CE - Sentencia 11001031500020250055001
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250055001
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00550-01
Demandantes: LUISA MARIA ZAPATA BERNAL Y OTRO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y
OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la providencia del 13 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1 Solicitud de amparo
Las señoras Luisa María Zapata Bernal y Gloria Cecilia Herrera Ospina , mediante apoderado judicial , formularon acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primer a y el Tribunal Administrativo de Antioq uia, con el
Las señoras Luisa María Zapata Bernal y Gloria Cecilia Herrera Ospina , mediante apoderado judicial , formularon acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primer a y el Tribunal Administrativo de Antioq uia, con el fin de que se les ampare n sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de defensa, a la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia.
Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 26 de septiembre de 2024 que confirmó la dictada el 10 de abril de 2024 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de pérdida de investidura instaurado por el señor Walter Esneider Betancur Montoya , identificado con el radicado 05001-23-33-0002024-00237-00/01.
1.2 Pretensiones
En concreto, solicitaron lo siguiente:
Con el debido respeto del despacho, y previo el decreto de la medida provisional solicitada en e l presente escrito, solicito al Honorable Juez Constitucional que se TUTELEN los derecho fundamentales a la igualdad,Demandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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debido proceso, derecho de defensa, dignidad humana, acceso a la administración de justicia, y otros que se identifiquen vulnerados por pa rte
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debido proceso, derecho de defensa, dignidad humana, acceso a la administración de justicia, y otros que se identifiquen vulnerados por pa rte del Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sus providencias de pérdida de investidura.
Que como consecuencia lo anterior, se ordene a la Sección Prim era de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación profiera sentencia de reemplazo en el proceso de pérdida de investidura promovido por el señor WALTER ESNEIDER BETANCUR MONTOYA en contra de las Concejalas de Itagüí LUISA MARIA ZAPATA BERNAL y GLORIA CECILIA HERRERA OSPINA dentro del radicado 05001233300020240023701 teniendo en cuenta la providencia del Juez Constitucional de Tutela, específicamente en relación con el análisis de lo s fundamentos del recurso de apelación interpuesto por las demandadas y el Ministerio Público dejados de analizar y con el análisis del elemento subjetivo con base a lo establecido por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU 424 de 20161.
1.3 Hechos
Las accionantes y el señor Gustavo Adolfo Betancur Castaño se inscribieron como candidatos al concejo municipal de Itagüí para el periodo 2024 -2027 por el movimiento significativo de ciudadanos denominado “Itagüí Somos Todos”.
Las señoras Gloria C ecilia Herrera Ospina y Luisa María Zapata Bernal resultaron elegidas concejales por el municipio de Itagüí (Antioquia) , cargo
por el movimiento significativo de ciudadanos denominado “Itagüí Somos Todos”.
Las señoras Gloria C ecilia Herrera Ospina y Luisa María Zapata Bernal resultaron elegidas concejales por el municipio de Itagüí (Antioquia) , cargo del cual tomaron posesión el 2 de enero de 2024.
Dispuesta convocatoria pública para proveer el cargo de secretario general del Concejo Municipal de Itagüí, y luego de las etapas correspondientes, se integró la lista de elegibles, la que encabezó el señor Gustavo Adolfo Betancur Castaño, quien, en sesión del 2 de enero de 2024, fue elegido como secretario general para el periodo constitucional de 2024.
El señor Walter Esneider Betancur Montoya instauró demanda de pérdida de investidura en contra de las concejal es Gloria Cecilia Herrera Ospina y Luisa María Zapata Bernal, al incurrir en conflicto de intereses 2, por haber participado en la elección del señor Gustavo Adolfo Betancur Castaño como secretario general de la corporación, persona con la que también se inscribieron como candidatos al Concejo Municipal de Itagüí, para el mismo período constitucional.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 10 de abril de 2024, declaró la pérdida de investidura de las concejal es Gloria Cecilia Herrera Ospina y Luisa María Zapata, por no manifestar el impedimento que les correspondía por la participación del señor Betancur Castaño en la convocatoria pública para proveer el cargo de secretario general, quien
1 Trascripción literal con posibles errores. 2 Numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 en concordancia con el numeral 14 del
convocatoria pública para proveer el cargo de secretario general, quien
1 Trascripción literal con posibles errores. 2 Numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 en concordancia con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.Demandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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integró la misma lista de candidatos al Concejo Municipal de Itagüí, inscrita por el movimiento significativo de ciudadanos denominado “Itagüí Somos Todos”.
