CE - Sentencia 11001031500020250059901

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250059901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

Demandante: German Vargas Lleras

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00599-01

Demandante: GERMAN VARGAS LLERAS

Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Libertad de expresión de altos dignatarios del Estado en el contexto de las redes sociales. Tensión con los derechos fundamentales a l buen nombre y a la honra por la publicación efectuada en la red social X

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , quien actúa por intermedio de apoderado judicial , contra la sentencia de 27 de febrero de 2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que resolvió negar las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de febrero de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de febrero de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, supuestamente vulnerados por la publicación efectuada a través de la red social X el 25 de noviembre de 2024 a las 11:45 a.m.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“4.1. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN NOMBRE DE GERMAN VARGAS LLERAS, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, conforme a los argumentos expuestos en el cuerpo de este documento.

4.2. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO A LA HONRA DE GERMÁN VARGAS LLERAS, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política, conforme los argumentos esgrimidos en el presente documento.

4.3. Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de las anteriores pretensiones, solicito se ORDENE al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, retractarse de las afirmaciones efectuadas en contra del suscrito, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó”.

2. Hechos

La parte demandante mencionó que el 25 de noviembre de 202 4, el presidente de la República, a través de la red social X afirmó que “Tendrá que decir Mauricio que esRadicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

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2 la pérdida en los términos de intercambio comercial del petróleo y el carbón frente al café, tal como dijimos en la campaña, y de lo que él mismo se burló, que hace de la agricultura y el café, el motor de la economía, tal como propusimos. Falta que ofrezca una disculpa a la sociedad colombiana por haber privatizado, junto con Vargas Lleras, a Isagen . La privatización de Isagen disparó la especulación de los generadores de energía hídrica en la bolsa y golpeó el ingreso familiar y la economía colombiana”.

Señaló que el 27 de noviembre de 2024, mediante oficio n.° EXT24-00189487 le solicitó al presidente de la República retractarse de sus afirmaciones por vulnerar sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

Indicó que el 28 de noviembre de 2024 elevó derecho de petición ante Isagen con el fin de que le dieran información sobre su participación en la venta de la empresa y si había tenido alguna relación contractual o intervención en esa decisión directiva.

Sostuvo que el 5 de diciembre de 2024, por medio de oficio n.° OFI2400237611/GFPU13150000, la coordinadora del grupo de atención a la ciudadanía de la Presidencia de la República negó la solicitud de retractación con fundamento en que la publicación controvirtió la manifestación realizada por otro usuario como contraste de una visión política del presidente.

de la Presidencia de la República negó la solicitud de retractación con fundamento en que la publicación controvirtió la manifestación realizada por otro usuario como contraste de una visión política del presidente.

Manifestó que el 6 de diciembre de 2024, mediante oficio n.° 074-R2024-025-143 la empresa Isagen le otorgó respuesta a la solicitud presentada el 28 de noviembre del mismo año, en la que le informó que “(…) ISAGEN no tuvo relación directa con usted en el proceso de venta de la participación accionaria de la Nación, ni ha tenido en virtud de relación contractual alguna, por lo que tampoco usted ha intervenido directamente en decisiones que deba tomar ISAGEN…”.

Por último, aludió que la afirmación realizada en la red social X falta a la verdad y vulnera los derechos fundamentales, ya que adolece de verificación razonable debido a que cuenta con los medios para constatar la veracidad de la información declarada.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora expresó que según se encontró demostrado con la respuesta brindada por Isagen con data de 6 de diciembre de 2024, en la que sostuvo que no existió relación directa con el proceso de venta de la participación accionaria de la Nación, es claro que las afirmaciones realizadas de manera pública tienen tal grado de calumnia que lesiona los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

Relató que en el asunto se superan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, en tanto de manera previa a la interposición del mecanismo constitucional presentó una solicitud de rectificación de la información, tiene legitimación en la causa por activa y la demanda tiene como fin que se protejan los derechos fundamentales vulnerados con oca sión al mensaje que fue difundido en que se

presentó una solicitud de rectificación de la información, tiene legitimación en la causa por activa y la demanda tiene como fin que se protejan los derechos fundamentales vulnerados con oca sión al mensaje que fue difundido en que se señaló que debe ofrecer una disculpa por la privatización de Isagen.

