CE - Sentencia 11001031500020250057301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250057301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-00573-01
Accionante: Rodolfo Mondragón Mondragón y otros Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Tema: Acción de tutela contra providencias. Reparación directa. Privación injusta de la
libertad. MODIFICA Y NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 7 de marzo de 202 5 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
Los señores Rodolfo Mondragón Mondragón , Celia Emilsen, Garcés Congo, Karol Natalia Mondragón Garcés, Jhoana Paola Mondragón Garcés, Josefa Mondragón Mondragón y Rubiela Mondragón Mondragón pretenden que se proteja n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, los cuales consideró vulnerado s por el Juzgado Segundo
Mondragón y Rubiela Mondragón Mondragón pretenden que se proteja n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, los cuales consideró vulnerado s por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de las sentencias del 28 de septiembre de 2022 y del 8 de agosto de 2024 proferidas en el medio de control de reparación directa con radicado 76109-33-33-002-2019-00141-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 27 de abril de 2013 hacia las 3:30 a.m., cuando el señor Rodolfo Mondragón Mondragón estaba laborando como guarda de seguridad en las bodegas conocidas como Patios Colombia en la avenida portuaria de Buenaventura fue capturado por agentes de la Policía Nacional.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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Que el 28 de abril de 2013 el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantía de Buenaventura le imputó cargos a aquel por la presunta comisión del delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
Que el 17 de octubre de esa anualidad el Juzgado Primero Penal del Circuito de
comisión del delito de hurto calificado y agravado en grado de tentativa y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
Que el 17 de octubre de esa anualidad el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura revocó la decisión de medida de aseguramiento de detención preventiva y otorgó la libertad inmediata.
Que el 10 de diciembre de 2014 el fiscal 23 local de Buenaventura solicitó la preclusión de la investigación en su contra, con fundamento en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, la imposibilidad de desvirtuar su inocencia , la cual fue ordenada el mismo día por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esa ciudad.
Que instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la Nación-Fiscalía General de la Nación y la NaciónRama Judicial, por los daños causados con la privación injusta de la libertad del señor Rodolfo Mondragón Mondragón.
Que el 28 de septiembre de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura negó las pretensiones porque no se probó el daño antijurídico alegado, en tanto no se allegaron los audios de la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, por lo cual interpusieron recurso de apelación en contra de esa decisión.
Que el 8 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia recurrida con fundamento en similares argumentos a los allí expuestos.
Que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto fáctico porque se limitaron
Que el 8 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia recurrida con fundamento en similares argumentos a los allí expuestos.
Que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto fáctico porque se limitaron a indicar que no probaron el daño antijurídico por el solo hecho de que no aportaron los audios de la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, y no efectuaron una valoración en conjunto de las pruebas, puntualmente de la solicitud de preclusión de la investigación del 10 de diciembre de 2014 , de la que se desprende que el investigado no cometió el delito imputado, con lo cual desconocieron el régimen de libertad probatoria.
Que el juez de primera instancia debió analizar el asunto bajo el régimen de responsabilidad objetiva, de conformidad con la jurisprudencia reiterada y unificada del Consejo de Estado, dentro de la cual aludió a las sentencias del 17 de octubre de 2013, exp. 23.354, y del 6 de abril de 2011, exp. 21.653.
PRETENSIONES
Que se dejen sin efectos las sentencias del 28 de septiembre de 2022 y del 8 de agosto de 2024 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito deRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y se ordene dictar una decisión de reemplazo, conforme a derecho.
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Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y se ordene dictar una decisión de reemplazo, conforme a derecho.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 7 de febrero de 2025 el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción y vinculó a la Nación – Rama Judicial, a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como terceros con interés.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho 011, por conducto de su magistrado titular, manifestó que la sentencia que profirió y que ahora es controvertida tuvo en cuenta la Ley 906 de 2004, lo que le permitió concluir que no existían elementos suficientes para inferir que la medida fuera irrazonable, desproporcionada o innecesaria.
