CE - Sentencia 11001031500020250093701
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250093701
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandantes: Joanna María Torres González y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-00937-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00937-01
Demandantes: JOANNA MARÍA TORRES GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEXTA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial – Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugna ción presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 20 de marzo de 2025 , dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Joanna María Torres González y otros contra e l Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Los señores Joanna María Torres González, Laura Alejandra Carvajal Torres, Yeison Andrés Carvajal Valencia y Celia Rosa González Álvarez ,
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Los señores Joanna María Torres González, Laura Alejandra Carvajal Torres, Yeison Andrés Carvajal Valencia y Celia Rosa González Álvarez , mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la providencia del 30 de octubre de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-002-2015-00266-00/01, que adelantaron los accionantes contra el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
1.2 Pretensiones
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:Demandantes: Joanna María Torres González y otros
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«PRIMERO: Se solicita respetuosamente Amparar los derech os de l os
señores JOHANA MARÍA TORRES GONZÁLEZ, LA URA ALEJANDRA
CARVAJAL TORRES, YEISON ANDRÉS CARVAJAL VALENCIA y CELIA
señores JOHANA MARÍA TORRES GONZÁLEZ, LA URA ALEJANDRA CARVAJAL TORRES, YEISON ANDRÉS CARVAJAL VALENCIA y CELIA ROSA GONZÁLEZ ÁLVAREZ, por las razones aquí esbozadas, que se encuentran en congruencia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, y especialmente, porque vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación, al acceso a la justicia, al debido proceso, al de la posición de garante de seguridad y cuidado que tienen las instituciones educativas respecto de los estudiantes.
SEGUNDO: Que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión Oral, radicado 0500133330022015-0026601, mediante providencia del 30 de octubre de 2024, en la que se disminuyeron los perjuicios c oncedidos a los demandantes en sentencia de primera instancia, y en su lugar se reconozcan todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a los demandantes.
TERCERO: Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –SALA SEXTA DE DECISIÓN OR AL que emi ta una sentencia en un plazo razonable de 30 días, acorde con la Jurisprudencia que rige la protección de los derechos constitucionales de los demandantes en el proceso de reparación directa y que descansa en la interpretación que se ha elaborado por el Honorable Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte
Constitucional»1.
1.3. Hechos
Los accionantes manifestaron que el 12 de febrero de 2014 , el menor Daniel
elaborado por el Honorable Consejo de Estado, e incluso por la misma Corte Constitucional»1.
1.3. Hechos
Los accionantes manifestaron que el 12 de febrero de 2014 , el menor Daniel Alexis Carvajal Torres de 12 años se encontraba estudiando en la Institución Educativa Alcaldía de Medellín, cuando sufrió un accidente al caerse de una baranda desde un tercer piso y, como consecuencia de las lesiones, se le diagnosticó muerte cerebral o encefálica.
Dicho accidente ocurrió al deslizarse por la baranda de las escalera s del plantel edu cativo, perdiendo el equilibrio si n que, según los accionantes, hubiera un docente que ejerciera la actividad de acompañamiento en esa zona.
Señalaron que, por lo ocurrido , promovieron demanda de reparación directa contra el Distrito de C iencia, Te cnología e Innovación de Medellín, conociendo del proceso en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que, mediante providencia de 19 de diciembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de l a demanda.
Indicaron que las partes interpusieron recurso de apelación , sin embargo, el recurso de la parte demandante fue declarado desierto ante la inasistencia a la audiencia de conciliación , pero luego, dada la oportunidad legal,
1 Cita del texto original con posibles erroresDemandantes: Joanna María Torres González y otros
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presentaron apelación adhesiva bajo el fundamento de que el fallador de primera instancia olvidó reconocer los demás perjuicios inmateriales y materiales solicitados en la demanda.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, a través de sentencia de 30 de octubre d e 2024, modificó la decisión de primera instancia manifestando lo siguiente: « teniendo en cuenta que la conducta desplegada por la víctima, si bien contribuyó al daño, no fue la causa determinante y única del mismo, sino que por el contrario fue concausa en su producción por lo que, se tendrá que decir que no eximirá a la entidad demandada de su responsabilidad, pero sí, habrá lugar a re bajar la reparación en proporción a la participación de la víctima, que para esta Sala se traduce en una reducci ón del 90% de la condena, al presentarse una concurrencia de culpas » disminuyendo con ello el monto de los perjuicios morales.
