CE - Sentencia 11001031500020250096800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250096800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-00968-00 Demandante LUZ MERY GALLEGO CANO Y HEIDI JULIETH FAJARDO GALLEGO Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Temas Tutela contra providencia judicial . Defectos fáctico y por violación directa a la Constitución. Debido proceso y acceso a la administración de justicia . Pretensión de reparación directa. Responsabilidad del Estado por muerte de trabajador de la construcción, por electrocución. La prueba del nexo causal y de la imputación. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Luz Mery Gallego Cano y otra , de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 20 de febrero de 20251, Luz Mery Gallego Cano y Heidi Julieth Fajardo Gallego,
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 20 de febrero de 20251, Luz Mery Gallego Cano y Heidi Julieth Fajardo Gallego, por intermedio de apoderado judicial, promovieron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proces o y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de la sentencia del 23 de septiembre de 2024, proferida en segunda instancia en el medio de control de reparación directa nro. 76001-23-31-000-2010-01774-01.
En consecuencia, formularon la siguiente pretensión: «Pido que por sentencia tutelar se declare la protección constitucional de mis poderdantes, LUZ MERY GALLEGO CANO, LUIS EDUARDO FAJARDO TRUJILLO, BRAYAN FAJARDO GALLEGO Y HEIDI JULIETH FAJARDO GALLEGO, y que como consecuencia se anule la sentencia del 23 de septiembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C de Bogotá, por violación al artículo 29 de la Carta Política»2.
2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Los señores Luz Mery Gallego Cano y otros interpusieron demanda de reparación directa contra el municipio de Santiago de Cali, la Secretaría de Infraestructura y Valorización y contra el señor Luis Fernando Ramírez Buenaventura para que se declarara su responsabilidad civil y patrimonial por
reparación directa contra el municipio de Santiago de Cali, la Secretaría de Infraestructura y Valorización y contra el señor Luis Fernando Ramírez Buenaventura para que se declarara su responsabilidad civil y patrimonial por la muerte del señor Yonny Fajardo Gallego. Según relata la parte actora , el señor Yonny Fajardo Gallego fue subcontratado para trabajar en una obra pública que el municipio de Santiago
1 Consultado en el sistema de gestión del Consejo de Estado, SAMAI, índice 2. 2 Página 13 del escrito de tutela. Samai en primera instancia, índice 2Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 de Cali encargó al contratista Luis Fernando Ramírez . El 1° de diciembre de 2007, cuando trabajaba en la mencionada obra, el señor Fajardo Gallego falleció por electrocución. En la demanda se indica que el hecho ocurrió porque manipuló una mezcladora de cemento durante una intensa lluvia. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (radicación nro. 76001-23-31-000-2010-0177400) que, en sentencia de l 23 de septiembre de 2020 , declaró civil y solidariamente responsables a las demandadas por los perjuicios derivados de la muerte de Yonny Fajardo Gallego. El tribunal argumentó que en el caso examinado se acreditó la existencia de una relación contractual entre el municipio de Cali y el contratista para realizar
solidariamente responsables a las demandadas por los perjuicios derivados de la muerte de Yonny Fajardo Gallego. El tribunal argumentó que en el caso examinado se acreditó la existencia de una relación contractual entre el municipio de Cali y el contratista para realizar obras de mantenimiento, así como la muerte de la víctima mientras trabajaba en la obra. Precisó que, aunque no se identificó con certeza el origen de la de scarga eléctrica (red de electricidad o rayo) , mediante indicios concluyó que provino de una mezcladora de cemento conectada a los postes de alumbrado público. El tribunal consideró que hubo culpa patronal por la omisión de dotar al trabajador de elementos de protección y por la falta de afiliación en el sistema de riesgos laborales. 2.2. El municipio de Santiago de Cali, el señor Fernando Ramírez Buenaventura , la Previsora S.A. (llamada en garantía) y la parte demandante interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Los sujetos que conformaron la parte pasiva del proceso , solicitaron que se revocara la decisión de condena y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. (i) El señor Ramírez Buenaventura alegó la falta de pruebas que dieran claridad sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente y negó que la víctima estuviera trab ajando bajo la lluvia por orden suya , por lo que atribuyó el accidente a la imprudencia del trabajador. (ii) El municipio de Santiago de Cali, por su parte, solicitó que se le desvinculara del proceso por no tener relación laboral con el fallecido ni control sobre la red eléctrica. (iii) La
que atribuyó el accidente a la imprudencia del trabajador. (ii) El municipio de Santiago de Cali, por su parte, solicitó que se le desvinculara del proceso por no tener relación laboral con el fallecido ni control sobre la red eléctrica. (iii) La Previsora S.A. aclaró que su póliza no cubría riesgos laborales y que la acción procedente era la laboral, no la de reparación directa. De otro lado, los demandantes solicitaron que se reconociera una mayor indemnización por concepto de perjuicios materiales, morales y por daño a la vida de relación. 2.3. En sentencia del 23 de septiembre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de condena y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, expuso que los medios de prueba aportados al proceso no tenían el mérito suficiente para acreditar el nexo causal entre la muerte del señor Fajardo Gallego y la conducta de los demandados. Precisó, contrariando lo indicado por el a quo, que no se configuró prueba indiciaria que permitiera concluir que la descarga eléctrica fue causada por omisiones atribuibles al empleador o al municipio de Cali. Por lo tanto, consideró que no se aportaron pruebas directas que permitieran conocer, con alto grado de veracidad, los hechos ocurridos el 1° de diciembre de 2008 . Evidenció que no se c ontó con declaraciones de testigos del accidente o un dictamen pericial que permitiera reconstruir las circunstancias.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otra
accidente o un dictamen pericial que permitiera reconstruir las circunstancias.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 La sentencia se notificó a través de edicto electrónico registrado el 16 de octubre de 20243.
3. Fundamentos de la acción La parte actora alegó la indebida valoración de los medios de prueba con capacidad para acreditar el nexo causal y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente que causó la muerte de Yonny Fajardo Gallego.
En el escrito de tutela se alegó la omisión en el análisis crítico de las siguientes pruebas: • El programa metodológico dictamen pericial de la Fiscalía General de la Nación , (FGN) • El Formato único de noticia criminal de la FGN. • El formato actuación del primer respondiente -FPL-4-; (iv) el Formato inspección Técnica a cadáver -FPJ-10de la FGN. • El oficio del 1° de diciembre de 2009 dirigido por la FGN al registrador del estado civil sobre la causa del fallecimiento del señor Fajardo. • La contestación de la demanda del municipio de Cali. • Las fotografías del lugar de los hechos. Agregó que , pese a que solicitó la práctica del testimonio señor Graci liano Quiñones, dicha prueba no se practicó porque el juez de la primera instancia no ejerció sus facultades de instrucción y corrección para asegurar la comparecencia del testigo al proceso.
Quiñones, dicha prueba no se practicó porque el juez de la primera instancia no ejerció sus facultades de instrucción y corrección para asegurar la comparecencia del testigo al proceso. Según la parte actora, dichos medios de convicción acreditaban la causa de la muerte y las circunstancias en que ocurrió, por lo que consideraron satisfecho el deber de demostrar los presupuestos de la responsabilidad del Estado. Alegaron, además, que la autoridad judicial accionada omitió realizar un análisis crítico de las pruebas. En particular, sostuvieron que los elementos probatorios mencionados demostraban que el señor Yonny Fajardo Gallego falleció por electrocución, como resultado de una descarga eléctrica atribuible a su empleador, quien no le hab ría suministrado los elementos de protección personal requeridos. En cuanto al nexo causal, se afirmó que las declaraciones contenidas en el documento «Actuación del Primer Respondiente FPL » evidenciaban la relación entre los cables conectados a un poste de energía de la vía pública y el fallecimiento del trabajador. Finalmente, se cuestionó que la sentencia acusada concluyera , sin soporte probatorio, que la descarga eléctrica impactó en la espalda de la víctima y, se alegó, en el mismo sentido, que no se valoró la contestación de la demanda del municipio de Santiago de Cali , en la que dicha entidad reconoció que el fallecimiento fue causado por una descarga eléctrica proveniente de una mezcladora conectada de manera ilegal a un poste de energía.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 24 de febrero de 2024, el despacho ponente requirió a la parte
manera ilegal a un poste de energía.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 24 de febrero de 2024, el despacho ponente requirió a la parte actora para que acredite la configuración de l as causales especiales de
3 Samai, proceso nro. 76001-23-31-000-2010-01774-01. Índice 27.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de acuerdo con lo establecido en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. Además, se solicitó que allegara el poder especial que legitim ara al abogado Ospina Orjuela para presentar la acción de tutela en representación de las señoras Luz Mery Gallego Cano y Heidi Julieth Fajardo Gallego. 4.2. En memorial del 28 de febrero de 2025, la parte accionante cumplió con los requerimientos encomendados. Aportó el poder especial para representar en esta acción de tutela a las señoras Luz Mery Gallego Cano y Heidi Julieth Fajardo Gallego y encuadró los argumentos de amparo en el defecto por violación directa a la Constitución debido a que la valoración probatoria expuesta por la accionada desconoció el derecho al debido proceso de la parte actora. Acto seguido reiteró los argumentos del escrito de tutela. En cuanto a la procedencia general de la acción de tutela, dijo que cumplió
expuesta por la accionada desconoció el derecho al debido proceso de la parte actora. Acto seguido reiteró los argumentos del escrito de tutela. En cuanto a la procedencia general de la acción de tutela, dijo que cumplió con el requisito de inmediatez porque la petición de amparo se radicó en un plazo razonable. Además, destacó que se agotaron los recursos del proceso ordinario al alcance de los demandantes y se expuso la irregularidad procesal que afectó sus derechos fundamentales. 4.3. En auto del 11 de marzo de 2025, el juez de tutela de primera instancia admitió la acción de amparo presentada por las señoras Luz Mery Gallego Cano y Heidi Julieth Fajardo Gallego, a través de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Asimismo, vinculó, en calidad de terceros con interés, al municipio de Cali, a la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Cali y al señor Luis Fernando Ramírez Buenaventura (quienes actuaron como demandadas dentro del proceso de reparación directa) ; a los señores Luis Eduardo Fajardo Trujillo y Brayan Fajardo Gallego (quienes actuaron en calidad de demandantes en el proceso analizado); a la Previsora S.A. Compañía de Seguros y a Liberty Seguros S.A., (entidades que actuaron en calidad de llamadas en garantía dentro del proceso ordinario); y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (autoridad que dictó sentencia de primera instancia). Además, se ofició al Tribunal Ad ministrativo del Valle del Cauca para que notificara la acción de tutela a los señores Luis Eduardo Fajardo Trujillo y Brayan Fajardo Gallego y para que remitiera el expediente digitalizado del
Además, se ofició al Tribunal Ad ministrativo del Valle del Cauca para que notificara la acción de tutela a los señores Luis Eduardo Fajardo Trujillo y Brayan Fajardo Gallego y para que remitiera el expediente digitalizado del proceso nro. 76001 23-31-000-2010-01774-00/01. 4.4. El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca allegó la constancia de notificación de la acción de tutela a los señores Luis Eduardo Fajardo Trujillo y Brayan Fajardo Gallego, y remitió el expediente digitalizado del proceso de reparación directa nro. 76001-23-31-000-2010-01774-01. 4.5. La Subsección C d e la Sección Tercera del Consejo de Estado , por conducto del magistrado ponente de la sentencia acusada, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque no se acreditó la concreción de un defecto fáctico o procedimental. Dijo que, la argumentación expuesta en el fallo ordinario da cuenta de que los cargos de la parte actora se soportaron en apreciaciones jurídicas y fácticas que carecen de sustento. Indicó que si bien los accionantes cuestionaron que en la primera instancia del proceso no se recaudó el testimonio del señor Graciliano Quiñones , quien presenció el accidente, lo cierto es que la práctica de ese medio de prueba no fue solicitada en la segunda instancia. A su vez, precisó que la declaración en la sentencia de que la descarga eléctrica afectó la espalda del fallecido no
presenció el accidente, lo cierto es que la práctica de ese medio de prueba no fue solicitada en la segunda instancia. A su vez, precisó que la declaración en la sentencia de que la descarga eléctrica afectó la espalda del fallecido no derivó de su capricho, sino que se basó en el informe de necropsia que registróRadicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 esa lesión. En línea con lo anterior, destacó que las anteriores conclusiones probatorias no llevan a entender que se desconoció que la muerte se produjo por electrocución, sino que advirtió la falta de una prueba técnica que acreditara que la descarga provino de la manipulación de la mezcladora. Sobre el documento «Actuación del Primer Respondiente» y las fotografías precisó que no tienen valor probatorio, el primero porque contiene un relato de hechos basado en versiones indirectas no ratificadas en juicio y, las segundas, porque no fue posible establecer su autoría ni el contexto en el que fueron capturadas. Se precisó que, incluso si se consideraran las fotogr afías, estás no permitían confirmar los hechos de la demanda. De otro lado, indicó que, aunque en la sentencia se reconoció la existencia de una relación laboral de la víctima con el contratista, no se acreditaron las funciones asignadas al fallecido, lo que impedía determinar los riesgos laborales asociados a su act ividad y el alcance de l deber de protección del empleador. Finalmente, advirtió que la tutela fue usada para introducir nuevos hechos y
funciones asignadas al fallecido, lo que impedía determinar los riesgos laborales asociados a su act ividad y el alcance de l deber de protección del empleador. Finalmente, advirtió que la tutela fue usada para introducir nuevos hechos y reabrir el debate del proceso ordinario , sin que se configure una vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y sin que se cumplieran los requisitos para su procedencia contra providencias judiciales. 4.6. La Alcaldía de Santiago de Cali , por conducto de la directora del Departamento Administrativo de Gestión Pública , recordó el objeto y trámite del proceso de reparación directa analizado. Manifestó su total acuerdo con el contenido de la sentencia emitida por el Consejo de Estado porque considera que los elementos probatorios eran insuficientes para establecer la fuente de la descarga eléctrica que produjo el fallecimiento del señor Fajardo Gallego, circunstancia que impidió establecer el origen del riesgo. Destacó que no fue posible establecer si el evento resultó del incremento del riesgo atribuibl e a una omisión de un deber legal de la administración municipal como dueña de la obra, o al señor Fernando Ramírez como empleador y contratista, ni se configuró la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, s olicitó qu e se dejara en firme la sentencia acusada. 4.7. La sociedad HDI Seguros Colombia S.A., por conducto de apoderado especial, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se configuró el defecto fáctico alegado ni la solicitud cumple con los requisitos de procedibilidad para cuestionar providencias judiciales. De manera subsidiaria,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se configuró el defecto fáctico alegado ni la solicitud cumple con los requisitos de procedibilidad para cuestionar providencias judiciales. De manera subsidiaria, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela debido a que no se vulneraron los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora. En criterio de la aseguradora, la decisión cuestionada respetó las garantías procesales, ya que se fundamentó en un análisis minucioso del material probatorio y concluyó acertadamente que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad estatal, en particular, la falla en el servicio y el nexo causal entre la conducta de los demandados y el fallecimiento del señor Yonny Fajardo Gallego. Agregó que las pólizas no cubrían situaciones derivadas de la relación contractual entre el trabajador fallecido y e l contratista, por lo que cualquier obligación indemnizatoria debía ser asumida por el empleador o por las entidades del sistema de riesgos laborales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 En cuanto a l as pólizas de seguro nro. 132453 y 1378804, dijo que no hay responsabilidad de las asegurad oras llamadas en garantía al proceso ordinario, pues no cubrían eventos como el reclamado. Informó que la primera póliza únicamente amparaba salarios y prestaciones sociales del contratista y
responsabilidad de las asegurad oras llamadas en garantía al proceso ordinario, pues no cubrían eventos como el reclamado. Informó que la primera póliza únicamente amparaba salarios y prestaciones sociales del contratista y excluía indemnizaciones por responsabilidad extracontractual. Además. Precisó que el contratista no tenía legitimación para llamarla en garantía, pues esa facultad solo correspondía al Municipio de Cali como entidad asegurada. 4.8. La Previsora S.A. Compañía de Seguro s, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque la sentencia acusada no vulneró los derechos fundamentales invocados por las accionantes. Destacó que la autoridad judicial adoptó su decisión con fundamento en la valoración individual y conjunta de todas las pruebas del proceso, bajo la sana crítica y de acuerdo con las reglas de la experiencia. Agregó que las pruebas aportadas no tenían la aptitud de acreditar que los hechos ocurrieron de la manera en que fueron relatados en la demanda ni se demostró la concreción de una falla en el servicio atribuible a las entidades que conformaban la parte pasiva del proceso. Advirtió que los contratos de seguro deben interpretarse integral y literalmente, sin que sea permitido a los contratantes emitir un entendimiento parcializado o flexible de su contenido, como equivocadamente lo hizo el tribunal en la primera instancia. En esa medida, estimó acertada la conclusión de la Sección Tercera del Consejo de Estado de negar las pretensiones de la demanda debido a que el litigio propuesto versaba sob re un conflicto de índole contractual-laboral, evento frente al cual no tenía cobertura la póliza vinculada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
debido a que el litigio propuesto versaba sob re un conflicto de índole contractual-laboral, evento frente al cual no tenía cobertura la póliza vinculada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
www.consejodeestado.gov.co 7 Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe conte ner un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia profer ida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 20177, la Corte Constitucional analizó el tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional
3. Planteamiento del problema jurídico Dado que se trata de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial, la Sala debe establecer, en primer lugar, si la solicitud de amparo supera el análisis general de procedencia.
3. Planteamiento del problema jurídico Dado que se trata de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial, la Sala debe establecer, en primer lugar, si la solicitud de amparo supera el análisis general de procedencia.
En caso de superar tal estudio, corresponderá determinar si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico y en violación directa a la Constitución al revocar la decisión condenatoria de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de reparación directa. Aunque en el escrito de subsanación (Supra 4.2.) la parte actora alegó la configuración del defecto por violación directa a la Constitución, lo cierto es que los argumentos que le sirven de fundamento corresponden a los propios del defecto fáctico, en la m edida en que se cuestiona la omisión e indebida valoración de las pruebas del proceso, así como las conclusiones probatorias adoptadas por la autoridad judicial accionada. En consecuencia, el estudio de esta tutela se efectuará a partir de la caracterización del defecto fáctico.
4. La acción de tutela supera el análisis general de procedibilidad para discutir providencias judiciales La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la providencia objeto de amparo se notificó a través de edicto electrónico registrado el 16 de octubre de 20248 y la acción de tutela fue radicada el 20 de febrero de 20259.
Esta circunstancia permite concluir que se respetó el parámetro temporal de seis meses establecido por esta Corporación para la procedencia de la acción10. Adicional a lo anterior, contra la sentencia de segunda instancia proferida en un
Esta circunstancia permite concluir que se respetó el parámetro temporal de seis meses establecido por esta Corporación para la procedencia de la acción10. Adicional a lo anterior, contra la sentencia de segunda instancia proferida en un proceso ordinario de reparación directa no proceden recursos ordinarios y los argumentos planteados en la acción de tutela no se corresponden con las causales
7 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. 8 Óp. Cit. Nro. 3. 9 Óp. Cit. Nro. 1. 10 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00968-00
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 de procedencia de los recursos extraordinarios de unificación de jurisprudencia o de revisión. Tampoco se advierte que la tutela haya sido promovida como una instancia adicional para reiterar los planteamientos ya formulados en el trámite del proceso ordinario. En efecto, en primera instancia se profirió una sentencia condenatoria que favoreció los intereses de la parte actora, pero esa decisión fue r evocada, en segunda instancia, por la autoridad judicial accionada, la cual negó las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, la acción de tutela se dirige específicamente contra esta última decisión . El caso plantea, además, la presunta afectación de los derechos fundamentales de la parte actora al debido
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