Hizo mención del artículo 86 de la Constitución Política y señaló que la acción de tutela es procedente para decidir controversias entre personas naturales relacionadas con los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, presuntamente afectados por publicaciones e n las redes sociales, siempre que seRadicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

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3 haya pedido la retractación de la publicación, se hubiese reclamado la eliminación del mensaje de la plataforma y cuente con relevancia constitucional.

Citó un aparte de la sentencia de 23 de enero de 2025, proferida por el Consejo de Estado relacionado con el derecho a la libertad de expresión y el principio a la veracidad, y aludió a la sentencia T-145 de 2019 de la Corte Constitucional sobre los límites de la libertad de expresión del presidente de la República y mencionó la sentencia de 17 de octubre de 2024, con radicado n.º 11001 -03-15-000-202403889-00 del Consejo de Estado en la cual se analizó el deber de comunicación de los altos funcionarios.

Para terminar, consideró que el discurso político del presidente no tiene un margen

03889-00 del Consejo de Estado en la cual se analizó el deber de comunicación de los altos funcionarios.

Para terminar, consideró que el discurso político del presidente no tiene un margen de protección absoluto, pues para este debe existir un mínimo de justificación fáctica real. Por tanto, expresó que la afirmación realizada en la red social de manera pública debió atender el principio de veracidad “el cual impone el deber de fundar la afirmación en criterios razonables, es decir, en fuentes, de las que se pudiere concluir que el dato puede ser cierto, con lo cual se logre descartar que sea empleado con la “intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras personas” . Por lo que expuso que el accionado desconoció los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, al no contar con ningún elemento que respaldara sus afirmaciones.

4. Oposición

Respuesta de la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

La apoderada judicial del presidente y delegada del DAPRE rindió informe al asunto en el que solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, por considerar que no existió vulneración a los derechos fundamentales alegados por el demandante.

Mencionó que por medio de oficio n.° OFI24-00237611/GFPU13150000 de 5 de diciembre de 2024 se le precisó que el primer mandatario no le atribuyó de manera directa la venta de Isagen, sino que la referencia indicó que este hizo parte del proyecto político que decidió realizar la operación, sumado a que a través de publicaciones de la época se puede evidenciar su simpatía con la decisión y que el

directa la venta de Isagen, sino que la referencia indicó que este hizo parte del proyecto político que decidió realizar la operación, sumado a que a través de publicaciones de la época se puede evidenciar su simpatía con la decisión y que el primer mandatario solo estaba manifestando su postura crítica, porque a su juicio, la venta de acciones ha traído efectos adversos a la sociedad colombiana.

5. Vinculada

Respuesta de ISAGEN S.A E.S.P

La apoderada general de la empresa presentó escrito en el que manifestó que, el proceso de enajenación de la participación accionaria de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Isagen se ejecutó directamente por el accionista a través de un proceso sin participación directa de la sociedad.

Hizo relación de las actuaciones que se dieron en relación con la venta de las acciones de Isagen y que fueron adjudicadas a BRE Colombia Investments L.P. De igual modo, indicó que la empresa y ninguno de sus órganos de administración participó en la toma de la decisión de la venta de la participación accionaria.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

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En relación con información relacionada con el demandante, sostuvo que con radicado n.º E2024 -009910 de 6 de diciembre de 2024 se le indicó que no se encontraron registros de su participación en alguno de los órganos de administración de Isagen, ni identificaron algún soporte que denote una relación

radicado n.º E2024 -009910 de 6 de diciembre de 2024 se le indicó que no se encontraron registros de su participación en alguno de los órganos de administración de Isagen, ni identificaron algún soporte que denote una relación contractual con la empresa.

6. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 25 de febrero de 2025 decidió lo siguiente:

“PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela presentada por el señor Germán Vargas Lleras contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

SEGUNDO. Reconocer personería a la abogada Carolina Jiménez Bellicia para actuar en representación judicial de la parte accionada, en los términos y para los efectos del poder conferido.

TERCERO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991”.

Lo anterior , luego de considerar que el accionante es un personaje público ampliamente reconocido quien ha participado en la discusión pol ítica y el debate público, a lo que agregó que precisamente la controversia puesta a consideración del juez constitucional se refiere al alcance de su participación en el proceso de privatización de Isagen cuando ocupó el cargo de vicepresidente de la República , por lo que no se advierte una relación asimétrica con el accionado.

Sostuvo que los altos funcionarios y personajes públicos, aun cuando gozan de protección a sus derechos a la honra y al buen nombre, deben tolerar un margen más amplio de crítica en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que tienen

Sostuvo que los altos funcionarios y personajes públicos, aun cuando gozan de protección a sus derechos a la honra y al buen nombre, deben tolerar un margen más amplio de crítica en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que tienen mayor carga argumentativa y probatoria que quienes se encuentran en condiciones de indefensión.

Refirió que el actor afirmó que el presidente de la República le está atribuyendo una participación directa en el proceso de venta de Isagen, mientras que el accionado expuso que hizo una crítica al proyecto político en el que participó, de cuyo alcance fue la venta de Isagen , a lo que agregó que con el informe rendido al trámite constitucional se remitieron los link de varios medios de comunicación en los cuales el accionante mostró su interés por que se concluyera el proceso de venta de las acciones y se asignaran los recurso s correspondientes a la financiación de proyectos de infraestructura que como vicepresidente lideró, por delegación presidencial.

En esa medida, expuso que resultaba innegable que las publicaciones que la parte accionada citó le otorguen un mínimo de justificación fáctica y de razonabilidad a sus opiniones , por lo que se tiene que el mensaje del presidente le endilga consecuencias negativas a la política pública en virtud de la cual se privatizó Isagen, que le atribuyó entre otros, al entonces ministro de Hacienda y Crédito Público y a quien fungía como vicepresidente algún nivel de participación en dicha decisión, sinRadicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

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5 que el demandante hubiese desvirtuado la presunción de primacía de la libertad de expresión, cuya protección se encuentra reforzada, en este caso por tratarse de un discurso político.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó que se revoque la decisión y, en consecuencia, se acceda al amparo solicitado.

Reiteró que la información divulgada en la red social X por parte del presidente de la República falta a la verdad, razón por la cual se vulneran los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, debido a que adolece de verificación razonable considerando que, como autoridad suprema cuenta con los medios para constatar la veracidad de la información declarada , a lo que agregó que no se evidencia el mínimo esfuerzo en ser verificad a ya que el actor no participó de manera directa, ni indirectamente en el proceso de venta de la participación accionaria de la Nación, como tampoco ha intervenido en decisiones de la empresa, como lo afirmó el accionado al sostener “que privaticé Isagen”.

Manifestó que la decisión impugnada no evaluó la grave incidencia en la honra y el buen nombre del accionante, “dado que las afirmaciones realizadas en dicho evento se difunden con una clara intención difamatoria, lo que provoca un perjuicio a su patrimonio

Manifestó que la decisión impugnada no evaluó la grave incidencia en la honra y el buen nombre del accionante, “dado que las afirmaciones realizadas en dicho evento se difunden con una clara intención difamatoria, lo que provoca un perjuicio a su patrimonio moral al propagar información falsa y errónea, que trasciende a sus calidades de figura pública y afecta su dignidad humana”.

