CE - Sentencia 11001031500020250056600

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250056600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

Accionante: Nubia Esperanza Murillo Osorio y Noralba Murillo Osorio

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

Accionantes: NUBIA ESPERANZA MURILLO OSORIO Y NORALBA

MURILLO OSORIO

Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL ,

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ Y CARLOS ANDRÉS HERRÁN HERRERA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la controversia planteada por la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por las señoras Nubia Esperanza y Noralba Murillo Osorio , en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el señor Carlos Andrés Herrán Herrera, con ocasión de las sentencias

Esperanza y Noralba Murillo Osorio , en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el señor Carlos Andrés Herrán Herrera, con ocasión de las sentencias proferidas el 31 de agosto de 2023 y el 24 de julio de 2024 por las precitadas autoridades judiciales , respectivamente, en el proceso disciplinario identificado con el radicado nro. 11001 25 02 000 2022 06190 00/01.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

Accionante: Nubia Esperanza Murillo Osorio y Noralba Murillo Osorio

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1. SÍNTESIS DEL CASO

Las señora s Nubia Esperanza y Noralba Murillo Osorio , actuando en nombre propio, promovieron acción de tutela en contra de las precitadas providencias, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, y para ello formularon las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se ORDENE dejar sin efectos las sentencias proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTA (…) FALLADOR EN PRIMERA INSTANCIA, así como también en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL (…) FALLADOR EN SEGUNDA INSTANCIA, hasta tanto no se evalúen las pruebas y los testimonios de los afectados requeridos por la parte quejos a a través de su apoderado judicial.

la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL (…) FALLADOR EN SEGUNDA INSTANCIA, hasta tanto no se evalúen las pruebas y los testimonios de los afectados requeridos por la parte quejos a a través de su apoderado judicial.

2. Se ORDENE Y DECRETE UN INCIDENTE DE NULIDAD, en contra de la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTA (…) FALLADOR EN PRIMERA INSTANCIA, así como también en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL (…) FALLADOR EN SEGUNDA INSTANCIA, con el fin que modifiquen y apliquen en justicia un nuevo fallo sancionatorio en contra del abogado CARLOS ANDRÉS HERRAN HERRERA y si es el caso a la abogada DULY YANIR LONDOÑO AVELLANEDA, por los daños y perjuicios que nos han ocasionado al recibir los dineros (se aclara los recibió el abogado) por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($480.463.830) y que a la fecha de presentación de este amparo constitucional solo ha entregado previo acuerdo la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) y el saldo no le ha interesado en nada dejándonos en un vaivén de tristeza y desolación, al acudir a la justicia e imponer esa sanción irrisible y arbitraria en derecho.

3. Una vez se hayan agotado esas instancias adelantarse un estudio minucioso de la gravedad de las faltas cometidas por el abogado

irrisible y arbitraria en derecho.

3. Una vez se hayan agotado esas instancias adelantarse un estudio minucioso de la gravedad de las faltas cometidas por el abogado CARLOS ANDRÉS HERRÁN HERRERA y por el contrario se le imponga una sanción DISCIPLINARIA DURA Y EJEMPLAR acorde a la gravedad de la falta en el ejercicio como abogado del disciplinado.

4. Se impongan las sanciones administrativas y económicas (multas) que le asiste al legislador para esta clase de hechos bochornosos y que desmeritan la profesión de Abogado.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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5. Las demás que sean de competencia ordenar por parte del Señor Juez Constitucional […]”. (Mayúsculas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Las accionantes informaron que , junto con otros familiares, otorgaron poder a los profesionales del derecho Duly Yanir Londoño Avellaneda y Carlos Andrés Herrán Herrera, para que los representaran en el proceso de reparación directa promovido en contra del Hospital Occidente de

Las accionantes informaron que , junto con otros familiares, otorgaron poder a los profesionales del derecho Duly Yanir Londoño Avellaneda y Carlos Andrés Herrán Herrera, para que los representaran en el proceso de reparación directa promovido en contra del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, de la E.S.E. Hospital de Bosa II y de Caprecom E.P.S., por los daños morales y a la vida de relación causados por la falla en la prestación del servicio médico asistencial al señor José Venancio Murillo Baquero, quien falleció el 9 de febrero de 2011.

Manifestaron que, surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Treinta Tres Administrativo del Circuito de Bogotá profirió fallo de primera instancia negando las pretensiones de la demanda, por lo que el señor Herrán Herrera interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión.

Agregaron que la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver la alzada, en sentencia del 30 de mayo de 2018 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, condenó a las demandadas al pago de los perjuicios solicitados por los demandantes.

Indicaron que “ (…) el abogado HERRÁN HERRERA nos solicitó y reunió para que le firmáramos los poderes para presentar cuenta de cobro ante la FIDUCIARIA LA PREVISORA PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADA, la correspondiente SOLICITUD DE PAGO Y CUMPL IMIENTO DEL FALLO proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, aclarando que aunque

REMANENTES DE CAPRECOM EICE LIQUIDADA, la correspondiente SOLICITUD DE PAGO Y CUMPL IMIENTO DEL FALLO proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, aclarando que aunque desconocemos los trámites administrativos y judiciales todos optamos porRadicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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firmarle, como dato curioso dentro de esos poderes ya no ejercía la abogada LONDOÑO AVELLANEDA (…)”2.

Anotaron que, con el paso del tiempo y al evidenciar que el señor Herrán Herrera empezó a evadirlos y no contestar sus llamadas, radicaron ante la Fiduciaria La Previsora S.A., solicitud de información respecto al trámite relacionado con el pago de la sentencia del proceso de reparación directa.

Señalaron que la fiduciaria les dio respuesta informándoles que el pago de la sentencia se había efectuado el 21 de octubre de 2020 al profesional del derecho Carlos Andrés Herrán Herrera , a la cuenta bancaria que él había aportado, por un valor correspondiente a $480.463.830.

Relataron que, en virtud de lo anterior, se trasladaron a la oficina del señor Herrán Herrera quien, según afirmaron, “ confesó que él efectivamente había recibido y gastado los dineros de la sentencia y solicitó plazo para devolver ese dinero ”3, razón por la cual , suscribieron

señor Herrán Herrera quien, según afirmaron, “ confesó que él efectivamente había recibido y gastado los dineros de la sentencia y solicitó plazo para devolver ese dinero ”3, razón por la cual , suscribieron un acuerdo de pago por $430.000.000.

Advirtieron que el señor Herrán Herrera incumplió el precitado acuerdo pues solo realizó una consignación por un valor de $100.000.000 , por lo que decidieron presentar una queja en su contra ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Resaltaron que “(…) luego de reunidas algunas pruebas y al observar nuestro apoderado (…) algunas irregularidades elev[ó] un INCIDENTE DE NULIDAD (…) al considerar que se nos estaba vulnerando nuestro derecho al debido proceso, al no ser oídos en ampliación de la queja ba jo la gravedad de juramento como lo consagra el artículo 66 de la Ley 1134 (sic) de 2007. La respuesta del magistrado ponente fue indicar que el disciplinado se acogió a las faltas cometidas, dejando de lado la correcta revisión y valoración de las pruebas aportadas, como es el hecho de haber

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00. 3 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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reclamado la suma de $480.463.830 y a la fecha no haberla cancelado a sus clientes luego de descontar sus honorarios, por el contrario de manera abusiva y desleal hizo uso de ellos (…)”4.

Adujeron que, en sentencia proferida el 31 de agosto de 2023, la Comisión Seccional de Diciplina Judicial de Bogotá sancionó disciplinariamente al profesional del derecho Carlos Andrés Herrán Herrera con suspensión en el ejercicio de la profesional por un término de 9 meses.

Inconformes con la anterior decisión, por considerarla “ridícula y ofensiva”, interpusieron recurso de apelación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 24 de julio de 2024 la confirmó.

Aseveraron que “(…) [el recurso de apelación] no fue tenido en cuenta al momento de proferirse el fallo en segunda instancia, además de tampoco valorar las pruebas con detenimiento y de esta forma revocar o modificar la sanción irreprochable impuesta por el fallador de primera instancia, por el contrario, lo que adelantó fue confirmarla, sin siquiera imponer una sanción económica por los atropellos, abusos y falta de lealtad para con sus clientes y mucho menos hacer énfasis a la gravedad de apropiarse de los dineros de sus clientes (…)”5.

Subrayaron que “(…) teniendo en cuenta los fallos expedidos en primera y segunda instancia y al no considerarse la apelación elevada por nuestro

sus clientes y mucho menos hacer énfasis a la gravedad de apropiarse de los dineros de sus clientes (…)”5.

Subrayaron que “(…) teniendo en cuenta los fallos expedidos en primera y segunda instancia y al no considerarse la apelación elevada por nuestro abogado (…), encontrándonos dentro de términos acudimos al AMPARO CONSTITUCIONAL – ACCIÓN DE TUTELA, con el fin de que por parte del Juez Constitucional nos proteja de nuestros derechos a la igualdad, al debido proceso, a la correcta administración de justicia y los que el fallador considere como vulnerados (…)”6.

Expusieron que “(…) como accionantes dentro de la presentación de esta tutela buscando salvaguardar nuestros intereses y derechos

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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constitucionales, censuramos a los dos falladores de primera y segunda instancia, en lugar de aplicar una sanción drástica al abogado CARLOS ANDRÉS HERRÁN HERRERA, por el contrario, impusieron una mínima sanción sin siquiera aplicarle una multa por la desh onestidad, falta de lealtad y vocación profesional hacia sus clientes (…)”7.

Alegaron que sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia han sido vulnerados

lealtad y vocación profesional hacia sus clientes (…)”7.

Alegaron que sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia han sido vulnerados “(…) [por las autoridades judiciales accionadas ] al proferir fallos en primera y segunda instancia sin el requisito legal de valoración de pruebas, y el daño causado por el abogado CARLOS HERRÁN HERRERA, al haber cobrado el pago de la sentencia judicial y no haberlo cancelado a sus clientes (…)”8.

Reprocharon que “(…) no es justificable desde ningún punto de vista (…) que el abogado CARLOS ANDRÉS HERRÁN HERRERA, aprovechándose de nuestra buena fe y credibilidad, de forma abusiva , degenerada y desleal haya recibido el pago de la sentencia judicial desde el pasado veintiuno (21) de octubre de 2020 (…), luego [que] reconociera el grave error firmara un acuerdo del cual abon[ó] una mínima parte ($100.000.000) y nunca más diera la cara para cancelar el resto, interpusiéramos una queja en su contra ante la Comisión de Disciplina y en los dos fallos de primera y segunda instancia se SANCIONARA CON LA MEDIOCRE Y ABUSIVA PENA DE NUEVE MESES PARA EJERCER EL CARGO DE ABOGADO, dejando a un lado la valoración de cada una de las pruebas (…)”9.

Finalmente arguyeron que “(…) en el caso concreto se demuestra que durante el adelantamiento de la acción disciplinaria en contra del señor Herrán Herrera, se cometieron graves errores como el hecho de no haber sido oídos en ampliación de nuestra queja sino de manera parcial,

durante el adelantamiento de la acción disciplinaria en contra del señor Herrán Herrera, se cometieron graves errores como el hecho de no haber sido oídos en ampliación de nuestra queja sino de manera parcial, tampoco se valoraron las pruebas allegadas al expediente como la

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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importancia de que el disciplinado recibiera los dineros desde el 21 de octubre de 2020 y desde ese tiempo hiciera uso de ellos (…), pero si tuvo en cuenta que el señor aceptara los cargos, eso es parte de la actuación, el deber del legislador es valorar y determinar con criterio y razonabilidad todas y cada una de las pruebas para emitir su fallo, en nuestro caso se premió a un deli ncuente para que luego siga ejerciendo como si nada, tampoco se le impuso una sanción económica como lo contempla la ley para estos h echos (…). No es expresar que existen otros medios para reclamarlos, eso lo tenemos claro, lo que buscamos como ciudadanas colombianas es que a esos abogados como los que atendieron nuestro caso se le impongan sanciones drásticas y de ejemplo a los demás (…)”10.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de febrero de 202511 a través del aplicativo

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de febrero de 202511 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial , y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 11 de febrero de 202 512 la admitió y dispuso notificar 13 a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y al señor Carlos Andrés Herrán Herrera, como parte accionada, así como vincular14 a la señora Judith Osorio Peña y al señor José Venancio Murillo Osorio, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que allegaran

10 Ibidem. 11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00. 12 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00. 13 Esta orden se cumplió el 13 de febrero de 202 5. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 202 5 00566 00. 14 Esta orden se cumplió el 20 de febrero de 2025. Visto en el índice 14 de la Sede

Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 202 5 00566 00. 14 Esta orden se cumplió el 20 de febrero de 2025. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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copia digital del expediente identificado con el radicado nro. 11001 25 02 000 2022 06190 00/01, el cual fue remitido15.

3.2. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia cuestionada allegó escrito 16 en el que solicitó la desvinculación de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá del presente trámite tutelar o que, en su defecto, se niegue el amparo solicitado.

Manifestó que la causa disciplinaria fue remitida a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 7 de noviembre de 2023 para resolver el recurso de apelación, sin que a la fecha de presentación de la contestación se hubiese devuelto la actuación con la decisión referida por las accionantes.

Sostuvo que “(…) dentro de la decisión de primera instancia, este magistrado que instruyó la acción disciplinaria y fungió como ponente de la decisión de sentencia, valoró en su conjunto todos los elementos

Sostuvo que “(…) dentro de la decisión de primera instancia, este magistrado que instruyó la acción disciplinaria y fungió como ponente de la decisión de sentencia, valoró en su conjunto todos los elementos probatorios conforme a las reglas de la sana crítica, dentro de unos fundamentos claros y precisos, por ende, se considera que el despacho que regento, en ningún momento ha incurrido en actuación reprochable en materia constitucional (…)”.

Señaló que la sanción impuesta al abogado disciplinado se sustentó en los criterios dispuestos en la Ley 1123 de 2007, especialmente porque el investigado no solo confesó la falta irrogada en el pliego de cargos, sino que procuró resarcir el daño en parte del perjuicio causado a sus clientes, por lo cual, se tuvieron en cuenta los atenuantes respectivos.

Agregó que “ (…) en lo que se refiere a la pretensión de los actores, es palmario que, quien tiene injerencia directa en el descontento de los accionantes y deben entrar a dar contestación puntual a la acción de tutela (…) es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (…)”.

15 Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00. 16 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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3.3. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada rindió informe17 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo o que, de forma subsidiaria, se deniegue el amparo deprecado.

Indicó que las accionantes no acreditaron ninguno de los requisitos, generales ni especiales, de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que , bajo su consideración, la solicitud de amparo no resulta procedente.

Sin perjuicio de lo anterior, a notó que, al verificar las inconformidades planteadas en el escrito de tutela, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial realizó un examen de legalidad procesal encontrando que “ los quejosos no son intervinientes en el proceso disciplinario, en los términos del artículo 65 de la Ley 1123 de 2007 ”. Al efecto, citó dicha norma y expuso que “(…) lo natural respecto del recurso de apelación planteado por los quejosos era su rechazo de plano, pues de acuerdo con la ley no le asistía facultad procesal para proponerlo (…)”.

Agregó que, al haber sido legalmente rechazado el recurso de apelación por parte del a quo, no existía fundamento para pronunciarse respecto de los argumentos propuestos por los quejosos, por lo que aseveró que no se afectó disposición procesal alguna que se pueda entender como una trasgresión a los derechos fundamentales de las hoy accionantes.

por parte del a quo, no existía fundamento para pronunciarse respecto de los argumentos propuestos por los quejosos, por lo que aseveró que no se afectó disposición procesal alguna que se pueda entender como una trasgresión a los derechos fundamentales de las hoy accionantes.

A su turno, en cuanto a la facultad procesal de ampliar la queja otorgada a los quejosos, precisó que “(…) presentada la queja y adosadas pruebas al plenario, el disciplinado decidió confesar la incursión en los hechos denunciados, por lo que fueron formulados cargos por la probable transgresión del deber contemplado en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y con ello la incursión en la falta a la honradez prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la misma norma, cargos que fueron

17 Visto en los índices 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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aceptados igualmente por el doctor Carlos Andrés Herrán Herrera . Ante lo anterior, en estricto cumplimiento de[l] trámite procesal en los términos del parágrafo del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, se ordenó ingresar el proceso al despacho para dictar sentencia, sin que fuera necesario escuchar ampliación de queja , en tanto se probó con base en

términos del parágrafo del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, se ordenó ingresar el proceso al despacho para dictar sentencia, sin que fuera necesario escuchar ampliación de queja , en tanto se probó con base en las documentales allegadas al proceso, la confesión y aceptación de cargos, la incursión en la falta disciplinaria, que es el objeto del proceso disciplinario (…)”.

Adujo que, verificado el trámite procesal, no se encontró ninguna causal para decretar una nulidad de oficio, por lo que se procedió a resolver el recurso de apelación puesto a su consideración, únicamente frente a los argumentos expuestos por el apelante, comoquiera que “ por expreso acatamiento del principio de limitación, la órbita de competencia del operador de segunda instancia se circunscribe a tales aspectos”.

Posteriormente, frente a la sanción impuesta y su dosificación, explicó que “(…) en el mismo momento en que se realizó el estudio de legalidad del proceso, encontró esta Colegiatura que el ejercicio de dosificación adelantando por la primera instancia fue adecuado, teniendo en cuenta los criterios generales para determinarla, esto es la incursión en falta disciplinaria a título de dolor, el perjuicio causado y un criterio de agravación por utilización en provecho propio de los dineros, además los criterios de atenuación por la confesión y el haber procurado resarcir los daños, determinaron la imposición de una sanción de nueve (9) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, la cual fue el producto de la aplicación normativa en el caso concreto, por lo que no puede revisarse bajo la lupa de otros fallos en tanto la situación fáctica es diferente (…)”.

suspensión en el ejercicio de la profesión, la cual fue el producto de la aplicación normativa en el caso concreto, por lo que no puede revisarse bajo la lupa de otros fallos en tanto la situación fáctica es diferente (…)”.

Finalmente, arguyó que “(…) en este amparo constitucional se pretende que el juez constitucional actúe como una tercera instancia, de modo que determine que la sanción impuesta no corresponde con los intereses de los quejosos y ordene rehacer el proceso y el análisis probatorio agotado en la causa disciplinaria, situación que no es procedente, en tanto el juezRadicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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natural del asunto se pronunció en primera y segunda instancia cumpliendo los postulados normativos fijados para el efecto (…)”.

3.4. La señora Judith Osorio Peña y el señor José Venancio Murillo Osorio, guardaron silencio.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 28 de febrero de 202518.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199119 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199119 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 20 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202121, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201922, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente23:

18 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00. 19 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 20 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 21 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 22 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,

1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 22 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 23 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso disciplinario identificado con el radicado nro. 11001 25 02 000 2022 06190 00/01. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00566 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00566 00

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4.2.1. Las señoras Nubia Esperanza y Noralba Murillo Osorio, junto con otros familiares, actuando por conducto de apoderado, presentaron queja disciplinaria con el fin de que se investigara “ (…) el comportamiento intencional, de mala fe, falta de lealtad, honradez y profesionalismo del Abogado CARLOS ANDRÉS HERRÁN HERRERA de acuerdo a los hechos que doy a conocer, pues se colige que cometió una falta de lealtad con el cliente de acuerdo a los preceptos arriba señalados de la ley 1123 de 2007, conductas que se constituyen en el derrotero para una acción penal (…)”.

que doy a conocer, pues se colige que cometió una falta de lealtad con el cliente de acuerdo a los preceptos arriba señalados de la ley 1123 de 2007, conductas que se constituyen en el derrotero para una acción penal (…)”.

4.2.2. La queja correspondió por reparto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá que, por auto del 12 de diciembre de 2022 dispuso “(…) DECRETAR APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO en contra del ABOGADO CARLOS ANDRES HERRAN HERRERA en atención a la queja presentada (…)”.

4.2.3. El 30 de mayo de 2023, se llevó a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional en la que asistieron el disciplinable, el Ministerio Público, el apoderado de los quejosos y la hoy accionante Nubia Esperanza Murillo Osorio, en calidad de quejosa.

En dicha diligencia se dispuso lo siguiente:

“[…] IMPUTACIÓN JURÍDICA: El abogado CARLOS ANDRES HERRAN HERRERA, es llamado a responder disciplinariamente por la presunta infracción del deber profesional contenido en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, dando lugar a la realización de la falta tipificada en el artículo 35 numeral 4, comportamiento realizado en la modalidad de omisión según el artículo 20 del código disciplinario y que se le imputa de manera provisional a título de dolo conforme a lo señalado en el artículo 21 del estatuto disciplinario.

Imputación que se formula con criterio de agravación, teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 45, literal C, numera

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