CE - Sentencia 11001031500020250060201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250060201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00602-01
Accionante: Germán Vargas Lleras
Accionado: Presidente de la República
Temas: Impugnación. Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la libertad de expresión. Confirma la decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la Sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por la Sección Quinta de esta corporación, mediante la cual negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 5 de febrero de 2025, el señor Germán Vargas Lleras, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó «[ordenar] al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, [p]residente de la República, retractarse de las afirmaciones
nombre y a la honra.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó «[ordenar] al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, [p]residente de la República, retractarse de las afirmaciones efectuadas en [su] contra, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó».
4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo , el accionante relató que el 25 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a través de la red social «X», tras compartir un «tweet», publicó el siguiente
mensaje:
«Vargas Lleras se tomó el centro de arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá, con ayuda de grandes empresarios, y desde allí manipula las cúpulas de la justicia.
1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Poder ser un árbitro en un proceso, es como ganarse una lotería y es el centro de arbitraje quien define esos cargos.
El mismo Vargas Lleras ha sido nominado a tres procesos diferentes, ganado (sic) centenares de millones de pesos, asignados por la corte donde su hermano, el mismo
arbitraje quien define esos cargos.
El mismo Vargas Lleras ha sido nominado a tres procesos diferentes, ganado (sic) centenares de millones de pesos, asignados por la corte donde su hermano, el mismo de la nueva EPS, dirige los recursos de la Cámara de comercio son en su mayoría públicos.
En este engranaje entre centro de arbitraje y cúpulas de la justicia es que nació la idea del golpe de estado usando el CNE, y rompiendo abiertamente con la Constitución».
5. El 26 de noviembre de 2024, el señor Germán Vargas Lleras solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio que informara si en calidad de árbitro designado ha recibido algún pago por concepto de honorarios. Al día siguiente, el organismo mencionado contestó lo siguiente:
«Conforme con su requerimiento de la referencia en el cual solicita que este centro señale si en su calidad de árbitro designado ha recibido algún pago por concepto de honorarios, el suscrito se permite informar que en ninguno de los casos en que ha sido designado por este Centro, desde su ingreso a la lista de árbitros en el año 2021, se ha procedido por las partes a pago alguno como consecuencia de honorarios al tribunal, tal y como lo señala el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012».
6. El 29 de noviembre de 2024, el señor Vargas Lleras solicitó al presidente de la República retractarse de sus afirmaciones, al considerar que estas carecían de fundamento fáctico y probatorio a más de vulnerar sus derechos fundamentales.
7. El 15 de enero de 2025, el Grupo de Atención a la Ciudadanía de la
la República retractarse de sus afirmaciones, al considerar que estas carecían de fundamento fáctico y probatorio a más de vulnerar sus derechos fundamentales.
7. El 15 de enero de 2025, el Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República , mediante el Oficio núm. OFI24 -000244777 /GFPU 13150001, negó la petición bajo el argumento de que se trató de una opinión política legítima.
8. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó, en primer lugar, que se cumplían los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, particularmente, el de inmediatez, subsidiariedad y legitimación en la causa.
9. En segundo lugar, indicó que la publicación realizada por el presidente de la República vulneró sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, porque faltó a la verdad y carecía de verificación razonable, a pesar de que esa autoridad, como suprema autoridad administrativa, tiene los medios para constatar la veracidad de la información declarada.
10. Manifestó que «(i) todas las etapas del proceso arbitral se encuentran debidamente reglado y definido en la ley; (ii) no hace parte de la cúpula de la justicia, por el contrario, siempre ha sido un defensor del respeto a la institucionalidad y no menos importante, (iii) no ha dev engado ni un solo peso por concepto de algún arbitraje, desde el ingreso a la lista de árbitros nacionales de la Cámara de Comercio hasta la fecha».Radicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
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hasta la fecha».Radicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
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11. Aseguró que contrario a lo afirmado por el accionado, no hace parte de la Corte Arbitral ni ejerce como director ni subdirec tor, y tampoco tiene capacidad de injerencia, según el reglamento de la Cámara de Comercio. Agregó que nunca manipuló las «cúpulas de la justicia» puesto que, de conformidad con la Ley 1563 de 2012, para la conformación de un tribunal de arbitramento debe haber previo pacto arbitral o cláusula compromisoria y para la designación de los árbitros el reglamento establece un sorteo donde no tiene injerencia.
