CE - Sentencia 11001031500020250065101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250065101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-00651-01
Accionante: Robert Cortéz Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
Tema: Acción de tutela contra providencia. Nulidad y restablecimiento del Derecho.
Reajuste asignación de retiro. Prima de antigüedad. Cosa Juzgada Relativa.
MODIFICA Y NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 4 de marzo de 202 5 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor Robert Cortéz Álvarez pretende que se proteja n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , al proferir la sentencia del 29 de
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , al proferir la sentencia del 29 de agosto de 2024 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-029-2023-00075-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que estuvo vinculado a la Armada Nacional en condición de Infante de Marina Profesional por más de 20 años, por lo cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante Cremil) le reconoció asignación de retiro por Resolución 4678 del 4 de octubre de 2011.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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Que solicitó el reajuste de dicha prestación porque fue indebidamente liquidada en lo referente a la prima de antigüedad, pero este le fue negado mediante los oficios 12570 del 15 de marzo y 16267 del 12 de abril de 2012, por lo cual instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Que el 22 de mayo de 2013 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones, por lo cual interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión, y el 7 de febrero de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la confirmó.
negó las pretensiones, por lo cual interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión, y el 7 de febrero de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la confirmó.
Que el 25 de abril de 2019, mediante la sentencia SUJ-015-CE-S2-2019, el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto a los reajustes solicitados por los soldados profesionales en sus asignaciones de retiro y precisó que la prima de antigüedad debía calcularse partiendo del 100 % del sueldo básico y no de la prima de antigüedad devengada en servicio activo.
Que por lo anterior solicitó a Cremil el reajuste de su asignación de retiro para que la prima de antigüedad le fuera liquidada con base en el 100 % del sueldo básico la entidad, a través del Oficio 20532927 del 30 de julio de 2020, negó su petición porque el asunto ya había sido decidido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Que el 8 de octubre de 2020 solicitó al Consejo de Estado la extensión de los efectos de la sentencia de unificación, la cual fue rechazada de plano el 3 de febrero de 2022 porque ya había acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Que luego instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó la nulidad de dicho Oficio, y el 20 de noviembre de 2023 el Juzgado Veintinueve Administrativo de Bogotá declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por Cremil, por lo cual interpuso recurso de apelación y el 29 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Veintinueve Administrativo de Bogotá declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por Cremil, por lo cual interpuso recurso de apelación y el 29 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó la sentencia recurrida.
Que dicha autoridad judicial desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado sobre la configuración de la cosa juzgada relativa cuando lo debatido recae sobre reajustes de prestaciones periódicas, como la asignación de retiro, para lo cual aludió al auto del 13 de mayo de 2015 (exp. 0932-2014) y a las sentencias del 1 de diciembre de 2016 (exp. 0865 -2013), del 7 de diciembre de 2017 (exp. 12782014), del 3 de diciembre de 2020 (exp. 1103 -2018), y del 14 de octubre de 2021 (1260-2020).
Que no tuvo en cuenta que las pretensiones de ese litigio no eran iguales a las del proceso anterior, ya que en esta oportunidad el debate obedeció a la precisión realizada en la sentencia de unificación SUJ -015-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 consistente en que el porcentaje de la prima de antigüedad debía liquidarse tomando como base el 100 % del suel do, lo cual no fue planteado ni discutidoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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anteriormente, por lo que no existía identidad de objeto y, por tanto, tampoco se configuraba la cosa juzgada, como se argumentó a lo largo del proceso.
PRETENSIONES
Que se dejen sin efectos la sentencia del 29 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y se ordene a esa autoridad judicial dictar una decisión de reemplazo, en la que revoque la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 10 de febrero de 202 5 el magistrado sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción y vinculó a l Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a Cremil, como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, por conducto de su titular, realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la instauración de esta acción y solicitó negar la tutela pedida, debido a la ausencia de vulneración d e derechos fundamentales.
su titular, realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la instauración de esta acción y solicitó negar la tutela pedida, debido a la ausencia de vulneración d e derechos fundamentales.
Cremil, a través de apoderado, afirmó que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, pues contó con los medios judiciales de defensa, en los cuales aquellos fueron garantizados, y que la pretensión de aquel es que «se le reconozcan unas peticiones que ya fueron debatidas y sobre las cuales existen pronunciamientos judiciales de fondo».
SENTENCIA IMPUGNADA
El 4 de marzo de 2025 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción porque consideró que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, en la medida que los argumentos de disenso se dirigieron exclusivamente a discutir aspectos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, en atención a los cargos planteados en el recurso de apelación, los cuales fueron reproducidos en esta sede.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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Concluyó q ue lo pretendido era reabrir un debate meramente legal y probatorio propio del proceso ordinario, frente a lo cual le estaba vedado pronunciarse, por exceder su competencia.
IMPUGNACIÓN
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Concluyó q ue lo pretendido era reabrir un debate meramente legal y probatorio propio del proceso ordinario, frente a lo cual le estaba vedado pronunciarse, por exceder su competencia.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia, para lo cual sostuvo que su pretensión es que se protejan los derechos fundamentales que le están siendo vulnerados por la autoridad judicial accionada con la expedición de la sentencia del 29 de agosto de 2024, en la cual confirmó la declaratoria de la cosa juzgada, sin tener en cuenta la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado respecto a la relatividad de dicha institución cuando lo discutido sea el reajuste de una «pensión».
Que la conclusión de la inexistencia de relevancia constitucional del asunto es desacertada, ya que los pronunciamientos alegados como desconocidos guardan similitud fáctica con el caso, en tanto versan sobre la reliquidación de pensiones y la posibilidad de aplicar la cosa juzgada relativa en asuntos relacionados con prestaciones periódicas, posición que ha sido uniforme.
Que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho pretendía el reajuste de su asignación de retiro, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la prima de antigüedad debía ser liquidada en un 38,5 % sobre el 100 % del sueldo básico, por lo cual había lugar a aplicar la teoría de la cosa juzgada relativa prevista por el Consejo de Estado.
Solicitó, en consecuencia, revocar la sentencia y acceder a las pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Consejo de Estado.
Solicitó, en consecuencia, revocar la sentencia y acceder a las pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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Caso concreto
A esta Subsección corresponde , en primer lugar, verificar el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional que no se encontró cumplido en la sentencia recurrida , pues solo de hallarse satisfecho, junto con las demás exigencias generales de procedencia, habría lugar al estudio de los reparos expuestos.
Contrario a lo definido en primera instancia, el asunto sí satisface el requisito mencionado previamente, pues lo pretendido por la parte accionante es lograr el
exigencias generales de procedencia, habría lugar al estudio de los reparos expuestos.
Contrario a lo definido en primera instancia, el asunto sí satisface el requisito mencionado previamente, pues lo pretendido por la parte accionante es lograr el amparo de sus derechos fundamentales porque considera que en la sentencia del 29 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, incurrió en un desconocimiento del precedente judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con la aplicación de la teoría de la cosa juzgada relativa tratándose de prestaciones periódicas, sin que se observe que lo pretendido sea convertir esta acción en una instancia adicional, desconocer la autonomía e independencia judicial o discutir aspectos meramente legales.
También se encuentran superados los demás requisitos generales, pues i) la acción se presentó con inmediatez , pues la sentencia discutida fue notificada el 2 de septiembre de 2024 y esta acción se instauró el 6 de febrero de 2025; ii) se agotaron todos los mecanismos judiciales; iii) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y iv) no se trata de una sentencia de tutela. Además, no se alegó una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de la exigencia relacionada con esta. Se procederá, entonces, al examen de dicha causal específica de procedibilidad.
En la sentencia controvertida el Tribunal aquí accionado determinó, primero, que el demandante instauró i) el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2012-00196, ii) una solicitud de extensión de jurisprudencia y iii) el medio
En la sentencia controvertida el Tribunal aquí accionado determinó, primero, que el demandante instauró i) el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2012-00196, ii) una solicitud de extensión de jurisprudencia y iii) el medio de control que estaba bajo su conocimiento con radicado 2023-00075; y, segundo, que todos ellos tenían las mismas partes, objeto y causa, esto es, la obtención del reajuste de su asignación de retiro, conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, lo cual fue resuelto en las sentencias del 22 de mayo de 2013 y 7 de febrero de 2014 proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, respectivamente, en las que se definió que la prest ación fue liquidada en debida forma.
Adicionalmente, la autoridad judicial accionada concluyó que no era de recibo el argumento del accionante consistente en que no existía identidad de objeto en atención a la nueva forma de liquidar la prima de antigüedad, esto es, en los términos establecidos en la Sentencia SUJ -015-CE-S2-2019, puesto que la liquidación de la asignación de retiro se realizó conforme a la normativa vigente para esa fecha , por lo cual no era procedente la aplicación de dicha sentencia para decidir una controversia que ya se había definido en sede judicial.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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El accionante considera que con la anterior decisión se desconocieron los autos del 13 de mayo de 2015 (exp. 0932 -2014), del 1 de diciembre de 2016 (exp. 08652013)7, del 7 de diciembre de 2017 (exp. 1278 -20148) y del 14 de octubre de 2021 (1260-2020) y la sentencia del 3 de diciembre de 2020 (exp. 1103-2018)9.
Sin embargo, se advierte que esos pronunciamientos no constituyen precedente judicial, pues la mayoría de los asuntos allí resueltos no guardan similitud fáctica con el presente y en ellos tampoco se abordó el mismo problema jurídico que se estudió en la sentencia aquí discutida, esto es, si existía o no cosa juzgada, teniendo en cuenta que se presentó un cambio jurisprudencial luego de que finalizara el primer medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , lo que, a juicio del accionante, permitía analizar las mesadas causadas con posterioridad.
En efecto, en el auto del 1 de diciembre de 2016, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado examinó un litigio relativo a la reliquidación de una pensión de jubilación y concluyó que en el caso no se configuró la cosa juzgada, pero debido a que en el proceso contencioso administrativo iniciado anteriormente no se había dirimido de fondo el conflicto planteado.
pensión de jubilación y concluyó que en el caso no se configuró la cosa juzgada, pero debido a que en el proceso contencioso administrativo iniciado anteriormente no se había dirimido de fondo el conflicto planteado.
A su vez, en el auto del 7 de diciembre de 2017 , dicha Subsección analizó varias solicitudes de extensión de la jurisprudencia , en las que se pretendía la aplicación de la sentencia del 1 de agosto de 2013 que unificó los criterios sobre la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial de la liquidación pensional de los exdetectives del DAS , y concluyó que en algunos de esos casos existía cosa juzgada porque ya habían sido objeto de decisión judicial.
Si bien en ese proveído se sostuvo que el principio de cosa juzgada podía relativizarse cuando se pretend ía el reconocimiento y pago de un derecho que afectaba una prestación periódica, en la medida que las decisiones desfavorables solo producían efectos vinculantes respecto a las mesadas que ya habían sido objeto de pronunciamiento, no las que se causaran con posterior idad; lo cierto es que no se examinó la teoría de la cosa juzgada relativa en relación con el cambio de precedente judicial, que, como se dijo, es lo debatido en esta oportunidad.
De igual forma, en la sentencia del 3 de diciembre de 2020 esa autoridad judicial analizó el caso de una reliquidación de una pensión de jubilación con el ingreso base de liquidación señalado en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y frente a la configuración de la cosa juzgada concluyó que se presentaba de forma parcial, pues en el proceso primigenio la prestación se reconoció hasta que se causó el estatus
base de liquidación señalado en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y frente a la configuración de la cosa juzgada concluyó que se presentaba de forma parcial, pues en el proceso primigenio la prestación se reconoció hasta que se causó el estatus pensional mientras que en ese lo pretendido era la reliquidación para el momento de su retiro efectivo, lo cual dista del asunto aquí analizado.
7 Si bien el accionante señaló que se trataba de una sentencia, realmente corresponde a un auto. 8 Si bien el accionante señaló que el número de radicado era 1278-2014 y que se trataba de una sentencia, lo cierto es que corresponde a un auto y el expediente es el 1287-2014. 9 Si bien el accionante señaló que se trataba de una sentencia, realmente corresponde a un auto.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -00651 -01
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Finalmente, aunque en los autos del 13 de mayo de 2015 y del 14 de octubre de 2021 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y dicha Sección, respectivamente, consideraron que no se había configurado la cosa juzgada con fundamento en un cambio jurisprudencial, lo cierto es que dichos autos no constituyen por sí solos un precedente judicial, en la medida que no se trata de una posición reiterada y pacífica al interior del máximo tribunal que resulte exigible para los jueces de inferior jera rquía. Sumado a ello, el segundo proveído tuvo su
no constituyen por sí solos un precedente judicial, en la medida que no se trata de una posición reiterada y pacífica al interior del máximo tribunal que resulte exigible para los jueces de inferior jera rquía. Sumado a ello, el segundo proveído tuvo su origen en una solicitud de extensión de jurisprudencia, más no en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En consecuencia, al no encontrarse demostrado el desconocimiento del precedente judicial invocado, pero haberse superado el requisito de relevancia constitucional, se revocará la sentencia del 4 de marzo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , mediante la cual se declaró improcedente la acción, y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 4 de marzo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en la que se declaró improcedente la acción y, en su lugar,
Segundo. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente