CE - Sentencia 11001031500020250057001

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250057001
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

Accionantes: Nuviris Matute Quintero y Daniel Lozano Chona

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

Accionantes: NUVIRIS MATUTE QUINTERO Y DANIEL LOZANO CHONA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 27 de febrero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Nuviris Matute Quintero y el señor Daniel Lozano Chona , actuando en nombre propio, promovieron acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo

La señora Nuviris Matute Quintero y el señor Daniel Lozano Chona , actuando en nombre propio, promovieron acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Casanare , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derechoRadicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

Accionantes: Nuviris Matute Quintero y Daniel Lozano Chona

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identificado con el radicado nro. 85000 33 33 002 2017 00155 00/01 , y para ello, formularon las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Concédasenos el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo del Casanare dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 85000333300220170015501.

2. Déjese sin efectos la sentencia del 25/07/24 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, en dicho proceso, en cuanto confirmó la sentencia del Juzgado 2 Administrativo de Yopal, que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente al fallecimiento del auxiliar de policía Alex Samir.

3. En su lugar, ordénese al Tribunal Administrativo del Casanare que, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela, revoque íntegramente la sentencia del 01/04/24

3. En su lugar, ordénese al Tribunal Administrativo del Casanare que, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela, revoque íntegramente la sentencia del 01/04/24 proferida por el Juzgado 2 Administrativo de Yopal en dicho proceso ordinario y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda, esto es, al reconocimiento pensional a partir del día siguiente a la muerte del auxiliar Alex Samir teniendo en cuenta el ascenso póstumo […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes informaron que promovieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo por el cual se les negó la solicitud de ascenso póstumo del conscripto Alex Samir Lozano Matute , así como la nulidad parcial del acto administrativo que les reconoció la pensión de sobrevivientes en cuantía equivalente a un salario y medio mínimo mensual legal vigente, a partir del 17 de abril de 2021 a favor de la señora Matute Quintero, y a partir del del 10 de abril de 2022 a favor del señor Lozano Chona, fecha en las que cumplen la edad de cincuenta años, respectivamente.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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Manifestaron que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal que, en sentencia del 1 de abril de 2024 negó las pretensiones.

Inconformes con la anterior decisión, interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia proferida el 25 de julio de 2024 la confirmó al considerar que “(…) no existió un trato discriminatorio hacia los beneficiarios de la pensión generada como consecuencia del deceso del conscripto, por cuanto, en materia prestacional, no puede desconocerse el trato diferenciado existente entre el cuerpo de oficiales y suboficiales, soldad os voluntarios y quienes prestan el servicio militar en forma obligatoria, en razón de su forma de vinculación y de acuerdo con la normatividad vigente para cada una de estas clasificaciones (…)”2.

Frente a las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, los accionantes señalaron que su solicitud de amparo “(…) e s relevante constitucionalmente, porque con ésta se garantizaría la igualdad en el trato jurídico de los beneficiarios de los conscriptos muertos en servicio, el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima de los usuarios de la administración de justicia (…)”3.

En cuanto a la inmediatez y la subsidiariedad, indicaron, respectivamente, que entre la ejecutoria de la sentencia acusada y la radicación de la

confianza legítima de los usuarios de la administración de justicia (…)”3.

En cuanto a la inmediatez y la subsidiariedad, indicaron, respectivamente, que entre la ejecutoria de la sentencia acusada y la radicación de la solicitud de amparo no han transcurrido 6 meses, y que ya agotaron todos los medios de defensa judicial que tenían a su alcance.

Sobre las causales específicas de procedibilidad, alegaron que la autoridad judicial accionada incurrió en “(…) (i) desconocimiento del precedente, por no aplicar precedentes del Consejo de Estado que son opuestos a las decisiones adoptadas por los despachos accionados, y (ii) el tribunal violó directamente la Constitución al desconocer los derechos fundamentales a

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00. 3 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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la igualdad y a la seguridad social, y el principio de favorabilidad en materia pensional (…)”4.

En el acápite del escrito de tutela denominado “ Violación directa de la Constitución”, aseveraron que el tribunal accionado “(…) vulneró los derechos fundamentales de los accionantes al no hacer una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico al amparo de la Constitución (…)”5.

Constitución”, aseveraron que el tribunal accionado “(…) vulneró los derechos fundamentales de los accionantes al no hacer una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico al amparo de la Constitución (…)”5.

Al respecto, hicieron una breve explicación del derecho a la igualdad y del servicio militar obligatorio y argumentaron que “(…) tanto los soldados profesionales, patrulleros, suboficiales y oficiales (personal voluntario), como los militares y policías conscriptos (personal conscripto) hacen parte de la Fuerza Pública, y ambos grupos cumplen la misma misión constitucional y leg al, esta es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (…)”6.