12. Asimismo, adujo que se le atribuye haber «ganado centenares de millones» a pesar de que existe una certificación de 27 de noviembre de 2024, donde el director del Centro de Arbitraje y Conciliación aseguró que no ha recibido ninguna suma de dinero por concepto de honorarios desde que ingresó como árbitro en 2021 y que, en todo caso, ese pago no es de libre disposición de la Corte Arbitral, sino que se encuentra regulado estrictamente en los artículos 27 y 28 de la mencionada ley.
13. Indicó que el presidente de la República no cumplió con ese poder -deber el cual cualifica su libre expresión y le impone una carga de veracidad e imparcialidad, debido a que no agotó en lo más mínimo los medios necesarios para verificar sus
13. Indicó que el presidente de la República no cumplió con ese poder -deber el cual cualifica su libre expresión y le impone una carga de veracidad e imparcialidad, debido a que no agotó en lo más mínimo los medios necesarios para verificar sus afirmaciones, constatando la información ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Agencia Nacional de Infraestructura.
14. Finalmente, sostuvo que debe mantenerse un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a la integridad personal, demostrando que incluso las figuras públicas deben ser protegidas contra la vulneración de sus derechos a través de la expresión ajena, infundada, carente de soporte f áctico real o un mínimo de razonabilidad.
Intervenciones2
15. La Presidencia de la República indicó que la acción de tutela debe negarse porque esta se soportó a partir de una lectura fragmentada, descontextualizada, sesgada y estrictamente personal de las palabras utilizadas por el presidente de la República en la publicación del 25 de noviembre de 2024, otorgándoles un contenido y alcance qu e no e ra el que surg ía de su texto. Señaló que ello era un claro desconocimiento de las precisiones hechas en la respuesta a la solicitud de rectificación el 15 de enero de 2025.
16. Aclaró que la expresión cuestionada no está indicando que el señor Vargas Lleras estuviera cometiendo un acto ilegal o irregular en sus actividades privadas como árbitro dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues solo resaltó el informe realizado por el periodista Daniel Coronel, en donde se denunciaron unas
Lleras estuviera cometiendo un acto ilegal o irregular en sus actividades privadas como árbitro dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues solo resaltó el informe realizado por el periodista Daniel Coronel, en donde se denunciaron unas irregularidades cometidas por un director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y, además, se realizó una crítica al sistema actual de
2 El 10 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra del presidente de la República y ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la corporación, con la información del proceso para ponerlo en conocimiento de los terceros interesados.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elección y postulación de árbitros para este tipo de pleitos jurídicos privados debido a que no se cuenta con ningún sistema de contrapesos o entidad que pueda ejercer alguna inspección pese a que ejercen una función pública que debe ser en beneficio del interés general y cuyo presupuesto en parte proviene de recursos públicos.
17. Afirmó que el accionado se encuentra en desacuerdo con una d e las funciones de la Cámara de Comercio de Bogotá como la aceptación o rechazo de personas que deseen fungir como árbitros y la ausencia de un control sobre dicha designación, razón por la cual, al indicar que «se tomó el centro de arbitraje de la
personas que deseen fungir como árbitros y la ausencia de un control sobre dicha designación, razón por la cual, al indicar que «se tomó el centro de arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá», se hizo una crítica al sistema de justicia arbitral y a la forma cómo se seleccionan las personas que imparten justicia en un sistema privado sin un control por parte de una autoridad pública, lo cual no constituye una acusación difamatoria o un acto que implique una acción ilegal de los miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá.
18. Explicó que la afirmación relativa a «ganarse centenares de millones de pesos» debe entenderse en el marco de la realidad del sistema arbitral en Colombia, donde los árbitros tienen derecho a recibir altos honorarios por casos que involucran disputas de gran valor económ ico, lo que e ra independiente del hecho que estos hayan sido cobrados o no por el titular de los mismos, a partir de lo cual no sugiere que se haya cometido algún tipo de delito sino otra simple crítica sobre la remuneración dentro del sistema de justicia arbitral.
19. Sostuvo que el contexto de las referencias planteadas por el accionante en la publicación de 25 de noviembre de 2024 y en la comunicación de 15 de enero 2025, deben analizarse desde la simetría entre interlocutores que existe en el presente caso, donde acontece ante un cruce de opiniones y un debate entre 2 actores que son personas de renombre, liderazgo e influencia de la política colombiana, los cuales se encuentran en clara y evidente oposición, lo que lleva a analizar el asunto conforme con el margen de protección y apreciación que ha aplicado el Consejo de Estado para este tipo de casos.
colombiana, los cuales se encuentran en clara y evidente oposición, lo que lleva a analizar el asunto conforme con el margen de protección y apreciación que ha aplicado el Consejo de Estado para este tipo de casos.
