CE - Sentencia 11001031500020250099201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250099201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00992-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00992-01
Demandante: CONSORCIO WTD AGUACOL TUNJA 2008
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ,
DESPACHO 2 Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 17 de marzo de 202 5, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el Consorcio WTD Aguacol Tunja 2008 contra el Tribunal Administrativo de Boy acá, Despacho No. 2 y el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Tribunal Administrativo de Boy acá, Despacho No. 2 y el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008 , por intermedio de su representante legal, interpuso acción de tutela contra el Tr ibunal Administrativo de B oyacá, Despacho No. 2 y el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de la buena fe.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión del auto del 21 de marzo de 2024 , proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja , que rechazó la demanda de nulidad y restablecim iento del dere cho con radicado 1500133-33-004-2024-00034-00/01, promovido por el accionante contra el municipio de Tunja , por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Así mismo , por la providencia del 18 de abril de la misma anualidad , mediante l a cual la r eferida autoridad rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión.Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00992-01
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Finalmente, por el proveído del 2 de julio de 2024, emitido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2, que resolvió e l recurso de queja contra el auto del 18 de abril de 2024, en el que determinó bien denegado el recurso de apelación.
1.2 Pretensiones
En el escrito de tutela , la parte accionante no manifiesta de manera clara lo que pretende con la acción de amparo ; sin embargo, de su lectura se puede inferir que lo pretendido es dejar sin efectos l os autos del 21 de marzo y 18 de abril de 2024 proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja , así como la providencia del 2 de j ulio de la misma anualidad emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2.
1.3. Hechos
El accionante manifestó que interpuso demanda dentro del m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Tunja, con el fin de que se anulara (i) el auto del 23 de abril de 2018, mediante el cual la Tesorería General del ente territorial libró mandamiento de pago en su contra, (ii) la Resolución 080 del 3 de mayo de 2019, en la que se resolvieron las excepciones propues tas en el
mediante el cual la Tesorería General del ente territorial libró mandamiento de pago en su contra, (ii) la Resolución 080 del 3 de mayo de 2019, en la que se resolvieron las excepciones propues tas en el proceso administ rativo de cobro coactivo 2018 -3993 y (iii) la Resolución 324 del 13 de noviembre de 2019, que resolvió un recurso de reposición.
Además de lo anterior, en dicha demanda solicitó que se condenara al municipio al pago de cuatrocientos veintiún millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos ($421’279.402), reconocidos como deuda a favor del Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008.
Indicó que, por reparto , correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de T unja, bajo radicado 15001-33-33-004-2024-00034-00 el cual , mediante auto de 21 de marzo de 2024, resolvió rechazar la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.
Por lo anterior la demandante interpuso recurso de apela ción el cual fue rechazado por extempo ráneo mediante providencia del 18 de abril siguiente, lo cual condujo a que presentar a el recurso de reposición y en subsidio el de queja.
El juzgado, mediante auto del 16 de mayo de 2024, decidió no rep oner la anterior decisión y concedió el recurso de queja, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2, mediante auto de 2 de julio del mismo año, en el cual consideró bien denegado el recurso de
anterior decisión y concedió el recurso de queja, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2, mediante auto de 2 de julio del mismo año, en el cual consideró bien denegado el recurso de apelación.Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
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1.4. Sustento de la petición
El accionante consideró vulneradas sus garantías constituc ionales por parte de las autoridades demandadas pues, en su criterio, en el proceso promovido contra el municipio de Tunja no había operado el fenómeno jurídico de la caducidad al momento de radicar la demanda.
Para el efecto, tra nscribió in extenso el recurso de apel ación presentado contra el auto que rechazó la demanda, en el cual plasmó los argumentos de inconformidad frente al conteo realizado por la autoridad judicial en relación con la oportunidad para radicar el medio de control.
A su vez, consideró que este recurso fue rechazado de manera arbitraria, ya que no se tuvo en cuenta que la decisión apelada fue notificada electrónicamente mediante correo enviado el 22 de marzo de 2024, lo que implicaba que su notificación se entendía efectivamente realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos , en cumplimiento de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
implicaba que su notificación se entendía efectivamente realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos , en cumplimiento de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
Explicó que , descontan do la vacanci a judicial por la seman a sant a que transcurrió entre el 25 y el 31 de marzo siguiente, los dos días hábiles a que hace referencia la norma correspondieron al 1º y 2 de abril del mismo año, así que los tres días para presentar la apelación corrieron entre el 3 y el 5 de abril de 2024.
