CE - Sentencia 11001031500020250084201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250084201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00842-01
Demandante: JULIO ENRIQUE FRANCO MORALES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas:
Tutela contra providencia judicial . Relevancia constitucional. Defecto procedimental.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte actora contra la sentencia del 21 de marzo de 2025, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente el amparo solicitado en la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 14 de febrero de 2025, el señor Julio Enrique Franco Morales, actuando en nombre propio , promovió acción de tutela contra el Tribunal
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 14 de febrero de 2025, el señor Julio Enrique Franco Morales, actuando en nombre propio , promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga , en la que pretende la salvaguarda de sus derechos fundamentales al «mínimo vital y móvil, acceso a la administración judicial y debido proceso».
En criterio de la parte actora, la vulneración de las citadas garantías constitucionales se materializó en los autos del 8 de julio y 6 de diciembre de 2024, a través de los cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 76111-3333-001-2021-00031-00/01 instaurada por el accionante contra la Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle del Cauca (en adelante UCEVA).
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, solicitó que se tutelen los derechos invocados y, en consecuencia:Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
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[…] ordenar a las accionadas, retrotraer los autos que dieron fin al proceso y emitir un nuevo pronunciamiento donde se aclare concretamente el motivo de la inadmisión de la demanda, o en su efecto afirme detalladamente el procedimiento
[…] ordenar a las accionadas, retrotraer los autos que dieron fin al proceso y emitir un nuevo pronunciamiento donde se aclare concretamente el motivo de la inadmisión de la demanda, o en su efecto afirme detalladamente el procedimiento a seguir en el caso qu e nos ocupa, ello por cuanto el proceso Laboral difiere del Proceso Contencioso Administrativo.
Por lo tanto, solicito al Honorable Magistrado Ponente, se me otorgue una nueva oportunidad para subsanar, porque ni el Juez ni el Magistrado, valoraron que la presente demanda por culpa de la mora en la Justicia, (7 años) a la fecha no concreta su admisión, considerando injusto para un ciudadano que por vicios de forma, que le corresponden al Juez valorar, ahora después de 7 años y cuando ya opera el fenómeno de la prescripción, me encuentre a la deriva respecto del derecho reclamado.1
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El 15 de diciembre de 2017, e l señor Franco Morales inició un proceso ordinario laboral contra la UCEVA al interior del cual solicitó su reintegro a un cargo igual o de la misma categoría al que venía desempeñando al momento de su desvinculación, en las mismas condiciones en que fue contratado inicialmente, prorrogando su última vinculación, la cual se surtió el 9 de febrero de 2016.
También pidió el reconocimiento y pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde que finalizó el contrato de prestación de servicios hasta el momento de su
vinculación, la cual se surtió el 9 de febrero de 2016.
También pidió el reconocimiento y pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde que finalizó el contrato de prestación de servicios hasta el momento de su reintegro. Asimismo, peticionó la declaratoria de ineficacia de la terminación del referido contrato, al considerar que la relación debía ser reconocida como un contrato de trabajo, debido a la ausencia de autorización previa del Ministerio del Trabajo para su finalización, a pesar de que la entidad demandada conocía que se encontraba incapacitado y en tratamiento médico.
Adicionalmente, reclamó el pago indexado de los honorarios derivados del contrato de prestación de servicios, junto con los respectivos intereses moratorios, así como la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en atención a su condición de persona en situación de discapacidad.
En audiencia inicial celebrada el 17 de noviembre de 2020 , el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Tuluá declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción, alegada por la UCEVA en la contestación de la demanda , en atención a la naturaleza pública de esta entidad. En vista de lo expuesto, el proceso fue asignado al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga el cual, a su vez, en auto del 19 de julio de 2021 declaró su falta de competencia para avocar conocimiento.
1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
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1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
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A través de proveído del 4 de mayo de 2023, la Corte Constitucional dirimió el conflicto de jurisdicciones y declaró que la competencia para conocer la demanda instaurada por el señor Franco Morales recaía en el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga.
Este último, por medio de auto del 20 de octubre de 2023 inadmitió la demanda y concedió el respectivo término de subsanación para que esta se ajustara a «las reglas procesales de la justicia contencioso administrativa» y, en particular, a lo indicado en el artículo 162 del CPACA.
Tras aportarse corrección del escrito inicial , a través de providencia del 24 de enero de 2024, el juzgado accionado consideró que el escrito inicial aún generaba dudas puesto que, pese a que el medio de control incoado es el de nulidad y restablecimiento del derecho, se solicitó la nulidad de un contrato de prestación de servicios, pretensión que es propia del medio de control de controversias contractuales.
