CE - Sentencia 11001031500020250060801
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250060801
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: GERMÁN VARGAS LLERAS
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD
PÚBLICA. EJERCICIO DEL DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
POR PARTE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN
REDES SOCIALES.
Síntesis del caso: el actor consideró que el presidente de la República vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y la honra mediante la publicación de un mensaje en la red social X. La Sala confirmará el fallo de primera instancia en cuanto amparó los derechos invocados, tras advertir que constituye una imputación de hecho sin sustento fáctico ni probatorio y con capacidad lesiva para la reputación del actor y de terceros.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la autoridad demandada en contra de la sentencia de 7 de marzo de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del interesado, [de] conformidad con las razones ut supra.
Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del interesado, [de] conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: ORDENAR al señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas al accionante por las dos manifestaciones con tenidas en su publicación del 4 de diciembre de 2024, en la red social “X.com”, que resultan nugatorias de las prerrogativas al buen nombre y a la honra.
Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer, por el té rmino de tres (3) meses en la cuenta personal de la red social “X.com” del primer mandatario “@petrogustavo” y en las redes sociales de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. (...)”. (negrillas de la Sala – archivo disponible en medio magnético en el índice 00018 del aplicativo SAMAI)Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
2
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2025, el actor promovió proceso de acción de tutela en contra del presidente de la República para la protección de sus derechos fundamentales de la honra y buen nombre, consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por cuenta de una
acción de tutela en contra del presidente de la República para la protección de sus derechos fundamentales de la honra y buen nombre, consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por cuenta de una publicación realizada por el mandatario el 4 de diciembre de 2024 en la red social “X” (antes Twitter), en la cual se le atribuyeron actuaciones que, a su juicio, constituyen afirmaciones falsas, sin respaldo fáctico y con un alto potencial lesivo para su reputación.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
- El 4 de diciembre de 2024, el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego publicó en su cuenta personal de la red social “X” (antes Twitter) un mensaje titulado “Trino sobre Ricardo Bonilla, parte II” , el cual contenía una serie de afirmaciones sobre distintos actores políticos e institucionales en el contexto de la renuncia del entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González.
- En dicha publicación, el demandado se refirió expresamente al señor Germán
Vargas Lleras, en los siguientes términos:
“(...) ¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República (…)?¿Cepeda aceptará la renuncia de Lorduy, o dejará que un Prada, perseguidor político del actual presidente, presida el llamado árbitro electoral, hoy convertido en juez inconstitucional del presidente por designio de Uribe y Vargas Lleras?
Algunos jueces ho y esperan ser árbitros de la cámara de comercio y
actual presidente, presida el llamado árbitro electoral, hoy convertido en juez inconstitucional del presidente por designio de Uribe y Vargas Lleras?
Algunos jueces ho y esperan ser árbitros de la cámara de comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de la corte arbitral de la cámara de comercio (…)1” (Negrillas de la Sala)
1 https://x.com/petrogustavo/status/1864372765723131939Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
3 3) El 10 de diciembre de 2024, Germán Vargas Lleras, a través de apoderado judicial, radicó ante la Presidencia de la República una solicitud formal de retractación, en la cual señaló que las afirmaciones contenidas en el trino del presidente eran falsas, carentes de sustento y configuraban una vulneración directa a sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. (índice 00002 del archivo digital en el aplicativo SAMAI)
- En ese escrito, el demandante resaltó que no tenía vínculo alguno con la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá ni percibía honorarios por servicios relacionados con dicha institució n; no tenía control ni participación en la composición del Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) y que las imputaciones hechas en el mensaje presidencial no tenían sustento probatorio ni
relacionados con dicha institució n; no tenía control ni participación en la composición del Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) y que las imputaciones hechas en el mensaje presidencial no tenían sustento probatorio ni justificativo alguno, a pesar de lo cual se formularon como hechos verificables, no como meras opiniones.
