CE - Sentencia 11001031500020250050101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250050101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00501-01
Demandante: TOMÁS BENJUMEA RAMOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: Tutela contra providencia judicial – Modifica sentencia de primera instancia. Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional y niega por no existir vulneración del derecho a la igualdad frente al cargo de desconocimiento del precedente judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Tomás Benjumea Ramos, a través de apoderado judicial1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar2, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica
El señor Tomás Benjumea Ramos, a través de apoderado judicial1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar2, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y de acceso material a la justicia.
Lo anterior, con ocasión del fallo emitido el 1º de agosto de 2024 por la autoridad judicial accionada, que confirmó la sentencia del 12 de septiembre de 2023 dictada en primera instancia por el Juzgado T ercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-003-2022-00067-00/01.
1 Poder debidamente conferido al abogado Gustavo Adolfo Garnica Angarita , el cual cuenta con la respectiva constancia de presentación personal realizada ante la Notaría Tercera del Círculo de Valledupar. 2 Presentada el 31 de enero de 2025 - Índice 01 de Samai.Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
1.1. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
1.1. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el día 01/08/2024, bajo el radicado 20001-33-33003-2022-00067-00/01, con ponencia de la honorable magistrada, Dra. Doris Pinzón Amado.
1.2. Ordénele al Tribunal Administrativo del Cesar proferir una nueva decisión en la que no se le vulneren los derechos fundamentales que le han sido conculcados a mi representado con la sentencia cuya anulación se ordena […]3
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Manifiesta el accionante que prestó sus servicios como docente oficial del municipio de Valledupar, y al cumplir con los requisitos exigidos por la ley, le fue reconocida una pensión de jubilación mediante la Resolución No. 0272 del 14 de abril del 2015, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 , sin que en el referido acto se hubiere incluido la prima de antigüedad devengada durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.
Por lo anterior, solicitó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones S ociales del Magisterio (en adelante F omag), la reliquidación de la prestación social que le fue reconocida con la inclusión del
Por lo anterior, solicitó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones S ociales del Magisterio (en adelante F omag), la reliquidación de la prestación social que le fue reconocida con la inclusión del mencionado factor, la cual fue resuelta de manera desfavorable mediante oficio del 29 de noviembre de 2021.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda contra la referida entidad, a efectos de que se declarara la nulidad parcial de la Resolución No. 0272 del 14 de abril del 2015 y la nulidad total del oficio de 29 de noviembre de 2021 ; y a título de restablecimiento del derecho, se ordenara la inclusión de la prima de antigüedad en el acto de reconocimiento pensional, y a su vez, le fueran cancelados los intereses moratorios causados con su correspondiente indexación.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar que, mediante sentencia del 12 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
3 Transcripción original del texto con posibles errores.Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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Lo anterior al estimar que, bajo los parámetros fijados por el Consejo de Estado en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018, dentro del proceso 52001www.consejodeestado.gov.co
Lo anterior al estimar que, bajo los parámetros fijados por el Consejo de Estado en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018, dentro del proceso 5200123-33-0002012-00143-01 y la sentencia del 25 de abril de 2019, dentro del proceso 68001-23-33-000-2015-00569-01, al dem andante no le asiste derecho a que su pensión de jubilación le sea reliquidada conforme a los términos deprecados, ya que en las mismas se dejó establecido con claridad que para determinar el Ingreso Base de Liquidación (IBL) de la pensión de jubilación de los docentes , solamente deben tenerse en cuenta los factores sobre los cuales se hubieran efectuado aportes al sistema general de seguridad social.
Por lo anterior concluyó que, si bien es cierto que la prima de antigüedad se encuentra incluida como factor salarial en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y que el actor acreditó haberla devengado en el año anterior a la adquisición de su status pensional, no ocurrió así con relación a las cotizaciones y/o descuentos que por dicho concepto se realizaron con destino al Fomag.
La anterior decisión fue recurrida por l a parte actora, y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante fallo del 1º de agosto de 2024.