Señaló que el presidente de la República no se limitó a comunicar una información veraz, por lo que lo afirmado no tiene sustento y, por el contrario, se trata de una acusación directa y sin pruebas, que no se enmarca en una “decisión política”, sumado a q ue “se trata de una acusación explícita que implica una participación del entonces Vicepresidente de la República en la privatización de ISAGEN (la cual no existió) con interés diferentes a los estatales, sin soporte alguno que lo respalde. Esta afirmación, al carecer de fundamento probatorio, resulta altamente perjudicial, no solo para el señor Germán Vargas Lleras en lo más intrínseco de su dignidad humana, sino también para la credibilidad y reputación de quienes son mencionados sin justificación”.

Mencionó que existe certificación de Isagen donde se demuestra que el accionante no participó de ninguna manera en la privatización de Isagen, de modo que no podía considerarse que las declaraciones se encuentran dirigidas a expresar una crítica o un cuestionamiento sobre una decisión política y aludió que en virtud del poderdeber de comunicación de los funcionarios públicos, al accionado se le debía exigir agotar una mínima justificación fáctica, de modo que no basta con aludir de manera genérica la supuesta notoriedad pública que ostenta el demandante.

deber de comunicación de los funcionarios públicos, al accionado se le debía exigir agotar una mínima justificación fáctica, de modo que no basta con aludir de manera genérica la supuesta notoriedad pública que ostenta el demandante.

Por último, indicó que “el Presidente de la República está plenamente consciente de los límites de la libertad de expresión, estas acciones subrayan la importancia de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a la integridad personal, demostrando que incluso las figuras públicas deben ser protegidas contra la vulneración de sus derechos a través de la expresión ajena, infundada, carente de soporte f áctico real o un mínimo de razonabilidad”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, acceder a la protección constitucional solicitada

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, acceder a la protección constitucional solicitada porque la autoridad administrativa demandada vulneró los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante, con ocasión de la publicación realizada en la red social X, el 25 de noviembre de 2024 a las 11:45 a.m., al no atender el principio de veracidad.

3. El derecho fundamental a la libertad de expresión de los altos funcionarios públicos en la era digital

De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política, “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiz a el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

La Corte Constitucional ha definido el ámbito de protección acudiendo a tratados e instrumentos internacionales vinculantes por remisión expresa del artículo 93 de la Constitución Política. En la sentencia T-391 de 20071, la Corte Constitucional definió la libertad de expresión como “el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa. Apareja el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una dimensión individual y una colectiva” , por lo que el ejercicio de este

del medio y la forma escogidos por quien se expresa. Apareja el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una dimensión individual y una colectiva” , por lo que el ejercicio de este derecho fundamental implica el derecho a expresarse libremente y a utilizar cualquier medio para difundir su pensamiento (componente individual) y el de la comunidad de acceder a esa opinión, ideas, informaciones (componente colectivo).

En esa providencia, la Corte identificó los elementos que integran el ámbito de protección de este derecho:

“(1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales la presunción es derrotada, por consenso prácticamente universal plasmado en tratados internacionales que obligan al Estado colombiano; (3) existen diferente s grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana amparados por la libertad de expresión stricto senso, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros – lo cual tiene efectos directos sobre la

1 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

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7 regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) la expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contr arias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su ton o; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares”. (Negrilla fuera del texto original)

De igual modo, estableció que no hacen parte del ámbito de protección de este derecho fundamental, la propaganda en favor de la guerra; la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la

(Negrilla fuera del texto original)

De igual modo, estableció que no hacen parte del ámbito de protección de este derecho fundamental, la propaganda en favor de la guerra; la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, l a hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, la pornografía infantil y la incitación directa y pública a cometer genocidio.

En la sentencia T-203 de 20222, la Corte Constitucional precisó que “en el caso de los altos funcionarios públicos, esta restricción se asocia, además, al hecho de que sus manifestaciones, según el contexto, puede reflejar no solamente el ejercicio de la libertad de expresión sino también el de un deber-poder de comunicar decisiones relevantes para la comunidad”.

El poder-deber de comunicación de altos funcionarios del Estado, como fundamento de las restricciones a la libertad de expresión, se encuentra estrechamente relacionado con las cargas especiales que supone su rol en la sociedad y el cumplimiento de los deberes de las autoridades públicas consagrados en el artículo 2° de proteger a todas las personas residentes en Colombia su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

En el precitado pronunciamiento, la Corte identificó los escenarios en los que se desarrolla ese poder-deber de comunicación mediante discursos o intervenciones tales como: (i) al informar sobre asuntos de su competencia y al fijar una posición de la entidad sobre los mismos; (ii) cuando se analiza, comenta, opina y defiende el programa gubernamental, (iii) al r esponder a las críticas y (iv) al fomentar la

de la entidad sobre los mismos; (ii) cuando se analiza, comenta, opina y defiende el programa gubernamental, (iii) al r esponder a las críticas y (iv) al fomentar la participación ciudadana. En este punto, precisó que cuando se trata de manifestaciones en las que alto s funcionarios públicos expresan su opinión sobre algún asunto y cuando defienden su gestión “caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales”.

En ese sentido, consolidó las siguientes reglas en torno al cumplimiento de las cargas establecidas para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de altos funcionarios públicos, en los siguientes términos:

(i) Si el pronunciamiento se refiere a información que se presenta como auténtica, debe someterse a las cargas de “veracidad y objetividad” de conformidad con el artículo 20 de

2 M.P. Diana Fajardo Rivera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00599-01

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8 la Constitución, presupuestos que pretenden evitar “cualquier tipo de manipulación sobre la opinión pública”, con mayor razón teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el que pueden contar los altos funcionarios del Estado.

(ii) Si el pronunciamiento no tiene la intención de transmitir información sino criterios personales sobre la política oficial de[l] respectivo servidor, defiende su gestión, responde críticas, o expresa juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación pers onal y

(ii) Si el pronunciamiento no tiene la intención de transmitir información sino criterios personales sobre la política oficial de[l] respectivo servidor, defiende su gestión, responde críticas, o expresa juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación pers onal y subjetiva, no siendo exigible la estricta objetividad. No obstante, “para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criter ios de razonabilidad”.

Por otra parte, la Sala debe destacar los nuevos escenarios digitales, como las redes sociales, que han permitido que la libertad de expresión se trasmita de una manera ágil e inmediata a cualquier individuo en la sociedad. En atención a ello, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expreso que “[e]n la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme potencial en amplios sectores de la población”3.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T -241 de 20234 señaló las siguientes particularidades sobre la información publicada en redes sociales: “En concreto, la información publicada en internet tiene las siguientes características particulares: (i) cuenta con una amplia accesibilidad; (ii) los emisores de información por estos medios determinan el contenido de los mensajes que publican de forma autónoma5; (iii) la información se difunde de manera inmediata a un número de destinatarios exponencialmente alto6; y (iv) una vez los mensajes son publicados e incorporados a una red social, en muchas ocasiones, la información deja de estar disponible para el emisor y puede ser difundida de forma espontánea

un número de destinatarios exponencialmente alto6; y (iv) una vez los mensajes son publicados e incorporados a una red social, en muchas ocasiones, la información deja de estar disponible para el emisor y puede ser difundida de forma espontánea por otros usuarios7. Es precisamente por estas características que, a pesar de ser un espacio participativo de discusión, las redes sociales no pueden convertirse en un lugar donde no exista límite alguno para la libertad de expresión. En esa medida, el límite de este derecho en el contexto de las redes sociales adquiere unas características particulares, pues la rápida difusión de la información, el control sobre las publicaciones por parte de los administradores y demás, hacen que la tensión con los derechos de terceros (por ejemplo, el derecho a la honra y el buen nombre) alcance nuevas dimensiones y signifique un mayor impacto para dichos derechos”.

En ese sentido, las redes sociales como Facebook y X (anteriormente conocido como Twitter), son plataformas de comunicación a través de internet que posibilitan de manera exponencial el derecho a la libre expresión. Estas cuentan con un alcance masivo, don de, por medio de interacciones, cualquier usuario puede informar u opinar de manera inmediata sobre diferentes temas.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial para la liberta

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