CE - Sentencia 11001031500020250049001

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250049001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

Accionante: Elba Marina Sarmiento Jaimes y otros1

Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no agotar el requisito de relevancia constitucional, y en su lugar , negar las pretensiones por no configurarse los defectos alegados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 7 de marzo de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción presentada por Elba Marina Sarmiento Jaimes , Isaac Traslaviña Patiño, Cristian Danilo y Mariana Traslaviña Sarmiento por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

Marina Sarmiento Jaimes , Isaac Traslaviña Patiño, Cristian Danilo y Mariana Traslaviña Sarmiento por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que los accionantes fueron beneficiarios de l proyecto de interés social Altos de Bellavista etapa I y II, realizado por el municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca desde el año 2006 , el cual estaba dividido en dos lotes denominados Globo 1 y Globo 2.

3. El proyecto no pudo ser cumplido por el municipio debido a unas irregularidades en el terreno , razón por la cual , algunos de los beneficiarios decidieron ocupar el Globo 1. La entidad bancaria referida instauró una querella policiva, que ordenó el desalojo y traslado de las personas que ocupaban el predio para que fueran reubicadas temporalmente, toda vez que dicha orden fue suspendida2 mediante sentencia de tutela de primera instancia, pero en segunda instancia fue revocada por no cumplir con los requisitos generales de procedencia y perseguir un interés particular.

1 Isaac Traslaviña Patiño, Cristian Danilo Traslaviña Sarmiento y Mariana Traslaviña Sarmiento. 2 El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Floridablanca, mediante fallo de tutela del 13 de mayo de 2014, ordenó suspender los desalojos hasta garantizar soluciones reales a los afectados. También dispuso que la Alcaldía Municipal, la Personería y la Defensoría del Pueblo realizaran un censo socio económico para identificar a las familias afectadas.Acción de Tutela

ordenó suspender los desalojos hasta garantizar soluciones reales a los afectados. También dispuso que la Alcaldía Municipal, la Personería y la Defensoría del Pueblo realizaran un censo socio económico para identificar a las familias afectadas.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

Accionante: Elba Marina Sarmiento Jaimes y otros

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4. No obstante lo expuesto, la Corte Constitucional en sede de revisión tuteló los derechos a la vivienda digna y debido proceso, así como el principio de confianza legítima de los accionantes y/o beneficiarios del proyecto de vivienda mediante la sentencia T-109 del 25 de marzo de 20153. En atención a lo dispuesto en la providencia, s e ofreció como alternativa para salvaguardar los derechos fundamentales, el otorgamiento de subsidios de arrendamiento, los cuales fueron rechazados por los demandantes.

5. Los accionantes instauraron demanda a través del medio de control de reparación di recta buscando el resarcimiento de perjuicios por los costos generados en la solución transitoria de vivienda que debieron asumir, la cual fue de conocimiento del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el cual negó 4 sus pretensiones. La decisión fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia del 31 de octubre de 20245.

6. El municipio de Floridablanca , en el año 2019, asignó a los demandantes un

confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia del 31 de octubre de 20245.

6. El municipio de Floridablanca , en el año 2019, asignó a los demandantes un apartamento en el proyecto Villa Renacer como solución definitiva de vivienda.6

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte accionante argumentó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vivienda digna con ocasión de la presunta existencia de las siguientes causales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.

8. Afirmó que se configuró un defecto fáctico, porque el ad quem realizó una indebida valoración probatoria con relación a los testimonios que a su juicio acreditaron la inactividad en torno a las acciones efectivas de cumplimiento del amparo otorgado con la sentencia T -109 de 2015 que configu ran la responsabilidad de la institución demandada a título de falla en el servicio por omisión.

9. En primer lugar, con respecto al testimonio de los señores Irene Jaimes, Héctor Peña, Jorge Moreno (vecinos de los demandantes), reprochó que el Tribunal considerara que estos no lograron establecer en qué se concretaron los perjuicios reclamados, pero no tuvo en cuenta que se trató de un daño autónomo.

10. Asimismo, alegó que, en la decisión del Tribunal, de manera equivocada, se consideró como una mejora la disminución en el valor de los aportes porcentuales, cuando los valores actuales de la vivienda son superiores a los del proyecto inicial y por consiguiente el valor de los aportes.

11. Señaló que el Tribunal no consideró que la entidad demandada había

porcentuales, cuando los valores actuales de la vivienda son superiores a los del proyecto inicial y por consiguiente el valor de los aportes.

11. Señaló que el Tribunal no consideró que la entidad demandada había incumplido la sentencia T-109 de 2015 y que, además, la entrega de las torres 8

3 En la que ordenó abstenerse de realizar desalojos o reubicaciones sin garantizar los derechos fundamentales y además ordenó al municipio de Floridablanca ofertar un proyecto de vivienda social de reemplazo que cumpliera con iguales o mejores condiciones que el fallido proyecto inicial. 4 Mediante providencia del 5 de noviembre de 2020. Exp. 68001 -33-33-0112018-00429-00. La demanda fue presentada el 2 de noviembre de 2018. 5 Notificada el 20 de noviembre de 2024. 6 “En el trámite de primera instancia quedó probado que la señora Elba Marina Sarmiento Jaimes obrando en nombre propio y en representación del núcleo familiar conformado por Isaac Traslaviña Patiño y Mariana Traslaviña Sarmiento suscribió promesa de comprave nta con el Banco Inmobiliario de Floridablanca para ser parte de la primera etapa de la propiedad horizontal «Villa Renacer», la cual adquirió en compraventa con vivienda de intereses prioritario VIP, el apartamento 304 de la Torre 8 de este proyecto resid encial de propiedad horizontal ”. - Sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. -Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

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3 y 9 del proyecto Villa Renacer ocurrió en 2019, un año después de la presentación de su demanda en 2018, aunado a que afirmó que en ese momento estaba en construcción.

12. En lo que alegó como un “defecto procedimental absoluto por desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical” sostuvo, que no se tuvo en cuenta una sentencia de unificación7 de esta corporación, sin profundizar en sus argumentos más allá de nombrarla y referir que presuntamente el Tribunal no tuvo en cuenta en su asunto la configuración del daño como autónomo y la trasgresión de sus derechos fundamentales.

13. Reprochó también la existencia de un defecto por desconocimiento del precedente horizontal por parte del Tribunal Administrativo con relación a otras providencias8 proferidas por esa corporación , de casos que consideró de características similares al suyo, de las que extrajo unos apartes.

2.3. Pretensiones

14. La parte accionante solicitó:

«[…] PRIMERO: Amparar los Derechos Fundamentales al acceso a la Administración de Justicia , necesidad de acatar precedentes jurisprudenciales, el derecho a la igualdad, debido proceso y seguridad jurídica, y derecho a la vivienda digna , actualmente vulnerados por las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado ONCE

Administración de Justicia , necesidad de acatar precedentes jurisprudenciales, el derecho a la igualdad, debido proceso y seguridad jurídica, y derecho a la vivienda digna , actualmente vulnerados por las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado ONCE Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado No. 68001-33-33-011-2018 00429-00 /68001-33-33-011-2018-00429-02.

SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado ONCE Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado No. 68001-33-33-0112018-00429-00 /68001-33-33-011-2018-00429-02.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander proferir, dentro de un término prudencial, un nuevo fallo dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado No. 68001-33-33-011-201800429-02, en donde se atienda el respeto de los derechos fundamentales que se encuentren afectados o vulnerados. […]». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante auto del 3 de febrero de 20259, en el que ordenó notificar al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y al Tribunal Administrativo de Santander como accionados, así como al municipio de

Consejo de Estado mediante auto del 3 de febrero de 20259, en el que ordenó notificar al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y al Tribunal Administrativo de Santander como accionados, así como al municipio de Floridablanca como tercero interesado en el resultado del proceso.

16. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

7 Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero. 8Tribunal Administrativo de Santander, radicados 68001-33-33-009-2018-00474-02,68001-33-33-003-201800489-01, 68001 -33-33-0012019-00028-01, 68001 -33-33-015-2018-00092-01, 68001 -33-30-02-201800482-01, 68001 -33-33-006-2018-00470-01, 68001 -33-33-004-2018-00451-01 y 68001 -33-33-009-201900039-01. 9 Índice 4 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

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2.4.1. El Municipio de Floridablanca10, indicó que no trasgredió ningún derecho

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2.4.1. El Municipio de Floridablanca10, indicó que no trasgredió ningún derecho fundamental de la parte actora y no es “dispensadora o administradora de justicia” por lo que solicitó su desvinculación al no tener legitimación en la causa por pasiva.

2.4.2. El Tribunal Administr ativo de Santander 11 a través de la magistrada Carolina Arias Ferreira, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional o en su defecto negar las pretensiones al no haber trasgredido los derechos fundamentales de los accionantes.

17. Frente al defecto fáctico, indicó que, precisamente basado en las pruebas, evidenció que en el caso particular de la parte actora el municipio desarrolló el proyecto de vivienda de reemplazo “Villa Renacer” y que a pesar de que no pudo realizar el proyecto en el plazo que determinó la Corte Constitucional, no existió una mora injustificada en el procedimiento de adjudicación y escrituración del inmueble asignado a través del subsidio de vivienda, aunado a que los accionantes fueron beneficiarios de una solución de vivienda definitiva.

18. Sostuvo que lo resuelto por otras Salas de esa corporación no tenía carácter vinculante, al no existir una sentencia de unificación que zanjara la discusión sobre la materia, por lo que se hacía evidente que no se configuró el desconocimiento del precedente que alegaron los accionantes , toda vez que cada asunto contaba con situaciones particulares y dis ímiles de acuerdo a los

sobre la materia, por lo que se hacía evidente que no se configuró el desconocimiento del precedente que alegaron los accionantes , toda vez que cada asunto contaba con situaciones particulares y dis ímiles de acuerdo a los hechos probados y estos no eran idénticos.

2.4.3. No se realizaron más intervenciones.

2.5. Sentencia Impugnada

19. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , mediante sentencia del 7 de marzo de 202 5, declaró improcedente la solicitud de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el actor pretendía revivir un asunto con un carácter netamente económico ya resuelto en el debate ordinario de reparación directa , como si la acción constitucional constituyera una tercera instancia.

20. Aunado a lo anterior indicó que las inconformidades en las que los tutelantes sustentaron el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente, simplemente reflejaban el desacuerdo con la decisión judicial, en particular con relación a la interpretación que a su juicio ha debido darse a la aplicación del daño autónomo y su imposición de decidir en sentido similar a los litigios resueltos por el Tribunal accionado, a pesar de no compartir identidad fáctica y no haber sido emitidas esas determinaciones por la misma autoridad judicial y no se fundamentaron en la presunta trasgresión ius fundamental.

2.6. Impugnación12

21. La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y analizar nuevamente el caso. Argumentó que no estaba debatiendo un asunto económico, sino la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos. Indicó que , en

21. La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y analizar nuevamente el caso. Argumentó que no estaba debatiendo un asunto económico, sino la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos. Indicó que , en su criterio, sí se estaba trasgrediendo su derecho fundamental a la igualdad , el

10 Índice 8 del aplicativo SAMAI. 11 Índice 9 del aplicativo SAMAI. 12 Índice 23 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

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5 debido proceso y el acceso a la administración de justicia, porque consideraba que las situaciones fácticas, jurídicas y probatorias de las providencias de las que alegó desconocido del precedente eran similares a la suya y no podía fallarse de manera distinta en su caso.

III. CONSIDERACIONES

3. Competencia

22. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.1. Cuestión previa

23. En consideración a que la providencia del 31 de octubre de 2024 pro ferida por el Tribunal Administrativo de Santander , que confirmó la sentencia del 5 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado O nce Administrativo del Circuito

23. En consideración a que la providencia del 31 de octubre de 2024 pro ferida por el Tribunal Administrativo de Santander , que confirmó la sentencia del 5 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado O nce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , definió de fondo el asunto , será la única objeto de análisis en la presente acción constitucional.