Como sustento de la decisión, dicha corporación refirió que, revisadas las pruebas aportadas por la parte actora junto con el escrito de demanda, no se logró demostrar que lo percibido por concepto de prima de antigüedad por el demandante, sirvió de base para la liquidación de los respectivo s aportes, lo cual se constituía en una
aportadas por la parte actora junto con el escrito de demanda, no se logró demostrar que lo percibido por concepto de prima de antigüedad por el demandante, sirvió de base para la liquidación de los respectivo s aportes, lo cual se constituía en una exigencia de procedencia de las pretensiones de la demanda, ya que el artículo 167 del Código General del Proceso es claro en establecer que quienes ejercen el mandato de representación en un proceso judicial tienen la obligación de adelantar las gestiones tendientes a la satisfacción de los derechos reclamados.
Así mismo señaló que, tampoco resultaba dable aceptar que debido a que la ley establece como carga del empleador realizar las deducciones por concepto de aportes y girarlas a las respectivas entidades de previsión, el accionante se encontraba exento de cumplir con la obligación que le asistía de allegar las pruebas que le permitían acreditar que el concepto devengado sí debía ser incluido dentro de su acto de reconocimiento pensional, por haber servido de base para los aportes.
La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 5 de agosto de 20244.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante manifestó que, la autoridad judicial accionada desconoció el precedente establecido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ya que
4 Índice 12.Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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se apartó de la línea jurisprudencial establecida en las sentencias que se relacionan a continuación:
- CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, sentencia de tutela proferida dentro del proceso radicado 2018-03933-01.
- CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, sentencia del treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Radicación número: 44001 -23-33-000-2015-00090-01 (1888 -17).
Actor: Nancy Abadesa Brito Cataño. De mandado: Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, sentencia del veinticinco (25) de marzo de dos mil veint iuno (2021), cons ejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández Radicado: 200012339000201700389 (5547-2019). Demandante: Cecilia Ibeth Bejarano García . Demandado: Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN CUARTA, sentencia de tutela del veintiuno (21) de abril de dos mil
Prestaciones Sociales del Magisterio.
- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN CUARTA, sentencia de tutela del veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022), consejero ponente: Milton Chaves García. Radicado: 11001-0315-000-2021-06512-01.
- CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias SU-068 de 2022, T-702 de 2008, T-631 de 2009, T-387 de 2010, T-526 de 2014, T-230 de 2018, y T-505 de 2019.
Lo anterior, al estimar que en las cit adas providencias se determinó que, ante la ausencia de prueba que permita determinar si en materia pensional se efectuaron o no aportes al sistema, lo procedente no es negar el derecho pretendido, sino ordenar los descuentos que por tal concepto se debieron hacer sobre los factores salariales contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
Refirió que, en consonancia con lo expuesto, el argumento planteado por la autoridad judicial accionada, relativo a que al no haberse demostrado por parte del accionante los aportes e fectuados respecto a la prima de antigüedad limita la posibilidad de que la misma sea incluida como factor salarial para reliquidar la pensión de jubilación que le fue reconocida , resulta contradictorio con la jurisprudencia planteada en las sentencias aducidas.
Así mismo, manifestó que con la decisión adoptada se incurrió en un defecto fáctico, toda vez que el Tribunal Administrativo del Cesar consideró necesaria la prueba de la realización de los aportes sobre la prima de antigüedad, sin que hubiere hecho
Así mismo, manifestó que con la decisión adoptada se incurrió en un defecto fáctico, toda vez que el Tribunal Administrativo del Cesar consideró necesaria la prueba de la realización de los aportes sobre la prima de antigüedad, sin que hubiere hecho uso de la facultad para decretar pruebas de oficio, conforme al artículo 349 del Código General del Proceso, y con la cual se podían despojar todas las dudas e incertidumbres para resolver en torno a dicho aspecto.Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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Reiteró que su reliquidaci ón pensional no depende de la realización o no de los aportes efectuados al sistema, máxime cuando dicha obligación se encuentra en cabeza del empleador.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 4 de febrero de 20255, el magistrado ponente de primera instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora6, al Tribunal Administrativo del Cesar 7 como autoridad judicial accionada, y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional 8 – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)9 y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar10.
1.6. Intervenciones.
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:
(Fomag)9 y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar10.
