CE - Sentencia 11001031500020250068700
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250068700
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
Demandante: Albeiro de Jesús Arango Serna y otros
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
Demandante: ALBEIRO DE JESÚS ARANGO SERNA Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y OTRO Temas: Tutela contra providencia judicial, reparación directa. Falta de cumplimiento de requisitos generales de procedencia – requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada , mediante apoderado, por Albeiro de Jesús Arango Serna, Luz de María Vargas Jiménez, Sandra Milena Arango Vargas, Camilo Andrés Arango Vargas, Diego Alejandro Arango Vargas, Marta Lucía Arango Vargas, Adriana María Arango Vargas, Óscar Darío Vargas, Carlos Hernán Vargas Jiménez, contra el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Treinta y Dos de Medellín, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Medellín, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de febrero de 202 5, l a parte actora interpuso acción de tutela el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se declare probada la vía de hecho por defecto fáctico.
2. Que se revoque el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Quindío - Sala Tercera de Decisión.
2. (sic) Que se revoque el fallo de primera instancia proferido por el juzgado 32º
Administrativo del Circuito de Medellín.
3. (sic) En consecuencia con lo anterior que se emita un nuevo fallo en el que se acojan todas las pretensiones de la demanda inicial a favor de los demandantes».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El día 25 de abril de 2009, Albeiro de Jesús Arango Vargas se desempañaba como ayudante de volqueta para el señor Asdrúbal Armando Moreno Rendón, quien era arrendatario del vehículo de placas SNO -668, marca International, modelo 2008, de propiedad de la empresa Sufinanciamiento S.A., afiliado a la empresa Mototransportar S.A. y cuyo conductor del vehículo era el señor León Alberto González Giraldo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
propiedad de la empresa Sufinanciamiento S.A., afiliado a la empresa Mototransportar S.A. y cuyo conductor del vehículo era el señor León Alberto González Giraldo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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En cumplimiento de su labor, la volqueta ingresó a la obra Parque Industrial del Sur, corregimiento La Tablaza, municipio de La Estrella (Antioquia), de propiedad de la empresa Centro Sur S.A. , al momento de descargar tierra y levantar el cajón de descarga, el vehículo hizo contacto con una línea de energía eléctrica y, al intentar ingresar al vehículo, el señor Albeiro de Jesús Arango Vargas recibió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte inmediata.
El 2 de junio de 2011, los familiares del fallecido presentaron demanda de reparación directa contra Empresas Públicas de Medellín (EPM), Centro Sur S.A., Mototransportar S.A., Sufinanciamiento S.A., y los particulares Asdrúbal Armando Moreno Rendón y León González, por los perjuicios materiales y morales derivados de la muerte del señor Arango Vargas.
El 25 de septiembre de 2018, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín profirió sentencia de primera instancia en la que declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones . En el análisis del caso encontró que
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones . En el análisis del caso encontró que la red de conducción de energía en la que ocurrió el accidente era de propiedad de la empresa Centro Sur S.A., aprobada por EPM mediante el proyecto núm. 14961159 y estableció que dicha red cumplía con los requisitos técnicos del RETIE, al presentar altura de 5.85 metros, superior al mínimo exigido de 5.6 metros, lo que excluía responsabilidad por configuración de un riesgo no permitido.
Declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, al considerar que: (i) el señor Arango Vargas ingresó de forma indebida y clandestina a la obra, en contra de una restricción clara, permanente y reiterada ; (ii) c onocía expresamente la prohibición de ingreso, ya que había sido advertido por el portero y existía señalización visible; (iii) d escendió del vehículo para dar instrucciones al conductor y posteriormente intentó ingresar nuevamente cuando la volqueta ya había hecho contacto con la red eléctrica ; (iv) Por ello , consideró que se rompió el nexo de causalidad entre la conducta de los demandados y el daño. Concluyó que ni la actividad peligrosa ni las redes eléctricas incrementaron el riesgo y que el fallecimiento fue consecuencia de una conducta imprudente, desatenta y voluntaria por parte de la víctima.
La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en que el a quo omitió considerar que en el proceso se acreditaron múltiples causas directas del siniestro, atribuibles a la empresa Centro Sur S.A., entre las cuales destacó: (i) no
La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en que el a quo omitió considerar que en el proceso se acreditaron múltiples causas directas del siniestro, atribuibles a la empresa Centro Sur S.A., entre las cuales destacó: (i) no haber modificado la ubicación de las redes primarias de energía pese a su altura peligrosa; (ii) permitir el ingreso sin restricciones de volquetas a zonas donde el llenado redujo la distancia con las redes; (iii) la ausencia de señalización o barreras que alertaran sobre el riesgo; (iv) la inacci ón del personal de seguridad y , (v) la negligencia del encargado de indicar el sitio de descarga, quien orientó hacia una zona riesgosa.
Además, advirtió que el accidente no fue un hecho imprevisible, pues, según el informe técnico de Empresas Públicas de Medellín, en esa misma red, el 14 de octubre de 2009 ocurrió otro accidente fatal cuando una estructura metálica hizo contacto con las líneas de 13.200 voltios, lo que causó la muerte de dos personas. Además, afirmó que al día siguiente del accidente en el que falleció Albeiro de Jesús Arango Vargas, la empresa reubicó las redes primarias de energía, lo que revela que su ubicación inicial representaba una situación de alto riesgo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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Agregó que se desestimaron injustificadamente las declaraciones rendidas ante la
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Agregó que se desestimaron injustificadamente las declaraciones rendidas ante la Fiscalía, bajo el argumento de que no fueron presentadas en juicio. No obstante, sostuvo que estas declaraciones deben tenerse en cuenta como indicios relevantes, por haber sido rendidas.
De igual forma , resaltó que la conducta de la víctima no fue la causa exclusiva del daño, ya que no era quien operaba el vehículo, no ordenó el lugar de descarga, ni tenía injerencia en el diseño eléctrico de la obra.
El 30 de agosto de 2021, en virtud del Acuerdo PCSJA21-11814 del Consejo Superior de la Judicatura, remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Quindío.
El 1 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, profirió sentencia de segunda instancia, en la que confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en que se configuró la culpa exclusiva de la víctima.
Afirmó que , si bien , la actividad de conducción de energía eléctrica puede considerarse una condición necesaria para la producción del daño, no constituye su causa adecuada en el presente caso, porque las redes eléctricas internas del Parque Industrial del Sur, propiedad de Centro Sur S.A., se encontraban diseñadas conforme con las normas técnicas y con validación de Empresas Públicas de Medellín (EPM). En particular, dijo que las pruebas acreditaban que la altura de las redes eléctricas, incluso tras el ll enado del terreno, cumplía con la distancia mínima exigida por el
con las normas técnicas y con validación de Empresas Públicas de Medellín (EPM). En particular, dijo que las pruebas acreditaban que la altura de las redes eléctricas, incluso tras el ll enado del terreno, cumplía con la distancia mínima exigida por el RETIE (5.6 metros), pues se encontraban a 5.85 metros del suelo.
Seguidamente, realizó un examen de las pruebas testimoniales y documentales que daban cuenta de las circunstancias del accidente y las actuaciones del señor Albeiro de Jesús Arango Vargas y encontró que:
(i) El señor Arango Vargas había trabajado anteriormente como ayudante de volqueta, actividad que desempeñaba sin estar formalmente vinculado a la obra y a pesar de existir una prohibición expresa de ingreso a personas no autorizadas, ingresó a la obra sin autorización, con lo cual incumplió las políticas de acceso establecidas por Centro Sur; (ii) Una vez dentro de la obra, el conductor recibió una instrucción clara de esperar antes de proceder al descargue, pero decidieron ignorarla. El conductor ingresó y descargó el material en una zona no habilitada y el señor Arango descendió del vehículo para dar instrucciones desde la parte trasera, en un área donde se reducía la distancia con las líneas primarias de energía; (iii) Al momento de la descarga, la volqueta entró en contacto con las redes energizadas, provocando humo y chispas , los testigos advirtieron con gritos la inminencia del peligro y, (iv) Pese a esas advertencias y a los signos evidentes del riesgo, el señor Arango Vargas decidió voluntariamente subirse a la volqueta, tocando una de sus partes metálicas
advertencias y a los signos evidentes del riesgo, el señor Arango Vargas decidió voluntariamente subirse a la volqueta, tocando una de sus partes metálicas energizadas, lo que provocó la descarga eléctrica que le causó la muerte.
