CE - Sentencia 11001031500020250080400

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250080400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

Demandante: Construservicios S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia ACCIÓN DE TUTELA Radicación 11001-03-15-000-2025-00804-00 Demandante CONSTRUSERVICIOS S.A.S. Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico. Controversias contractuales. Proceso de selección abreviada. Presunta falsedad en documentos de proponente. Requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial: la subsidiariedad y la relevancia constitucional. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Construservicios S.A.S. de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 13 de febrero de 2025 1, por intermedio de apoderada especial la sociedad Construservicios SAS. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 y el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio

Construservicios SAS. interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 y el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral de Duitama , por estimar vulnerados su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Construservicios S.A.. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá proferir nuevamente sentencia de segunda instancia ajustada a la prueba legal y oportunamente allega da al expediente y consultando la realidad procesal y la situación fáctica que en él consta».

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El municipio de Duitama adelantó proceso de selección abreviada de menor cuantía identificado con el Nro. SMC -017-2014 cuyo objeto fue la renovación paisajística y ambiental del parque El Solano en dicho territorio. 2.2. Luego de publicado el pliego de condiciones y haber recibido las diferentes propuestas de los proponent es se publicó el acta de evaluación de las propuestas, frente a las que, la sociedad accionante Construservicios SAS. en su calidad de proponente, presentó observaciones relativas a la habilitación de un profesional y frente al personal requerido, las que fueron aceptadas por la administración.

1 Tutela radicada a través del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

Demandante: Construservicios S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Demandante: Construservicios S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.3. Mediante la Resolución 1127 del 18 de noviembre de 2014, el municipio de Duitama adjudicó el contrato al señor Alexander Herrera Rodríguez, decisión contra la que Construservicios SAS. presentó solicitud de revocatoria directa. 2.4. Mediante Resolución 1 241 del 3 de diciembre de 2014, la administración resolvió en forma desfavorable la solicitud de revocatoria directa propuesta por la sociedad accionada. 2.5. Por lo anterior, la sociedad Construservicios S.A.S. en ejercicio del medio de control de controversias contractuales demandó al municipio de Duitama y al señor Alexander Herrera Rodríguez con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por el que se adjudicó el contrato, así como la nulida d absoluta del contrato de obra pública celebrado entre el ente territorial y el señor Alexander Herrera Rodríguez. Solicitó además condenar a la entidad territorial a que se ordenara el pago a su favor del cálculo del AIU contenida en la propuesta presentada, al igual que los perjuicios por lucro cesante y daño emergente consistente en la suma dejada de percibir por concepto de AIU del contrato desde el momento en que debió realizarse el pago hasta cuando este se efectuara. 2.6. En primera instancia conoció el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio de Duitama (expediente Nro. 15238-33-39-752-2015-00193-00) que, en sentencia del 13 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda.

Duitama (expediente Nro. 15238-33-39-752-2015-00193-00) que, en sentencia del 13 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la que, con fundamento en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 determinó que la diferencia entre requisitos habilitantes y ponderables radicaba principalmente en que los primeros no otorgaban puntaje y únicamente debían revisarse bajo criterios de admisión o rechazo. Señaló que según el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, las propuestas debían seguir las exigencias establecidas en el pliego de condiciones, como elemento para garantizar el principio de selección objetiva y, en concreto frente al pliego de condiciones, encontró que los requisitos del residente SISOMA (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) hacían parte del capítulo del personal mínimo requerido por lo que era un requisito habilitante, para el cual se requería un profesional que acreditara estudios de pregrado y posgrado , por lo que tanto la sociedad accionante como el señor Alexander Herrera Rodríguez habían allegado nombres de profesionales distintos pese a pertenecer ambos a SISOMA, por lo que este requisito lo encontró superado el municipio y se había habilitado por el componente de mínimo requerido. Por otra parte, indicó que en el pliego de condiciones había quedado establecido con claridad que los traslapos eran un ele mento esencial del componente de programación de la obra y que, la no inclusión ameritaba penalización de puntos, de manera que esa evaluación había sido ajustada al pliego de condiciones y que, en todo caso los oferentes habían tenido la oportunidad de presentar observaciones y que la sociedad actora no lo había