Que la tutela instaurada es improcedente porque lo pretendido es crear una tercera instancia del proceso ordinario, con el fin de seguir discutiendo aspectos probatorios que ya fueron debatidos y que no se ajustan al defecto fáctico alegado , pues la valoración que efectuó no fue caprichosa ni arbitraria, sino que se fundamentó en la Sentencia SU-072 de 2018.
Que la ausencia de las grabaciones de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento no le permitió conocer las razones de la decisión adoptada y, por ende, la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, pese a que era una
formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento no le permitió conocer las razones de la decisión adoptada y, por ende, la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, pese a que era una carga probatoria que le correspondía a la parte demandante.
Que en todo caso analizó dichos requisitos con base en otros elementos probatorios y los encontró reunidos, lo que lo llevó a concluir que la restricción de la libertad se ajustó a derecho.
Solicitó consecuencialmente negar las pretensiones.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, a través de su titular, indicó que no puede aceptarse que la tutela sea utilizada como una tercera instancia que inobserve sin justificación alguna el trámite establecido por el legislador y el requisito de subsidiariedad.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Policía Nacional afirmó que , con fundamento en el material probatorio, la autoridad judicial, quien no estaba condicionado a lo decidido en el proceso penal,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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logró evidenciar la inexistencia de una responsabilidad frente a la imposición de la medida de aseguramiento.
Que la tutela es plenamente improcedente, ya que no se presenta un perjuicio irremediable con ocasión de alguna determinación adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ya se hizo uso de los mecanismos
medida de aseguramiento.
Que la tutela es plenamente improcedente, ya que no se presenta un perjuicio irremediable con ocasión de alguna determinación adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ya se hizo uso de los mecanismos jurisdiccionales con los que se pretendía un resarcimiento pecuniario por los perjuicios derivados de la privación de la libertad , por lo cual solicitó denegar las súplicas.
La Fiscalía General de la Nación , mediante la profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no profirió la decisión judicial cuestionada, por lo cual no puede pronunciarse sobre las pretensiones de la parte accionante.
Que la acción no cumple con el requisito de relevancia constitucional; los solicitantes del amparo no sustentaron adecuadamente las causales específicas de procedibilidad, en los términos definidos jurisprudencialmente ; y no se vulneraron los derechos fundamentales de los solicitantes del amparo.
Solicitó declarar la improcedencia de la acción y tener en cuenta su falta de legitimación en la causa por pasiva.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 7 de marzo de 2025 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción porque consideró que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional y q ue la discusión planteada fue definida en las dos instancias del proceso de reparación directa ; tanto así que en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado la parte demandante esgrimió los mismos argumentos que ahora expone en la tutela.
IMPUGNACIÓN
instancias del proceso de reparación directa ; tanto así que en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado la parte demandante esgrimió los mismos argumentos que ahora expone en la tutela.
IMPUGNACIÓN
Los accionantes impugnaron la sentencia, sin exponer argumento alguno para sustentar el recurso.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde , en primer lugar, verificar el cumplimiento del
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde , en primer lugar, verificar el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional que no se encontró cumplido en la sentencia recurrida , pues solo de hallarse satisfecho, junto con las demás exigencias generales de procedencia, habría lugar al estudio de los reparos expuestos.
Contrario a lo definido en primera instancia, el asunto sí satisface el requisito mencionado, pues lo pretendido por la parte accionante es lograr el amparo de sus derechos fundamentales porque considera que en las sentencias del 28 de septiembre de 2022 y 8 de agosto de 2024 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrieron en un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria, sin que se observe que lo pretendido sea convertir esta acción en una instancia adicional, desconocer la autonomía e independencia judicial o discutir aspectos meramente legales.
