CE - Sentencia 11001031500020250070101

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250070101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: PABLO CESAR CALDERÓN AGUIRRE

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional/ FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple cuando el accionante emplea la acción de tutela pero no satisface la carga mínima argumentativa para demostrarla / TERCERA INSTANCIA – Se pretende reabrir la discusión definida en la acción popular.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por señor Pablo Cesar Calderón Aguirre, en contra de la sentencia del 7 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B – Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 10 de febrero de 2025 el señor Pablo Cesar Calderón Aguirre, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado – Sección Primera, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al

1. El 10 de febrero de 2025 el señor Pablo Cesar Calderón Aguirre, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado – Sección Primera, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, ambiente sano, “ deber de protección de la biod iversidad, protección de los derechos e intereses colectivos y procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales”.

Hechos relevantes

2. El señor Pablo Cesar Calderón Aguirre presentó una acción popular con el fin de que se protegiera el derecho a la vida de las especies afectadas por la inexistencia de ecoductos, de corredores biológicos y pasos ambientales que son necesarios para la protección de la vida silvestre en las vías del Municipio de Manizales. Dicha omisión fue at ribuida “ al Invias, Secretaría de Tránsito y Transporte, las Corporaciones Autónomas, la Alcaldía de Manizales y las que se encuentren a su alrededor, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente,

1 Que ingresó para fallo el 11 de abril de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

2 las Autopistas del Café -Grupo Odinsa, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Departamento de Planeación Nacional y sus diferentes concesiones, la Ruta del Sol, Pacífico, la Asamblea departamental, los Consejos Municipales y los demás responsables que se encontraren”.

Departamento de Planeación Nacional y sus diferentes concesiones, la Ruta del Sol, Pacífico, la Asamblea departamental, los Consejos Municipales y los demás responsables que se encontraren”.

3. El reparto le correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas, autoridad mediante auto del 22 de octubre de 2019, inadmitió la demanda para que corrigiera de la siguiente manera: “(…) [p]ara que concrete cual es el ámbito territorial de las pretensiones, o sea sí es solamente al Municipio de Manizales o es todo el territorio del departamento de Caldas. Las pretensiones deben concretarse a las peticiones que se realizaron cuando se agotó el requisito de procedibilidad ante las entidades a las cuales solicitó la protección de los derec hos colectivos. Debe allegar el requisito de procedibilidad de todas las entidades demandadas. Debe identificar los “demás responsables” y el agotamiento del requisito de procedibilidad ante todas las entidades que demanda y que considera responsable (…)”.

4. El demandante remitió un correo electrónico mediante el cual replicó a las mismas entidades mencionadas en la demanda, así como subsanó las pretensiones. Por tanto, a través de auto del 10 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la demanda contra el Municipio de Manizales, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, Autopistas del Café S.A., y la Corporación Autónoma Regional de Caldas y consideró que el ámbito territorial de la acción popular se circunscribía solo a l Municipio de Manizales y el comprendido por la Concesión Autopista del Café.

5. De manera posterior, por medio de la sentencia del 28 de septiembre de 2023,

de la acción popular se circunscribía solo a l Municipio de Manizales y el comprendido por la Concesión Autopista del Café.

5. De manera posterior, por medio de la sentencia del 28 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió i) declarar no probadas las excepciones de a) falta de legitimación en la causa propuestas por Autopistas del Café S.A., Corpocaldas, el INVIAS, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, la ANI, b) inexistencia de los elementos estructurales de la responsabilidad propuestas por Autopistas del Café S.A.; y c) la falta de competencia propuesta por Corpocaldas. ii) Declaró parcialmente probadas las excepciones de a) Cumplimiento de las obligaciones contractuales de Autopistas del Café e inexistencia del nexo causal propuestas por Autopistas del Café S.A.; b) inexistencia de responsabilidad y carencia de pruebas propuestas por el INVIAS; c) inexistencia de responsabilidad y nexo causal e improcedencia de la acción popular por insuficiencia probatoria de la ANLA. iii) Amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, equilibrio ecológico y la conservación de especies. iv) Le impuso varias órdenes al Municipio de Manizales 2 y v) fijó agencias en derecho a favor de la parte demandante.

