión judicial objeto de censura.

35. En ese sentido, la autoridad judicial valoró en su totalidad el material probatorio obrante en el proceso ordinario, del cual concluyó que se demostró un apoyo político indebido por parte del tutelante. Es decir, no se tuvo en cuenta para declarar la configuración de la menc ionada causal de nulidad electoral el hecho de que el tutelante compartiera escenario político con otros candidatos políticos, sino que se

indebido por parte del tutelante. Es decir, no se tuvo en cuenta para declarar la configuración de la menc ionada causal de nulidad electoral el hecho de que el tutelante compartiera escenario político con otros candidatos políticos, sino que se comprobó que en una reunión celebrada el 2 de octubre de 2023 manifestó su apoyo a una aspirante a la Asamblea Departamental de Nariño que pertenecía a un partido diferente en el que él militaba, el cual también inscribió candidatos a esa duma departamental.

36. Por último, tampoco satisface la exigencia de relevancia constitucional la causal de violación directa de la Constitución alegada, porque aunque se indicó que con la decisión judicial acusada se transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido y a ocupar cargos de elección popular, lo cierto es que ello se fundamentó en la configuración de las causales de defectos fáctico y sustantivo, lo cuales se demostraron que no se presentaron, en la medida en que los argumentos en que estaban s oportados no superaban los presupuestos de relevancia constitucional y subsidiariedad.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00337-01

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37. Además, no se advierte, como lo sostiene el accionante, que la autoridad judicial haya optado por adoptar y aplicar la interpretación judicial más desfavorable y restrictiva posible, contrariando el principio pro homine , diferente es que haya considerado que de los elementos de convicción arrimados al plenario se evidenciara la configuración de la doble militancia, sin que se haya incurrido en una valoración

restrictiva posible, contrariando el principio pro homine , diferente es que haya considerado que de los elementos de convicción arrimados al plenario se evidenciara la configuración de la doble militancia, sin que se haya incurrido en una valoración probatoria arbitraria o indebida interpretación normativa.

38. Resulta oportuno anotar que la acción de tutela no se instituyó como una instancia adicional a los procesos, por ende, al juez constitucional le está vedado efectuar un juicio de corrección, lo cual se persigue en este caso, al pretender la imposición de la tesis que pregona el actor, sin que se demuestre que la esbozada por la autoridad judicial comporte vulneración a sus derechos fundamentales, por el contrario, está revestida del principio de autonomía judicial del que goza para proferir providencias judiciales.

39. Así las cosas, los reproches de la parte demandante reflejan una inconformidad con la manera como el juez natural de la controversia la zanjó, lo cual no habilita el estudio de fondo de la tutela . N o basta para tal efecto invocar unas causales específicas de procedibilidad de la tutela y derechos fundamentales que se estiman vulnerados, expresar un desacuerdo con la decisi ón judicial atacada y alegar

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