1.6. Intervenciones.
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar11
Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-003-2022-00067-00/01, sin pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se predica la vulneración a los derechos fundamentales de l accionante.
1.6.2. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio12
La Fiduprevisora S.A., actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, allegó escrito en el que manifestó que, las dos únicas funciones que cumple dicha entidad en relación con las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los docentes, de acuerdo con el Decreto 1272 de 2018 que rige la materia, son:
- Estudiar los proyectos de resolución que remiten las Secretarías de Educación a nivel nacional, devolviendo el resultado, en calidad de negado o aprobado,
5 Índice 5 de Samai 6 Notificación realizada al correo electrónico: gust366@hotmail.com Índice 7 de Samai 7 Notificación realizada al correo electrónico: tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co; sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co - Índice 7 de Samai.
7 Notificación realizada al correo electrónico: tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co; sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co - Índice 7 de Samai. 8 Notificación realizada al correo electrónico: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co - Índice 7 de Samai. 9 Notificación realizada al correo electrónico: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co Índice 7 de Samai. 10 Notificación realizada al correo electrónico: jadmin03vup@notificacionesrj.gov.co; j03admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co Índice 7 de Samai. 11 Índice 8 de Samai. 12 Índice 9 de Samai.Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación completa del mismo en el aplicativo destinado para ello y la remisión física del expediente.
- Pagar las prestaciones sociales reconocidas a través de una resolución que única y exclusivamente pueden promulgar las Secretarías de Educación a nivel nacional, una vez el ente territorial remita toda la documentación legalmente necesaria para proceder con el pago, es decir, copia de la resolución con constancia de ejecutoria y orden de pago sin errores.
Manifestó que la presente acción se torna improcedente, toda vez que el ac tor
necesaria para proceder con el pago, es decir, copia de la resolución con constancia de ejecutoria y orden de pago sin errores.
Manifestó que la presente acción se torna improcedente, toda vez que el ac tor cuenta con otros mecanismos legales y judiciales para solicitar el pago de la prestación económica que se solicita además de no avizorarse la existencia de un perjuicio irremediable.
En igual sentido precisó que, en el presente asunto no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que los jueces de cada instancia hayan desconocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados por el accionante.
Por lo anterior, señaló que no es dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en contra de los derechos del accionante, y que se han observado las normas en garantía al principio del d ebido proceso, es decir, que la actuación fue adelantada en debida forma y atendiendo los procedimientos legales, razón por la cual, a su juicio, no existe vulneración de las garantías constitucionales.
Acorde con lo expuesto solicitó, se ordene su desvinculación de la presente acción, y se declare improcedente la misma ; petición que fue resuelta por el a quo en la sentencia impugnada.
1.6.3. El Tribunal Administrativo del Cesar 13, y la Nación – Ministerio de Educación Nacional14, pese a estar debidamente notificadas del presente trámite, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia15
El Consejo de Estado , Sección Primera, mediante sentencia del 20 de marzo de
Educación Nacional14, pese a estar debidamente notificadas del presente trámite, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia15
El Consejo de Estado , Sección Primera, mediante sentencia del 20 de marzo de 2025, declaró improcedente la acción, al considerar que no supera el requisito de relevancia constitucional , ya que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate resuelto por el juez natural de la causa en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho , por lo que no es el juez de constitucionalidad el
13 Notificaciones realizadas a los correos electrónicos tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co; sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co - Índice 7 de Samai. 14 Notificación realizada al correo electrónico: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co - Índice 7 de Samai. 15 Índice 19 de SamaiDemandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
llamado a decirle cómo debe decidir el caso en pa rticular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Con relación al desconocimiento del presente alegado refirió:
Frente a las providencias proferidas por la Subsección B, Sección Segunda de esta
equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Con relación al desconocimiento del presente alegado refirió:
Frente a las providencias proferidas por la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación el 9 de mayo de 2019, en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 2018-03933-01, y el dictado el 21 de abril de 2022 por la Sección Cuarta en la acción de tutela con el radicado 2021-06512-01, indicó que el accionante no cumplió con la carga de identificar cuál fue el problema jurídico resuelto en uno y otro caso, aunado a que los fallos de tutela tienen efectos inter partes, por lo que las precitadas providencias no constituyen precedente para el tribunal accionado.