penalización de puntos, de manera que esa evaluación había sido ajustada al pliego de condiciones y que, en todo caso los oferentes habían tenido la oportunidad de presentar observaciones y que la sociedad actora no lo había hecho por el criterio de programación de la obra. Del requisito habilitante de residente SISOMA por parte del oferente Consorcio Renovación 2014, presentó una profesional especialista en gerencia en salud ocupacional cuando lo requerido era un especialista en salud ocupacional, dijo que el municipio había respetado las finalidades del objeto a contratar y que el hecho que el título de posgrado fuera ligeramente diferente a la forma en que se había redactado en el pliego de condiciones, no afectaba el principio de objetividad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Del criterio de puntaje por apoyo a la industria nacional, dijo que no se otorgó puntaje a la sociedad actora por este ítem, ya que era necesario allegar certificaciones de origen, o cartas firmadas por el productor del bien y que el oferente había allegado una carta en la que manifestaba que el origen de los bienes era 100% nacional, lo cual no era suficiente para cumplir con la acreditación del ítem. 2.7. La decisión fue apelada por la parte demandante, hoy accionante. En segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 que, en providencia del 28 de enero 2025 (notificada por edicto electrónico a las

instancia conoció el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 que, en providencia del 28 de enero 2025 (notificada por edicto electrónico a las partes el 3 de febrero de 2025) , re solvió: (i) revocar el numeral primero de la decisión de primera instancia, (ii) declaró la nulidad del acto administrativo de adjudicación del contrato y (iii) negó las demás pretensiones de la demanda. Sostuvo el tribunal que, luego de revisado el pliego de condiciones en el capítulo de requisitos habilitantes se había dispuesto el acápite de mínimo requerido, entre esos, el residente SISOMA, que debía ser un profesional en salud ocupacional, ingeniería civil, arquitectura o ingeniería con licencia vigente en salud ocupacional, con experiencia de 5 años y especialista en salud ocupacional con licencia en salud ocupacional, que se hubiera desempeñado como residente SISOMA en un contrato que tuviera el mism o objeto contractual de valor igual o superior y que, conforme con la presentación de ofertas, el señor Alexander Herrera Rodríguez y Construservicios SAS., habían presentado oferta en la que habían incluido a la señora Sandra Milena López Casallas como residente SISOMA. Encontró que, justamente en relación con este aspecto, el municipio remitió comunicación a los oferentes para que subsanaran la propuesta en ese sentido, al tener coincidencia por parte de los dos citados en cuanto a la persona residente SISOMA, lo que, según el comité evaluador llevaba a que no se tuviera por acreditado el requisito de personal mínimo. Dijo que se presentó carta suscrita por la señora Sandra Milena López Casallas en la que manifestó su compromiso en participar con la oferente

no se tuviera por acreditado el requisito de personal mínimo. Dijo que se presentó carta suscrita por la señora Sandra Milena López Casallas en la que manifestó su compromiso en participar con la oferente Construservicios SAS., y por su parte, el señor Alexander Herrera Rodríguez había presentado a la señora Sandra Galindo como residente SISOMA y que, nuevamente evaluado por el comité se determ inó que, de acuerdo con el puntaje, la mejor oferta era la presentada por el señor Alexander Herrera Rodríguez por lo que recomendó al ordenador del gasto la adjudicación en tal sentido, lo que había ocurrido con la expedición de la Resolución 1127 del 18 de noviembre de 2014. Sin embargo, el tribunal encontró que el tener por subsanado el requisito habilitante relativo al personal mínimo requerido, residente SISOMA, de las ofertas presentadas por el señor Alexander Herrera Rodríguez y Construservicios SAS ., se habían contrariado las reglas establecidas en el pliego de condiciones, pues que era viable subsanar la demostración del cumplimiento de los requisitos habilitantes, mas no de su existencia, lo saneable era la prueba del requisito más no el cumplimiento del requisito en sí mismo. De allí que, de acuerdo con el pliego de condiciones se había establecido que la consecuencia de que uno de los profesionales requeridos coincidiera en más de una propuesta, estos no serían tenidos en cuenta p ara habilitar el oferente por recurso humano, de manera que, al haber coincidido la señora Sandra Milena López Casallas como residente SISOMA en más de una propuesta, esto es, la de Construservicios SAS., y la de Alexander Herrera

oferente por recurso humano, de manera que, al haber coincidido la señora Sandra Milena López Casallas como residente SISOMA en más de una propuesta, esto es, la de Construservicios SAS., y la de Alexander Herrera Rodríguez, no podía ser t enida en cuenta para habilitar a esos oferentes por el requisito del personal mínimo requerido, de manera que no era posible tenerRadicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 en cuenta a esa profesional en ninguna de las dos propuestas y que, tratándose de un requisito habilitante, las dos ofertas d ebieron haber sido excluidas. Precisó que, de una parte, no era viable habilitar al señor Alexander Herrera Rodríguez con la inclusión de la señora Sandra Galindo como residente SISOMA, por cuanto ello equivalía a una modificación de la oferta y de otro lado, que el oferente Construservicios SAS., tampoco podía ser habilitado ya que la señora Sandra Milena López Casallas no podía ser tenida en cuenta.

3. Fundamentos de la acción La sociedad Construservicios SAS. alega que al proferir la sentencia del 28 de enero de 2025 en el medio de control de controversias contractuales Nro. 15238 -33-39752-2015-00193-00/01, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3, incurrió en defecto fáctico.

Sostuvo que en la parte final de la observación 4 del literal b) del acápite de cálculo de capacidad residual del pliego de condiciones se dispuso «En el evento que aparezca

3, incurrió en defecto fáctico. Sostuvo que en la parte final de la observación 4 del literal b) del acápite de cálculo de capacidad residual del pliego de condiciones se dispuso «En el evento que aparezca en más de una propuesta estos no serán tenidos en cuenta para habilitar el oferente por recurso humano». Indicó que tanto el señor Alexander Herrera como Construservicios aportaron la misma profesional SISOMA con su propuesta, sin embargo, dijo que lo que no se tuvo en cuenta por parte del tribunal, fue que en expediente administrativo del proceso contractual y que se allegó como prueba al pr oceso judicial, obraba certificación de la señora Sandra Milena López Casallas quien manifestó bajo la gravedad del juramento que en momento alguno le había firmado una carta de intención al señor Herrera Rodríguez para participar en el proceso contractual, lo que de plano descartaba la doble postulación, ya que no había existido en la profesional intención alguna de acompañar las dos propuestas. Que, además, una vez se recibió la carta en la que la arquitecta López Casallas expresó su asombro por aparecer en la propuesta del señor Alexander Herrera, el municipio debió percatarse que en la carta de intención allegada por el mencionado proponente se había falsificado la firma de la arquitecta, lo que de plano conllevaba no solo su exclusión del proceso contractual, sino la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Consideró absurdo que el tribunal concluyera que debía ser excluido al haberse presentado una circunstancia desconocida e insuperable para el proponente Construservicios, lo que hacía que no se pudiera enmarcar dentro de la disposición

Consideró absurdo que el tribunal concluyera que debía ser excluido al haberse presentado una circunstancia desconocida e insuperable para el proponente Construservicios, lo que hacía que no se pudiera enmarcar dentro de la disposición general del pliego de condiciones , incluso, se refirió a una carta suscrita por la señora Sandra Milena López Casallas dirigida a la Oficina de Contratación del municipio de Duitama, en la que había manifestado como lo hizo en su momento en la carta de intención, que su único interés en el proceso contractual era partic ipar como profesional SISOMA con Construservicios y, en la que además puso de presente que no autorizó a ninguna otra persona natural o jurídica para incluir su nombre como tal dentro del proceso contractual No. SMC -017-2014, lo que dejaba en claro que la sociedad era quien había cumplido con el requisito exigido y, por lo tanto, no debía calificarse como no hábil por este aspecto. Como prueba de su dicho, presentó la siguiente imagen para destacar la inconsistencia en las firmas, que dijo, se veían a simple vista:Radicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

