CE - Sentencia 11001031500020250052601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250052601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
Accionante: Lina María Correa Osorio y otros1
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia que declaró improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional y en su lugar , negar las pretensiones por no configurarse los defectos alegados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte accionante a través de apoderado contra la providencia del 7 de marzo de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción presentada por Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio Toro Muñoz ; María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego
de su esposo Wber Emilio Toro Muñoz ; María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y asimismo, declaró improcedente la acción en relación con Héctor Favio Toro Muñoz, Oscar Egidio Toro Muñoz, Eyder Aspren Toro Muñoz, Elkin Liselder Toro Muñoz, y Lucy Aidee Toro Muñoz por carecer de legitimación en la causa por activa.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos2
2. El 11 de marzo de 2012, el señor Wber Emilio Toro Muñoz sufrió un accidente de tránsito en su motocicleta , sin llevar los elementos de protección personal , cuando se desplazaba entre los municipios de Balboa y Santuario (Risaralda) a la altura del corregimiento “Patio Bonito” , vereda Momblan, al colisionar con un vehículo tipo ambulancia perteneciente a la E.S.E. Hospital San José de la Celia
1 Lina María Correa Osorio, actúa en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz 2 Índice 2 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
Accionante: Lina María Correa Osorio y otros
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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2 – Risaralda, conducido por el señor Ornar Antonio Franco Álvarez , bombero voluntario y concejal del municipio, quien transportaba a la paciente Inés Elvira López, que estaba acompañada por su hija, Lilia del Socorro Quiceno López, quien junto con el señor Franco Álvarez, fueron los únicos testigos de los hechos.
3. La parte actora alegó que, como consecuencia del accidente, el señor Toro Muñoz sufrió lesiones graves y permanentes, además de secuelas físicas y psicológicas que afectaron significativamente su calidad de vida y la de su familia.
4. Asimismo, atribuyó la responsabilidad del suceso al conductor de la ambulancia, argumentando que no se proporcionó una atención oportuna al afectado. En particular, señaló que el señor Franco Álvarez, quien conducía el vehículo de emergencia, lo hacía sin el acompañamiento de un paramédico, cuya presencia pudo haber evitado las secuelas sufridas por la víctima.
5. Por los sucesos descritos, en el año 2014, presentaron una acción a través del medio de control de reparación directa 3, pretendiendo la declaratoria de responsabilidad de la ESE referida y el reconocimiento de los perjuicios causados al señor Toro Muñoz y sus familiares, la cual fue negada por la autoridad judicial mediante providencia del 1 de noviembre de 2019. La decisión fue apelada y confirmada4 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
al señor Toro Muñoz y sus familiares, la cual fue negada por la autoridad judicial mediante providencia del 1 de noviembre de 2019. La decisión fue apelada y confirmada4 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado mediante sentencia del 17 de junio de 2024, con radicado 66001 -23-33-0002014-00183-01 (65563).
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte accionante argumentó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad , con ocasión de la presunta existencia de las siguientes causales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial:
7. Afirmó que presuntamente se configuró un defecto fáctico, porque el ad quem realizó una indebida valoración probatoria con relación a los testimonios que a su juicio acreditaron el daño y la relación causal entre este y la falla probada del servicio imputable a la institución demandada.
8. En primer lugar, con respecto al testimonio del señor Omar Antonio Franco Álvarez, señaló que ha debido tenerse e n cuenta que, al ser el conductor de la ambulancia involucrada en el accidente, su credibilidad e imparcialidad pudo
3 Seguida bajo el radicado 66001-23-33-000-2014-00183-00 ante el Tribunal Administrativo de Risaralda. 4 El Tribunal consideró que aunque se acreditó la ocurrencia del accidente, el lugar, la hora y los vehículos involucrados, no existían pruebas concluyentes sobre las circunstancias exactas del siniestro pues no se contó con un croquis oficial, los testimonios presenciales eran contradictorios e insuficientes, y las fotografías
involucrados, no existían pruebas concluyentes sobre las circunstancias exactas del siniestro pues no se contó con un croquis oficial, los testimonios presenciales eran contradictorios e insuficientes, y las fotografías aportadas no permitieron determinar si hubo alteraciones en la escena; por lo que en consecuencia, no era posible establecer la causa precisa del accidente ni determinar si la responsabilidad recaía en la administración o en el particular afectado. Indicó que tampoco se probó una infracción a las normas de tránsito ni se identificó cuál de los riesgos creados fue la causa adecuada del daño, por lo que, en aplicación del artículo 167 del CGP, confirmó la sentencia apelada , toda vez que la carga de la prueba reca ía sobre las partes, y en ausencia de elementos p robatorios suficientes, no e ra posible atribuir responsabilidad al Estado.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
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3 verse afectada por el interés directo que tenía en el resultado del proceso, de conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso y la circunstancia de existir un proceso penal en su contra por los mismos hechos.
9. En ese entendido, sostuvo que, pese a que dicho testimonio fue objeto de tacha, la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció sobre esta, ni sobre el hecho de que este fuera un testigo “sospechoso”.
9. En ese entendido, sostuvo que, pese a que dicho testimonio fue objeto de tacha, la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció sobre esta, ni sobre el hecho de que este fuera un testigo “sospechoso”.
10. Aunado a lo anterior, reprochó que se desestimó la declaración5 de la señora Lilia del Socorro Quiceno López , quien iba en la ambulancia y tuvo una versión diametralmente opuesta a la presentada por el señor Franco Álvarez, quien conducía dicho vehículo.
11. En ese entendido, alegó que no se valoró en conjunto la declaración de la testigo con las fotografías y demás documentos a nexados al expediente, en los términos previstos por la jurisprudencia , que demostraban la veracidad de lo afirmado por la señora Quiceno López.
12. Además, indicó que existió un defecto por decisión sin motivación, pero en esencia reiteró el mismo planteamiento alegado en el presunto defecto fáctico , esto es, la indebida valoración de los testimonios de los únicos testigos del hecho, el señor Franco Álvarez y la señora Quiceno López.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó:
«[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad vulnerados a los accionantes.
SEGUNDO: Se ordene dejar sin efecto la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 17 de junio del 2024, notificada el 31 de julio de la misma anualidad.
SEGUNDO: Se ordene dejar sin efecto la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 17 de junio del 2024, notificada el 31 de julio de la misma anualidad.
TERCERO: Se ordene proferir una nueva decisión en la que se garanticen los postulados convencionales, constitucionales y legales en la materia y, por consiguiente, en la que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. […]». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante auto del 6 de febrero de 20256, en el que ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado en su calidad de accionad a y vinc uló al Tribunal Administrativo de Risaralda, a la E.S.E.
Hospital San José de la Celia, Risaralda, a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, a los señores Hecto Favio Toro Muñoz y María Aracelly Muñoz de Toro y a los demás intervinientes dentro del proceso de r eparación directa con
5 Índice 9 del aplicativo SAMAI, 2014-00183-00 C. Pruebas 2, pág. 90-91. Declaración extraproceso núm. 382 presentada ante la Notaría Única del Círculo de la Celia, Risaralda. 6 Índice 4 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
Accionante: Lina María Correa Osorio y otros
6 Índice 4 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
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4 radicado núm. 66001-23-33-000-2014-00183-00/01 como terceros con interesados el resultado del proceso.
15. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia, y reconoció personería a l a abogada Claudia Viviana
Muñetón Londoño.
2.4.1. La Sección Tercera Subsección C 7 a través del magistrado William Barrera Muñoz, solicitó denegar el amparo argumentando que la providencia del 17 de junio de 2024 no incurrió en los defectos alegados ni en ninguna trasgresión ius fundamental.
16. Indicó que, con relación al supuesto defecto fáctico, no desconoció la posible falta de imparcialidad del testimonio del conductor involucrado en los hechos, pero determinó que el deber del juez no era descartarlo de inmediato, sino analizarlo en conjunto con el resto del material probatorio, conforme a las reglas de apreciación del artículo 176 del Código General del Proceso (CGP) , de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
17. Afirmó que la sentencia señaló con respecto al testimonio de la señora Quiceno López que, aunque la declarante describió con precisión la conducta del
acuerdo con las reglas de la sana crítica.
17. Afirmó que la sentencia señaló con respecto al testimonio de la señora Quiceno López que, aunque la declarante describió con precisión la conducta del conductor y aportó detalles sobre el carril por donde transitaba la motocicleta y la forma en que era manejada, en el expediente no existían pruebas que corroboraran su percepción de los hechos . En este sentido, adujo que esa Sala enfatizó que el proceso de percepción de la testigo debía ser analizado con especial cuidado al momento de valorar su declaración, evitando asumir como ciertos elementos que no contaban con sustento probatorio.
