CE - Sentencia 11001031500020250046601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250046601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
Accionante: Marianela Rivera Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión núm. 006
Temas: Acción de tutela en contra de providencia que modificó y revocó parcialmente decisión de primera instancia que declaró relación laboral encubierta. REVOCA SENTENCIANIEGA AMPARO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Marianela Rivera Pérez, mediante apoderado, en contra de la sentencia del 13 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta , que declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
La accionante pretende el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad , los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión núm. 006 con la Sentencia núm. 210 del 24 de octubre de 2024.
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento.
del 24 de octubre de 2024.
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento.
Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Hospital Francisco de Paula Santander ESE, para que se declarara la relación laboral encubierta entre el 24 de noviembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Que por reparto le correspondió al Juzgado 6º Administrativo de Popayán, quienRadicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
2 en sentencia del 25 de abril de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones ; ambas partes recurrieron la decisión y el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión núm. 006 en Providencia núm. 210 del 24 de octubre de 2024 revocó la primera instancia y reconoció la existencia de la relación laboral encubierta solo entre «el 3 de mayo de 2010 al 2 de julio de 2010», «el 16 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2013», «el 1 de julio de 2013 hasta el 31 de julio de 2013» y «el 19 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013».
Considera que el Tribunal incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por 1) desestimar los testimonios de las señoras: Gladys Mina y Nubia Prieto Bautista, con los cuales se pretendía probar la relación laboral hasta el 31 de diciembre de 2017, «bajo el yerro de (sic) estos no trabajaban con la demandante hasta la referida fecha» y 2) no valorar en conjunto las pruebas, conforme al artículo 176
con los cuales se pretendía probar la relación laboral hasta el 31 de diciembre de 2017, «bajo el yerro de (sic) estos no trabajaban con la demandante hasta la referida fecha» y 2) no valorar en conjunto las pruebas, conforme al artículo 176 del Código General del Proceso, para lo cual citó las siguientes pruebas:
«(…) Certificación expedida por la E.S.E. el 13/02/2017, en la que constaba que la accionante trabajó para el hospital entre el 03/05/2010 y el 31/01/2017, en modalidad de prestación de servicios. • Comunicado de la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca en el que le indicaban a la demandante que a partir del 01/02/2017 había sido seleccionada para prestar sus servicios personales en el hospital, de conformidad con un contrato sindical firmado. • Certificación del 28/12/2017 donde la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca indicó que la señora Rivera Pérez prestó sus servicios entre el 01/02/2017 hasta el 28/12/2017, como auxiliar de apoyo de facturación del hospital. • Desprendible de nómina de la asociación sindical del mes de diciembre de 2017, donde se especificó que le fueron pagados los 30 días laborados en el mes de diciembre a la señora Rivera Pérez. Relación de los contratos celebrados entre la E.S.E. y la accionante entre el mes de mayo de 2010 hasta el 31/01/2017. • Cuadro de turnos del Hospital Francisco de Paula Santander donde se encontraba la programación de actividades, los horarios de trabajo y turnos.»
En el desconocimiento del precedente dado que la decisión en la que se basó el
- Cuadro de turnos del Hospital Francisco de Paula Santander donde se encontraba la programación de actividades, los horarios de trabajo y turnos.»
En el desconocimiento del precedente dado que la decisión en la que se basó el Tribunal, la sentencia del 5 de junio de 2020 1, no tiene supuestos fácticos similares a los aquí demandados, pues en esa oportunidad se valoró la prestación de servicios por parte de un contador, y en cambio, se omitió examinar las providencias de 21 de junio de 2018 2 y 25 de julio de 2019 3, que tratan sobre casos semejantes de auxiliares administrativos de las ESE.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 5 de junio de 2020 radicado 08001-23-33-000-2014-00038-01(0144-17). C.P. Sandra Lisset Ibarra 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018, rad. 50001233300020100060601 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, rad. 81001233300020130004101Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
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PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se deje sin efectos la Sentencia núm. 210 del 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión núm. 006, dentro del medio de control
efectos la Sentencia núm. 210 del 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión núm. 006, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva decisión donde tenga en cuenta los testimonios de las señoras Gladys Mina y Nubia Prieto y el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en lo relativo a la p rimacía de la «realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales aplicables a los auxiliares administrativos como la demandante».
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 20 de febrero de 2025 la consejera ponente de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia , ordenó notificar a la autoridad accionada y vinculó al Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E, a la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca – Saludmedical y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión núm. 006 señaló que la sentencia cuestionada se ajustó a la norma y a la jurisprudencia aplicable y que los argumentos de la accionante se limitan a advertir su inconformidad.
Además, indicó que «[F]rente a las funciones desarrolladas por la accionante de Auxiliar de archivo la Sala tuvo en cuenta jurisprudencia aplicable para este tipo de funciones, por lo que no es cierto que se hayan tenido en cuenta sentencias proferidas por el Consejo de Esta do que no guardaban relación con los presupuestos fácticos objeto de debate».
de funciones, por lo que no es cierto que se hayan tenido en cuenta sentencias proferidas por el Consejo de Esta do que no guardaban relación con los presupuestos fácticos objeto de debate».
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E , la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca – Saludmedical y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán fueron debidamente notificados de la acción de tutela; sin embargo, guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 13 de marzo de 2025 declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional , señalando que la autoridad judicial accionada reconoció la existencia de la relación laboral encubierta entre el HospitalRadicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
4 Francisco de Paula Santander y la señora Rivera, del 3 de mayo de 2010 al 2 de julio de 2010, desde el 16 de agosto de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013, desde el 1º de julio de 2013 hasta el 31 de julio de 2013 y desde el 19 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
Expuso que el Tribunal frente a los periodos del 1º de enero de 2014 al 31 de enero de 2017, del 24 de noviembre de 2008 al 30 de abril de 2010 y del 1º de febrero de 2017 al 28 de diciembre de 2017 manifestó que para dichos tiempos no se logró demostrar la existencia de la relación laboral, pues: 1) no se
febrero de 2017 al 28 de diciembre de 2017 manifestó que para dichos tiempos no se logró demostrar la existencia de la relación laboral, pues: 1) no se aportaron copias de los contratos de prestación de servicios; 2) la relación de egresos de la ESE en favor de la accionante no son continuas; 3) la certificación del hospital no contiene el detalle del objeto, las actividades, plazos y honorarios cancelados; 4) con el cuadro de turnos y las certificaciones expedidas por la cooperativa de trabajo no fue posible deducir que la accionante hubiera estado contratada ni siquiera por la figura de tercerización y 5) los testigos escuchados en la diligencia no dan cuenta del desempeño de funciones de la demandante durante el tiempo estudiado.
Además, indicó que la accionante alegó que el Tribunal inaplicó sentencias del Consejo de Estado; sin embargo, no explicó la razón por la cual se debió realizar el mismo análisis y proferir decisión en igual sentido.
Destacó que la sentencia que citó el Tribunal, con supuestos fácticos distintos, solo la utilizó para explicar sobre la importancia de la prueba de los contratos suscritos entre las partes en proceso, donde se busca declarar una relación laboral encubierta y no se refirió sobre el asunto analizado en aquella instancia.
Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que los argumentos esgrimidos por la accionante pretenden «mutar el amparo constitucional en una tercera instancia», de ahí que la controversia propuesta no es un debate cuya solución sea competencia del juez constitucional.
IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia de 13 de marzo de 2025, reiterando los
instancia», de ahí que la controversia propuesta no es un debate cuya solución sea competencia del juez constitucional.
IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia de 13 de marzo de 2025, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela, en lo atinente a los defectos: fáctico, por desestimar los testimonios de l as señoras Nubia Prieto Bautista y María Teresa Zapata Tegue, indebida valoración de la certificación expedida por la ESE y el comunicado que emitió la Asociación Sindical «Salud Medical del Cauca» y desconocimiento del precedente, por no aplicar las sentencias del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018 y 25 de julio de 2019 y en cambio basar su decisión en una providencia que no tiene similares supuestos.
Por otro lado, alegó que la autoridad judicial accionada se extralimitó al estudiar el fenómeno de la prescripción «por los años 2013 y siguientes al 2017».Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
5 Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo se ajusta a derecho, para lo cual abordará la siguiente temática: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y III) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales4, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/055. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
4 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 5 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
6 actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución.»6
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022 enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022 enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
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«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada7.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”8. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela9.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
Caso concreto
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
Caso concreto
En síntesis, la accionante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es, que el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión núm. 006 incurrió en los defectos: fáctico, por omitir los testimonios rendidos por las señoras Nubia Prieto Bautista y María Teresa Zapata Tegue y demás pruebas que acreditaban la relación laboral encubierta de la demandante en los periodos no reconocidos por el Tribunal ; en el desconocimiento del precedente, por no aplicar las sentencias del Consejo de Estado del 21 de junio d e 201810 y 25 de julio de 2019 11 y, en cambio citar una decisión que no tiene supuestos fácticos similares y en el sustantivo.