Afirmó que el recurso fue interpuesto por su apoderado el 4 de abril de 2024, así que no procedía su rechazo al haber sido radicado de forma oportuna.
Finalmente, aseguró que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2, mediante auto del 2 de ju lio de 2024, estimó bien denegado el recurso de apelación sin ninguna consideración frente a las realidades fácticas y jurídicas del caso concreto, lo cual resultaba un menoscabo de sus garantías constitucionales.
1.5. Trámite de primera instancia
Mediante auto de 3 de marzo de 202 5, el Co nsejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2 y al Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.
1.6. Intervenciones
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.
1.6. Intervenciones
1.6.1 Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00992-01
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El magistrado ponente que resolvió el recurso de queja interpues to por el actor manifestó que la decis ión adoptada se efectuó en derecho y no como fruto de la arbitrariedad o de la voluntad subjetiva del fallador.
Expresó que dicha decisión no amenaza ninguno de los derechos fundamentales invocados por la parte actora , pues la providencia objeto de tutela no incurrió en defecto alguno, sino que fue producto del ejercicio razonable de su autonomí a, atendiendo el sentido y alcance de las disposiciones procesales correspondientes y de la mism a jurisprudencia que sobre la materia ha proferido el Consejo de Estado.
1.6.2 Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja
La titular del despacho describió las actuaciones judiciales efectuadas dentro del proce so de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el Consorcio WTD AGUACOL Tunja 200 8, señalando que en este se garantizó el debido proceso y el acceso a la administración de justicia , ya
dentro del proce so de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el Consorcio WTD AGUACOL Tunja 200 8, señalando que en este se garantizó el debido proceso y el acceso a la administración de justicia , ya que las notificaciones se realizaron en debida forma y de manera oportuna.
Solicitó que se declare im procedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que se está utilizando como una tercera instancia para abrir una discusión que ya fue resuelta.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante providenci a del 17 de marzo de 202 5, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el asunto a tratar no cumplía con el requisito de la inmediatez.
Lo anterior, por cuanto la última providencia cue stionada por el actor fue la del 2 de julio de 202 4, la cual fue notificada el 5 de julio de la misma anualidad, quedando ejecutoriada el 2 de julio de 2024 , mientras que la solicitud de amparo fue radicada el 21 de febrero de 2025, esto es, fuera del término prudencial de seis meses establecido jurisprudencialmente.
1.8. Impugnación
Mediante escrito del 1 ° abril de 2025 , la parte accionante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia en el que re iteró los argumentos expresados en la acción de tutela frente al auto que decretó la caducidad y cuestionó las respuestas brindadas tanto por el juzgado como por el tribunal, al considerar que omitieron efectuar un serio y
argumentos expresados en la acción de tutela frente al auto que decretó la caducidad y cuestionó las respuestas brindadas tanto por el juzgado como por el tribunal, al considerar que omitieron efectuar un serio y riguroso análisis frente a sus actuaciones en el proceso ordinario.Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
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Expuso que la última actuación surtida en el trámite del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho fue el auto del 29 de agosto de 2024, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrat ivo de Boyacá, el cual le fue notificado el 30 de agosto de la misma anualidad, razón por la cual considera que se encuentra dentro de los 6 meses permitidos para interponer la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 17 de marzo de 202 5, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1069 de 2015 modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo emitido en prim era instancia p or la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado , conforme lo planteado por la parte actora.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia de la acci ón de tutela contra providencia judicia l; ii) requisito de procedibilidad adjetiva de inmediatez y iii) estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sent encia de 31 d e julio de 2012, unificó la di versidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
«(…)si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el d e considerar improcedente la acción de tutela contra pro videncias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertid o la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometer se el estudio de
se ha advertid o la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometer se el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.» (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior p recedente, es claro que la Cor poración ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, enDemandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
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consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analiza r si ellas vu lneran algún derecho fundament al, observando al efect o, los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué pa rámetros se hará ese e studio, pues la sentencia de un ificación se refirió a los « (…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)».
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el art ículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el art ículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y o tros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o n iegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitu d de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiarie dad, es decir, a gotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneo s y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedent e el amparo s olicitado y no entrará a analiz ar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos pará metros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en don de para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se req uerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
vulnerados, en don de para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se req uerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la a cción no intente reabrir el deb ate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constituciona l no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probator ias que son propias del juez natural.