Así, al observar tanto pretensiones contractuales como de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial requirió a la parte actora para que aclare «si se está acumulando las pretensiones acorde con el artículo 165 del CGP; para lo cual deberá
Así, al observar tanto pretensiones contractuales como de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial requirió a la parte actora para que aclare «si se está acumulando las pretensiones acorde con el artículo 165 del CGP; para lo cual deberá aplicarse el articulado que rige cada medio de control».
Posteriormente, en auto del 8 de julio de 2024, el juzgado resolvió rechazar el medio de control en razón a que las actuaciones cuya nulidad se pretendía no constituían actos administrativos susceptibles de control judicial. Esta decisión fue apelada por el accionante y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2 a través de proveído del 6 de diciembre de 2024 , el cual ratificó el raciocinio del la decisión recurrida.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El actor afirmó que la solicitud de amparo supera todos los requisitos de tutela contra providencia judicial precisados por la Corte Constitucional. En lo que atañe a la relevancia constitucional del asunto, consideró que esta se acredita p uesto que lo perseguido es la protección de sus derechos fundamentales ante las deficiencias contenidas en la decisiones judiciales cuestionadas.
Señaló la configuración de defectos procedimentales por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, atribuidos a las autoridades judiciales accionadas. Según su argumento, dichas irregularidades devienen del rechazo de su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sin valorar adecuadamente el fondo del asunto, limitándose a aspectos formales del trámite procesal.
Reprochó que, tras siete años de trámite, el asunto fue rechazada en aplicación
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sin valorar adecuadamente el fondo del asunto, limitándose a aspectos formales del trámite procesal.
Reprochó que, tras siete años de trámite, el asunto fue rechazada en aplicación estricta del principio de justicia rogada, sin considerar su situación de indefensión y
2 En Sala de Decisión integrada por los magistrados Ronald Otto Cedeño Blume, Jhon Erick Chaves Bravo y Fernando Augusto García Muñóz.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
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la imposibilidad de iniciar nuevamente la acción por haber operado la caducidad, lo que, en su criterio, constituye una denegación de justicia. Argumentó que, aunque se le otorg aron dos oportunidades para subsanar los defectos d el libelo introductorio , las providencias judiciales fueron ambiguas e imprecisas en cuanto a las correcciones requeridas, generando confusión , especialmente considerando que el proceso se originó en un a demanda laboral, donde los requerimientos procesales difieren significativamente de los del contencioso administrativo.
Finalmente, alegó que dicha interpretación formalista le privó de una decisión de fondo sobre sus pretensiones, dejando a la deriva su derecho al mínimo vital, lo que agrava su situación de indefensión y vulnera sus garantías constitucionales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
fondo sobre sus pretensiones, dejando a la deriva su derecho al mínimo vital, lo que agrava su situación de indefensión y vulnera sus garantías constitucionales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente de l fallo de primera instancia, por auto del 20 de febrero de 2025 admitió la acción de tutela , ordenó la notificación de l Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Buga y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y requirió al ad quem del proceso ordinario para que remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-001-2021 0003100/01.
1.6. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales3 y en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En memorial suscrito por el magistrado ponente de la decisión judicial cuestionada, subrayó que actuó conforme a derecho al confirmar el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en los principios de seguridad jurídica e igualdad procesal.
Precisó que el juez tiene la facultad de verificar la idoneidad formal de la demanda y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 y que en ningún momento se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, pues la providencia objeto de reproche se adoptó sin dilaciones indebidas y con base en las normas aplicables.
En consecuencia, el Tribunal solicitó que se niegue o declare improcedente la solicitud de amparo.
accionante, pues la providencia objeto de reproche se adoptó sin dilaciones indebidas y con base en las normas aplicables.
En consecuencia, el Tribunal solicitó que se niegue o declare improcedente la solicitud de amparo.
3 Índice 9 del expediente digital de primera instancia.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1.6.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga se limitó a enviar el expediente del proceso ordinario, sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia constitucional.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A profirió sentencia el 21 de marzo de 2025, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo por no advertir la relevancia constitucional del asunto.
Precisó que el señor Franco Morales no logró cumplir con las cargas argumentativas necesarias para demostrar la configuración de un defecto procedimental o una violación directa de la Constitución en las decisiones cuestionadas. Señaló que, aunque el accionante alegó que las autoridades judiciales rechazaron su demanda sin un análisis de fondo y priorizando aspectos formales, no precisó de manera concreta cómo estas providencias contrarían las mínimas reglas de razonabilidad o vulneran sus derechos fundamentales, limitándose a manifestar inc onformidades generales
un análisis de fondo y priorizando aspectos formales, no precisó de manera concreta cómo estas providencias contrarían las mínimas reglas de razonabilidad o vulneran sus derechos fundamentales, limitándose a manifestar inc onformidades generales respecto al tiempo transcurrido en el proceso y la claridad de los autos de inadmisión.