Por lo anterior, concluyó que la conducta del señor Arango Vargas fue voluntaria, consciente y contraria a las reglas mínimas de prudencia, pues lo esperado ante una situación visible de riesgo, como lo es una volqueta en contacto con cables eléctricos con presencia de humo, era alejarse del vehículo y no interactuar con él. En este contexto, afirmó que la conducta del señor Arango Vargas fue la causa adecuada, exclusiva, eficiente y determinante del daño.
Por otro lado, no encontró que la empresa demandada haya incurrido en falla del servicio, pues no se acreditó incumplimiento normativo alguno en el diseño oRadicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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disposición de las redes eléctricas, ni omisión en el deber de señalización o prevención, porque existían letreros de restricción de ingreso y el lugar autorizado para descarga se encontraba a una distancia segura, siendo el accidente producto de una serie de actos ajenos a las instrucciones y controles de la empresa.
3. Argumentos de la acción de tutela
Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida
una serie de actos ajenos a las instrucciones y controles de la empresa.
3. Argumentos de la acción de tutela
Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, porque no tuvo en cuenta que:
(i) Según los testimonios de Ricaurte Monsalve (maestro de obra), presentado ante la Fiscalía, y de Jhon Freddy Martínez (empleado de la empresa Centro Sur S.A.), ante el juzgado administrativo, el señor Arango no ingresó subrepticiamente a la obra, como lo afirmó el tribunal, sino que lo hizo de manera pública y pacífica, debido a la ausencia del vigilante, quien en ese momento lavaba llantas de otra volqueta por orden de la empresa, para cumplir directrices ambientales municipales.
(ii) De acuerdo con el testimonio rendido por Jhon Freddy Martínez, quien era el encargado de patio, no se encontraba presente al momento de la descarga del material, porque atendía otra volqueta en un sitio distante. Además, s egún el conductor del vehículo, fue precisamente dicho encargado quien le dio la orden de ingresar y descargar el material.
(iii) La obra carecía de señalización o demarcación sobre los sitios en los que no debía descargarse material, pese a las instrucciones internas sobre las distancias de seguridad en relación con las redes eléctricas. Lo anterior, de conformidad con las declaraciones de Mauricio Iván Botero (ingeniero de EPM), Ocaris de Jesús Álvarez (funcionario de EPM), Juan Fernando Echeverri Ciro y el Informe técnico de EPM sobre el accidente.
(iv) La empresa no elaboró ni ejecutó una matriz de riesgos para prevenir accidentes
(funcionario de EPM), Juan Fernando Echeverri Ciro y el Informe técnico de EPM sobre el accidente.
(iv) La empresa no elaboró ni ejecutó una matriz de riesgos para prevenir accidentes con líneas eléctricas, a pesar de que meses después ocurrió otro siniestro similar que causó la muerte de dos trabajadores por contacto con las mismas redes.
(v) El dictamen del perito Baltazar Walter Múnera y los testimonios técnicos (Mauricio Iván Botero) evidencian que, aunque inicialmente las redes de energía se encontraban a 9.80 metros del suelo, el constante depósito de tierra redujo esta distancia a 5.85 metros, muy cerca del mínimo permitido por el RETIE (5.60 m). De modo que ese riesgo no fue previsto ni gestionado por la empresa.
(vi) Existieron contradicciones en el testimonio de John Freddy Martínez, pues no estaba presente en el lugar de los hechos, no estaba afiliado al sistema de seguridad social para la fecha del accidente, lo que ponía en duda que se encontrara en el lugar del accidente, y sus afirmaciones fueron rendidas cinco años después del siniestro. Además, incurrió en contradicciones al que no conocía a la víctima y luego mencionó que lo había visto varias veces y señaló que el conductor descargó sin instrucciones, pese a que tanto el conductor como Ricaurte Monsalve señalan lo contrario.
(vii) Los únicos testigos directos, Ricaurte Monsalve y el conductor León González, manifestaron que el ayudante actuaba como parte del equipo de descarga y que fue orientado por personal de la obra. Además, a mbos coincidieron en que el señor Arango Vargas no tenía conocimiento de que el vehículo estaba energizado, y que
manifestaron que el ayudante actuaba como parte del equipo de descarga y que fue orientado por personal de la obra. Además, a mbos coincidieron en que el señor Arango Vargas no tenía conocimiento de que el vehículo estaba energizado, y que la descarga ocurrió cuando intentó subir al vehículo sin advertir el peligro.
(viii) Si bien los f uncionarios de EPM concluyeron que el accidente se debió a la imprudencia del conductor al movilizarse con el volco levantado, también señalaron que Centro Sur omitió medidas de seguridad industrial básicas. Uno de los informes reveló que, tras el accidente, la empresa modificó la ubicación de las redes, lo cual, en criterio de los accionantes, evidencia que estas se encontraban inicialmente en un sitio riesgoso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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(ix) La autoridad judicial otorgó total credibilidad a las declaraciones de Jhon Freddy Martínez y Juan Fernando Echeverri Ciro, quienes no fueron mencionados en los informes iniciales del CTI , ni tampoco se probó su presencia en el lugar de los hechos.
Aunado a lo anterior, alegó que el 20 de enero de 2014 presentó solicitud para «ahondar sobre la veracidad de los testimonios de los señores John Fredy Martínez y Juan Fernando Echeverri Ciro ». Sin embargo, dicha solicitud fue negada por el juez de primera instancia con el argumento de que no era pertinente , a pesar de que a
«ahondar sobre la veracidad de los testimonios de los señores John Fredy Martínez y Juan Fernando Echeverri Ciro ». Sin embargo, dicha solicitud fue negada por el juez de primera instancia con el argumento de que no era pertinente , a pesar de que a esas pruebas fueron decisivas en el sentido del fallo . Asimismo, señaló que en la apelación « se arrimaron nuevamente pruebas que podían poner en tela de juicio credibilidad de dichos testigos, y dicha prueba no fue negada en el auto que concedió la apelación ni en la sentencia que definió el asunto.»
Asimismo, advirtió que se configuró decisión sin motivación, pues los argumentos expuestos en los fallos cuestionados no se ajusta n a los estándares exigidos constitucionalmente, al fundamentarse en testimonios cuya veracidad fue cuestionada reiteradamente y respecto de los cuales no se ordenó verificación alguna mediante pruebas de oficio.
En este sentido, dijo que las autoridades judiciales incumplieron su obligación legal de decretar pruebas de oficio necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en los términos del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 206 del CPACA.
Por otro lado, afirmó que las sentencias fueron producto de un error inducido por los testimonios anteriormente mencionados, pues el juez habría sido engañado al otorgar plena validez a declaraciones que resultan desvirtuadas por otros elementos del expediente.
4. Trámite previo
El 13 de febrero de 2025 , el despacho sustanciador, requirió al abogado de la parte accionante para que aportara los documentos que lo acreditan como apoderado de
expediente.
4. Trámite previo
El 13 de febrero de 2025 , el despacho sustanciador, requirió al abogado de la parte accionante para que aportara los documentos que lo acreditan como apoderado de los señores los señores Camilo Andrés Arango Vargas y Carlos Hernán Vargas Jiménez, puesto que el poder aportado como anexo no fue suscrito por los referidos. El apoderado allegó escrito en el que afirmó que desistía de la presentación de la acción de tutela respecto de los señores Camilo Andrés Arango Vargas y Carlos Hernán Vargas Jiménez, porque no fue posible ubicarlos para que suscribieran el poder.
El 26 de febrero de 2025, el despacho sustanciador, de un lado, rechazó la acción de tutela respecto de los señores Camilo Andrés Arango Vargas y Carlos Hernán Vargas Jiménez, pues no se aportó poder en debida forma, pese a ver sido requeridos para ese efecto.
Del otro lado, admitió la acción de tutela interpuesta por los señores Albeiro de Jesús Arango Serna, Luz de María Vargas Jiménez, Sandra Milena Arango Vargas, Diego Alejandro Arango Vargas, Marta Lucía Arango Vargas, Adriana María Arango Vargas, Óscar Darío Vargas, Dorángela Vargas Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Quindío y el Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín y vinculó a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Sufinanciamiento S.A., Empresa Centro SurRadicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Sufinanciamiento S.A., Empresa Centro SurRadicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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S.A., Mototransportar S.A., y a los señores Asdrúbal Armando Moreno Rendón y León Alberto González, como terceros interesados.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Quindío guardó silencio.
El Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín remitió enlace para acceder únicamente a la parte digital del expediente, el cual reposa en esa sede judicial. Además, informó que la parte física del proceso aún no había sido allegada a ese despacho. Explicó que el 19 de febrero de 2025 efectuó requerimiento verbal al Despacho Catorce del Tribunal Administrativo de Antioquia para solicitar el envío de los cuadernos físicos. Como respuesta, el Tribunal indicó mediante correo electrónico que estos debían ser requerido s directamente a los despachos que previamente conocieron del asunto. Advirtió que, a la fecha del oficio, la parte física seguía sin ser recibida ni se había dado respuesta efectiva a dicha solicitud.
6. Intervención de los terceros con interés
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) solicitó declarar improcedente la acción de tutela, porque no se configuró alguna de las causales especiales acción de tutela contra providencias judiciales. Indicó que el actor no demostró la existencia de
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) solicitó declarar improcedente la acción de tutela, porque no se configuró alguna de las causales especiales acción de tutela contra providencias judiciales. Indicó que el actor no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara el amparo constitucional como mecanismo transitorio, ni acreditó que el proceso ordinario hubiera sido ineficaz para la protección de sus derechos.
Advirtió que el argumento central del accionante radica en su desacuerdo con la valoración que hicieron las autoridades judiciales de los testimonios rendidos por John Fredy Martínez y Juan Fernando Echeverri Ciro. Al respecto, sostuvo que el actor tuvo la oportunidad de controvertir tales testimonios y de pedir pruebas, sin que lo hubiera hecho oportunamente, por lo que no puede pretender subsanar su inactividad procesal mediante la acción de tutela.
Por último, manifestó que no puede atribuirse responsabilidad por hechos que no fueron causados por su actuar, máxime cuando las redes de energía involucradas cumplían con la normatividad del RETIE y habían sido aprobadas conforme al procedimiento técnico correspondiente.
Sufinanciamiento S.A., Empresa Centro Sur S.A., ni Mototransportar S.A ., se pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.
Los señores Asdrúbal Armando Moreno Rendón ni León Alberto González a pesar de que se les envío notificación de la presente acción a la dirección física que informó el accionante, fueron devueltos por parte de la empresa de mensajería.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
el accionante, fueron devueltos por parte de la empresa de mensajería.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por laRadicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Previo plantear el problema jurídico es necesario precisar que el análisis de procedencia de la presente acción de tutela se centrará exclusivamente en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 1 de agosto de 2024, por ser la decisión que puso fin al proceso ordinario en el que se discutió la responsabilidad por los perjuicios derivados del fallecimiento del señor Albeiro de Jesús Arango Vargas.
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración del acervo probatorio, al haber desestimado los testimonios rendidos por los únicos testigos directos del accidente (el conductor del vehículo y el maestro de obra ) y, en su lugar, haber otorgado plena credibilidad a las declaraciones de Jhon Freddy Martínez y Juan Fernando Echeverri Ciro, sin que existiera certeza sobre su presencia en el lugar de los hechos ni sobre su condición de testigos presenciales.
Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en omisión en su deber
Martínez y Juan Fernando Echeverri Ciro, sin que existiera certeza sobre su presencia en el lugar de los hechos ni sobre su condición de testigos presenciales.
Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en omisión en su deber legal de decretar pruebas de oficio, conforme con los artículos 179 del Código de
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00687-00
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Procedimiento Civil y 206 del CPACA, al no adoptar las medidas necesarias para esclarecer la veracidad de los testimonios cuestionados, pese a que la parte actora lo solicitó de manera expresa en etapa procesal oportuna.
Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en error inducido, porque sustentó sus decisiones en testimonios que, según lo alegado, desvirtúan otros elementos objetivos del expediente, como la falta de vinculación laboral del testigo
Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en error inducido, porque sustentó sus decisiones en testimonios que, según lo alegado, desvirtúan otros elementos objetivos del expediente, como la falta de vinculación laboral del testigo Jhon Freddy Martínez para la fecha del accidente y las contradicciones internas en sus declaraciones.
Por último, alegó el defecto por decisión sin motivación , porque el Tribunal Administrativo del Quindío fundamentó las prov
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