CE - Sentencia 11001031500020250073001
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250073001
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
Demandante: JHON EDISON SANTOS HERNÁNDEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales en el marco de un proceso de reparación directa con ocasión de los autos que rechazaron la demanda que promovió, por estimar que se encontraba caducada . Sin embargo, la Sala confirmará la providencia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la parta actora es reabrir un debate propio del proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de 13 de marzo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Jhon Edison Santos Hernández contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y el Juzgado 37 Administrativo
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Jhon Edison Santos Hernández contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por no superar el requisito de la relevancia constitucional.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMA1 - negrillas y mayúsculas del original)
I. ANTECEDENTES La demanda
El 11 de febrero de 20252, el señor Jhon Edison Santos Hernández promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
1 Índice 13 SAMAI de la primera instancia 2 Índice 2 SAMAI de la primera instancia2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
Demandante: Jhon Edison Santos Hernández Acción de tutela
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá , con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“Se solicita al señor Juez conceder el amparo constitucional por vía de hecho, violación del precedente judicial, violación del debido proceso y acceso a la justicia acaecidos en el proceso 11001333603720240021200, y como consecuencia ordene al JUZGADO 037 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C. y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A” que, en un término de 24 horas, dejen sin efecto
y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A” que, en un término de 24 horas, dejen sin efecto sus decisiones de cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) y catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), respectivamente, y en su lugar, ordene la admisión de la acción de reparación directa referida ”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI3).
Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
- El actor formuló demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con ocasión del accidente ocurrido el 13 de enero de 2021 en la vía Soacha – Sibaté, cuando un vehículo de propiedad del Estado colisionó con la motocicleta que conducía.
- En auto de 4 de septiembre de 2024, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por caducidad tras advertir que el hecho generador de la presunta responsabilidad de la entidad demandada ocurrió el 13 de enero de 2021 , por lo cual contaba con dos años a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho para presentar la demanda, es decir, hasta el 14 de enero de 2023, situación que solo ocurrió hasta el 8 de julio de 20244.
- El actor interpuso recurso de apelación en el que indicó que el término de caducidad no podía contabilizarse desde el 13 de enero de 2021, sino a partir del momento en el
hasta el 8 de julio de 20244.
- El actor interpuso recurso de apelación en el que indicó que el término de caducidad no podía contabilizarse desde el 13 de enero de 2021, sino a partir del momento en el cual la víctima tuvo conocimiento cierto del daño, circunstancia que solo tuvo lugar el 15 de mayo de 2024, fecha en la que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
3 Índice 2 SAMAI de la primera instancia. 4 Proceso con radicación no. 11001-33-36-037-2024-00212-00.3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
Demandante: Jhon Edison Santos Hernández Acción de tutela
Forenses – Unidad Básica Soacha emitió el informe pericial y le notificó su incapacidad definitiva y las secuelas medicolegales.
- Mediante auto de 14 de noviembre de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera instancia y ratificó que el conteo del término de la caducidad debía hacerse a partir del 13 de enero de 2021 pues , fue en aquella oportunidad cuando el actor tuvo conocimiento del daño, toda vez que se le informó el resultado de la valoración clínica que se le realizó.
- Si en gracia de discusión se tomara como punto de partida la fecha en que el actor tuvo certeza de las secuelas del accidente, en todo caso en el expediente obraba un informe pericial del 20 de abril de 2022, en el cual se le informó sobre su estado de salud,
tuvo certeza de las secuelas del accidente, en todo caso en el expediente obraba un informe pericial del 20 de abril de 2022, en el cual se le informó sobre su estado de salud, de modo que aún si se contabilizara desde esa fecha también había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.
El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial pues, desconocieron la sentencia de 29 de noviembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado5 y T-430 de 2023 de la Corte Constitucional que establecen que el conocimiento del daño se cuenta solo a partir del informe pericial que da cuenta de las secuelas que el daño produjo.
En el mismo sentido , precisó que no era posible considerar que conoció las consecuencias del hecho dañoso el mismo día del accidente y que tal interpretación cercenó su derecho de acceso a la administración de justicia, en los términos de la sentencia T-269 de 2024 de la Corte Constitucional.
Actuación procesal
Por medio de auto de 12 de febrero de 20256, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la Subsección A de la Sección
5 Proceso con radicación 54001-23-31-000-2003-01282-02 (47.308) MP Marta Nubia Velásquez Rico. 6 Índice 4 SAMAI de la primera instancia.4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
6 Índice 4 SAMAI de la primera instancia.4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
Demandante: Jhon Edison Santos Hernández Acción de tutela
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al propio tiempo que ordenó la vinculación como terceros con interés del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
En sentencia de 13 de marzo de 20257, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en atención a que el interés de la parte actora es reabrir el proceso ordinario, en especial en relación con la manera como se contabilizó el fenómeno de la caducidad, lo cual es un debate eminentemente legal sobre las excepciones a la regla de caducidad previstas en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia 8, concedida en auto del 27 de marzo de 20259.
En el asunto sí hay una interpretación irracional, caprichosa y falsa del accionado, cuando tomó como punto de partida para contabilizar el termino de caducidad de la acción el 13 de enero de 2021 , pues, únicamente fue hasta el 15 de mayo de 2024 que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Unidad Básica Soacha emitió el
de enero de 2021 , pues, únicamente fue hasta el 15 de mayo de 2024 que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Unidad Básica Soacha emitió el informe pericial y le notificó su incapacidad definitiva y las secuelas medicolegales que padeció, por tanto, es desde esa la fecha que se le notificó del daño real.
En el mismo sentido, adujó que no es verdad que las secuelas ya habían sido puestas en conocimiento del demandante con la valoración del 20 de abril de 2022, puesto que en esta fecha únicamente se aclaró que se requería de una nueva valoración, en virtud de lo cual alegó que el tribunal accionado fundamentó su acción en una enorme tergiversación de los hechos que afecta su debido proceso y su derecho de acceso a la administración de justicia, razón por la cual el asunto sí tiene relevancia constitucional.
7 Índice 13 SAMAI de la primera instancia. 8 Índice 17 SAMAI de la primera instancia. 9 El proceso ingresó al despacho para fallo el 9 de abril del presente año, Índice 1 SAMAI.5
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Demandante: Jhon Edison Santos Hernández Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos pre cluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con motivo de las providencias de 4 de septiembre y 14 de noviembre de 202 4, respectivamente.
La Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de tutela de primera instancia
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con motivo de las providencias de 4 de septiembre y 14 de noviembre de 202 4, respectivamente.
La Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de tutela de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional toda vez que el objetivo del actor es reabrir un debate eminentemente legal sobre las reglas para la aplicación del término de caducidad.6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
Demandante: Jhon Edison Santos Hernández Acción de tutela
En su escrito de impugnación, la parte demandante insistió en que sí se cumplió con el requisito de relevancia constitucional , debido a que el tribunal realizó una interpretación irracional, caprichosa y falsa de la caducidad.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que se procederán a exponer:
- En suma, la parte actora alegó que las autoridades judiciales demandadas en las providencias cuestionadas incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial por no tener en cuenta la sentencia de 29 de noviembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado10 y T-430 de 2023 de la Corte Constitucional.
- No obstante, para la Sala es claro que, como lo indicó el a quo constitucional, los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y
- No obstante, para la Sala es claro que, como lo indicó el a quo constitucional, los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de reparación directa, tanto por el juzgado de primera instancia como por el tribunal, con miras a que se declarara que la caducidad se debía contar desde el el 15 de mayo de 2024 pues, a juicio del actor, fue esa la fecha en que le notificaron su incapacidad definitiva y las secuelas medicolegales.
- A pesar de ello, lo cierto es que tales argumentos fueron debidamente abordados y resueltos en su momento por el juez de primer grado, quien advirtió que el hecho generador del daño ocurrió el 13 de enero de 2021 y que ese mismo día el actor tuvo certeza del daño y se encontraba habilitado para acudir a la administración de justicia; a su vez, dicha tesis fue ratificada en la providencia de segunda instancia del 14 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien con base en las pr uebas aportadas coincidió plenamente con los argumentos del a quo para determinar que la caducidad debía contarse desde la referida fecha, así:
14. La Sala confirmará el auto objeto del recurso de alzada, al considerar que se configura el fenómeno de la caducidad, tomando como fecha de conteo el 13 de enero de 2021, cuando el demandante fue valorado por la Clínica San Luis y se le diagnosticó “trauma en miembro inferior derecho, miembro superior derecho y mano derecha (...) miembro superior derecho con deformidad mano
13 de enero de 2021, cuando el demandante fue valorado por la Clínica San Luis y se le diagnosticó “trauma en miembro inferior derecho, miembro superior derecho y mano derecha (...) miembro superior derecho con deformidad mano derecha en presencia de deformidad (…) fractura de 5to dedo con
10 Proceso con radicación 54001-23-31-000-2003-01282-02 (47.308) MP Marta Nubia Velásquez Rico.7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
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arrancamiento óseo dependiente de la falange del 5to dedo (…) fractura hemipelvis derecha sin desplazamiento (…). fractura de falange media dedo meñique mano derecha”, por lo que desde allí conoció el daño, con ocasión de los hechos acaecidos con ocasión al accidente padecido en la misma fecha.
15. Para ello señalará que no es procedente tomar como punto de partida para el cómputo de la caducidad el Informe Pericial de Clínica Forense No.
UBSOA-DSCU02090-2024 del 15 de mayo de 2024, por cuanto dicha valoración, en los términos de la jurisprudencia de l Consejo de Estado solo conlleva a dilucidar la fecha de conocimiento sobre la magnitud o gravedad del daño más no a extender el término de caducidad que debe contabilizarse desde cuando el interesado tuvo conocimiento del daño que, para el presente caso corresponde al (13 de enero de 2021).
16. Máxime cuando las secuelas que se indica fueron conocidas el 15 de mayo de 2024, ya habían sido puestas en conocimiento del demandante
que, para el presente caso corresponde al (13 de enero de 2021).
16. Máxime cuando las secuelas que se indica fueron conocidas el 15 de mayo de 2024, ya habían sido puestas en conocimiento del demandante en valoración del 20 de abril de 2022 y aún de contabilizarse el término de caducidad desde esta última fecha, la demanda se torna extemporánea.
Consideraciones De la caducidad
17. Respecto de la caducidad en el medio de control de reparación directa, el artículo 164, numeral 2.-, literal i) del CPACA establece lo siguiente:
“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
Del conteo del término de caducidad en el medio de control de reparación directa en casos de lesiones personales
18. Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia de reiteración jurisprudencial del 29 de noviembre de 2018 radicado interno: 47308 , manifestó frente al cómputo de la caducidad cuando el daño atañe a lesiones
personales:
(…).
22. La parte demandante indicó que el daño se conoció con el Informe Pericial de Clínica Forense No. UBSOA -DSCU-02090-2024 del 15 de mayo de 2024, oportunidad en la que conoció la Deformidad física que afecta el cuerpo de
de Clínica Forense No. UBSOA -DSCU-02090-2024 del 15 de mayo de 2024, oportunidad en la que conoció la Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; Perturbación funcional de órgano de la locomoción de carácter transitorio y Perturbación funcional de miembro inferior derecho de carácter transitorio, siendo a partir de allí que debe contabilizarse la caducidad del medio de control, o en su defecto, a partir del 13 de octubre de 2022 fecha para la cual debía determinarse el carácter de la secuela médico legal que padecía.
23. Según lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al tratarse de casos relacionados con lesiones personales cuya existencia solo se conoce de forma certera y concreta con el tiempo y posterioridad al hecho generador, será el juez quien defina en cada caso, si contabiliza la caducidad desde que ocurrió el daño o desde cuanto el interesado tuvo conocimiento de este.8
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
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24. En el mismo sentido, el Consejo de Estado resaltó que la fecha en la que se conoce la magnitud del daño, mediante la notificación del dictamen proferido por la Junta de Calificación de Invalidez, no constituye un parámetro para contabilizar la caducidad. Lo anterior, considera ndo que su función es establecer la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado directo conoce previamente. En este sentido, debe diferenciarse el daño de su magnitud, pues el cómputo de la caducidad lo determina el
su función es establecer la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado directo conoce previamente. En este sentido, debe diferenciarse el daño de su magnitud, pues el cómputo de la caducidad lo determina el conocimiento del primero.
25. En suma, la Subsección A, Sección del Tercera del Consejo de Estado ha señalado que, por regla general, el hecho dañoso y el daño coinciden temporalmente, sin embargo, cuando esto no ocurre, el operador judicial debe computar la caducidad desde que el demandante advirtió el daño, toda vez que, en ese momento, tiene un interés para acudir a la jurisdicción. En esa misma dirección, la Corte Constitucional ha referido que “supone una carga procesal muy alta exigir que el afectado identifique el daño en el momento de acaecimiento del hecho, bajo la premisa de que el daño es cierto porque la lesión es evidente””. (negrillas de la Sala – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI
- Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo constitucional el demandante expuso similares planteamientos a aquellos del recurso de apelación en el proceso de reparación directa, dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión relacionada con la fecha en la que se debía empezar a contar la caducidad.
- En consecuencia, para la Sala es claro que la acción de tutela carece de relevancia constitucional porque el único interés de la actora es mostrar su desacuerdo con la providencia objeto de tutela simplemente porque le fue desfavorable a sus intereses, sin que en dicha discusión se haya p lanteado un asunto de una genuina importancia desde
constitucional porque el único interés de la actora es mostrar su desacuerdo con la providencia objeto de tutela simplemente porque le fue desfavorable a sus intereses, sin que en dicha discusión se haya p lanteado un asunto de una genuina importancia desde el punto de vista constitucional, en tanto se limitó a reproducir sus argumentos de instancia sin explicar con claridad la necesidad de que intervenga el juez constitucional en un asunto que por su naturaleza quedó debidamente resuelto por el juez natural de la causa.
- Así entonces, si bien el actor invocó la protección de sus derechos fundamentales, lo cierto es que ello constituye una reiteración de los argumentos que fueron debidamente analizados y resueltos en la providencia del 14 de noviembre de 2024 , en la cual se determinó que el termino de caducidad transcurrió entre el 14 de enero de 2021 al 14 de enero de 2023 pero que la demanda solo se presentó el 8 de julio de 2024 , de ahí que no fue oportuna.
- Por consiguiente, se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate meramente9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00730-01
Demandante: Jhon Edison Santos Hernández Acción de tutela
legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
- En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
- En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que al juez constitucional le está vedado de inmiscuirse en el criterio del juez natural más allá de encontrarse o no conforme con él, máxime que no se advierte prima facie la vulneración de derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2025 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.