Frente al requisito de relevancia constitucional la Sala considera que contrario a lo expuesto por el juez constitucional de primera instancia la acción de tutela si satisface este requisito, pues se argumenta de manera clara y suficiente los reparos contra la providencia cuestionada y se explica la presunta violación de los derechos fundamentales invocados, con la configuración de los defectos
7 Sentencia SU-074 de 2022. 8 Sentencia SU-074 de 2022. 9 Sentencia SU-072 de 2018.
los derechos fundamentales invocados, con la configuración de los defectos
7 Sentencia SU-074 de 2022. 8 Sentencia SU-074 de 2022. 9 Sentencia SU-072 de 2018. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018, rad. 50001233300020100060601 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, rad. 81001233300020130004101Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
8 fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente en la providencia cuestionada.
Así las cosas, observa la Sala que la acción de tutela contra la providencia del 24 de octubre de 2024 cumple los requisitos de procedencia, pues a) la relevancia constitucional está dada, conforme a lo expuesto anteriormente, la demandante argumentó suficientemente la solicitud, b) la accionante no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia o su ejecutoria, fue notificada el 7 de noviembre del mismo año y quedó ejecutoriada el 15 de igual mes y año12 y d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal en la sentencia cuestionada señaló que se encuentra demostrado que la señora Rivera suscribió con el Hospital Francisco de Paula Santander diferentes contratos de prestación de servicios «desde el 3 de mayo de 2010 al 2
El Tribunal en la sentencia cuestionada señaló que se encuentra demostrado que la señora Rivera suscribió con el Hospital Francisco de Paula Santander diferentes contratos de prestación de servicios «desde el 3 de mayo de 2010 al 2 de julio de 2010, desde el 16 de agosto de 2011 hasta 31 de marzo de 2013, desde el 1 de julio de 2013 hasta el 31 de julio de 2013 y desde el 19 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013» , para desarrollar actividades «administrativas de archivo, organización documental, atención al usuario, actividades de digi tación, uso del teléfono, manejo de agenda, redacción de correspondencia, facturación, entre otras».
Manifestó que la demandante no aportó copia de los contratos de prestación de servicios que aduce suscribió con el Hospital en los periodos «desde el 1 de enero de 2014 al 31 de enero de 2017 », situación que impidió verificar las actividades realizadas, los honorarios que fueron pactados, el plazo y demás condiciones contractuales, estos hechos tampoco se p udieron acreditar con las siguientes pruebas:
- En la relación de egresos de la entidad a favor de la señora Rivera «desde el mes de mayo de 2010 a diciembre de 2016», ya que éstas no fueron continuas y no «certifica pagos desde agosto de 2010 a julio de 2011, desde marzo de 2013 a mayo de 2013, septiembre de 2013 y desde noviembre de 2015 a enero de
2016».
- La certificación del 13 de febrero de 2017 expedida por el Hospital , si bien consigna que la accionante prestó sus servicios desde el 3 de mayo de 2010
2016».
- La certificación del 13 de febrero de 2017 expedida por el Hospital , si bien consigna que la accionante prestó sus servicios desde el 3 de mayo de 2010 hasta el 31 de enero de 2017, con una asignación de $1.126.464, lo cierto es que no «detalló e identificó claramente los contratos de prestación de servicios suscritos con la accionante, por tanto, no es posible determinar el plazo, objeto, actividades y honorarios pagados por cada uno de los periodos».
El Tribunal trajo a colación sentencia del Consejo de Estado del 5 de junio de
12 La tutela se presentó el 29 de enero de 2025, índice 002 de samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
9 2020 que trata sobre la importancia de aportar copia de los contratos de prestación de servicios en aras de poder establecer la existencia de los elementos de una posible relación laboral.
Frente a los periodos del 24 de noviembre de 2008 al 30 de abril de 2010 el Tribunal indicó que tampoco encontró que se configurara la existencia de la relación laboral, toda vez que, no se aportó copia de los contratos de prestación de servicios de estas fechas y de la certificación expedida por la Cooperativa de trabajo y el cuadro de turno s «no es posible afirmar que la accionante hubiera estado contratada, así sea mediante la figura de tercerización para prestar sus servicios a la entidad demandada».
En cuanto al interregno del 1º de febrero al 28 de diciembre de 2017 el Tribunal dijo que la accionante no aportó copia de los contratos y, con los oficios expedidos
servicios a la entidad demandada».
En cuanto al interregno del 1º de febrero al 28 de diciembre de 2017 el Tribunal dijo que la accionante no aportó copia de los contratos y, con los oficios expedidos por la Asociación Sindical ASOSSUD el 1º de febrero, 18 y 28 de diciembre de 2017, no se log ró «verificar que las actividades encomendadas hayan sido pagadas con recursos de la entidad demandada».
En relación con los testimonios de las señoras Gladys Mina, Nubia Prieto Bautista y María Teresa Zapata el Tribunal señaló que los testigos no demuestran la forma en que la accionante desempeñó sus funciones, pues estos fueron retirados del servicio antes que ésta.
Conforme a lo expuesto , el Tribunal modificó los numerales 2º, 4º y 5º de la Sentencia núm. 050 del 25 de abril de 2022 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán en los siguientes términos: 1) declaró que entre el 3 de mayo de 2010 al 2 de julio de 2010, desde el 16 de agosto de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013, desde el 1 de julio de 2013 hasta el 31 de julio de 2013, desde el 19 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, entre la señora Rivera y el Hospital existió una relación laboral ; 2) reconoció el pag o de los aportes a la seguridad social de los periodos mencionados y 3) declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho al pago de salarios y acreencias laborales y prestaciones de los periodos en los que reconoció la
los aportes a la seguridad social de los periodos mencionados y 3) declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho al pago de salarios y acreencias laborales y prestaciones de los periodos en los que reconoció la relación laboral . Revocó el numeral 3º de la decisión de primera instancia y confirmó en lo demás.
No evidencia la Sala que el Tribunal Administrativo de l Cauca, Sala de Decisión núm. 006 haya incurrido en el defecto fáctico, toda vez que, valoró de manera integral y conforme a las reglas de la sana cr ítica: 1) la certificación del 13 de febrero de 2017 expedida por el Hospital; 2) comunicado del 1º de febrero del mismo año, certificación del 28 de diciembre del mismo año y desprendible de nómina emitidos por la Asociación Sindical «Salud Medical del Cauca»; 3) cuadro de turnos del Hospital y 4) los testimonios de las señoras Gladys Mina, Nubia Prieto Bautista y María Teresa Zapata , lo que le permitió concluir que con la información que contenían dichas pruebas no era posible verificar que la accionante hubiera estado contra tada por el Hospital o mediante la figura deRadicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
10 tercerización, las actividades realizadas por ésta, los honorarios pactados y el plazo, en los periodos 24 de noviembre de 2008 al 30 de abril de 2010, 1º de enero de 2014 al 31 de enero de 2017 y 1º de febrero de 2017 al 28 de diciembre de 2017, por lo que no encontró demostrada la existencia de los elementos de la relación laboral durante este tiempo.
enero de 2014 al 31 de enero de 2017 y 1º de febrero de 2017 al 28 de diciembre de 2017, por lo que no encontró demostrada la existencia de los elementos de la relación laboral durante este tiempo.
Se evidencia, por un lado, que la sentencia que citó el Tribunal del 5 de junio de 2020 expedida por el Consejo de Estado fue utilizada para explicar la importancia de aportar copia de los contratos de prestación de servicios en los procesos donde se pretende declarar la relación laboral y no para referirse puntualmente sobre el fondo del asunto analizado en aquel caso.
Por otro lado, la accionante no indicó por qué el Tribunal debió aplicar las providencias del 21 de junio de 2018 y 25 de julio de 2019 y proferir una decisión en igual sentido; razón por la cual no se configura el defecto invocado.
De igual forma, la señora Rivera tampoco explicó de qué manera la autoridad judicial en la sentencia cuestionada incurrió en el defecto sustantivo, sino que se limitó a afirmarlo.
En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos alegados ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero: REVOCAR la sentencia del 13 de marzo de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
Consejo de Estado, Sección Quinta declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-01
11 La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente
HAPC