2(…) 4.1. Dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y caso de no haberlo realizado aun, el municipio de Manizales hará un inventario de los hábitats de las áreas de interés ambiental, o aquellas donde exista fauna silvestre, que pueden ser fraccionados por las redes viales que existen en el municipio. Con la asesoría de Corpocaldas.

aun, el municipio de Manizales hará un inventario de los hábitats de las áreas de interés ambiental, o aquellas donde exista fauna silvestre, que pueden ser fraccionados por las redes viales que existen en el municipio. Con la asesoría de Corpocaldas. 4.2. Dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, determinar específicamente la fauna de dichos hábitats que requieran los pasos de fauna, señalando las características técnicas mínimas que cada especie requiera. Con la asesoría de Corpocaldas.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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6. Inconforme con la decisión la Nación – Ministerio de Transporte, el Municipio de Manizales, la Sociedad Autopistas del Café S.A., la señora Sofía Gallego Osorio (en calidad de coadyuvante) y el INVIAS presentaron recurso de apelación, el cual fue conocido por el Consejo de Estado – Sección Primera, que a través de sentencia del 17 de octubre de 2024 dispuso i) revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la demanda; ii) instar a Autopistas del Café S.A., para que, en caso de que se haya hecho y de acuerdo con el concepto técnico núm. 1511 del 28 de marzo de 2022 de control y seguimiento ambiental de la ANLA, implemente e instale nuevos pasos de fauna elevados en la vía objeto de la acción popular, según las necesidades advertidas en el marco de la ejecución del proyecto y iii) no condenó en costas en esa instancia.

implemente e instale nuevos pasos de fauna elevados en la vía objeto de la acción popular, según las necesidades advertidas en el marco de la ejecución del proyecto y iii) no condenó en costas en esa instancia.

7. Lo anterior, con base en que existían normas que no solo buscan la ejecución de obras viales eficientes y que promuevan una conciencia ambiental que es esencial para la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad en Colombia, al tiempo que no se probó la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos y tampoco la adopción de medidas por parte de las autoridades obligadas con el objeto de garantizar un tránsito seguro de la fauna en el área objeto la acción popular, situación que impidió la aplicación del principio de prevención y que constituye el fundamento para revocar la sentencia de primer grado. Además, que en atención a lo informado en el concepto técnico núm. 015511 del 28 de marzo de 2022 por el ANLA se previó i) la medida de construcción de pasos de fauna y ii) la implementación por Autopistas del Café de nuevos pasos de fauna elevados en los corredores a su cargo.

Pretensiones

8. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción textual):

“1. Se conceda el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y ambiente sano vulnerados en la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado.

2. S e ordene a los accionados realizar los estudios y entregar debidamente los especímenes atropellados a la autoridad ambiental y su reporte en las plataformas estipuladas.

4.3. El municipio de Manizales deberá adelantar la construcción de los pasos de fauna en las vías

especímenes atropellados a la autoridad ambiental y su reporte en las plataformas estipuladas.

4.3. El municipio de Manizales deberá adelantar la construcción de los pasos de fauna en las vías municipales, de la siguiente manera: (-) de las especies en peligro en un plazo de un año siguiente a la ejecutoria de la sentencia; (-) para las demás especies en un plazo de tres años siguientes a la ejecutoria de la sentencia; y , (-) una campaña pública acerca de cada una de las especies en peligro en el municipio de Manizales y para evitar su atropellamiento, dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia. 4.4. En cuanto a las vías departamentales y nacionales, el municipio de Manizales enviará los requerimientos de pasos de fauna a Corpocaldas y ANLA para que, en el plazo de dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, estas entidades determinen la necesidad de los mismos o las medidas de conectividad de los hábitats pertinentes. En el caso de las especies en peligro , Corpocaldas y la ANLA deberán exigir al Invias y Autopistas del Café la implementación de los pasos de fauna, que deberán ejecutarse e n el plazo máximo de dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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3. Se deje sin efectos la providencia del 17 de octubre de 2024 por desconocer la protección de la fauna silvestre y los principios de precaución y prevención ambiental entre otros.

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3. Se deje sin efectos la providencia del 17 de octubre de 2024 por desconocer la protección de la fauna silvestre y los principios de precaución y prevención ambiental entre otros.

4. Se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión con enfoque garantista de los derechos ambientales y colectivos vulnerados.

5. Se ordene a las entidades demandadas la implementación de estudios y realización de los ecoductos y corredores biológicos en las zonas críticas identificadas en el área de guacas rosario peaje y torre 4.

6. Se investigue y condene a los responsables por la m oralidad administrativa a las diferentes corporaciones y a las entidades que han permitido a las concesiones iniciar obras sin tener evidencia previa de los estudios bióticos, ecológicos en prevención de atropellamiento de fauna silvestre que afectan la zo na biogeográfica. Como de facto lo dice la ley.”

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte accionante alegó que la providencia de la Sección Primera desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al omitir la valoración adecuada de la prueba científica sobre el daño ambiental, las publicaciones del periódico local con entrevistas de los habitantes de la zona, los testigos del “ atropellamiento a la fauna silvestre y las visitas a la finca de los dueños de los predios aledaños de la corporación ”. Además, se vulneró su derecho a un ambiente sano al considerar suficientes las medidas de mitigación que han demostrado ser ineficaces.

10. Mencionó que se ignoraron los principios de precaución y prevención ambiental,

derecho a un ambiente sano al considerar suficientes las medidas de mitigación que han demostrado ser ineficaces.

10. Mencionó que se ignoraron los principios de precaución y prevención ambiental, la Ley 472 de 1998 en su artículo 4 y los 9 principios del derecho ambiental los cuales son: “ i) Principio de Transpersonalización (sic); ii) desarrollo sostenible; iii) precaución; iv) extraterritorialidad; v) Participación ciudadana; vi) ¡El que hace el daño ambiental paga!; vi) Racionalidad (Estocolmo); vii) Evaluación del impacto ambiental y ix) Pro Natura”. También nombró la Liga internacional de los Derechos del animal, así como el preámbulo y “la proclamación”, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 84 de 1984, los principios generales ambientales, la Ley 99 de 1993 sin explicar los mismos.

11. Por último, transcribió varios apartes de la sentencia T-760 de 2007 y T-415 de 1992 e indic ó que existía jurisprudencia aplicable a su caso y enumeró las sentencias C-590 de 2005, T-095 del 2016, T-622 de 2016 y T-760 de 2007.

Trámite en primera instancia

12. Mediante auto del 13 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar a la Sección Primera como accionada al Tribunal Administrativo de Caldas, a la Nación – Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, AutopistasRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre

Nación – Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, AutopistasRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

5 del Café S.A., Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, Municipio de Manizales, a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, al Departamento de Caldas, a la Clínica Socio jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas y a Seguros Generales Suramericana S.A., como terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

13. De otro lado, requirió al Tribunal Administrativo de Caldas y a la Sección Primera de esta Corporación para que allegaran copia del expediente de la acción popular identificada con el radicado núm. 17001-23-33-000-2019-00499-00/01. De otro lado, exhortó al accionante para que allegara las piezas del proceso que se encuentren en su poder y que estimara necesarias para resolver el amparo solicitado, advirtiendo que la falta de estas pruebas impe diría al despacho decidir oportunamente su petición, y podría acarrear consecuencias derivadas de la aplicación de las reglas de la carga de la prueba. Por último, solicitó que se publicara esa providencia en la página oficial.

Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Caldas remitió copia del expediente digital de

aplicación de las reglas de la carga de la prueba. Por último, solicitó que se publicara esa providencia en la página oficial.

Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Caldas remitió copia del expediente digital de la acción popular con radicado 17001-23-33-000-2019-00499-00/01.

15. El Ministerio de Transporte solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues dentro de las presuntas vulneraciones ninguna tiene responsabilidad a dicha entidad, ya que no se encuentra dentro de sus competencias legales y constitucionales. A su vez, indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales se concibe como un “juicio de validez” y no como “un juicio de corrección” lo que impide que se utilice de manera indebida para reabrir debates legales ya concluidos en los procesos judiciales ordinarios.

16. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales puso de p resente su creación a través del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y sus modificaciones como una Unidad Administrativa Especial, perteneciente al sector central de nivel Nacional, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con a utonomía administrativa y financiera. Expresó que se debe declarar la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales objeto de amparo y la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez de que los hechos y pretensiones se encuentran encaminados a revisar las actuaciones adelantadas por el Consejo de Estado.

Sin embargo, en lo que se refiere al inciso 6 del hecho 1, aclaró que son apreciaciones subjetivas del accionante porque existe un proyecto “ Construcción

el Consejo de Estado.

Sin embargo, en lo que se refiere al inciso 6 del hecho 1, aclaró que son apreciaciones subjetivas del accionante porque existe un proyecto “ Construcción segunda calzada y tercer carril, así como la rehabilitación en los sectores de Armenia – Club de Tiro, Chinchiná – La Ye y La Ye – La Trinidad – La Manuela de la vía Armenia – Pereira – Manizales” donde se cuenta con una Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución 115 del 16 de febrero de 1999.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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17. El señor Pablo Cesar Calderón Aguirre remitió un memorial en el que “aclaraba su solicitud” según lo indicado en el auto admisorio. Por tanto, explicó que las pruebas se encuentran en la misma tutela, a partir de la página 128 , además mencionó nuevamente diferentes artículos como el 230 de la Constitución Política, la Ley 472 de 1998, el Código General del Proceso, entre otros.

18. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pronunció explicando que, si bien las pretensiones no se dirigen a este Ministerio, lo cierto es que se opone a la acción de tutela pues, las entidades que fueron demandadas en la acción popular atendieron las órdenes del juez respectivo.

En cuanto a los requisitos generales y específicos de la acción de tutela, expuso que no se cumplieron los mismos, porque no es clara la identificación razonable de

popular atendieron las órdenes del juez respectivo.

En cuanto a los requisitos generales y específicos de la acción de tutela, expuso que no se cumplieron los mismos, porque no es clara la identificación razonable de los hechos que generan la vulneración y el accionante reitera lo que en su momento manifestó cuando presentó la acción popular, además, no basta con alegar criterios específicos de procedencia cuando no ahonda en ello y reitera que la decisión impugnada en el proceso ordinario.

19. El Instituto Nacional de Vías se opuso a cada una de las pretensiones formuladas por el accionante puesto que carecen de fun damento fáctico y jurídico que respalden tales afirmaciones, por el contrario, indicó que la Sección Primera de esta Corporación cumplió con el trámite legal correspondiente en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, p or tanto, no se omitió ni desentendió ninguna de las pruebas aportadas por las partes del proceso, tanto así, que el mismo accionante reconoció que no pudo allegar a la controversia uno de los estudios realizados.

Explicó que, el accionante no cumplió con los requisitos generales y específicos requeridos en la acción de tutela y en ningún momento presenta una justificación que demuestre una restricción desproporcionada de sus derechos fundamentales, y en lo que se r efiere al defecto fáctico y desconocimiento del precedente no se brinda sustento alguno que genere la configuración de estos.

20. La Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas alegó que el accionante tenía el deber desplegar todos los mecanismos j udiciales ordinarios y extraordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos,

20. La Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas alegó que el accionante tenía el deber desplegar todos los mecanismos j udiciales ordinarios y extraordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, los cuales no hizo uso, como lo era el de solicitar una sentencia complementaria si consideraba como lo dijo en la acción de tutela que, no le fueron tenidas en cuenta las probanzas obrantes en el proceso objeto de solicitud. Menciona la sentencia T396 de 2014 y argumenta que resulta improcedente la acción de tutela poniendo en riesgo el principio de la seguridad jurídica.

21. La Sociedad Autopistas del Café S.A. adujo que el accionante se limitó a alegar supuestos errores en la valoración de la prueba sin acreditar que se trate de asuntos de relevancia constitucional ni identifica cual es el supuesto procedente vinculante que fue desconocido ni la supues ta vulneración de un derechoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

7 fundamental. Por otro lado, adujo que la presente tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad pues no agotó los medios de defensa pudiendo acudir al mecanismo eventual de revisión. De otra parte, dijo que no se presenta un defecto fáctico porque la providencia impugnada si valoró adecuadamente las pruebas en las que demostró que los demandados habían actuado conforme al plan de manejo ambiental del proceso y a los conceptos técnicos de seguimiento o control ambiental. Además, puso de presente que no hay desconocimiento del precedente

las que demostró que los demandados habían actuado conforme al plan de manejo ambiental del proceso y a los conceptos técnicos de seguimiento o control ambiental. Además, puso de presente que no hay desconocimiento del precedente porque no identificó las sentencias de manera concreta que demuestren la aplicación de una regla jurisprudencial obligatoria.

22. La Agencia Nacional de Infraestructura manifestó que ha actuado de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y en ningún momento ha sido sujeto activo de la vulneración de los derechos fundamentales, por el contrario, ha realizado todas las gestiones y trámites necesarios para poder garantizar los mismos y por tanto se debe declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Expuso que la acción de tutela es un proceso sumario y preferente que permite cumplir con los objetivos formulados por el constituyente primario, p or lo que únicamente es admisible en ausencia de otros medios de defensa, por tanto, el accionante busca una “especie” de tercera instancia con la presentación de esta tutela.

23. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto se nieguen las pretensiones de la demanda. En primer lugar, argumentó que se presentó una falta del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional, para esto mencionó la sentencia SU-215 de 2022.

En cuanto al marco normativo y desarrollo jurisprudencial, explicó que el derecho fundamental al debido proceso se ha definido como “(…) el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su

fundamental al debido proceso se ha definido como “(…) el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. (…)”. Mientras que en el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se entiende como “(…) como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley (…)”.

A su vez, expresó que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa para demostrar que el asunto tenía relevancia constitu cional, solo manifestó elRadicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

8 desconocimiento de sus derechos al omitir la valoración adecuada de la prueba científica sobre el daño ambiental, las publicaciones del periódico y las demás mencionas, pero no expuso las razones por las cuales se configuró la sup uesta violación, dejando claro que algunas de las pruebas que menciona no fueron

científica sobre el daño ambiental, las publicaciones del periódico y las demás mencionas, pero no expuso las razones por las cuales se configuró la sup uesta violación, dejando claro que algunas de las pruebas que menciona no fueron allegadas con el medio de control de protección de los derechos colectivos3.

Por lo anterior, precisó que no basta con indicar la supuesta omisión, sino que el actor tiene la carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela y sin sobre pasar lo límites y competencias de las instancias judiciales. Pero, por el contrario, el actor planteó una afectación de sus derechos fundamentales que tienen su origen en un debate estrictamente legal, que ya fue expuesto en el proceso ordinario por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional porque descon ocería el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría este mecanismo.

Por último, dijo que si se lograra superar el requisito de relevancia constitucional, se denotaba que el accionante no cumplió con la carga de fundar las razones por las cual existe un defecto fáctico ya que no explicó con detalle la apreciación probatoria que dejó de estudiarse ni el desconocimiento del precedente.

24. Seguros Generales Suramericana S.A. , se opuso a cada una de las pretensiones instauradas en la acción de tutela por carecer de fundamento fáctico y jurídico ni cumplir con los requisitos generales y específicos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005. Dijo que no se puede traer a colación un tema que ya fu e decidido por el Juez Contencioso pues conmina la lesividad al principio de preclusión, de doble instancia, debido proceso y defensa de las

Constitucional en la sentencia C-590 de 2005. Dijo que no se puede traer a colación un tema que ya fu e decidido por el Juez Contencioso pues conmina la lesividad al principio de preclusión, de doble instancia, debido proceso y defensa de las entidades demandadas. Expresó que la acción de tutela contra providencias judiciales no es una tercera instancia y que con base en el artículo 228 y 230 de la Constitución Política, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones.

25. De manera posterior al paso a despacho para fallo, la señora Sofía Gallego Osorio integrante de la Clínica Sociojurídica de interés Público de la Universidad de Caldas luego de mencionar las diferentes pruebas y pretensiones solicitadas como coadyuvante dentro del proceso ordinario, expuso que estas fueron desestimadas por parte del Tribunal Administrativo de Caldas y del Consejo de Estado, sin realizar un estudio de fondo, de acuerdo con los principios generales de la prueba, es decir que las actuaciones desplegadas por la parte accionada adolece de un defecto fáctico, violación directa a la Constitución y derecho al debido proceso.

3 Son los siguientes: Estudio de tesis en el área específica de los hechos: vertebrados silvestres atropellados en colombia: revisión histórica y evaluación de la problemática en un transecto altitudinal en la cordillera central del departamento de caldas (Colombia) tesis que presenta andrés fernando tamayo Zuluaga para obtener el grado de magíster en ciencias biológicas Manizales, Caldas, Colombia (febrero, 2024) […]”, y “[…] Estudio sobre la especie Coendou rufescens: presente en el

tamayo Zuluaga para obtener el grado de magíster en ciencias biológicas Manizales, Caldas, Colombia (febrero, 2024) […]”, y “[…] Estudio sobre la especie Coendou rufescens: presente en el área y en peligro(…).Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00701-01

Accionante: Pablo Cesar Calderón Aguirre Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

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26. De manera posterior al paso a despacho para fallo, el Departamento de Caldas señaló que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional ha referido que la acción de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional el cual tiene consigo unos requisitos generales y específicos, pero que en el presente caso, el actor en ningún momento amplió las razones que sirvieran de apoyo para el cumplimiento de estos, más allá de citar fundamentos del marco jurídico y sin explicar por era aplicable al caso en

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