2.4. Requisito de procedibilidad adjetiva de inmediatez
Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutelaDemandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
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debe incoarse en un plazo razonable 1, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el al cance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual, inmediato y efectivo.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha declarado la improcedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales, después de haber transcurrido un lapso considerable desd e la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la
De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha declarado la improcedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales, después de haber transcurrido un lapso considerable desd e la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, sin que medien razones suficientes que justifiquen el retardo.
De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 del 13 de julio de 2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de procedibilidad adjetiva lo siguiente:
48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualiza do que de conformidad con el presupuesto de inm ediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundament ales, pues es claro que la solicitud de ampa ro pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional2.
49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de procedibilidad, el juez de tutela simpl emente debe comprobar si resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la a menaza de un derecho fundamental y, el día e n que el derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela3.
Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la protección inmediata de los derechos fundam entales, por lo tanto, la
mediante la formulación de la acción de tutela3.
Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la protección inmediata de los derechos fundam entales, por lo tanto, la autoridad judicial es tá obligada a tomar en cuenta el tiempo que transcurre entre e l hecho generador de la violación de los derechos presuntamente transgredidos y la solicitud de amparo, lo anterior en virtud a que un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la medida que se reclama no se requiere con prontitud.
2.5. Caso concreto
La parte actora cuestiona los autos del 21 de marzo y 18 de abril de 2024 proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuit o Judicial de Tunja, así como la providencia de l 2 de julio de la misma anualidad emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No.
1 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 11001-03-15-0002008-01018-01(AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 2 Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999. 3 «Fallo T-135 de 2015».Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
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2, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la parte actora contra el municipio de Tunja.
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2, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la parte actora contra el municipio de Tunja.
En primera instancia , la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo de 17 de marzo de 2025 , declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito adjetivo de inmediatez.
La Sala observa que, como lo conc luyó el a quo, la presente solicitud de amparo no supera el referido requisito de procedibili dad, por cuanto el último auto cuestionado fue proferido el 2 de julio de 2024, notificado el 5 de julio de la misma anualidad , quedando ejecutoriado el 12 de juli o siguiente y la acción de tute la se presentó el 21 de febrero de 2025 es decir, después de más de 7 meses de ejecutoriada la providencia, tiempo que supera el plazo razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales.
Para ju stificar la p resentación tardía de la acción de amparo, la parte accionante adujo que la última actuación efectuada por el juzgado dentro del proceso ordinario fue el auto del 29 de agosto de 202 4, en el cual se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por e l Tribunal Ad ministrativo de Boyacá, notificado el 30 de agosto de la misma anualidad.
Por tal motivo, el actor considera que se encuentra dentro de los 6 meses permitidos para interponer la acción de tutela.
Para la Sala , tal argumento no es de recibo e n consideraci ón a que el plazo razonable de los seis (6) meses para interponer la acción de tutela
permitidos para interponer la acción de tutela.
Para la Sala , tal argumento no es de recibo e n consideraci ón a que el plazo razonable de los seis (6) meses para interponer la acción de tutela se cont abiliza desde la ocurrencia del hecho generador , el cual es la notificación o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada según sea el caso y que da lugar a la solicitud de protección.
Así, la inmediatez es más bien un requisito que busca que esta solicitud de amparo se presente desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales, lo anterior en consideración a que la tutela es un me dio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos.
Cabe señalar que la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a las acciones de tutela contra providencias judicial es, el análisis de inmediatez debe ser más estri cto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídi ca y cosa juzgada, pues «la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente»4.
Por consiguiente, par a la Sala no es admisible el argumento presentado por la accionante para superar el requisito de inmediatez, t oda vez que no se enmarcan en algunas de las situaciones que la Corte Constitucional ha
4 Sentencia T-594 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada en las Sentencias T410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
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establecido como justificación, es decir, que (i) se encue ntre en una situación que lo ubique en estado de vulnerabilidad (indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros); (ii) la inactividad vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; ( iii) existe u n nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; y (iv) la vulneración a sus derechos ha sido permanente en el tiempo.
En consideración a lo anterior , esta Colegiatura comparte la posición asumida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado , en virtud de la cual el tiempo qu e dejó pasar la parte actora para alegar la presunta vulneración de sus derechos no acredita el requisito de inmediatez y, por tanto, hace improcedente la solicitud de amparo.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Qui nta, administrando justicia en nomb re de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Qui nta, administrando justicia en nomb re de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de l 17 de marzo de 2025 , proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el ex pediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado «Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»