Así mismo expuso , que al participar las mencionadas en la elección , se materializó en ellas un interés directo y particular de índole polític o o ideológico que contrariaba el interés general de la función pública.
Las hoy accionantes y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación en contra de la providencia, impugnación que fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 26 de septiembre de 2024, que confirmó la proferida en primera instancia.
En escrito del 29 de octubre de 2024, el m andatario judicial de las señoras Luisa María Zapata Bernal y Gloria Cecilia Herrera Ospina, solicitó la aclaración de la sentencia, “[…] en el sentido de manifestarle a los recurrentes la razón jurídica y su sustento normativo más allá del principio - no violadode congruencia, para no pronunciarse sobre los argumentos de los apelantes como lo
aclaración de la sentencia, “[…] en el sentido de manifestarle a los recurrentes la razón jurídica y su sustento normativo más allá del principio - no violadode congruencia, para no pronunciarse sobre los argumentos de los apelantes como lo exige el artículo 328 del CGP”.
De igual manera en el sentido: “En materia sancionatoria y teniendo en cuentas las consecuencias de los procesos que hacen parte de l Ius Puniendi del Estado como lo es el proceso de pérdida de investidura ; la persona investigada y sancionada debe estar completamente ide ntificada e individualizada, y su conducta debe estar plenamente probada suma a sus condiciones personales, en aras d e analizar el elemento subjetivo y las circunstancias del comportamiento”.
La solicitud de aclaración fue resuelta de manera desfavorable mediante auto del 21 de noviembre de 2024, luego de considerar que la petición no se ajustaba a las exigencias del ar tículo 285 de la Ley 1564 de 2012 pues, por el contrario, se controvertían las razones jurídicas y normativas realizadas en la sentencia con el objeto de reabrir el debate que se abordó y resolvió en las instancias.
1.4 Sustento de la vulneración
La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales como consecuencia de los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, en los que se incurrieron en las decisiones cuestionadas.
En cuanto al defecto fáctico afirmaron que no se valoraron de manera adecuada ni en su contexto el elemento subjetivo y los medios de convicción
violación directa de la Constitución, en los que se incurrieron en las decisiones cuestionadas.
En cuanto al defecto fáctico afirmaron que no se valoraron de manera adecuada ni en su contexto el elemento subjetivo y los medios de convicción obrantes al proceso, con lo que se demostró que las demandadas de manera previa se asesoraron en relación a la conducta que debían adoptar frente a la elección del secretario general del Concejo de Itagüí para el año 2024.
Señaló el apoderado de las concejalas que los profesionales consultados por las accionantes, el agente del Ministerio Público y siete magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia disidentes de la sentencia de primeraDemandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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instancia, coincidieron en señalar que el presente caso no se configur ó los presupuestos para declarar la pérdida de invest idura, por cuanto (i) lo consagrado en el numeral 14 del a rtículo 11 del CPACA no es una causal de conflicto de intereses , (ii) no se probó el interés directo, personal, actual y vigente en cabeza de las concejales, ya que el interés político o ideológico no existe en la ley por cuanto participaron en las elecciones por un grupo significativo de ciudadanos que desapareció el día de las elecciones el que no tiene vocación de permanencia, ni militantes, ni misión, ni visión, ni
existe en la ley por cuanto participaron en las elecciones por un grupo significativo de ciudadanos que desapareció el día de las elecciones el que no tiene vocación de permanencia, ni militantes, ni misión, ni visión, ni estatutos,(iii) la no concienci a de las involucradas de la antijuridicidad del acto, por lo que consultaron para no incurrir en error, lo que elimina el elemento subjetivo, (iv) la no aplicación de los principios de in dubio pro investido, principio de favorabilidad y pro homine como co nsecuencia de la duda de responsabilidad de las concejales y (v) la no aplicación de la figura in bonam partem en cuanto a los argumentos expuestos por lo apelantes no atendidos en segunda instancia bajo la tesis de que se expusieron por primera vez.
Afirmaron que se incurrió en defecto material o sustantivo al desconocer los jueces de instancia lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, en cuyo cumplimiento el ad quem debió pronunciarse sobre los argumentos expuestos por las demandadas y el Ministerio Público, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley.
Indicaron que la providencia cuestionada desconoció el precedente desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016, que exige al juez contencioso realizar no solo un estu dio juicioso de la culpabilidad del demandado para determinar si actuó con dolo o culpa grave, sino también realizar un análisis de las circunstancias que rodearon el hecho y las condiciones personales del llamado a responder en este proceso.
Manifestaron que , como consecuencia de la falta de análisis objetivo y
sino también realizar un análisis de las circunstancias que rodearon el hecho y las condiciones personales del llamado a responder en este proceso.
Manifestaron que , como consecuencia de la falta de análisis objetivo y garantista, la no aplicación de los principios al proceso de pérdida de investidura, el elemento subjetivo en los términos del artículo 1 d e la Ley 1881 de 2018 y de la sentencia SU 424 de la Corte Constitucional, así como la falta de interpretación de las pruebas que demostraban la ausencia de dolo o culpa grave por parte de las demanda das, se incurrió en los defectos de decisión sin motivación y violación directa a la Constitución.
1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 22 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la primera instancia admitió la solicitud de amparo y dispuso tener como accionados al Consejo de Estado, Sección Primera y al Tribunal Administrativo de Antioquia.
Igualmente, o rdenó vincular como terceros con interés en el resultado del proceso a l Concejo Municipal de Itagüí, y a los se ñores Walter Esneider Betancur Montoya y Gustavo Adolfo Betancur Castaño.Demandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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Además, n egó la medida cautelar de suspensión de la ejecución o cumplimiento de la sentencia del 26 de septiembre de 2024 por parte de la
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Además, n egó la medida cautelar de suspensión de la ejecución o cumplimiento de la sentencia del 26 de septiembre de 2024 por parte de la mesa directiva del Concejo Municipal de Itagüí (Antioquia) , para conservar o reintegrar a las a ccionantes con el fin de evitar un perjuicio irremediable , al no advertir de la argumentación esbozada la necesidad y urgencia de decretarla.
Así mismo, dispuso la publicación de la providencia en la pá gina web del Consejo de Estado, para el conocimiento de todos los terceros interesados.
Efectuadas las notificaciones respectivas3, se presentaron las siguientes:
1.6 Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera
El magistrado ponente de la decisión cuestionada, consideró que el mecanismo constitucional se esta utilizando como una tercera instancia, a fin, de que se tengan en cuenta alegatos que no se propusieron en el curso del proceso como también los razonamientos plasmados en los votos disidentes de los magistrados del Tribunal Administrat ivo de Antioquia a la sentencia de primera instancia, por lo que pidió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional o, en su defecto, negar las pretensiones por no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados.
En cuanto al defecto fáctico, expuso que en la sentencia del 26 de septiembre de 2024, se apreció y valoró en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las
En cuanto al defecto fáctico, expuso que en la sentencia del 26 de septiembre de 2024, se apreció y valoró en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza para resolver el caso concreto; argumentos suficientes para concluir que se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, en especial, el referido a la existencia de un conflicto de interés que les obligaba a manifestar sus impedimentos, lo que no ocurrió.
Con relación al defecto sustantivo por la no aplicación del artículo 328 del Código General de Proces o, respecto de los motivos expuestos por los apelantes en cuanto a la apli cación de la s normas consagradas sobre conflictos de intereses que son exclusivas para los congresistas y diputados, indicó que tal argumento también fue decidido con fundamento en los artículos 281, 320 y 328 ibídem, conforme se establece de la lectura de los numerales 78 al 86 de la sentencia cuestionada.
Refirió que en la providencia no se incurrió en una decisión sin motivación, ya que fueron expuestas las razones fácticas, jurídicas y probatorias por las que se consideró que se trataba de un nuevo arg umento no ventilado en el curso del proceso, y, por ende no podía ser objeto de pronunciamiento en segunda
3 Mediante comunicaciones del 10 de febrero de 2025 a los correos electrónicos de las accionadas y de los terceros con interés. Índice 45 primera instancia. SamaiDemandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
accionadas y de los terceros con interés. Índice 45 primera instancia. SamaiDemandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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instancia, so pena de vulnerar el debido proceso constitucional, razonamiento con el cual , no están de acuerdo las accionantes, lo que no las autoriz a a invocar la falta de motivación.
Ahora, en cuanto a l defecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial invocado por las accionantes al considerar que se desconoci ó las reglas contenid as en la sentencia S U424 del 11 de agosto de 2016 , manifestó que la providencia citada no tenía la categoría de precedente jurisprudencial en cuanto a la causal de pérdida de investidura consistente en la violación al régimen de conflicto de intereses pre vista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 200 0, en concordancia con el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, ya que fue dictada en los expedientes T3.3331-156 y T4.524.335, cuyos presupuestos fácticos no guardan similitud con los expuestos en la sentencia proferida en el proceso de p érdida de investidura.
Relató, que las accionantes desarrollaron el defecto de violación directa de la Constitución con base en el fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente para afirmar sin desarrollo alguno que se vulneraron los derechos
investidura.
Relató, que las accionantes desarrollaron el defecto de violación directa de la Constitución con base en el fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente para afirmar sin desarrollo alguno que se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, a la dignidad humana y acceso a la administración de justicia.
1.6.2. Gustavo Adolfo Betancur Castaño
En calidad de secret ario general del Concejo Municipal de Itagüí y tercero interesado, manifest ó que u na vez se enter ó de los resultados electorales, decidió participar en la convocatoria pública de méritos para el cargo que hoy ocupa, al haber obtenido el primer lugar entre muchos candidatos.
Indicó, que no existe entre él y las demandadas ningún tipo de interés, ni directo, ni cierto, ni personal que influya en sus obligaciones como funcionario público, ni en ellas como concejalas.
Afirmó, que la sanción de pérdida de investidura impuesta por haber participado las concejalas con el voto en su elección, en ningún momento constituye un conflicto de intereses y mucho menos un riesgo de corrupción en los términos del numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
Reiteró, que el grupo significativo Itagüí Somos Todos conformado para participar en las eleccion es al Concejo Municipal realizadas en el año 2023 , desapareció una vez culminó el proceso electoral, movimiento que no tiene estatutos, milit antes ni vocación de permanencia, como lo relató en el testimonio rendido ante el juez de la primera instancia.
Concluyó, q ue ninguno de los elementos con los cuales se establezca que
estatutos, milit antes ni vocación de permanencia, como lo relató en el testimonio rendido ante el juez de la primera instancia.
Concluyó, q ue ninguno de los elementos con los cuales se establezca que existió o existe un conflicto de i ntereses con las señoras Luis María Zapata Bernal y Gloria Cecilia Herrera Ospina, se acreditó.Demandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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1.6.3. Intervención de coadyuvantes
Los señores Alba Esneda Restrepo Aguirre y otros 4, en su calidad participantes en las elecciones del 29 de octubre de 2023, afirmaron que votaron por las accionantes y, por tal motivo, manifestaron coadyuvar las pretensiones de la acción de amparo , en los cua les destacaron las cualidades personales y profesionales de las concejalas elegidas.
1.7 Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 13 de marzo de 2025, negó las solicitudes d e coadyuvancia presentadas y declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
Refirió que la parte accionante afirmó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al considerar que la omisión de manifestar su impedimento en la elección del secretario general del Concejo
relevancia constitucional.
Refirió que la parte accionante afirmó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al considerar que la omisión de manifestar su impedimento en la elección del secretario general del Concejo Municipal de Itagüí constituyó causal de pérdida de investidura por violar el régimen del conflicto de intereses previsto en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia con el nu meral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
De igual manera, que se desconoció la sentencia SU -424 de 2016 de la Corte Constitucional, que dispuso que el análisis de la culpabilidad en los procesos de esta naturaleza debía realizarse de manera integr al con las circunstancias que rodearon el hecho.
Resaltó que la controversia propuesta carece de relevancia constitucional al evidenciar que las actoras proponen la misma discusión jurídica que expusieron en el trámite del proceso de pérdida de investidur a, ya resuelta por el Consejo de Estado, Sección Primera en la sentencia del 26 de septiembre de 2024, al encontrar acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal como también la perspectiva de género invocada por el Ministerio Público, con lo cual pretenden utilizar la acción de amparo como una instancia adicional.
4 Ana Felisa Guerra Gaviria, Berenice Carvajal Bernal, Carla Cristina Castaño Cano, Carlos Enrique Uribe Restrepo, Carolina Rodas Álvarez, Claud ia Luz Giraldo Gómez, Daniel Mesa Giraldo, Diana López Montoya, Diana Patricia P arra Ramírez, Edwin Stiven Muñoz Quiceno,
Enrique Uribe Restrepo, Carolina Rodas Álvarez, Claud ia Luz Giraldo Gómez, Daniel Mesa Giraldo, Diana López Montoya, Diana Patricia P arra Ramírez, Edwin Stiven Muñoz Quiceno, Emilsen Muñoz Rivera, Estefanía Dávila Guerra, Geany Rendón Osorio, Isabel Cristina Álvarez Mesa, Angela María Mesa Madrid, Wilson de Jesús Álvarez Gaviria, Ana María Álvarez Mesa, Milliam Lorenzo Mesa, Juliana Andrea Tobón Arango, Elkin Oswaldo Cano Naranjo, Juan José Álvarez Mesa, Yerika Daniela Jaramillo Pérez, María Camila Mejía Muñoz, Janeth Eliana Uribe Restrepo, Jhonny Alejandro M arín Restrepo, Johnny Esneider García Muñoz, Jorge Ignacio Mesa Franco, José Rol ando Aristizábal Henao, Juan Sebastián Álvarez Zuleta, Juliana Andrea Bolívar M, Kelly Alexandra López, Leidy Joana Franco Parra, Luisa Fernanda Mesa Castrillón, María Natalia Tatis Montoya, Merielen Williams Montoya, Natali Mejía Saldarriaga, Onaldo Dávila Guerra, Ramón Elías Holguín Ruíz, Merlenny Muñoz Rivera, Rodrigo León Bernal Castañeda, Ruby Amparo Holguín, Alberto Ortíz Holguín, Beatriz Cano Sánchez, Mariela Rodríguez Ló pez, Luisa María Holguín, Valeria San Juan Duque, Jonny Mejía T, Luis Norberto Á lvarez, Rodrigo Andrés Arango, Sara Herrera Urrego, Valentina Franco Parra, William Henry Dávila Ramos , Wilmar Holguín Muñoz y las señoras Lucy Arias Villamil y Lucía Grisales Hernández como integrantes del Comité Directivo de la Red de Mujeres Pública de Itagüí.Demandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro
Lucy Arias Villamil y Lucía Grisales Hernández como integrantes del Comité Directivo de la Red de Mujeres Pública de Itagüí.Demandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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Con relación al reproche de no haber resuelto la segunda instancia los argumentos expuestos por parte de las accionantes y el Ministerio Público en el recurso de apelación , manifestó que la accionada se pronunció para concluir que constituyó un nuevo argumento no presentado en el curso del proceso, lo que impidió ser ob jeto de pronunciamiento por vulnerar el debido proceso de las partes.