3.2. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo de Santander, al expedir la providencia del 31 de octubre de 2024 dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa con radicado 68001-33-33-011201800429-00/02, incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial y con ellos, en vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vivienda digna de la señora Elba Marina Sarmiento Jaimes y otros.13

3.3. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 f ue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando e stos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a

señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potes tad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

13 Isaac Traslaviña Patiño, Cristian Danilo Traslaviña Sarmiento y Mariana Traslaviña Sarmiento.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

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27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la

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27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de p rocedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposici ón, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad proce sal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación

trate de una irregularidad proce sal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada14.

3.3.1.4. Contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, el asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de una posible afectación al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vivienda digna, con ocasión de la presunta existencia de un defecto fáctico y por desconocimiento del precedente judicial en la providencia reprochada, originados en una presunta inde bida valoración probatoria y un supuesto desconocimiento del precedente del Tribunal Administrativo de

fáctico y por desconocimiento del precedente judicial en la providencia reprochada, originados en una presunta inde bida valoración probatoria y un supuesto desconocimiento del precedente del Tribunal Administrativo de Santander sin una justificación válida, a pesar de que existían casos similares en situación y pruebas . Situación que va más allá de una contienda merame nte económica, pues corresponde determinar si al momento de emitir la providencia judicial atacada la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos citados, los cuales no están solamente invocados, sino que se encuentran

14 La acción de tutela fue presentada el 31 de enero de 2025 y la decisión censurada fue notificada el 20 de noviembre de 2024.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

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7 razonablemente fundamentados, por lo cual es necesario verificar su existencia o no en el asunto bajo examen.

29. Por tal razón , se revocará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional, para en su lugar, hacer un análisis de los argumentos expuestos por la parte accionante.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación

providencia judicial

30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional15 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 16, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva17, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo re suelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

31. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios18».

32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cu ando se

razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios18».

32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cu ando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis del presunto defecto fáctico en la providencia del 31 de octubre de 2024

33. El accionante sostuvo que se configuró un defecto fáctico en la providencia censurada porque la valoración probatoria no consideró adecuadamente el testimonio de los señores Irene Jaimes, Héctor Peña, Jorge Moreno (vecinos de los demandantes), por considerar que estos n o lograron establecer en qu é se concretaron los perjuicios reclamados, pero no tuvo en cuenta que en su asunto se trató de un daño autónomo.

15 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU -632 de 2017, SU -195 de 2012, T -143 de 2011, T -456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 16 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 17 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 18 “Corte Constitucional, Sentencia T -625 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa . Ref. 82. “ En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por

18 “Corte Constitucional, Sentencia T -625 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa . Ref. 82. “ En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01

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34. Contrario a lo planteado, no se evidenció que el ad quem haya realizado un análisis irracional de dichos testimonios pues concluyó lo siguiente:

«[…] Ahora bien, de los testimonios recibidos 19 en audiencia de pruebas por parte de la Irene Jaimes, Héctor Peña, Jorge Moreno (vecinos de los demandantes), tampoco se logró establecer en que se concreta ron los perjuicios reclamados , pues en ningún momento se probó que el demandante estuviera viviendo en arriendo, ya que no fue allegado contrato de arrendamiento o dato que diera cuenta del valor del mismo, y al indagársele a las testigos sobre tal información, afirmaron que creían que el demandante debió vivir en arriendo, sin conocer si efectivamente tenía un contrato para ello, y sin tener conocimiento de cuál era el valor del canon que debía pagar para tal efecto.

Asimismo, cuando se les indagó por los presuntos perjuicios causados,

debió vivir en arriendo, sin conocer si efectivamente tenía un contrato para ello, y sin tener conocimiento de cuál era el valor del canon que debía pagar para tal efecto.

Asimismo, cuando se les indagó por los presuntos perjuicios causados, una de las testigos refirió que el perjuicio fue el incumplimiento del municipio, sin especificar en que consistieron los mismos o las condiciones en las cuales se causaron , de modo que de los testimonios recibidos no fue posible comprobar los perjuicios reclamados que se endilgan a la entidad demandada.» Negrillas de la Sala.

35. Visto lo anterior, el defecto fáctico alegado al respecto carece de total asidero, pues las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no lo configuran y no se advierte que la valoración dada a la prueba sea arbitraria o caprichosa. Pues de la valoración testimonial se concluyó que el actor no logró demostrar los gastos

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