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Que tal c ircunstancia no fue advertida por el municipio y que, ante ese desconocimiento le era materialmente imposible a la sociedad actora prever lo que estaba pasando, por lo que en la subsanación de las observaciones se había hecho lo correcto que fue presentar un documento en el que la profesional ratificara la exclusividad de su postulación con Construservicios en la que dejó expresamente

estaba pasando, por lo que en la subsanación de las observaciones se había hecho lo correcto que fue presentar un documento en el que la profesional ratificara la exclusividad de su postulación con Construservicios en la que dejó expresamente consignado el abuso cometido por el otro oferente al incluir su nombre en la propuesta falsificando una intención que nunca expresó. En ese sentido, dijo que no se podía descalificar un oferente por el hecho de un tercero y que, existían dos hipótesis por las que el otro proponente, señor Alexander Herrera postuló a la profesional Sandra Milena López Casallas : una, por el desconocimiento de que Construservicios presentaría a la mencionada señora y, otra, ante la premura del término para presentar la propuesta, en espera de subsanarla en caso de presentarse alguna eventualidad, como en efecto ocurrió. Dijo que lo que le ocurrió a Construservicios fue un típico caso fortuito, entendido como eventos imprevisibles y fuera de control a quien se atribuye la conducta respectiva. Agregó que se hizo una interpretación obtusa , exegeta y sesgada de las pruebas cuando dete rminó que los dos proponentes debían excluirse del proceso contractual, sin detenerse a analizar que Construservicios no tenía por qué subsanar el requisito de la profesional SISOMA, porque desde la presentación de la propuesta había sido su única opción ya que era con ella con quien había pactado trabajar en caso de que se le adjudicara el contrato, afirmación corroborada por la profesional en el escrito que pasó al momento en que s e presentó la solicitud de revocatoria directa. En relación con la valoración de la prueba, dijo que si bien el tribunal concluyó que

profesional en el escrito que pasó al momento en que s e presentó la solicitud de revocatoria directa. En relación con la valoración de la prueba, dijo que si bien el tribunal concluyó que el requisito de inclusión del profesional SISOMA era un requisito habilitante, cometió un error al determinar en la valoración de la prueba respecto de Construservicios al concluir su exclusión con fundamento en que este proponente no lo cumplió cuando presentó la propuesta , pues de la revisión del proceso contractual y el acer vo probatorio era posible determinar que no se ha bía incumplido el requisito que el tribunal accionado echaba de menos. Reiteró que la arquitecta Sandra Milena López Casallas, profesional SISOMA que incorporó en su propuesta, manifestó bajo la gravedad de juramento, que se entendía prestado con la firma del escrito, que el único proponente con el que pretendió participar en el proceso fue con Construservicios, por lo que, a juicio de la sociedad, debió hacerse un análisis juicioso a la luz de la situación fáctica, pero que el tribunal había hecho una lectura exegética cuando hacía necesario un análisis en relación con el acontecer contractual, máxime cuando de por medio est aba la comisión de un delito por parte del proponente que dio lugar a la situación que dio origen a la demanda y a la presente acción. De otra parte, hizo referencia al puntaje que se le quitó por no haber incluido traslapos en la programación de obra y que, para el municipio er a obligatorio incluirlos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Advirtió que, de acuerdo con el pliego de condiciones, debían señalarse claramente las actividades con sus traslapos o demoras en días, pero que esto era en caso de que las hubiera y de este modo, no era obligatorio, cuestionando el puntaje de -13 que le fue asignado por este factor, con lo que dijo, cometió el municipio demandado un error flagrante, en la medida que la penalización debía ser hasta los 20 puntos posibles, sin que se pudiera decir que el querer del contratante era r estar puntos por debajo de ese valor.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 18 de febrero de 2025, el despacho ponente, admitió la presente acción, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas y, vinculó como terceros con interés al municipio de Duitama y al señor Alexander Herrera Rodríguez, quienes actuaron como parte demandada en el proceso ordinario, al Ministerio Público y a cualquier otra autoridad que hubiera participado en el medio de control de controversias contractuales. 4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 , manifestó que la parte actora buscaba que la tutela se convirtiera en una instancia adicional, al reiterar los argumentos presentados en el escrito de apelación propuesto contra la sentencia del juzgado, en relación con la presentación por parte de dos proponentes de la misma profesional residente SISOMA en sus propuestas.

De otra parte, aseguró que se trataba de un asunto meramente económico y

propuesto contra la sentencia del juzgado, en relación con la presentación por parte de dos proponentes de la misma profesional residente SISOMA en sus propuestas. De otra parte, aseguró que se trataba de un asunto meramente económico y que no afectaba sus derechos fundamentales, en la medida que reconocía que el tribunal había hecho un análisis en relación con l a legalidad del acto acusado, por lo que, las consecuencias patrimoniales de l a nulidad de cara a la sociedad proponente, dependían de que se acreditara que había sido la mejor propuesta, lo que no ocurrió. Precisó que conforme con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el Juez de lo Contencioso Administrativo era juez de la legalidad de los actos y contratos por lo que, analizó lo sucedido en el caso concreto a la luz de las disposiciones pr evistas en la legislación aplicable y en el pliego de condiciones, sin que en la providencia objeto de disenso fuera posible estudiar y adoptar determinaciones excediendo el ámbito de conocimiento de la jurisdicción, invadiendo las competencias de la juris dicción ordinaria en su especialidad penal y entrar a estudiar sobre la posible configuración de una falsedad documental por la presunta conducta fraudulenta y dolosa de uno de los proponentes. En criterio del tribunal, si la sociedad actora consideraba q ue el proponente Alexander Herrera Rodríguez le había generado perjuicios en el curso del proceso de selección, debía acudir ante la jurisdicción ordinaria e instaurar el proceso de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto, participar en el incidente de reparación de perjuicios del proceso penal. 4.3. El municipio de Duitama, rindió informe en el que manifestó que la decisión

proceso de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto, participar en el incidente de reparación de perjuicios del proceso penal. 4.3. El municipio de Duitama, rindió informe en el que manifestó que la decisión no había desconocido las pruebas aportadas al expediente, que de lo que se trataba era de la manifestación hecha por l a actora en relación con una presunta actuación fraudulenta de tipo penal presuntamente llevada a cabo por uno de los proponentes, señor Alexander Herrera, lo que no había logrado probarse sino que era una percepción de la actora sin que tal situación hubiera sido constatada en un proceso penal. Sostuvo que hay evidencia de un correo electrónico enviado desde el correo personal de la señora Sandra Milena Casallas al señor Alexander Herrera en el que se observan los documentos relacionados en su hoja de vida, sinRadicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 salvedad alguna en relación con el proceso contractual, por lo que lo que hizo el municipio fue atender al principio de buena fe que se presume de las actuaciones de cada uno de los proponentes, lo que llevó a que al evidenciarse que se había propuesto la misma profesional SISOMA por dos proponentes distintos, el tribunal consideró que ninguna de las propuestas estaba habilitada para la adjudicación del contrato, de manera que, al no haberse probado la comisión de un delito, no habría defecto alguno. Finalmente, se refirió a una falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite y por lo que pidió ser desvinculado.

comisión de un delito, no habría defecto alguno. Finalmente, se refirió a una falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente trámite y por lo que pidió ser desvinculado. 4.4. El Juzgado Tercero Administrativo Transitorio de Duitama, remitió el asunto al Juzgado Primero Administrativo de Duitama, informando que, si bien había tramitado el proceso por descongestión y se había emitido sentencia, ese era el despacho de origen por lo q ue se remitía la notificación de la presente acción. No se pronunció frente al fondo del asunto en esta oportunidad. 4.5. Juzgado Primero Administrativo de Duitama, manifestó no contar con el expediente que no había regresado del tribunal y que, de acuerdo con la comunicación obtenida con dicha Corporación, serían ellos quienes lo enviaran directamente con destino a este proceso. No se pronunció frente al fondo del asunto en esta oportunidad. 4.6. El Juzgado Segundo Administrativo de Duitama, presentó escrito en el que indicó que en ese despacho judicial no se tramitó el proceso de controversias contractuales del expediente ordinario cuya providencia se cuestionaba en esta oportunidad. 4.7. El señor Alexander Herrera Rodríguez, no se pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);

indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00804-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva.

Pre

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