Respecto a las sentencias dictadas por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado el 30 de abril de 2020 en el proceso radicado 44001 23 33 000 2015 00090 00/01, y el 25 de marzo de 2021 en el proceso identificado con el No. 20001 23 39 000 2017 00389 00/01, precisó que, aunque el accionante sí identificó el problema jurídico resuelto en cada caso, prima facie se advierte que ellos no coinciden con el resuelto por la autoridad judicial accionada en la sentencia acusada.
1.8. Impugnación16
La parte actora solicitó que se revoque la decisión adoptada en la sentencia impugnada, y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.
En primera medida precisó que, al tratarse del cuestionamiento que se hace
La parte actora solicitó que se revoque la decisión adoptada en la sentencia impugnada, y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.
En primera medida precisó que, al tratarse del cuestionamiento que se hace respecto de una decisión judicial vía acción de tutela, resulta evidente que a través de los argumentos expuestos no se pretende reabrir el debate surtido en las instancias procesales adelantadas dentro del proceso ordinario.
Reiteró los argumentos expuestos con relación al desconocimiento del precedente respecto a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado a través de sus diferentes secciones y subsecciones, así como la sentencia SU-068 de 2022, de la Corte Constitucional.
Adujo que la citada corporación mediante sentencia SU-081 de 2024, reconoció que los jueces administrativos deben ejercer sus fac ultades probatorias oficiosas en el marco de los procesos que ante ellos se adelantan.
Refirió que lo anterior desvirtúa las razones expuestas por el a quo en la providencia recurrida con relación a la falta de relevancia constitucional.
16 Índice 15 de Samai.Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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Insistió en sus argumentos, especialmente los encaminados a establecer que las cotizaciones al sistema general de seguridad social, respecto a los aportes que deben incluirse dentro de la base de liquidación del derecho pensional, es una
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Insistió en sus argumentos, especialmente los encaminados a establecer que las cotizaciones al sistema general de seguridad social, respecto a los aportes que deben incluirse dentro de la base de liquidación del derecho pensional, es una obligación que se encuentra en cabeza del empleador, sin que le pueda ser trasladada al trabajador. Aunado a que la reliquidación de la pensión pretendida, no depende de dicho aspecto.
Por último, precisó que el criterio de relevancia constitucional no se puede convertir en un requisito cargado de subjetividad para imponer la improcedencia generalizada de las tutelas contra las decisiones judiciales, aún en escenarios como al que aquí se plantea.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por el actor, y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 20 de marzo de 2025. Para lo cual, se deberán abordar el siguiente interrogante:
- ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
- ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
- ¿El Tribunal Administrativo del Cesar, vulneró los derechos fundamentales del accionante, con ocasión de la sentencia dictada el 1º de agosto de 2024 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-003-2022-00067-00/01, que confirmó la sentencia del 12 de septiembre de 2023 proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar , y a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado y, iv) el caso concreto.Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 18 y declaró su procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitu cional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitu cional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
El accionante expuso que el Tribunal Administrativo del Cesar, en la providencia del 1º de agosto de 2024 , incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 19 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Tomás Benjumea Ramos Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-00501-01
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En su solicitud de amparo, el accionante considera que la afectación de sus derechos fundamentales deviene de la decisión adoptada por la autoridad judicial
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En su solicitud de amparo, el accionante considera que la afectación de sus derechos fundamentales deviene de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, con relación a la carga probatoria que le fue impuesta para poder demostrar el pago que por concepto de aportes se hubiere realizado sobre el factor salarial que pretendía le fuera incluido en su reliquidación pensional ; y el desconocimiento de los pronunciamientos realizados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en los que se ha establecido que, ante la ausencia de prueba que permita determinar si en materia pensional se efectuaron o no aportes al sistema, lo procedente no es negar el derecho pretendido, sino ordenar los descuentos que por tal concepto se debieron efectuar.
Sobre el particu lar, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este presupuesto.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando s e cuestiona una providencia de una alta corte el análi
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