20. Por último, resaltó que no era la primera ocasión que el accionante acudía al mecanismo de la acción de tutela con un claro y evidente uso estratégico del sistema legal y las instituciones judiciales para perseguir, desgastar o neutralizar a adversarios políticos, económicos o sociales. En esos términos, solicitó que se nieguen las pretensiones, debido a que no vulneró ninguno de los derechos fundamentales invocados por el demandante.
Sentencia impugnada
21. El 13 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Como fundamento de su decisión afirmó que la expresión del presidente de la República se originó al «re-comentar el trino» del periodista Daniel Coronel sobre las denuncias por acoso sexual contra el director de la Cámara de Comercio de Bogotá donde aprovechó como escenario para opinar sobre el funcionamiento de la corte arbitral , contexto que lleva a concluir que lasRadicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
Accionante: Germán Vargas Lleras
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co afirmaciones realizadas por el primer mandatario corresponden, en efecto, a un ejercicio de la libertad de expresión en el que critica el actual sistema arbitral en
www.consejodeestado.gov.co afirmaciones realizadas por el primer mandatario corresponden, en efecto, a un ejercicio de la libertad de expresión en el que critica el actual sistema arbitral en Colombia, la selección de quienes conforman la lista de elegibles como árbitros y la remuneración de estos.
22. Al respecto, precisó que se trató del ejercicio de la libertad de opinión más no de información, la cual, en todo caso , debe partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad. Así, frente la afirmación del actor referida a que e ra falso lo que se aseguró frente a lo devengado por ser designado como árbitro, resaltó que el presidente aclaró que su expresión se encaminó a reprochar sobre los derechos económicos que se adquieren por tal designación, lo cual e ra independiente de si se han materializado o no. Añadió que las manifestaciones demuestran una crítica por parte del presidente de la República, pero no constituyen una acusación de la comisión de delitos ni se advierte que estén dirigidas a denigrar o vulnerar los derechos a la honra y el buen nombre del actor.
23. Indicó que si bien e ra cierto que el tutelante justificó su desagravio argumentando que (i) no hace parte de la corte arbitral ni ocupa un cargo directivo en la Cámara de Comercio y (ii) la conformación de los tribunales de arbitraje se realiza con ocasión al pacto arbitral o la cláusula compromisoria por lo que no hay injerencia externa, también lo e ra que esas conclusiones no se deriva ban del discurso o expresiones acusadas como vulneradoras de sus derechos fundamentales. Además, resaltó que el actor, en ejercicio de su derecho a la libertad
injerencia externa, también lo e ra que esas conclusiones no se deriva ban del discurso o expresiones acusadas como vulneradoras de sus derechos fundamentales. Además, resaltó que el actor, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, respondió al mensaje del primer mandatario bajo el mismo hilo en la cuenta de la red social «X».
24. De otra parte, aclaró que el análisis impartido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado para el caso de Enrique Vargas Lleras contra el presidente de la República, Rad. 11001-03-15-000-2024-06199-00, y a partir del cual se concedió el amparo deprecado, se abordó el problema jurídico desde la libertad de información más no de la libertad de opinión para concluir que no se cumplió con la carga de veracidad respectiva3.
25. Adujo que Germán Vargas Lleras es un personaje público ampliamente reconocido ya que por varios años ha participado en la discusión política y el debate público e incluso ha sido candidato presidencial, lo que implicaba que debe aceptar un mayor grado de crítica en el marco de la libertad de expresión. No obstante, precisó que era distinto realizar aseveraciones sobre el actuar del accionante por su gestión como servidor público que hacerlo por su rol como árbitro, para lo cual citó la Sentencia T-155 de 2019 de la Corte Constitucional.
26. Consideró que respecto del ejercicio de las funciones como árbitro del señor Vargas Lleras, también se protegen las expresiones o el denominado discurso político, porque en este caso se trat aba del ejercicio de funciones jurisdiccionales en asuntos de interés público, en tanto en los procesos arbitrales en los que ejerce
Vargas Lleras, también se protegen las expresiones o el denominado discurso político, porque en este caso se trat aba del ejercicio de funciones jurisdiccionales en asuntos de interés público, en tanto en los procesos arbitrales en los que ejerce
3 Sentencia 23 de enero de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
Accionante: Germán Vargas Lleras
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como árbitro están involucradas entidades estatales (la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU).