- El 23 de enero de 2025, mediante oficio OFI25 -00064403 (índice 00002 del archivo digital en el aplicativo SAMAI) , el Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República respondió negativamente a la solicitud de retractación y sostuvo que las expresiones contenidas en la publicación cuestionada no constituían afirmaciones de carácter personal o imputaciones fácticas en contra del señor Germán Vargas Lleras, sino, únicamente opiniones emitidas por el presidente de la República en el marco del debate político y una reflexión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones, la gobernabilidad del país y la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
- La respuesta sostuvo que la publicación debía ser interpretada en su contexto general, en tanto no fue una afirmación aislada ni dirigida exclusivamente contra el demandante, sino parte de una crítica al modelo de funcionamiento del sistema político y judicial colombiano.
- En relación con la frase “¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República (…)?”, se indicó que no debía entenderse como una imputación de responsabilidad penal, sino como un a crítica derivada del desacuerdo del presidente con la interpretación dada por el CNE al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la competencia de esa
como una imputación de responsabilidad penal, sino como un a crítica derivada del desacuerdo del presidente con la interpretación dada por el CNE al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la competencia de esa autoridad pública para adelantar investigaciones en contra de un jefe de Estado.Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
4
- Frente a la expresión “[a]lgunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores de sde la presidencia de la corte arbitral de la cámara de comercio” se afirmó que no se trataba de una acusación individual ni de una manifestación que atribuyera una conducta irregular al actor, sino de una valoración crítica institucional sobre el funcionamiento del sistema de justicia arbitral en Colombia.
Según lo expuesto en la comunicación, dicha afirmación debía ser comprendida como parte de una valoración subjetiva sobre los riesgos del modelo de justicia privada, en particular frente a la ausencia de controles públicos en la selección de árbitros y al contraste de los honorarios que perciben frente a quienes ejercen funciones jurisdiccionales en el sistema judicial estatal.
- En suma, la Presidencia negó toda retractación y consideró que las expresiones cuestionadas constituían juicios de valor en el marco de un debate político legítimo, amparados por la libertad de expresión en su dimensión de libertad de opinión, la
- En suma, la Presidencia negó toda retractación y consideró que las expresiones cuestionadas constituían juicios de valor en el marco de un debate político legítimo, amparados por la libertad de expresión en su dimensión de libertad de opinión, la cual -a diferencia de la libertad de información - no impone cargas de veracidad n i verificación.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante argument ó que las expresiones emitidas por el presidente de la República el 4 de diciembre de 2024 no constituyen opiniones personales ni valoraciones políticas amparadas por la libertad de expresión, sino afirmaciones de hecho presentadas como verdaderas.
En primer lugar, se refirió a la frase “¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República (…)?” la cual, en su criterio, supone una imputación indirecta de la comisión de un hecho punible , al atribuirle haber inducido al magistrado César Lorduy, integrante del CNE, a incurrir en actuaciones delictivas relacionadas con la supuesta supresión del fuero presidencial.Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
5 El actor refutó dicha imputación y sostuvo que no hizo ni hace parte de los magistrados que integran el CNE; que carece de cualquier tipo de injerencia en la postulación o elección de sus magistrados ; y que no ha interven ido en ninguna actuación procesal ni ostenta calidad alguna dentro de los trámites que, en ejercicio de su autonomía, adelanta dicha autoridad colegiada.
postulación o elección de sus magistrados ; y que no ha interven ido en ninguna actuación procesal ni ostenta calidad alguna dentro de los trámites que, en ejercicio de su autonomía, adelanta dicha autoridad colegiada.
Precisó que la decisión de abrir investigación administrativa contra la campaña presidencial del hoy jefe de Estado fue adoptada por mayoría de la Sala Plena del CNE, lo cual descarta cualquier vinculación suya con ese proceso.
En consecuencia, consider ó que la afirmación del presidente es falsa, injuriosa y calumniosa, en tanto contradice hechos objetivos e induce a la opinión pública a asociarlo con la posible comisión de delitos contra la administración pública , tales como tráfico de influencias, usurpación de funciones públicas, violencia contra servidor público y fraude procesal , conductas previstas respectivamente en los artículos 411A, 425, 429 y 453 del Código Penal.
En segundo lugar, el actor cuestionó la expresión: “¿Cepeda aceptará la renuncia de Lorduy, o dejará que un Prada, perseguidor político del actual presidente, presida el llamado árbit ro electoral, hoy convertido en juez inconstitucional del presidente por designio de Uribe y Vargas Lleras?”.
Sostuvo que con ella el presidente buscó asociarlo, sin sustento fáctico, con el nombramiento del magistrado Álvaro Hernán Prada como presidente del Consejo Nacional Electoral, lo cual i) resulta incompatible con el mecanismo legal de elección que corresponde a la Sala Plena de esa Corporación; ii) desconoce que el actor no participó en dicha designación ni mantiene vínculos con el magistrado mencionado; iii) contradice lo informado por un comunicado oficial proferido por el CNE el 4 de
que corresponde a la Sala Plena de esa Corporación; ii) desconoce que el actor no participó en dicha designación ni mantiene vínculos con el magistrado mencionado; iii) contradice lo informado por un comunicado oficial proferido por el CNE el 4 de diciembre de 2024 que destacó el carácter colegiado y plural de esa elección y, iv) omite que fue la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado quien el 6 de agosto de 20242 resolvió un conflicto positivo de competencias administrativas y declaró competente al CNE para continuar la investigación administrativa relacionada con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente no. 11001 -03-06-000-202400343-00, MP (E) María del Pilar Bahamón Falla.Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
6 Finalmente, objetó la expresión “[a]lgunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de la corte arbitral de la cámara de comercio.”.
A juicio del actor, esa afirmación le atribuye actuar como una figura de poder que manipula el sistema de justicia arbitral con fines clientelistas o corruptos.
Concretamente, afirmó que: i) no hace parte de la Corte Arbitral de la Cámara de
A juicio del actor, esa afirmación le atribuye actuar como una figura de poder que manipula el sistema de justicia arbitral con fines clientelistas o corruptos.
Concretamente, afirmó que: i) no hace parte de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, ni como director, subdirector o miembro; ii) su nombre no figura entre quienes integran dicho cuerpo colegiado, lo cual pudo ser fácilmente constatado a través del reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ; iii) la frase d el presidente sugiere que los magistrados del CN E esperan ser árbitros para obtener beneficios económicos y que es el actor quien garantiza y “paga los favores” desde la presidencia de la Corte Arbitral; iv) el presidente omite que el arbitraje en Colombia está regulado por la Ley 1563 de 2012 que establece un sistema regido por los principios de imparcialidad, igualdad, contradicción e independencia frente a las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:
“4.1. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN NOMBRE DEL SUSCRITO , consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, conforme a los argumentos expuestos en el cuerpo de este documento.
4.2. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO A LA HONRA DEL SUSCRITO, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política, conforme los argumentos esgrimidos en el presente documento.
4.3. Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de las
SUSCRITO, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política, conforme los argumentos esgrimidos en el presente documento.
4.3. Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de las anteriores pretensiones, solicito se ORDENE al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, retractarse de las afirmaciones efectuadas en contra del suscrito, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó. ”. (negrillas y mayúsculas del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI).Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
7
4. Actuación en primer grado
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado por auto de 7 de febrero de 2025 admitió la acción de tutela, notificó al presidente de la República con el fin de que presentara un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción y vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como tercero interesado en el resultado del proceso. (índice 00004 del expediente de primera instancia en el aplicativo SAMAI)
5. Sentencia de primera instancia
El 7 de marzo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia en la que concedió el amparo de los derechos fundamentales de la honra y buen nombre del demandante . (índice 00018 del expediente de primera instancia en el aplicativo SAMAI)
La autoridad judicial de primera instancia constató que la demanda superó los
fundamentales de la honra y buen nombre del demandante . (índice 00018 del expediente de primera instancia en el aplicativo SAMAI)
La autoridad judicial de primera instancia constató que la demanda superó los requisitos de procedibilidad exigidos para la acción de tutela, en concreto, la legitimación en la causa por activa y pasiva, la inmediatez y subsidiariedad.
Sobre este último elemento destacó que este medio de amparo era el mecanismo idóneo porque el actor no buscó una condena penal sino una retractación pública, de ahí que se descartara la eficacia de la vía penal ordinaria.
La Sala de primera instancia examinó las tres expresiones impugnadas en el contexto de la publicación del presente del 4 de diciembre de 2024 y evaluó si se trataban de opiniones protegidas o afirmaciones de hecho con carga lesiva para derechos fundamentales:
Primera expresión: “¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República, Lorduy el que quitó por decreto por él orgullosamente leído, el fuero constitucional al presidente y olvidó, o nunca leyó, que un presidente no puede ser investigado por autoridades administrativas como reza la convención americana de derechos humanos y la misma constitución?”.
La Sala de Decisión consideró que esta expresión constituyó una afirmación deExpediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
8 hecho que individualizó y seña ló de forma directa a Germán Vargas Lleras como autor mediato de una conducta delictiva, por cuanto supuestamente le atribuyó
Acción de tutela – Impugnación de fallo
8 hecho que individualizó y seña ló de forma directa a Germán Vargas Lleras como autor mediato de una conducta delictiva, por cuanto supuestamente le atribuyó haber obligado al magistrado César Lorduy a “delinquir contra el presidente”.
El a quo partió de reconocer que, aunque el contexto general del mensaje se relacionó con la discusión sobre la posibilidad de que autoridades administrativas investiguen al presidente de la República, lo cierto es que el uso literal del verbo “delinquir” no puede ser ignorado y tras citar su definición gramatical, destacó que significa “cometer delito”, lo cual implica la atribución directa de un comportamiento castigado por el derecho penal.
La expresión afirmó que el demandante habría presionado o inducido a un magistrado del Consejo Nacional Electoral para cometer un delito, de ahí que tuviera un potencial gravemente lesivo para el buen nombre y la honra del señor Germán Vargas Lleras porque deterior ó su crédito social e implic ó un daño objetivo a su integridad moral.
Segunda expresión: “¿Cepeda aceptará la renuncia de Lorduy, o dejará que un Prada, perseguidor político del actual presidente, presida el llamado árbitro electoral, hoy convertido en juez inconstitucional del presidente por designio de
Uribe y Vargas Lleras?”
Sobre esta afirmación, el a quo concluyó que no configuró una afectación real o comprobada para la imagen pública o integridad moral del demandante en atención a que, en su criterio, no implicó de manera directa la comisión de una conducta reprochable o delictiva; se presentó más como una opinión política, enmarcada en
comprobada para la imagen pública o integridad moral del demandante en atención a que, en su criterio, no implicó de manera directa la comisión de una conducta reprochable o delictiva; se presentó más como una opinión política, enmarcada en el debate institucional sobre los límites del control administrativo electoral y no posee una carga objetiva de daño.
Tercera expresión: “[a]lgunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores de sde la presidencia de la corte arbitral de la cámara de comercio. Que triste que el comercio no se subordine a la justicia y ocurra lo contrario.”.Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
9 En el fallo de primera instancia se consideró que esa afirmación atribuyó al actor la capacidad de influir ilícitamente tanto en las investigaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral como en la designación de árbitros en las cámaras de comercio, con el fin de “pagar favores” , lo cual -a juicio del a quo - implicó una acusación grave sobre su comportamiento ético y legal.
Atribuirle al actor la capacidad de instrumentalizar a magistrados del CNE y condicionar el acceso a instancias arbitrales para retribuir apoyos supone una imputación de hechos que, bajo ciertas condiciones, podrían configurar faltas disciplinarias o conductas penalmente reprochables.
condicionar el acceso a instancias arbitrales para retribuir apoyos supone una imputación de hechos que, bajo ciertas condiciones, podrían configurar faltas disciplinarias o conductas penalmente reprochables.
Tales afirmaciones, difundidas públicamente y sin verificación previa, tienen un potencial real de deteriorar la imagen pública del actor y de lesionar su integridad moral, de ahí que vulneraron sus der echos fundamentales de la honra y buen nombre.
Adicionalmente, el a quo consideró que existe una unidad temática con la primera afirmación, en la medida en que ambas sugieren que el señor Germán Vargas Lleras dispone de una red de influencia indebida sobr e órganos constitucionales y jurisdiccionales, y que la utiliza para lograr fines personales o políticos mediante la promesa de recompensas.
6. Impugnación
La apoderada judicial del presidente de la República presentó impugnación contra la sentencia de primera instancia y le fue concedida con auto de 22 de abril de 2025.
Como razones de oposición afirmó que el fallo de primera instancia analizó los apartados controvertidos de la publicación del 4 de diciembre de 2024 de forma fragmentada y desconoció el contexto general de ese mensaje , que fue la continuación de otra publicación del 3 de diciembre de 2024, que , en conjunto , conformaron un discurso de más de 3.300 palabras.
La lectura aislada realizada por la Sala desnaturalizó el contenido y propósito de las declaraciones, en contravía de lo sostenido por el propio Consejo de Estado en laExpediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
declaraciones, en contravía de lo sostenido por el propio Consejo de Estado en laExpediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
10 sentencia de tutela proferida el 17 de enero de 2025 3, según la cual no es procedente realizar una interpretación aislada de un frag mento extraído de un discurso, dado que es necesario analizar el contexto en que fue emitida una determinada expresión sobre la cual se predica la vulneración de derechos fundamentales.
El término “delinquir” no se utilizó para referirse a la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, sino como una infracción al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposición que prohíbe que un funcionario de elección popular sea investigado o sancionado por autoridades administrativa s que no ostenten la condición de juez penal , como así se expuso con claridad al demandante en la respuesta a la solicitud de retractación que formuló.
A su vez, el término “pagar favores” no constituyó una imputación directa de corrupción o ilegalidad en contra de Germán Vargas Lleras, sino una crítica al modelo de justicia arbitral como así se extrae del fragmento completo, incluido el cierre “qué triste que el comercio no se subordine a la justicia” , el cual revela una reflexión sobre las falencias del sistema arbitral privado y la percepción de que ciertos intereses económicos desplazan a la jurisdicción pública.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
ciertos intereses económicos desplazan a la jurisdicción pública.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, expediente no. 11001-03-15-000-2024-04825-01, MP Elizabeth Becerra Cornejo.Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
11
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios der echos constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al presidente de la República con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del buen nombre y honra, presuntamente vulnerados con ocasión de una publicación realizada el 4 de diciembre de 2024 en la red social “X”.
En el fallo de primera instancia, el a quo concedió el amparo pretendido, por cuanto estimó que dos de las tres expresiones cuestionadas constituían afirmaciones de hecho desprovistas de sustento, con potencial lesivo para la reputación e integridad moral del actor.
En la impugnación, la parte demandada cuestionó el análisis del a quo, destacó el carácter político y valorativo de sus afirmaciones y sostuvo que las expresiones cuestionadas se encontraban amparadas por la libertad de expresión en el contexto del debate público.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de primera instan cia que amparó los derechos fundamentales del actor , por las siguientes razones:
2.1 Caracterización de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
- Los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia, son manifestaciones de laExpediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
honra.
- Los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia, son manifestaciones de laExpediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras Acción de tutela – Impugnación de fallo
12 dignidad humana y protegen dos dimensiones interrelacionadas pero distintas de la personalidad.
- La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho fundamental al buen nombre alude a la reputación social de una persona, es decir, a la percepción pública y colectiva que otros tienen sobre ella, construida a partir de su conducta en sociedad, su trayectoria profesional o personal y su vínculo con los valores y normas predominantes.
- En palabras de la Corte Constitucional “ [e]n cuanto al derecho al buen nombre, la jurisprudencia de esta Corte lo ha definido como ‘la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás’ y ‘la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan4.”.
- Este derecho puede ser vulnerado tanto por autoridades públicas como por particulares y su protección exige que la información que circule sobre una persona no sea falsa, inexacta o infu ndada, especialmente cuando se presenta como un hecho verificable.
- Por su parte, el derecho a la honra se conecta con el val
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.