1.8 Impugnación
En el escrito de impugnación presentado de manera oportuna, el mandatario judicial de las accionantes reiteró los argumentos de la tutela y precisó que la acción de amparo sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional , sin que haya sido empleada como un recurso adicion al para reabrir el debate.
Para tal efecto, expresó que la acción de tutela no tiene relación, injerencia o discusión frente a un asunto económico ni versa sobre una controversia de tipo legal o normativa infraconstitucional, ya que de su lectura se advie rte una controversia sobre normas de rango constitucional como la igualdad, debido proceso, derecho de defensa, dignidad humana, acceso a la administración de justicia, los cuales fueron afectados a las accionantes en el
una controversia sobre normas de rango constitucional como la igualdad, debido proceso, derecho de defensa, dignidad humana, acceso a la administración de justicia, los cuales fueron afectados a las accionantes en el ejercicio del cargo de elección pop ular al interior del Concejo Municipal de Itagüí.
Afirmó que el caso involucra un debate jurídico sobre el contenido, alcance y goce de derechos fundamentales por cuanto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a pesar de los salvamentos y aclaración de voto manifestados , no sólo violó los derechos fundamentales de sus mandantes sino también los preceden tes de la Corte Constitucional para imponer una postura más rígida y estricta para decretar la pérdida de investidura de sus def endidas, y que fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Indicó que la discusión jurídica fijada en la acción de amparo va más allá de establecer si se desarrollaron, fundamentaron o expusieron con suficiencia o no los elementos objeti vo y subjetivo de la responsabilidad en el proceso de pérdida de investidura como lo consideró el a-quo.
Manifestó, que acredit ado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, con relación al elemento objetivo de la pérdida de investidura, la sentencia vulneró los derechos fundamentales de las accionantes al no resolver la Sección Primera del Consejo de Estado todos los argumentos expuestos por las demandadas y el Ministerio Público en el recurso de apelación, de manera concreta la aplica ción de los principios de indubio pro reo o in dubio pro investido, de favorabilidad, la no aplicación del enfoque de
expuestos por las demandadas y el Ministerio Público en el recurso de apelación, de manera concreta la aplica ción de los principios de indubio pro reo o in dubio pro investido, de favorabilidad, la no aplicación del enfoque de género, la vulneración del principio pro homine y de legalidad entre otros.
Refirió que el a quo constitucional concluyó previa trascrip ción de los numerales 83,84,85 y 86 que en la providencia cuestionada se consideróDemandantes: Luisa María Zapata Bernal y otro Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00550-01
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dicho asunto para determinar “[…] que se trató de un nuevo argumento, no ventilado en el curso del proceso, por lo que no podía ser objeto de pronunciamiento en la sentenci a de segunda instancia, so pena de vulnerar el debido proceso constitucional”.
Alegó, con relación al elemento subjetivo , que se desconoció el precedente descrito en la sentencia SU 424 del 11 de agosto de 2018(sic) consistente en la obligación de analiz ar cada caso con aplicación de los principios de rango convencional, constitucional y legal, tales como “ (i) el de in terpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura, ii) interpretación pro homine, iii) aplicación del principio in dubio p ro reo o pro disciplinado o pro investido , iv) principios de objetividad, v) razonabilidad, vi) favorabilidad, vii) proporcionalidad, entre otros”.
aplicación del principio in dubio p ro reo o pro disciplinado o pro investido , iv) principios de objetividad, v) razonabilidad, vi) favorabilidad, vii) proporcionalidad, entre otros”.
Concluyó que , acreditada la relevancia constitucional de la acción de amparo, es obligación resolver de fon do los cargos formulados en contra de la sentencia cuestionada.
1.9 Trámite en segunda instancia
La Sala en providencia de la misma fecha declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Gloria María Gómez Montoya de sostener una relación de amistad íntima y entrañable con los magistrados Daniel Montero Betancur y Martha Cecilia Madrid Roldán , integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia y qu ienes suscribi eron la sentencia de primera instancia del medio de control de pér
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