CE - Sentencia 11001031500020250051701
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250051701
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
Demandante: SANDRA PATRICIA VARGAS CORREAL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS – No procede estudio de fondo en razón del carácter residual de la acción de tutela / SUBSIDIARIEDAD – La accionante tenía a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para co ntrovertir las decisiones que alude como vulneradoras de sus derechos fundamentales / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA OBLIGAR A UNA AUTO RIDAD A EXPEDIR DETERMINADA REGULACIÓN – En estos casos, el mecanismo idóneo es el medio de control de cumplimiento, previa observancia de los requisitos establecidos por el legislador para su ejercicio.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
cumplimiento, previa observancia de los requisitos establecidos por el legislador para su ejercicio.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del 21 de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 31 de enero de la presente anualidad, la señora Sandra Patricia Vargas Correal interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá y el Consejo Superior de la Judicatura, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la dignidad humana y a la salud. Formuló las siguientes pret ensiones
(transcripción textual):
Primero. Se tutelen mis derechos fundamentales al Debido Proceso, al Trabajo en condiciones Dignas y Justas, a la Salud y a la Vida, los cuales se encuentran amenazados por la acción de algunas de las accionadas y la omisión de otras.
Segundo. Que, como consecuencia de la protección concedida, se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia – Caquetá, resolver el recurso de apelación interpuesto por la suscrita contra el acto administrativo Resolución 010 que expidió el 30 de abril de 2024, dictado por el Juez Quinto
1 Se advierte que el 1º de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
Resolución 010 que expidió el 30 de abril de 2024, dictado por el Juez Quinto
1 Se advierte que el 1º de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
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de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante la cual me negó el traslado a dicho juzgado y procedió de manera inmediata en el mismo acto a designar en propiedad a las señoras MARIE NNY CANTILLO VEGA y
SANDRA MILENA TRIVIÑO QUICENO.
Tercero. Ordenar a la Comisión de Disciplina Judicial de Florencia, sea célere en el trámite de las quejas que por acoso laboral he presentado contra la Jueza Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.
Cuarto. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, para que disponga dentro de sus funciones, hacer efectiva la garantía de traslado a otra dependencia de las personas afectadas en su salud mental, por el problema de acoso laboral.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Sandra Patricia Vargas Correal ocupa en propiedad el cargo de asistente administrativo, grado 6, adscrito al Juzgad o Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Sandra Patricia Vargas Correal ocupa en propiedad el cargo de asistente administrativo, grado 6, adscrito al Juzgad o Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia – Caquetá.
4. No obstante, por situaciones que la llevaron a interponer quejas2 por el presunto acoso laboral de la jueza titular de ese despacho, decidió aceptar el nombramiento en provisionalidad en el mismo cargo, pero adscrito al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, el cual tuvo lugar con la R esolución 19 de junio 19 de 2024.
5. Una vez abierta la convocatoria para proveer en propiedad los dos cargos de asistente administrativo, grado 6, pertenecientes a la pla nta de personal del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Flo rencia, la señora Vargas Correal solicitó su traslado y obtuvo el concepto favorable emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá para tal efecto.
6. Mediante la Resolución 010 de abril 30 de 2024, el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó dicho traslado y, en su lugar, nombró en propiedad a las señoras Marienny Cantillo Vega y Sandra Milena Triviño Quiceno , para desempeñar los dos cargos vacantes de asistente administrativo, grado 6.
7. Inconforme con la decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. La reposición se resolvió desfavorablemente por el titular del juzgado,
7. Inconforme con la decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. La reposición se resolvió desfavorablemente por el titular del juzgado, mientras que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia rechazó la impugnación por improcedente.
8. A juicio de la parte actora, el citado Tribunal violó el derecho al debido proceso, dado que al ser el superior del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, debió resolver de fondo el recurso d e apelación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
9. Asimismo, considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos al debido proceso, a la salud mental y al mínimo vital, al no resolver de manera favorable
2 Radicadas el 11 de abril y el 20 de septiembre de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
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sobre el traslado, puesto que, en su concepto, esa es la medida que la apartaría de la situación de acoso laboral y , en consecuencia, le permitiría continuar su vinculación laboral sin poner en riesgo su salud y su vida.