18. Finalmente, f rente al reproche respecto a que hubo una ausencia de motivación respecto de la prueba testimonial en la decisión, indicó que la Sala expuso razonadamente el mérito que les asignó a estas.
2.4.2. La E.S.E. Hospital San José de la Celia , Risaralda , a través de su director solicitó declarar improcedente la acción pues argumentó que no cumple con los requisitos de subsidiariedad, inmediatez y relevancia constitucional.
19. Asimismo, solicitó negar las pretensiones de los accionantes, por cuanto no se configuró vulneración al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia por lo que pidió que se mantuviera en firme la decisión adoptada por el Consejo de Estado, dado que se ajustó a derecho y respetó las garantías procesales, pues analizó los elementos probatorios con base en los principios de sana crítica, sin que se evidencie la existencia de un defecto fáctico.
2.4.3. No se realizaron más intervenciones.
procesales, pues analizó los elementos probatorios con base en los principios de sana crítica, sin que se evidencie la existencia de un defecto fáctico.
2.4.3. No se realizaron más intervenciones.
7 Índice 13 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
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5 2.5. Sentencia Impugnada8
20. El Consejo de Estado, Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 7 de marzo de 2025, declaró improcedente9 la solicitud de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional toda vez que el actor pretendía revivir un asunto ya resuelto en el debate ordinario de reparación directa.
21. Asimismo, decidió declararla improcedente por carecer de legitimación en la causa activa con respecto a otros de los accionantes10.
2.6. Impugnación11
22. El actor sostuvo que la valoración probatoria que fundamentó la sentencia de segunda instancia no fue objeto de un análisis por parte del a quo y que no es cierto que los argumentos expuestos en la tutela ya fueron debatidos en el proceso ordinario.
23. Reiteró lo afirmado en su escrito de tutela respecto a que, a su juicio, no se tuvo en cuenta la tacha del testigo clave ni las reglas sobre testigos sospechosos, además de que existió una falta de motivación clara en la determinación del valor
23. Reiteró lo afirmado en su escrito de tutela respecto a que, a su juicio, no se tuvo en cuenta la tacha del testigo clave ni las reglas sobre testigos sospechosos, además de que existió una falta de motivación clara en la determinación del valor probatorio de las declaraciones.
24. También señaló que la primera instancia omitió examinar la insuficiencia del análisis de las pruebas, incluyendo la sentencia penal y otros elementos relevantes. En su criterio, la tutela no busc ó reabrir el debate, sino corregir la omisión del estudio integral de los medios de prueba, pues adujo que ello afectó su derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, por lo que insistió en que la acción tiene relevancia constitucional.
25. Adicionalmente, alegó que los accionantes que fueron deslegitimados en la causa por activa sí contaban con esta, toda vez que allegó los poderes solicitados por el a quo.
III. CONSIDERACIONES
3. Competencia
26. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
8 La Sección Tercera, Subsección A, concluyó que la providencia reprochada valoró integralmente las pruebas, confrontando testimonios y documentos, pero la falta de certeza sobre las circunstancias del accidente impidió imputar el daño por falla en el servicio o riesgo excepcional a la entidad demandada. 9 En relación con Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio
accidente impidió imputar el daño por falla en el servicio o riesgo excepcional a la entidad demandada. 9 En relación con Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz. 10 En relación con Héctor Favio Toro Muñoz, Oscar Egidio Toro Muñoz, Eyder Aspren Toro Muñoz, Elkin Liselder Toro Muñoz, y Lucy Aidee Toro Muñoz 11 Índice 20 del aplicativo SAMAI.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
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6 3.1. Cuestión previa
27. El 10 de abril de 2025 12, e ncontrándose la presente acción para fallo de segunda instancia, la Sección Tercera Subsección C, presentó un oficio suscrito por el magistrado William Barrera Muñoz. En este, afirmó que la impugnación no demostró una vulneración grave a derechos fundamentales y se bas ó en la inconformidad de la parte actora con la valoración probatoria del juez natural, lo que excede el alcance del amparo constitucional.
28. Señaló que la complejidad probatoria del caso dificultó establecer con certeza las causas del accidente, pero corresponde al juez ordinario y no al juez de tutela,
que excede el alcance del amparo constitucional.
28. Señaló que la complejidad probatoria del caso dificultó establecer con certeza las causas del accidente, pero corresponde al juez ordinario y no al juez de tutela, determinar la interpretación más razonable de los hechos con base en los elementos probatorios.
29. Además, indicó que en la impugnación se planteó un nuevo cuestionamiento sobre la valoración de la sente ncia penal dentro del proceso de reparación directa, lo que constituye una modificación no contemplada en el escrito inicial de tutela que no debe ser considerado , pues desconocería el debido proceso y la congruencia de la acción de tutela.
30. No obstante, afirmó que valoró la sentencia penal contra el señor Omar Antonio Franco Álvarez como prueba documental admisible, pero concluyó que no tenía fuerza probatoria suficiente para acreditar los hechos en el proceso contencioso administrativo. En e se sentido, estableció que las conclusiones del proceso penal no vinculaban la determinación en el marco de la reparación directa, por lo que aplicó la normativa referente a la carga probatoria sin lograr acreditar falla en el servicio o riesgo excepcional.
31. Aunado a lo expuesto, manifestó que la sentencia analizó la declaración de Lilia del Socorro Quiceno en su totalidad, especialmente en lo relativo a los momentos previos e inmediatos al accidente. Reiteró que, aunque la testigo detalló la conducta d el conductor y la trayectoria de la motocicleta, no existían pruebas que respaldaran lo que afirmó haber observado. Por ello, la Sala consideró que su percepción debía evaluarse con cautela, ya que su ubicación
detalló la conducta d el conductor y la trayectoria de la motocicleta, no existían pruebas que respaldaran lo que afirmó haber observado. Por ello, la Sala consideró que su percepción debía evaluarse con cautela, ya que su ubicación en la ambulancia, en la cabina trasera, pudo limitar la claridad de su visión.
32. En consecuencia, la Sala concluyó que su testimonio no ofrecía el grado de certeza necesario para determinar con precisión las circunstancias del accidente.
Así las cosas, la falta de pruebas adicionales que corroboraran su versión afectó la verosimilitud de su relato, lo que impidió que se le otorgara mayor credibilidad dentro del análisis probatorio realizado.
33. Por las razones expuestas solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia.
3.2. Problema jurídico
34. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado al proferir la providencia del 17 de junio de 2024 dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa con radicado 66001-23-33-000-2014-00183-01 (65563) incurrió en los defectos: fáctico y por decisión sin motivación y con ellos, en la vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la señora Lina
12 Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2025-00526-01Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
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7 María Correa y otros13
3.3. Procedencia de la acción de tutela
35. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 f ue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando e stos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potes tad de administrar justicia,
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potes tad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
37. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judic iales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
38. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) qu e la presentación de la acción cumpla con el requisito de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) qu e la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sent encia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advi erte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
13 Lina María Correa Osorio, actúa en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
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8 jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.
8 jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada.
3.3.1.4. Contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, el asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de una posible afectación al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia con ocasión de la presunta existencia de un defecto fáctico y por decisión sin motivación de la providencia reprochada, originados en la supuesta falta de análisis sobre la tacha de un testigo y las reglas sobre testigos sospechosos, lo que comprometería el principio esencial de imparcialidad en la decisión judicial.
39. Por tal razón , se revocará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por falta de r elevancia constitucional, para en su lugar, hacer un análisis de los argumentos expuestos por la parte accionante.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
40. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
40. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa 15, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia q ue de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva16, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
41. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la ap reciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
14 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU -632 de 2017, SU -195 de 2012, T -143 de 2011, T -456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
14 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU -632 de 2017, SU -195 de 2012, T -143 de 2011, T -456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 15 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 16 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
Accionante: Lina María Correa Osorio y otros
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9 presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios».
42. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1. Análisis del presunto defecto fáctico en la providencia del 17 de junio de 2024
43. El accionante sostuvo que se configuró un defecto fáctico porque la valoración probatoria no consideró adecuadamente la posible falta de imparcialidad del testimonio de Omar Antonio Franco Álvarez, conductor de la ambulancia involucrado en el accidente. Argumentó que, debido a su interés directo en el
probatoria no consideró adecuadamente la posible falta de imparcialidad del testimonio de Omar Anton
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