27. Aunado a ello, sostuvo que el hecho de que en esa discusión tanto el supuesto ofensor como el tutelante ostent aran la condición de actores políticos, conlleva, de un lado, una aceptación mayor del discurso político y una protección especial del derecho de libertad de expresión y, de otro, exigía una «carga superior» frente a las críticas y comentarios sobre la gestión del actor. Por tanto, estimó que las expresiones efectuadas por el presidente de la República, en este concreto caso, se ubicaron dentro del margen del discurso aceptable.
Impugnación
28. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual indicó que la decisión recurrida desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que ha establecido que el presidente de la República no goza de un derecho irrestricto a la libertad de expresión, sino que tiene un poder -deber de información, lo que implica una mayor carga de veracidad e imparcialidad en sus
Corte Constitucional, que ha establecido que el presidente de la República no goza de un derecho irrestricto a la libertad de expresión, sino que tiene un poder -deber de información, lo que implica una mayor carga de veracidad e imparcialidad en sus declaraciones públicas.
29. Adicionalmente, manifestó que el presidente de manera sistemática ha negado la rectificación de sus afirmaciones a pesar de la prueba documental que demuestra la falsedad y de las 19 solicitudes formales de retractación, lo que evidencia una actuación de abuso de su investidura.
30. Insistió en que se vulnera ron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, comoquiera que (i) todas las etapas del proceso arbitral se encuentran debidamente regladas y definidas en la ley, por lo que no fue nombrado en ningún proceso arbitral, sino que fue escogido mediante sorteo; (ii) no era cierto que manipulara la cúpula de la justicia o que se haya tomado el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá porque no ejerce ni ejerció ningún cargo al interior de este, más allá de ser árbitro; y (iii) no ha recibido ninguna suma de dinero por concepto de algún arbitraje desde que ingresó como árbitro en 2021, lo cual puede constatarse a través de la certificación emitida el 23 de enero de 2025; y que, en todo caso, ese pago no era de libre disposición.
31. Aseveró que las declaraciones que se discuten «injuriosas y calumniadoras» no pueden ampararse en la libertad de expresión del presidente, pues sería proteger el hecho que bajo su investidura atente contra el Estado de Derecho y la separación
31. Aseveró que las declaraciones que se discuten «injuriosas y calumniadoras» no pueden ampararse en la libertad de expresión del presidente, pues sería proteger el hecho que bajo su investidura atente contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Además, señaló que acusarlo de estar vinculado a un golpe de estado no hace parte del debate político y lesiona profundamente sus derechos.
32. De otra parte, resaltó que el 23 de enero de 2025 el Consejo de Estado, mediante Sentencia dictada en el proceso No. 11001-03-15-000.2024-06199-00, ordenó la rectificación de afirmaciones falsas del presidente contra Enrique Vargas Lleras, reconociendo la transgresión de sus derechos fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
Accionante: Germán Vargas Lleras
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II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala resolver , una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, si la declaración realizada el 25 de noviembre de 2024 por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a través de la red social «X» , vulneró los derechos al buen nombre y a la honra invocados por el accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela
34. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a lograr el amparo de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre; (2) se tiene
accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela
34. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a lograr el amparo de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, porque Germán Vargas Lleras es el titular de los derechos cuya protección se invoca, y el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, fue el que emitió el mensaje que hoy discute el accionante ; (3) no existe otro mecanismo que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales , pues el actor solicitó la correspondiente retractación, la cual fue resuelta de forma negativa; y (4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela comoquiera que el mensaje cuestionado fue publicado el 25 de noviembre de 2024 y la respuesta desfavorable a la petición de rectificación fue emitida el 15 de enero de 2025.
Análisis de la vulneración alegada
35. La Sala confirmará la decisión que negó el amparo solicitado . Para ello se analizará la tensión que existe entre los derechos al buen nombre y honra 4 del accionante y el derecho a la libertad de expresión5 del accionado.
4 En relación con el derecho al buen nombre y a la honra, se advierte que el artículo 15 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental al buen nombre, como aquel que protege la reputación, buena fama, mérito o apreciación de los miembros de una sociedad. Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constituc ional, en la Sentencia T-229 de 2019, el alcance de dicha garantía es proporcional a la ascendencia que tienen las personas en la sociedad, razón por la cual
miembros de una sociedad. Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constituc ional, en la Sentencia T-229 de 2019, el alcance de dicha garantía es proporcional a la ascendencia que tienen las personas en la sociedad, razón por la cual «no está en posición de reclamar respeto y consideración a su buen nombre quien ha incurrido en actos u omisiones que de suyo generan el deterioro del concepto general en que se tiene al interesado». Por su parte, el derecho fundamental a la honra está reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política y ha sido definido, según la Sentencia T-241 de 2023, como «el respeto que cada persona debe recibir por parte de los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Hace parte del núcleo esencial de este derecho tanto la estimación que cada individuo hace de sí mismo, c omo el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona. Por esta razón, se puede decir que el derecho a la honra tiene un componente interno y externo, pues está integrado por la valoración que una persona tiene de sí misma y también por la estimación que espera de los demás debido a su dignidad humana». 5 El artículo 20 de la Constitución Política garantiza «a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura». Para la interpretación, en virtud de lo previsto en los artículos 93 y 94 superiores, se comprende que aquel integra un bloque de constitucionalidad del cual hacen parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 19), la Declaración
Para la interpretación, en virtud de lo previsto en los artículos 93 y 94 superiores, se comprende que aquel integra un bloque de constitucionalidad del cual hacen parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 19), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( artículo 13) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo IV), entre otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos. La Corte Constitucional, en Sentencia T-219 de 2009, indicó que la libertad de expresión «protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente c ontrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono» y que existen discursos especialmente protegidos por el derecho internacional dada su importancia para la democrac ia o los derechos humanos, «entre los que se encuentran: (i) los de contenido político o sobre asuntos de interés público; (ii) discurso sobre funcionariosRadicado: 11001-03-15-000-2025-00602-01
Accionante: Germán Vargas Lleras
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
36. En el caso bajo estudio, se observa que el 25 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a través de la red social «X», tras compartir un «tweet» del periodista Daniel Coronel , publicó el siguiente
mensaje:
36. En el caso bajo estudio, se observa que el 25 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a través de la red social «X», tras compartir un «tweet» del periodista Daniel Coronel , publicó el siguiente
mensaje:
«Vargas Lleras se tomó el centro de arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá, con ayuda de grandes empresarios, y desde allí manipula las cúpulas de la justicia. Poder ser un árbitro en un proceso, es como ganarse una lotería y es el centro de arbitraje quien define esos cargos.
El mismo Vargas Lleras ha sido nominado a tres procesos diferentes, ganado (sic) centenares de millones de pesos, asignados por la corte donde su hermano, el mismo de la nueva EPS, dirige los recursos de la Cámara de comercio son en su mayoría públicos.
En este engranaje entre centro de arbitraje y cúpulas de la justicia es que nació la idea del golpe de estado usando el CNE, y rompiendo abiertamente con la Constitución».
37. Adicionalmente, se aprecia que 15 de enero de 2025, el accionado, mediante el Oficio núm. OFI24-000244777 /GFPU 13150001, al contestar la solicitud de rectificación formulada por Germán Vargas Lleras, aclaró que emitió una opinión en la cual expuso una crítica al sistema arbitral colombiano, a su funcionamiento y
remuneración. Textualmente, sostuvo lo siguiente:
«Al analizar el mensaje que usted cuestiona, se está haciendo una reflexión sobre la posición expuesta en el reportaje de Daniel Coronell. Específicamente el Primer Mandatario es crítico sobre una de las funciones de la Cámara de Comercio de
«Al analizar el mensaje que usted cuestiona, se está haciendo una reflexión sobre la posición expuesta en el reportaje de Daniel Coronell. Específicamente el Primer Mandatario es crítico sobre una de las funciones de la Cámara de Comercio de Bogotá como la aceptación o rechazo de personas que deseen fungir como árbitros y la ausencia de un control sobre dicha designación. Al indicar que “se tomó el centro de arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá”, se está realizando una crítica al sistema de justicia arbitral y al cómo se seleccionan las personas que imparten justicia en un sistema privado sin un control por parte de una autoridad pública, sin que ello derive en una acusación difamatoria o un acto que implique una acción ilegal de su parte o de los miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por otro lado, cuando la publicación indica que “El mismo Vargas Lleras ha sido nominado a tres procesos diferentes, ganado centenares de millones de pesos” debe entenderse en el marco de la realidad del sistema arbitral en Colombia, donde los árbitros tienen derecho a recibir honorarios sustanciales, especialmente en casos que involucran disputas de gran valor económico, lo que es independiente del hecho que estos hayan sido cobrados o no por el titular de los mismos. Este hecho no sugiere que estén cometi endo algún tipo de delito, es simplemente otra crítica sobre el funcionamiento del sistema de justicia arbitral.
Aunque se haya considerado molesta o incomoda la reflexión y opinión que hizo el Primer Mandatario sobre el reportaje realizado por Daniel Coronell, es sólo eso, una crítica y disenso a un sistema de justicia alternativa en el que usted ha participado. El
H. Consejo de Estado ha considerado que
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