Posteriormente, citaron apartes de los Decretos 2728 de 1968 y 4433 de 2004 y aseguraron que “(…) resulta violatorio del derecho fundamental a la igualdad (art. 13 CP) el trato diferencial entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y por acción del enemigo, y las previstas por el Decreto 4433, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias. Pues, como se explicó, ambos grupos (personal voluntario y personal conscripto) cumplen exactamente el mismo fin constitucional y legal, y, además, sus muertes se califican con los mismos raseros (por acción directa del enemigo, en servicio y en simple actividad), por tanto, no existe razón alguna que justifique el trato discriminatorio en materia de pensión de sobrevivientes (…)”7.

4 Ibidem.

acción directa del enemigo, en servicio y en simple actividad), por tanto, no existe razón alguna que justifique el trato discriminatorio en materia de pensión de sobrevivientes (…)”7.

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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Reprocharon que “(…) si a la muerte, por acción directa del enemigo, del uniformado voluntario, sus beneficiarios tienen derecho a una pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente de su muerte, por qué los beneficiarios del conscripto que muere en las mismas circun stancias fácticas (acción directa del enemigo) y cumpliendo el mismo fin (arts. 217 y 218 CP) no tienen derecho a la prestación a partir del día siguiente de su muerte, más aún cuando el tiempo del servicio militar debe ser tenido en cuenta para la liquidación de la pensión de sobrevivientes (…)”8.

Agregaron que “(…) no hay razón justa para que el legislador le conceda la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del patrullero (asesinado por la guerrilla) a partir del día siguiente de su muerte y a los beneficiarios del auxiliar de policía (asesinado por la guerrilla) a partir de que estos cumplan 50 años . Adicionalmente, todos los regímenes pensionales especiales reconocen la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente de la muerte del titular (…)”9.

cumplan 50 años . Adicionalmente, todos los regímenes pensionales especiales reconocen la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente de la muerte del titular (…)”9.

Adujeron que “(…) así las cosas, en aplicación del derecho a la igualdad y del principio de favorabilidad, como criterio interpretativo de la norma y como escogencia de la norma más favorable, le correspondía al tribunal reconocer la pensión de sobrevivientes, como derecho irrenunciable, a los beneficiarios de los conscriptos, aplica ndo la regla más favorable en materia de condición temporal, al caso concreto, esta es, las del personal voluntario que reconoce la pensión de sobrevivientes a partir del momento de la muerte del militar o policía. Por lo anterior, le corresponde al juez, de conformidad con el art. 4 CP, inaplicar el parágrafo 1 del art. 5 de la Ley 447 de 1998, en cuanto condiciona el pago de la pensión de los beneficiarios del conscripto que fallece por acción directa del enemigo hasta tanto éstos cumplan 50 años de edad y, en su lugar, aplique, en virtud del principio constitucional de igualdad material, los arts. 27, 28 y 29 del Decreto 4433, que si reconocen la citada prestación pensional a

8 Ibidem. 9 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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favor de los beneficiarios de los oficiales, suboficiales y demás personal

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favor de los beneficiarios de los oficiales, suboficiales y demás personal de la Fuerza Pública, a partir del día siguiente de su muerte (…)”10.

A su turno, en el acápite del escrito de tutela denominado “Desconocimiento del precedente ”, anotaron que “(…) la autonomía e independencia de los jueces (arts. 228 y 230 CP) se limita por la Constitución y las leyes. Esto quiere decir que, bajo el pretexto de amparar la independencia judicial, no se puede avalar que el Tribunal Administrativo del Casanare cree6 una regla regresiva contraria a 3 fuentes principales del derecho aplicables al caso concreto: la Constitución, la ley (art. 42 CGP) y el precedente judicial establecido por superior jerárquico y por la Corte Constitucional (…)”11.

Finalmente, arguyeron que “(…) se debe reconocernos la pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente de la muerte de nuestro hijo Alex Samir, conforme con la regla que condiciona en tiempo fiscal que rige la misma prestación para el personal voluntario que fallece con ocasión directa del servicio (en misión del servicio, o por acción directa del enemigo), aplicándose la más favorable (…)”12.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de febrero de 202513 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de febrero de 202513 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado que por auto del 6 de febrero de 202514 la admitió y dispuso notificar15 al

10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00. 14 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00. 15 Esta orden se cumplió el 6 de febrero de 202 5. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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Tribunal Administrativo de Casanare, como parte accionada ; así como vincular16 al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito

vincular16 al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare para que allegara n copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 85001 33 33 002 2017 00155 00/01, el cual fue remitido17.