También se encuentran superados los demás requisitos generales, pues i) la acción se presentó con inmediatez; ii) se agotaron todos los mecanismos judiciales; iii) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y iv) no se trata de una sentencia de tutela. Además, no se alegó una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de la exigencia relacionada con esta.
Se procederá, entonces, al examen de dicha cau sal específica de procedibilidad únicamente respecto a la decisión de segunda instancia por ser la que puso fin al
irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de la exigencia relacionada con esta.
Se procederá, entonces, al examen de dicha cau sal específica de procedibilidad únicamente respecto a la decisión de segunda instancia por ser la que puso fin al litigio. En esa medida, se precisa que no se efectuará ningún pronunciamiento sobre el reparo de los accionantes relativo al régimen de responsabilidad aplicable, pues este se planteó respecto a la decisión de primera instancia del proceso de reparación directa.
Aclarado ello, se tiene que en la sentencia del 8 de agosto de 2024 el Tribunal aquí accionado determinó que la restricción de la libertad del señor Rodolfo Mondragón Mondragón estuvo ajustada a derecho, pues la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos de i) razonabilidad, por cuanto fue capturado en flagrancia y existían medios cognoscitivos que reforzaban el informe de captura, lo que permitía
6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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inferir razonablemente que estaba inmerso en la comisión del delito investigado, y ii) de proporcionalidad, ya que el tiempo durante el cual estuvo privado de la libertad no podía entenderse como una sanción equivalente a la pena de prisión prevista para esa conducta punible.
En relación con el requisito de necesidad de la medida , se abstuvo de examinarlo porque desconocía completamente la argumentación realizada por el Juzgado
no podía entenderse como una sanción equivalente a la pena de prisión prevista para esa conducta punible.
En relación con el requisito de necesidad de la medida , se abstuvo de examinarlo porque desconocía completamente la argumentación realizada por el Juzgado sobre ese aspecto, debido a que no se aportaron las grabaciones de audio y video de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento celebrada el 28 de abril de 2013 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buenaventura.
En ese orden de ideas, s e resalta que la autoridad judicial , pese a la omisión probatoria de la parte demandante en relación con la audiencia mencionada, realizó el análisis del cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la medida de aseguramiento, con base en las pruebas recaudadas, las cuales lo llevaron a concluir que la imposición de esta fue razonable y proporcional.
No se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca haya dejado de valorar la solicitud de preclusión de la investigación presentada por la Fiscalía General de la Nación o la analizara indebidamente. Por el contrario, se advierte que analizó dicha petición y las razones que la sustentaron , de conformidad con las reglas de la sana crítica; sin embargo, esta por sí sola no demostraba que la medida de aseguramiento hubiera sido irrazonable, desproporciona da o innecesaria , exigencias necesarias para que procediera la declaratoria de responsabilidad estatal pretendida.
Ahora bien, el hecho de que aquel hubiere enfatizado en la inexistencia de las grabaciones de la audiencia del 28 de abril de 2013 no implicó una suerte de tarifa
exigencias necesarias para que procediera la declaratoria de responsabilidad estatal pretendida.
Ahora bien, el hecho de que aquel hubiere enfatizado en la inexistencia de las grabaciones de la audiencia del 28 de abril de 2013 no implicó una suerte de tarifa probatoria, como lo pretende hacer ver la parte actora , sino que atendió a la necesidad de conocer l os motivos que llevaron tanto a la solicitud como a la imposición de la medida de aseguramiento , pues precisamente el daño, cuya reparación se reclamaba, consistió en la privación de la libertad, la cual tuvo origen en aquella.
Lo expuesto conlleva concluir que no se configuró el defecto fáctico invocado por la parte accionante, por lo cual, y dado que se superó el requisito de relevancia constitucional, se revocará la sentencia del 7 de marzo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se declaró improcedente la acción y, en su lugar, se negará el amparo pedido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00573 -01
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FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 7 de marzo de 2025 proferida por la
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FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 7 de marzo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se declaró improcedente la acción y, en su lugar,
Segundo. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente