CE - Sentencia 11001031500020250068401

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250068401
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: CARLOS RAÚL GONZÁLEZ MOSCOTE

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE

DECISIÓN ORAL A, JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA Y

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Defectos por violación directa de la Constitución, decisión sin motivación y defecto procedimental absoluto. Incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el demandante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el demandante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de febrero de 202 5, el señor Carlos Raúl González Moscote pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales de acceso al empleo público, igualdad y a los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Conceder el amparo constitucional de los derechos fundamentales al Acceso al Empleo Público, Prevalencia de la meritocracia, Igualdad en conexidad con el principio de confianza legítima y Prevalencia del derecho sustancial.

2. Dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y

el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla.

3. Ordenar al Departamento del Atlántico que proceda a nombrar al suscrito como empleado público en el cargo denominado “PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código

222, Grado 7”, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de

la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO”.

2. Hechos

La parte actora manifestó que concursó para ocupar la vacante ofertada en el

222, Grado 7”, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de

la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO”.

2. Hechos

La parte actora manifestó que concursó para ocupar la vacante ofertada en el proceso de selección n.º 1343 de 2019 – territorial 2019 -II, correspondiente alRadicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 empleo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, identificado bajo la OPEC n.º 75331 de la Gobernación del Atlántico.

Relató que en el concurso solo se ofertó una vacante para el cargo al que participó y que conforme a la lista de elegibles publicada mediante Resolución n.º 11267 de 18 de noviembre de 2021 ocupó el segundo puesto, motivo por el que se nombró a la persona que alcanzó el puntaje para el primer lugar.

Señaló que el 9 de febrero de 2022 elevó solicitud ante la Gobernación del Atlántico y la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de que se le brindara información sobre los cargos iguales o equivalentes al de Profesional Especializado, código 222, grado 7, que han quedado vacantes con posterioridad al proceso de selección n.º 1343 de 2019.

Adujo que el 8 de marzo de 2022 , la Gobernación del Atlántico dio respuesta a lo pedido en el sentido de informar que la persona que ocupó el primer lugar se

1343 de 2019.

Adujo que el 8 de marzo de 2022 , la Gobernación del Atlántico dio respuesta a lo pedido en el sentido de informar que la persona que ocupó el primer lugar se encontraba nombrada en periodo de prueba, por lo que cualquier novedad que se presentara en uso de la lista de elegibles le sería comunicada y que no existía un empleo equivalente al perfil del ofertado -Profesional Especializado, código 222, grado 7-, en la planta global.

Agregó que la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de oficio de 31 de mayo de 2022, le indicó que, al ocupar el segundo lugar en la lista de elegibles para el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, podría realizar el estudio técnico de viabilidad de uso de listas para empleos equivalentes.

Mencionó que el 22 de marzo de 2022 elevó solicitud ante la Gobernación del Atlántico para que le informara la cantidad de cargos que existen bajo la denominación de Profesional Especializado, código 222, grado 7, a que dependencia se encuentran asignados y en qué situación se encuentran.

Indicó que la autoridad administrativa otorgó respuesta por comunicado de 2 de mayo de 2022, en la que manifestó que “De los empleos denominados profesional especializado código 222 grado 7, encontramos lo siguiente: En vacancia definitiva (4) cargos que fueron ofertados en la convocatoria Territorial II 2019. En carrera administrativa Cuarenta (40) cargos, de los cuales existen (4) cargos provistos por encargo. En provisionalidad son ocho (8) cargos, que fueron ofertados en la convocatoria Territorial II

Cuarenta (40) cargos, de los cuales existen (4) cargos provistos por encargo. En provisionalidad son ocho (8) cargos, que fueron ofertados en la convocatoria Territorial II 2019, del cual un (1) cargo en condición de prepensionado reportado en el aplicativo SIMO de la CNSC. En nombramiento de periodo de prueba hay (24) cargos. De libre nombramiento y remoción son Siete (7) cargos”.

Sostuvo que el 28 de junio de 2022 le solicitó a la Gobernación del Atlántico que procediera a nombrarlo en el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, en alguno de los cargos de libre nombramiento y remoción o provisto por encargo. De manera subsidiaria pidió que se considerara su nombramiento en un empleo equivalente o similar en cuanto a funciones.

Aludió que, por oficio de 6 de julio de 2022, notificado el 15 del mismo mes y año, la Gobernación del Atlántico decidió negar el nombramiento solicitado bajo el siguiente argumento: “los cargos de libre nombramiento y remoción, a diferencia de los de carrera, están sometidos a la voluntad del empleador en cuanto a su vinculación, permanencia y retiro y en estos casos, es él quien evalúa las capacidades y la idoneidad de los funcionarios”.

Manifestó que el 26 de julio de 2022 le solicitó a la Gobernación del Atlántico que le suministrara el manual de funciones de los funcionarios provistos por encargo, los de libre nombramiento y remoción y del prepensionado, con el fin de verificar siRadicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

de libre nombramiento y remoción y del prepensionado, con el fin de verificar siRadicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 existían equivalentes. A lo que agregó que el 23 de agosto de 2022, la autoridad en mención le dio respuesta enviando los manuales específicos de funciones.

Señaló que, ante la negativa de la Gobernación del Atlántico en realizar el nombramiento en el equivalente al cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, presentó demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que le fue asignada por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla con radicado n.º 08 -001-33-33008-2023-00063-00.

Relató que, el juzgado profirió sentencia de primera instancia el 2 de agosto de 2024, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda por considerar que “los cargos de libre nombramiento y remoción difieren sustancialmente de los de carrera administrativa por su discrecionalidad. En las respuestas a los derechos de petición suministradas al demandante, el Departamento del Atlántico siempre se le dejó en claro que no había vacantes en los cargos de carrera a los que él aspiraba y que los cargos de lib re nombramiento y remoción existentes, a diferencia de los de carreras, están sometidas a la voluntad del empleador en cuanto a su vinculación y permanencia del retiro”.

nombramiento y remoción existentes, a diferencia de los de carreras, están sometidas a la voluntad del empleador en cuanto a su vinculación y permanencia del retiro”.

Expuso que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 27 de noviembre de 2024, en la que resolvió confirmar la decisión apelada.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora hizo referencia a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Mencionó que el asunto cuenta con relevancia constitucional, por cuanto se debate la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho a la defensa, de acceso a la administración de justicia e igualdad, debido a que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el i) defecto procedimental absoluto, al no aplicar las disposiciones para la provisión de empleos de carrera administrativ a, ii) violación directa de la Constitución, tras no observar el debido proceso en conexión con el acceso a la administración de justicia y , iii) decisión sin motivación, porque los fundamentos jurídicos no se ajustan a la situación fáctica planteada, sumado que no cuenta con otro medio de defensa judicial y se cumple el presupuesto de la inmediatez ya que la decisión cuestionada fue notificada el 27 de noviembre de 2024.

Mencionó que la decisión reprochada no consideró que los siete empleos que ocupan el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, no deben ser de libre nombramiento y remoción, sino que deben ser provistos a través del mérito, en consecuencia, resulta aplicable la regla contenida en el artículo 6º de la Ley 1960

de libre nombramiento y remoción, sino que deben ser provistos a través del mérito, en consecuencia, resulta aplicable la regla contenida en el artículo 6º de la Ley 1960 de 2019. Sumado a que es padre cabeza de familia y tiene un hijo en condición de discapacidad cognitiva.

En relación con la vulneración al derecho de acceso al empleo público, hizo referencia al artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 para mencionar que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad, por falsa motivación, infracción de las norma s que debía fundarse y desviación de poder. A ello agregó que “la entidad demandada viola mis derechos fundamentales i) a la igualdad, ii) al trabajo, iii) al debido proceso, iv) acceso a la función pública y v) a la posibilidad de acceder a cargos públicos, porque, pese a la existencia de una normatividad y jurisprudencia que lo permite y exige obligatoriamente, la Gobernación del Atlántico en este caso le da preferencia en el acceso al cargo a personas que acceden al empleo a través del encargo y el libre nombramiento y remoción, y no por medio del concurso de méritos”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

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4 Citó los artículos 27 y 31 de la Ley 909 de 2004 y mencionó el 28 de la misma normativa. También se refirió al artículo 53 de la Constitución Política , a las

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4 Citó los artículos 27 y 31 de la Ley 909 de 2004 y mencionó el 28 de la misma normativa. También se refirió al artículo 53 de la Constitución Política , a las sentencias T -333 de 1998 , T -081 de 2021 y T-340 de 2020 de la Corte Constitucional relacionadas con la provisión de empleos a través de concurso de méritos y a la Ley 1960 de 2019. En ese punto, precisó que existe prevalencia constitucional sobre los cargos provistos mediante libre nombramiento y remisión por quienes adquirieron su estatus por mérito, como lo es el resultado obtenido para la provisión del cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7. De manera puntual consideró lo siguiente:

“(...) se colige que la Ley 909 de 2009 regula el sistema de carrera administrativa y es norma reguladora de todo concurso que obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas y a sus participantes a seguir estrictamente sus directrices, la cual fue modificada por la Ley 1960 de 2019, que señala en su artículo 6 que la lista de elegibles obtenida en un concurso de mérito, se podrá utilizar en estricto orden de mérito para proveer las vacantes para las cuales se efectuó el concurso de mérito y las demás vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad, siempre y cuando la convocatoria se inicie en su vigencia.

En este caso específico, el empleo al que me postulé para el concurso de méritos en el que ocupé la segunda posición tiene la misma denominación, naturaleza y

concurso en la misma entidad, siempre y cuando la convocatoria se inicie en su vigencia.

En este caso específico, el empleo al que me postulé para el concurso de méritos en el que ocupé la segunda posición tiene la misma denominación, naturaleza y perfil de los empleos que ocupan siete empleados de libre nombramiento y remoción en la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.

En la respuesta a petición presentada por el suscrito, indicó la entidad demandada que no podía proveerme en el cargo, por la confianza que requerían los cargos al ser de libre nombramiento y remoción. No obstante, tal como se establece en el manual de fun ciones de la entidad, el cargo de profesional especializado, código 222, grado 7 no hace referencia a funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional; asimismo, no está establecido en el manual de funciones que sea un cargo en el cual es necesaria la confianza de los servidores que tienen esa clase de responsabilidades. Se trata de un cargo que, por su naturaleza, debe ser provisto por medio del mérito, pero que ha venido siendo desvirtuada su forma de ser provisto”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

El secretario del despacho procedió a remitir el enlace del expediente digital, sin embargo, no allegó informe sobre los hechos que dieron origen a la solicitud de tutela.

4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral “A”

La titular a cargo del despacho judicial que profirió la sentencia de segunda instancia objeto de reproche, rindió informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones

Oral “A”

La titular a cargo del despacho judicial que profirió la sentencia de segunda instancia objeto de reproche, rindió informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados.

Mencionó que el debate planteado por el accionante en el escrito de tutela se enmarca en la controversia estudiada en el proceso ordinario, en el que se hizo un estudio del caso conforme a la normatividad aplicable y se logró establecer que no era procedente el nombramiento solicitado por el demandante, ya que solo se ofertó una vacante para el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, en laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

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5 planta de la Gobernación del Atlántico, y debido a que la naturaleza de los empleos de libre nombramiento y remoción distan del solicitado.

4.3. Respuesta del departamento del Atlántico

El subsecretario del despacho del gobernador indicó que no existió vulneración a las garantías ius fundamentales del actor con el actuar del ente territorial, ya que las solicitudes formuladas fueron absueltas y se evidenció que el demandante no ocupó una posición de mérito para ser nombrado en periodo de prueba, pues no existía algún cargo que correspondiera al mismo empleo para su ubicación.

Precisó que la lista de elegibles para el cargo de Profesional Especializado, código

una posición de mérito para ser nombrado en periodo de prueba, pues no existía algún cargo que correspondiera al mismo empleo para su ubicación.

Precisó que la lista de elegibles para el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, tenía una vigencia de dos años, por lo que la misma venció el 20 de enero de 2024 y que solo se ofertó una vacante, en la que se nombró a quien ocupó el primer puesto. Adicional a que, los empleos vacantes en la entidad tenían la connotación de libre nombramiento y remoción por lo que no era factible acceder a lo pedido.

5. Terceros con interés

5.1. Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que es un mecanismo residual. A lo que agregó que no vulneró los derechos fundamentales del actor, al no tener competencia en las actuaciones de nombramiento que realiza la Gobernación del Atlántico.

Sostuvo que la controversia propuesta por el demandante debe ser dirimida por el juez natural a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no se advierte algún perjuicio irremediable que haga viable su estudio por la vía constitucional.

5.2. La señora Lisbeth Yissel Gnecco Leyva , guardó silencio aun cuando fue notificada del auto admisorio.

6. Sentencia de tutela impugnada La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 3 de abril de 2025 declaró improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia

notificada del auto admisorio.

6. Sentencia de tutela impugnada La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 3 de abril de 2025 declaró improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia constitucional, luego de considerar que el actor pretende debatir las providencias dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en las que se resolvió no acceder a las pretensiones de la demanda y que la inconformidad radica en la negativa del ente territorial en n ombrarlo en el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, debido a que concursó y ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas llegaron a la conclusión que los cargos vacantes no pertenecían al régimen de carrera administrativa, lo que implicaba que no podían ser proveídos mediante lista de elegibles y dependían de la autonomía del nominador, y que verificada la demanda promovida, así como los argumentos del recurso de apelación, se evidenciaba una similitud con lo planteado en el escrito de tutela, de manera exacta en la litis propuesta que gira en relación con la inconformidad en utilizar la lista de elegibles para proveer el cargo al que se postuló en la planta de la Gobernación del Atlántico, por lo que mencionó que no existía duda en que se acudía al mecanismo de amparo con el fin de reabrir unRadicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

existía duda en que se acudía al mecanismo de amparo con el fin de reabrir unRadicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

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6 debate suscitado por el juez natural , para obtener una decisión favorable a sus intereses.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo cual expuso lo siguiente:

Reiteró los argumentos mencionados en la demanda de tutela y sostuvo que no se pretende reabrir un debate probatorio o una tercera instancia, sino cumplir la regla constitucional de acceso al empleo público de carrera administrativa mediante concurso de méritos, antes que a la excepción de libre nombramiento y remoción como lo viene haciendo la Gobernación del Atlántico.

Indicó que el asunto goza de relevancia constitucional que se encuentra relacionada con la prevalencia del concurso de méritos ante los cargos provistos mediante libre nombramiento y remoción, por lo tanto, es procedente que se ordene la aplicación de la regla contenida en la Ley 1960 de 2019, es decir, que se retire a quien ocupa el cargo de libre nombramiento y remoción para ser nombrado en el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, el cual aspiró.

de la regla contenida en la Ley 1960 de 2019, es decir, que se retire a quien ocupa el cargo de libre nombramiento y remoción para ser nombrado en el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, el cual aspiró.

Mencionó que “el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO está desvirtuando el concepto de provisión de empleo a través del encargo y el libre nombramiento y remoción, toda vez que está proveyendo cargos por medio de esas figuras sin acudir a la primacía del mérito en el acceso a ca rgos públicos, teniendo en cuenta que el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, permite extender una lista de elegibles vigente para proveer cargos equivalentes” y, por tanto, vulnerando sus derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si se debe revocar la sentencia de 3 de abril de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales y administrativa vulneraron los derechos fundamentales del accionante con ocasión a

de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales y administrativa vulneraron los derechos fundamentales del accionante con ocasión a las decisiones dict adas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se resolvió negar las pretensiones de la demanda.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones1.

1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

Demandante: Carlos Raúl González Moscote

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7

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de

que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

  1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
  1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional

situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

  1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
  1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.

De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

  1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
  1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los

sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en

2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 3 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01

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8 últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

Teniendo en consideración los antecedentes del caso y d e conformidad con las pruebas que obran en el expediente y las actuaciones que reposan en el proceso

autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

Teniendo en consideración los antecedentes del caso y d e conformidad con las pruebas que obran en el expediente y las actuaciones que reposan en el proceso digital, la Sala observa que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla en decisión de 2 de agosto de 2024 negó las pretensiones de la demanda en la que el accionante solicitó la nulidad del oficio de 6 de julio de 2022, por el cual se negó el nombramiento en carrera al cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, de la planta de personal de la Gobernación del Atlántico.

El juez de primera instancia tuvo como fundamento para su decisión que los cargos de libre nombramiento y remoción difieren sustancialmente de los de carrera administr

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