3.2. El magistrado ponente de la providencia acusada rindió informe18 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de los accionantes.

Manifestó que, la parte actora omitió exponer adecuadamente las razones de índole enteramente constitucional que le llevan a cuestionar una decisión judicial en la que tuvo oportunidad de exponer sus argumentos y probarlos, afectando así la independencia judicial y la seguridad jurídica, por lo que sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

Agregó que, “ (…) la sola mención de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados no resulta suficiente para dotar de relevancia la solicitud de tutela, por lo que no se adviertes (sic) motivos fundados o un yerro contundente que desplace al juez ordinario y amerite la intervención del constitucional (…)”.

Posteriormente, frente al presunto desconocimiento del precedente, señaló que los accionantes no indicaron, de manera concreta, cuáles son las decisiones que, supuestamente, habían sido desacatadas por el tribunal.

16 Ibidem.

señaló que los accionantes no indicaron, de manera concreta, cuáles son las decisiones que, supuestamente, habían sido desacatadas por el tribunal.

16 Ibidem. 17 Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00. 18 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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Sin perjuicio de lo anterior, explicó que “(…) en el presente asunto no existió un trato discriminatorio hacia los beneficiarios de la pensión generada como consecuencia del deceso del conscripto, por cuanto, en materia prestacional, no puede desconocerse el trato diferenciado existente entre el cuerpo de oficiales y suboficiales, soldados voluntarios y quienes prestan el servicio militar en forma obligatoria, en razón de su forma de vinculación y de acuerdo con la normatividad vigente para cada una de estas clasificaciones. Mientras que los primeros tienen una situación legal y reglamentaria, los segundos obedecen a un mandato constitucional que determina que la permanencia del conscripto en la fuerza es estrictamente temporal, o carece de vocación de permanencia, criterio disímil con la carrera castrense . De manera que un oficial y

constitucional que determina que la permanencia del conscripto en la fuerza es estrictamente temporal, o carece de vocación de permanencia, criterio disímil con la carrera castrense . De manera que un oficial y suboficial al ingresar a las fuerzas militares o de policía, de manera voluntaria con ocasión de un proyecto de vida y carrera profesional, recibe un tratamiento prestacional y pensional justificado por la modalidad de la vinculación; sin que pueda aplicarse al cons cripto el mismo régimen normativo (…)”.

3.3. La asesora del área jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional allegó escrito19 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de los accionantes.

Advirtió que, la parte actora no aportó material probatorio que permitiera acreditar que la decisi ón judicial atacada vulnere los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo . Al efecto, aseveró que “ (…) en el caso sub examine las garantías fundamentales vienen siendo aplicadas en su conjunto y no existen elementos de juicio que acrediten vulneraciones a las reglas procedimentales y sustanciales definidas por la ley (…)”.

No obstante , resaltó que “(…) ante el lamentable suceso , [la Policía Nacional] reconoció oportunamente la pensión vitalicia, equivalente a un

19 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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salario y medio mensual legal vigente a la señora NAUVIRIS MATUTE QUINTERO y el señor DANIEL LOZANO, como beneficiarios del auxiliar de policía (F) Alex Samir Lozano Matute, a través de la Resolución No. 00910 de 22 de julio de 2016, según los parámetros establecidos en el artículo 1º de la Ley 447 de 1998. Reconocimiento que se ordenó pagar a la señora NUVIRIS MATUTE a partir del 14 de abril de 2021 y al señor DANIEL LOZANO a partir del 10 de abril de 2021, conforme lo establece el artículo 5 parágrafo 1° ibidem (…)”.

Finalmente, arguyó que “(…) la Policía Nacional actuó con diligencia y soportado en el marco legal fijado para el caso en concreto, por lo que las pretensiones deprecadas por la parte actora adolecen de sustento jurídico y desconocimiento del principio de inescindibilidad, como t ambién la forma de vinculación a la institución del auxiliar de policía (F) Lozano Matute, aspecto que enmarca un aspecto diferenciador al momento del reconocimiento de la pensión de sobreviviente (…)”.

3.4. El titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal

Matute, aspecto que enmarca un aspecto diferenciador al momento del reconocimiento de la pensión de sobreviviente (…)”.

3.4. El titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal rindió informe20 en el que hizo un breve recuento del trámite impartido en primera instancia al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate y adujo que dicho trámite “(…) se ajustó a los procedimientos legales establecidos para ello, es decir, conforme al debido proceso y en cumplimiento a la normatividad reguladora de cada aspecto (…)”.

Expuso que “(…) los argumentos que hoy exponen los tutelantes, no comportan aspectos que deban debatirse en escenario constitucional, pues hacen parte y son del resorte exclusivo del proceso ordinario tramitado que les fue contrario a sus aspiraciones en las dos (2) instancias legales, tampoco se avizora irregularidad procesal alguna que tenga incidencia directa en la decisión adoptada (…)”.

20 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 27 de febrero de 202521, declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el

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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 27 de febrero de 202521, declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito general de relevancia constitucional, al considerar que “(…) las inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede (…)”.

Explicó que “(…) si bien se planteó la configuración de los defectos de desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unific ación SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como objeto refutar las consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo se materializó la presunta trasgresión de sus garantías fundamentales. Sumado a que estos yerros no cumplen con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para su estudio, comoquiera que la parte tutelante no indicó las providencias supuestamente desconocidas por el tribunal accionado ni cómo se conculcó la carta superior (…)”.

Subrayó que la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho

constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Lo anterior , comoquiera que la competencia del juez de tutela se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

21 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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Sostuvo que “(…) la parte accionante busca en este escenario judicial que el juez constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y aplicación de las normas y principios, en la forma que a ella le parece «correcta». Es decir, en otros tér minos, pretende a través del mecanismo constitucional crear una instancia adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron zanjados por los operadores judiciales ordinarios y, además obtener una decisión favorable (…)”.

Resaltó que la inconformidad de la actora relacionada con el régimen pensional aplicable para los conscriptos y la jurisprudencia sobre el tema, así como de la aplicación del principio de favorabilidad e igualdad,

Resaltó que la inconformidad de la actora relacionada con el régimen pensional aplicable para los conscriptos y la jurisprudencia sobre el tema, así como de la aplicación del principio de favorabilidad e igualdad, analizados por parte del Tribunal Administrativo de Casanare, esto es, la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004, corresponde a una discusión netamente legal que ya fue objeto de debate , lo que, bajo su consideración, ratifica la improcedencia de la solicitud de amparo.

Adicionalmente, citó un aparte de la providencia acusada y anotó que el tribunal accionado “(…) señaló que de conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, le correspondía al Congreso de la República establecer el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, sin que con ello conlleve a la vulneración del princi pio de la igualdad, siempre que el trato diferenciado que señale este justificado, como sucedía en el caso en estudio. De igual forma, advirtió que en atención al principio de inescindibilidad de la norma, no se podía, como lo pretendían los demandantes, dividir la regulación legal, para tomar de cada una lo que le resultaba favorable, pues, iteró que, la legislación que regulaba la materia debía aplicarse en su integridad (…)”.

Conforme lo anterior, adujo que “(…) los argumentos y reparos expuestos en esta sede son los mismos que presentó en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto en la demanda como en el recurso de apelación contra la decisión de primer grado que le había negado las pretensiones de la demanda, luego, lo pretendido es que este

nulidad y restablecimiento del derecho, tanto en la demanda como en el recurso de apelación contra la decisión de primer grado que le había negado las pretensiones de la demanda, luego, lo pretendido es que este operador judicial haga un nuevo análisis sobre dichos tópicos (…)”.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

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Indicó que “(…) en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigam bre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo procesal frente a la interpretación o aplicación de las normas, sin el adecuado contraste de un i ndebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia (…)”.

Finalmente arguyó que lo que se vislumbra es una inconformidad o discrepancia de los accionantes con la decisión adoptada en el proceso ordinario, por lo que busca, a través de esta solicitud de amparo, que la controversia sea nuevamente estudiada, sin realizar además el respectivo ejercicio hermenéutico de carácter constitucional y la demostración,

ordinario, por lo que busca, a través de esta solicitud de amparo, que la controversia sea nuevamente estudiada, sin realizar además el respectivo ejercicio hermenéutico de carácter constitucional y la demostración, prima facie, de una actuación injusta o caprichosa de la autoridad judicial accionada.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconformes con el fallo de primera instancia, los accionantes lo impugnaron22 manifestando lo siguiente:

“[…] 1. La Sala negó el amparo al considerar que la solicitud de tutela no tiene relevancia constitucional, porque (i) se cuestiona asuntos de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucra derechos fundamentales, y (ii) de contenido estrictamente económico con connotaciones privadas.

2. Agregó el A quo que los accionantes pretendían que se solucionara su caso con base en una determinada interpretación normativa y jurisprudencial.

3. Lo anterior no resulta cierto, porque no se cuestiona una interpretación de mera legalidad, sino de derechos fundamentales, así como la violación de estos.

22 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 00570 01

Accionantes: Nuviris Matute Quintero y Daniel Lozano Chona

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. En efecto, el cuestionamiento radica

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