El fallo fue notificado a través de correo electrónico enviado el 28 de marzo de 2025.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación el 2 de abril de 2025, el tutelante presentó impugnación a la decisión de primera instancia solicitando su revocatoria para, en su lugar, acceder a sus pretensiones.
Manifiesto su desacuerdo con la providencia impugnada, al considerar que esta se enfocó erróneamente en exigir precisiones sobre los argumentos concretos que llevaron a las autoridades judiciales a rechazar su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. A su juicio, dicha exigencia es inapropiada en el marco de una acción de tutela , ya que esta tiene como propósito salvaguardar derechos fundamentales y no revisar en detalle los requisitos formales del proceso ordinario.
Aclaró que su reclamo no se centra en las exigencias técnicas propias del procedimiento administrativo, sino en denunciar la falta de protección a sus garantías constitucionales por parte de las autoridades judiciales, que, en su criterio, se limitaron a aplicar formalismos sin considerar las dificultades que enfrentó desde el inicio del trámite jurisdiccional, el cual estuvo marcado por múltiples dilaciones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
a aplicar formalismos sin considerar las dificultades que enfrentó desde el inicio del trámite jurisdiccional, el cual estuvo marcado por múltiples dilaciones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, S ubsección A de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
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2.2. Problema jurídico
Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte actora y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia. Por lo anterior, es menester abordar el siguiente problema jurídico:
- ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se responderá lo siguiente:
- ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Franco Morales, con ocasión de los
- ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Franco Morales, con ocasión de los autos del 8 de julio y 6 de diciembre de 2024, a través de los cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 76-111-33-33-001-202100031-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su procedencia.6 Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 6 Se dijo en la mencionada sentencia “ DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
El presupuesto de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 7, la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de l requisito de relevancia constitucional.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fund amentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
7 M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii ) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal8 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”10
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los der echos
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los der echos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal .”11 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 13, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal14. (Resaltado de la Sala)
8 Sentencia SU-573 de 2019. 9 Sentencia SU-103 de 2022. 10 Sentencia SU-103 de 2022. 11 Sentencia SU-103 de 2022. 12 Sentencia SU-128 de 2021. 13 Sentencia SU-573 de 2019. 14 Ibid.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
9
13 Sentencia SU-573 de 2019. 14 Ibid.Demandante: Julio Enrique Franco Morales Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Sobre el particular, para la Sala este requisito no se encuentra superado en lo que atañe al defecto por violación directa de la constitución, puesto que, pese a hacer alusión al artículo 54 de la Constitución y a múltiples convenios internacionales, el ac cionante no despliega razón alguna que indique que las autoridades judiciales accionadas omitieron o no aplicaron debidamente algún principio o norma superior.
Al respecto de este defecto, la Corte Constitucional ha reiterado en distintas oportunidades los escenarios en que tiene lugar. Así lo hizo en la sentencia SU198 de 2013, en la cual precisó que:
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto 15; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución16.
En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata17 y (c) cuando el juez en sus resoluciones
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata17 y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución18.
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad19.
En el caso de análisis y en relación a la violación directa de la Constitución, se advierte que el accionante omitió enmarcar sus reparos en alguno de los escenarios que dan lugar a la configuración del defecto alegado. En este sentido, el señor Franco Morales no cumplió con la carga argumenta tiva mínima de este cargo, lo cual denota la falta de relevancia constitucional de la censura formulada e impide a esta Sala, actuando como juez constitucional, adentrarse en el estudio del fondo del asunto en cuanto a la causal especial de procedibilidad en comento.
Se resalta que las omisiones del actor en la argumentación de la solicitud de amparo no pueden ser suplidas oficiosamente por el juez, pues tratándose de tutela contra providencia judicial, el fallador debe atenerse exclusivamente a los reparos formulados por el demandante, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022:
providencia judicial, el fallador debe atenerse exclusivamente a los reparos formulados por el demandante, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022:
15 Sentencia T-460 de 2016. 16 Sentencia SU-354 de 2017. 17 Sentencia SU-047 de 1999. 18 Sentencia SU-175 de 2015. 19 Sentencia C-104 de 1993.Demandante: Julio Enrique Franco Mora
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