1.4. Sustento de la petición
En criterio de la parte accionante, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de decisión, incurrió en:
Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso que d aban cuenta de la responsabilidad de la entida d demandada en los
Sala Sexta de decisión, incurrió en:
Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso que d aban cuenta de la responsabilidad de la entida d demandada en los hechos, más aun tratándose de una institución educativa a quien se le ha atribuido la obligación de seguridad y cuidado.
Para el efecto hizo alusión al fallo proferido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 28 de enero de 2015, bajo radicado 05001-23-31-000-1997-03186-01, en el que se manifiesta el deber de cuidado que pesa sobre l as inst ituciones que prestan el servicio de educación y que obedece a razones de subordinación y de garantía en el entendido de que quien asume el proceso educativo adquiere, automáticamente, y por vía Constitucional y Legal, la obligación de velar por quienes acuden a ese proceso, teniendo en cuenta que, por regla general, se trata de menores de edad inmersos en la búsqueda del conocimiento, los que por esa sola razón ameritan un grado especial de protección.
Defecto procedimental por cuanto la autoridad judicial accionada excedió la aplicación de formalidades procesales renunciando a la aplicación del derecho sustancial, en otras palabras, inaplicó la justicia material que estaba dentro del proceso, al restarle el valor a las pruebas que daban cuenta d e la falta de actuación o diligencia del claustro educativo con sus estudiantes, y en el caso en concreto con el adolescente fallecido, ya que no había ningún docente acompañando a los estudiantes que se encontrab an dentro de las instalaciones del centro educativo; y,
Violación directa de la Constitució n, ya que el tribunal accionado profirió una
docente acompañando a los estudiantes que se encontrab an dentro de las instalaciones del centro educativo; y,
Violación directa de la Constitució n, ya que el tribunal accionado profirió una decisión a expensas del principio que cobija a las instituciones educativas como garante de seguridad y cuidado respecto a sus estudiantes , así comoDemandantes: Joanna María Torres González y otros
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las reglas y postulados señalados en la Carta Política, relacionada precisamente con la diligencia y cuidado con la que deben obrar los planteles educativos con sus estudiantes.
Por consiguiente, los anteriores defectos condu cen a establecer que se requiere la correc ción de los yerros cometidos por el fallador en segunda instancia, al considerar el carácter constitucional y legal que le asisten a las instituciones educativas de garantes de la segur idad y cuidado de los menores que se encuentran bajo su custodia, donde se des prende la responsabilidad que se le debe atribuir en los hechos ocurridos en este caso.
1.5. Trámite
Mediante auto del 24 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión para que, si lo consideraban del cas o, intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.
la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión para que, si lo consideraban del cas o, intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.
Asimismo, se dispuso a vincular como terceros con interés a Seguros de Vida del Estado S.A., al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.
1.6. Intervenciones
1.6.1 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Mediante oficio remitido el 27 de febrero de 2025 , el magistrado ponente de la decisión que se cuestion a expresó que dicha providencia se encuentra suficientemente sustentada partiendo de un análisis legal, probatorio y jurisprudencial del caso sometido a consideración.
Discurrió que el prop ósito de la part e accionante es convertir esta acción en una tercera instancia, para así, nuevamente, empezar el debate jurídico planteado.
Indicó que a la parte accionante se le garantiz aron todos sus derechos fundamentales y, por consiguiente, solicitó denegar las pret ensiones de la demanda ya que no reviste de relevancia constitucional.
1.6.2 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
Mediante informe presentado el 28 de febrer o de 2025, el magistrado del Despacho 022 de dicho tribunal, exteriorizó no conocer del proceso objeto de la acción de tutela , la cual le fue notificada a todos los magistrados que integran dicho tribunal, pero que tramitó la Sala Sexta de Decisión.
Despacho 022 de dicho tribunal, exteriorizó no conocer del proceso objeto de la acción de tutela , la cual le fue notificada a todos los magistrados que integran dicho tribunal, pero que tramitó la Sala Sexta de Decisión.
Por lo tanto, solicitó la desvinculación del despacho 022 del TribunalDemandantes: Joanna María Torres González y otros
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Administrativo de Antioquia al existir falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
Mediante comunicación envia da por la titular del despacho efectuó un recuento de lo actuado dentro del proceso objeto de tutela, señalando que se garantizaron todas las etapas procesales y los derechos fundamentales de los accionantes.
Por ello, solicitó su desvinculación de esta acción.
1.6.4. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Manifestó que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad por cuanto no cumple con la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad establecidos.
Indicó que la parte actora lo que realmente pretende es desna turalizar el ejercicio de la acción de amparo, al trasladar a sede de tutela la discusión ya agotada en el ordinario respecto a la configuración o no de causales de disminución de la responsabilidad.
ejercicio de la acción de amparo, al trasladar a sede de tutela la discusión ya agotada en el ordinario respecto a la configuración o no de causales de disminución de la responsabilidad.
Así pues, aseguró que lo que los accionantes plantean es el increment o de un derecho de tipo económico como lo es el aumento de los salarios mínimos tasados para la indemnización de perjuicios morales en la cual no se encuentra afectado ningún derecho fundamental.
Por lo tanto, sostuvo que se debe declarar su improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
1.6.5. Seguros de Vida del Estado S.A.
La apoderada de la mencionada empresa señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto está abiertamente relacionada con el desacuerdo en el monto de los perjuicios concedidos.
Expresó que la parte accionante se refiere a un hecho planteado en la demanda inicial y no sustentó ninguna v ulneración relacionada con el fallo proferido por el tribunal accionado.
Manifestó que lo que se pretende es abrir un tercer escenario en el que nuevamente se evalúen los argumentos de la parte demandante a fin de obtener una decisión económica que favore zca a sus intereses de una manera superior a la concedida.
1.7. Sentencia de Primera InstanciaDemandantes: Joanna María Torres González y otros
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Mediante providencia de 20 de marzo de 2025 2, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el debate pl anteado en esta sede fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso ordinario.
Señaló que la valoración probatoria efectuada por el t ribunal le permi tió concluir que el daño fue resultado de la decisión propia y cons ciente del menor, por lo que pr ocedió a reducir la condena al considerar concurrencia de culpas.
Precisó que los jueces gozan de amplias facultades para valorar las pruebas dentro del proc eso y, en ese sentido , le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba bajo las reglas de la sana critica.
Por consiguiente, declaró la improcedencia de la solicitud de tutel a por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
De otra parte, neg ó la solicitud de desvinculaci ón presentada por el juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín , al considerar que le asistía un inter és en el prese nte trámite por tratarse de la autoridad judicial de primera instancia dentro del medio de control objeto de controversia.
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín , al considerar que le asistía un inter és en el prese nte trámite por tratarse de la autoridad judicial de primera instancia dentro del medio de control objeto de controversia.
1.8. Impugnación
La parte demandante present ó impugnación contra la decisión dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado , manifestando que sí cumple con el requisito de releva ncia constitucio nal por cuanto , contrario a los señalamientos expresados por el fallador, el asunto discutido no es de carácter particular ya que se trata de la falta de vigilancia y supervisión de un menor por parte de un plantel educativo que condujo a su muerte.
Por lo anterior, la supuesta ausencia de relevancia constitucional en el caso de los estudiantes que sufren un accidente en el centro educativo es , en su criterio, un silogismo que no cuenta con respaldo, ya que desde el escrito de tutela se apoyó en sentencia3 proferida por la misma Corporación en anterior oportunidad.
Reiteró el argumento según el cual no se puede atribuir responsabilidad a la víctima en tanto no se demostró por parte de la e ntidad demandada que ejerció autoridad y cuidado respecto del menor a su cargo y pretender indicar que ser trató de una supuesta concurrencia de culpas.
Adujó que no es de recibo el argumento central del fallador relativo a que se trata de reabrir un deba te probatorio o que se intente una tercera instancia ,
2 Notificada el 28 de marzo de 2025 3 Sentencia dentro del radicado 05001-23-31-000-1997-03186-01(30061) del 28 de enero de 2015Demandantes: Joanna María Torres González y otros
2 Notificada el 28 de marzo de 2025 3 Sentencia dentro del radicado 05001-23-31-000-1997-03186-01(30061) del 28 de enero de 2015Demandantes: Joanna María Torres González y otros
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pues si el a quo hubiera estudiado concienzudamente el caso habría notado que no se estaba en presencia de un capricho por parte del accionante , sino que obran elementos fácticos probatorios que permiten establecer la posición de garante del centro educativo.
Además, aña dió que no se puede minimizar la controversia a un interés netamente económico, ya que se trata de un desacierto jurídico por parte de la autoridad de primera instancia.
Expresó que la decisión del tribunal accionado fue arbitraria al ca stigar duramente el comportamiento de la víctima fallecida y no responsabilizar al centro educativo, por tanto, la valoración realizada se quedó corta en el análisis de asuntos que son de competencia func ional de los planteles educativos que ostentan la po sición de garantes frente a sus estudiantes menores.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 2 0 de marzo de 202 5, de
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 2 0 de marzo de 202 5, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa.
El magistrado de la Sala Octava de Decisió n, Despacho 022 de l Tribunal Administrativo de Antioquia, solicitó ser desvinculado del proceso al aseg urar que no intervino en el asunto objeto de reproche, petición que no fue resuelta en primera instancia.
De la revisión del expediente se advierte que el auto admisorio del presente trámite constitucional fue notificado a todos los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Sin embargo, en la actualidad el expediente ordinario se encuentra a cargo del magistrado Rafael Darío Restrepo Quijano, de la Sala Sexta de decisión.
En tal sentido, comoquiera que el magistrado José Ignacio Madrigal Alzate pertenece a una Sala de Decisión distinta, es evidente que carece de legitimación en l a ca usa por pasiva así que se accederá a su solicitu d de desvinculación.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conformeDemandantes: Joanna María Torres González y otros
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De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conformeDemandantes: Joanna María Torres González y otros
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lo planteado por la parte actora.
Para resolver este problema , se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y finalmente , de encontrarse superados se analizará, y iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales, y en ella concluyó:
«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las dist intas Secciones que la componen, antes y despu és del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha adver tido la vulneración de derechos constitucionales fun damentales, de ahí que se modifique tal
junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha adver tido la vulneración de derechos constitucionales fun damentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando a l efecto los parám etros fijados hasta el momen to Jurisprudencialmente.»5 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la proceden cia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es neces ario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hast a el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…».
En efecto, sabido es que la tutela es un m ecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha r eferido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conce da o niegue el derecho al amparo
La Corte Constitucional se ha r eferido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conce da o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles imp iden efectivamente adentrarnos en el
4 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
- Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
5 Ibídem.Demandantes: Joanna María Torres González y otros
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fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de proced ibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de t utela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia obje to del amparo, a partir de l os argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a l a que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción cons titucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que s e emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia constitucional
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede colegir que la parte actora , pretende reabrir el debate zanjado por el juez ordinario , al no estar de acuerdo con la valoración realizada en el proceso que a su juicio demostraban la responsabilidad de la entidad demanda da, máxime aun tratánd ose de una institución educativa y considerar que se trató de concurrencia de culpas.
realizada en el proceso que a su juicio demostraban la responsabilidad de la entidad demanda da, máxime aun tratánd ose de una institución educativa y considerar que se trató de concurrencia de culpas.
Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través d e la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto.
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constituc ional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. As imismo, enfatizó en que, cuando se cue stiona una provide ncia de una alta corte elDemandantes: Joanna María Torres González y otros
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análisis de proc edencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precis ó que las finalidades de este requisito son las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdiccione s competentes o para la solución de discus iones de naturaleza eminentemente legal6» (Énfasis de la Sala).
Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproch e una decisión judicial para superar e l requisito de la relevancia constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, en estos eventos:
- Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o det
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