10. Reprochó que ni el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial con sede en Florencia, ni la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Florencia, han activado los mecanismos establecidos en el parágrafo tercero del artículo noveno de la Ley 1010 de
Florencia, ni la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Florencia, han activado los mecanismos establecidos en el parágrafo tercero del artículo noveno de la Ley 1010 de 2006, en el sentido de proponer que la víctima de acoso laboral se le garanticen sus derechos ante una opción clara de traslado, como se presenta en el caso particular.
11. Aunado a lo anterior, la actora consideró que el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, pudo haber ponderado su hoja de vida en relación con las integrantes de la lista y optar por favorecer el traslado, en lugar de acogerse a un pronunciamiento judicial que s ólo tienen efectos inter partes (sentencia de nu lidad y restablecimiento del derecho) y , por ende, no lo obligaba a tomar una posición determinada.
12. Insistió en que el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra en mora de disponer mecanismos para la protección de los servidores víctimas de acoso laboral, como lo sería facilitar sus traslados. Así mismo, reprocha que las demás autoridades accionadas no hayan puesto en marcha los protocolos establecidos por la Ley 1010 de 2006 para salvaguardar su derecho al trabajo ante el inminente acoso ya denunciado.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 4 de febrero de 2025, el despacho sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judic ial de Caquetá y el Consejo Superior de la
Medidas de Seguridad de Florencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judic ial de Caquetá y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, ordenó la notificación de l presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial Seccional Caquetá, del presidente del Comité de Convivencia Laboral de la Rama judicial de Florencia, de la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia y de las señoras Marienny Cantillo Vega y Sandra Milena Triviño Quiceno.
14. El Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá precisó algunos hechos narrados en la demanda, relacionados con los antecedentes del proceso de selección y conformación del registro de elegibles y las actuaciones administrativas adelantadas para cubrir las vacantes del Juzgado Quinto de Ejecución de Pen as y
Medidas de Seguridad de Florencia.
15. Sostuvo que no vulneró los derechos invocados por la accionante y que efectuó el trámite que le correspondía por ley, incluso emitió el concepto favorable para el traslado, pero señaló que la decisión final en estos casos recae en el nominador.
16. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá manifestó que carece de legitimación, dado que la competencia de aceptar el traslado de los empleados de la Rama Judicial es exclusiva del nominador, previo concepto fa vorable del Consejo Seccional de la Judicatura. Respecto de la celeridad en el trámite de las quejas por acosoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Seccional de la Judicatura. Respecto de la celeridad en el trámite de las quejas por acosoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
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laboral interpuestas por la señora Vargas Correal, informó que adelanta proceso disciplinario con radicado 18001-25-02-00-2024-00316-00, en el que estudia un posible acoso laboral por parte de la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia. Precisó que el trámite se inició el 10 de octubre de 2024 y que se han surtido varias actuaciones, la última de ellas data del 28 de enero de 2025, por lo que no se advierte mora alguna que vulnere las garantías de la quejosa.
17. La secretaria del Comité de Convivencia Laboral de Florencia informó el trámite surtido por la autoridad en relación con las quejas por acoso l aboral presentadas por la señora Vargas Correal el 11 de abril y el 20 de septiembre de 2024, con el fin de señalar que fueron remitidas a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá a petición de la quejosa, quien no accedió a conciliar dentro de la etapa correspondiente.
18. En cuanto a la falta de implementación de los mecanismos establecidos en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, informó que, si bien es cierto dicha ley
18. En cuanto a la falta de implementación de los mecanismos establecidos en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, informó que, si bien es cierto dicha ley contempla el traslado de la persona afectada a otra dependencia como mecanismo de protección para las víctimas de acoso laboral, también lo es que la competencia para ordenar, autorizar o ejecutar traslados en la Rama Judicial no recae en el Comi té de Convivencia Laboral, sino en el Consejo Seccional de la Judicatura, conforme lo dispone el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 y la Ley Estatutaria 2430 de 2024.
19. Las demás autoridades notificadas, al igual que las particulares interesadas no intervinieron en esta oportunidad, pese a ser debidamente notificadas.
20. Durante el trámite de primera instancia, el señor William Humberto Vásquez Torres presentó un memorial en el que coadyuvó las pretensiones de la demandante y solicitó que se extendiera la protección de los derechos fundamentales de la actora con efectos inter comunis , con el argumento de que ocupa el cargo de escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés de Cuerquía (Antioquia), también enfrenta problemas de acoso laboral con su nominadora, e igualmente le fue denegado el traslado de cargo.
C. Fallo impugnado
21. Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado: (i) negó la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor William Humberto Vásquez; (ii) declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento
Consejo de Estado: (i) negó la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor William Humberto Vásquez; (ii) declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a las pretensiones dirigidas en contra del acto administrativo proferido por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judi cial de Florencia y las actuaciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá ; y (iii) negó las pretensiones dirigidas contra del Comité Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia.
22. En cuanto a los reproches efectuados contra el «acto administrativo» del 10 de octubre de 2024, emitido por el Tribunal accionado3, y la Resolución 10 de 30 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
3 Por el cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación que la señora Sandra Patricia Vargas Correal presentó en contra de la Resolución 010 de 30 de abril de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
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de F lorencia4 , afirmó que la parte actora cuenta con el mecanismo ordinario para controvertir dichas decisiones, cual es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el marco del que puede solicitar las medidas cautelares de urgencia si a bien lo tiene.
23. Respecto de las pretensiones relacionadas con la supuesta falta de actividad del
del derecho, en el marco del que puede solicitar las medidas cautelares de urgencia si a bien lo tiene.
23. Respecto de las pretensiones relacionadas con la supuesta falta de actividad del Comité Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, por no adoptar medidas oportunas y eficaces frente a sus denuncias por acoso laboral, particularmente por no recomendar el traslado de la actora del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia como una medida de protección, el a quo señaló que el citado Comité tiene como función principal la prevención, análisis y mediación de conflictos laborales relacionados con acoso , según el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, por lo tanto, carece de funciones sancionatorias, al ser únicamente una instancia de conciliación, prevención y sensibilización en el ámbito laboral.
24. En ese orden, resaltó que a las dos quejas interpuestas por la accionante se les otorgó el trámite correspondiente, dentro del cual la interesada fue citada e interrogada sobre su ánimo conciliatorio, a lo que respondió que no lo tenía, razón por la que el Comité Seccional de Convivencia Laboral de Florencia remitió los asuntos a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá. Por tal motivo, el a quo concluyó que el comité no vulneró los derechos fundamentales de la señora Vargas Correal , en tanto cumplió con las funciones legalmente asignadas.
25. En cuanto a la actuación adelantada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, adujo que , en relación con la queja que le fue remitida por el Comité
cumplió con las funciones legalmente asignadas.
25. En cuanto a la actuación adelantada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, adujo que , en relación con la queja que le fue remitida por el Comité Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia, inició el proceso disciplinario con radicado 18001 -2502-00-2024-00316-00, en el que realizó varias actuaciones durante los años 2024 y 2025, entre ellas, profirió el auto de apertura de la indagación preliminar, dispuso el decreto y práctica de pruebas como las declaraciones de testigos, la ampliación de la declaración de la actora y la solicitud de documentos al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad , a lo cual agregó que el proceso se encuentra en fase de instrucción y, por ende, no es procedente acudir a la acción de tutela para saltarse el trámite propio de los procesos disciplinarios.
D. Impugnación
26. La señor Sandra Patricia Vargas Correal afirmó que la providencia impugnada omitió pronunciarse frente a la pretensión encaminada a que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que «disponga dentro de sus funciones, hacer efectiva la garantía de traslado a otra dependencia de las personas afectadas en su salud mental, por el problema de acoso laboral».
27. Adujo que en el hecho 21 de la demanda se refirió a la falta de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura para regular lo relativo a los traslados de que trata la Ley 1010 de 2006, en relación con las víctimas de acoso laboral.
Superior de la Judicatura para regular lo relativo a los traslados de que trata la Ley 1010 de 2006, en relación con las víctimas de acoso laboral.
4 Por la cual el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó su solicitud de traslado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
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28. Asimismo, manifestó su inconformidad porque, en su sentir, la sentencia impugnada no se refirió a la actuación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia objeto de reproche, puesto que nada se dijo sobre la obligación que tenía esa autoridad judicial de resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 10 de 30 de abril de 2024.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problemas jurídicos
30. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21 de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B , del Consejo de
F. Problemas jurídicos
30. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21 de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B , del Consejo de Estado, mediante la cual , de un lado, declaró improcedente la tutela frente a las pretensiones dirigidas contra el acto administrativo emanado de la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y las actuaciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá , y, de otro, negó el amparo reclamado respecto del Comité Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial con sede en
Florencia.
31. De confor midad con los argumentos que cimentan la impugnación, se deberá establecer la procedencia de la tutela (i) para cuestionar la decisión del 10 de octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia rechazó el recurso de apelación interpuesto por la señora Sandra Patricia Vargas Correal contra la Resolución 010 de 2024, por la cual se denegó su traslado al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia ; y (ii) para ordenar a una autoridad pública, en este caso al Consejo Superior de la Judicatura , que cumpla una supuesta obligación normativa consistente en regular la situación administrativa de traslado cuando un servidor judicial padece acoso laboral.
32. Sólo en caso de que se supere el análisis de procedencia, se abordará el análisis de fondo del asunto planteado, conforme a los argumentos de la impugnación.
G. Análisis de la Sala
Subsidiariedad
32. Sólo en caso de que se supere el análisis de procedencia, se abordará el análisis de fondo del asunto planteado, conforme a los argumentos de la impugnación.
G. Análisis de la Sala
Subsidiariedad
33. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, elRadicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
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juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
34. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judicia les igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
35. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales5.
36. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
37. En el caso concreto, se observa que con la segunda pretensión se busca que el juez de tutela ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia resolver el recurso de apelación interpuesto contra Resolución 010 que expidió el 30 de abril de 2024, mediante la cual el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó el traslado de la actora.
38. En la impugnación la señora Sandra Patricia Vargas Correal reprocha que el a quo no se pronunció al respecto, sin embargo, contrario a lo afirmado por la accionante, la Sala observa que en el fallo de primera instancia se indicó, justamente, que la acción de tutela resultaba improcedente para tal efecto, ante el incumplimiento del req uisito de subsidiariedad, argumento con el que esta Subsección coincide a cabalidad.
39. En efecto, se advierte que la parte actora tenía a su alcance un mecanismo ordinario para la protección de sus derechos, cual es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011 6, que,
para la protección de sus derechos, cual es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011 6, que,
5 En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó : «La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la p rotección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la conc urrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha — la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede a firmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales». Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 6 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativoRadicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
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bien podría ejercer para cuestionar las Resoluciones 010 del 30 de abril y 018 de 19 de junio de 2024 , proferidas por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, bajo el entendido de que dicha actuación administrativa habría culminado con la decisión del 10 de octubre de 2024, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Flore ncia, por la cual rechazó el recurso de apelación por improcedente.
40. Sin embargo , no se evidencia que la parte actora haya interpuesto la demanda correspondiente7, es decir, no utilizó el mecanismo procesal ordin ario que tenía a su alcance, a fin de que el juez natural de la causa analizara la legalidad del acto o los actos cuestionados; en consecuencia, al igual que el a quo, esta Subsección concluye que no es procedente la acción de amparo. Aceptar lo contrario, implicaría reemplazar los medios judiciales principales previstos por el legislador para la defensa de los derechos.
41. La tutela, se insiste, tiene carácter residual y , por consiguiente, no procede cuando el interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios8.
el interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios8.
42. Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez ad opte las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales.
De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control, puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia9.
particular, expreso o presunto, y se le restabl ezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel». 7 La accionante no lo acredit ó y, una vez revisad os el aplicativo Samai y la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, no se encontraron resultados que evidencien el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
7 La accionante no lo acredit ó y, una vez revisad os el aplicativo Samai y la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, no se encontraron resultados que evidencien el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 8 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T -520 de 1992, explicó que la persona que «no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. E s inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si
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