CE - Sentencia 11001031500020250101701

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250101701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: MARTHA NELLY MORALES MARIN Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia que declaró la caducidad del derecho de acción en reparación directa en caso de grave violación a los derechos humanos // requisitos de procedencia// configuración del defecto de desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. La Sala resuelve el recurso de impugnación con tra una sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sección Quinta de la Corporación. El medio constitucional se promovió contra una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, motivo por el cual, con el fin d e facilitar la explicación de los antecedentes, en primer lugar, se expondrá el desarrollo del proceso contencioso administrativo que llevó a la sentencia ordinaria atacada, y posteriormente, se mencionarán los del proceso de tutela.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 05001 -3333-022-2017-00604-01.

2. Martha Nelly Morales Marín, en nombre propio y representación de los menores, John Mario y Andrés Felipe Agudelo Morales, Mónica Andrea, Yessica

33-022-2017-00604-01.

2. Martha Nelly Morales Marín, en nombre propio y representación de los menores, John Mario y Andrés Felipe Agudelo Morales, Mónica Andrea, Yessica Alejandra y Y enny Marcela Agudelo Morales, Jesús Antonio Agudelo García, Abelardo de Jesús, María Rosmira, María Yolanda, Argemiro de Jesús, Flor María, Francisco Javier, María Gricelda, María Fanny, María Lucely, María Sorany, Luz Marina, Nelson Abad, Blanca Nelly y J esús Antonio Agudelo Morales, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa, contra la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, por la muerte de Jesús Agudelo Morales, ocurrida el 4 de mayo de 2004.

3. La demanda de reparación directa se fundamentó en que, el 4 de mayo de 2004, Parmenio de Jesús Agudelo Morales salió de su vivienda, ubicada en zona rural del municipio de San Luis, Antioquia. Camino a su lugar de trabajo, se encontró con miembros del Ejército Nacional, “quienes sin mediar palabra dispararon contraRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

su humanidad” 1. Los demandantes sostuvieron que se trató de una ejecución extrajudicial, pero los militares presentaron la muerte como una baja legítima en combate.

4. En todo caso, miembros del Ejército Nacional no entregaron los restos mortales de la víctima a sus fami liares, sino que, “aproximadamente 4 días desde

combate.

4. En todo caso, miembros del Ejército Nacional no entregaron los restos mortales de la víctima a sus fami liares, sino que, “aproximadamente 4 días desde el 4 de mayo de 2004, tiempo en el cual estuvo desaparecido el señor Parmenio, informaron a sus familiares que el cuerpo había sido enterrado en el cementerio de

San Carlos”.

5. La demanda de reparación directa se promovió en el año 2017, y correspondió, en sede de primera instancia, al Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín. El 16 de octubre de 2018 , dicha autoridad judicial profirió sentencia de fondo, en la que accedió parcialmente a las pretension es y declaró extracontractualmente responsable a la entidad accionada por el homicidio de

Parmenio de Jesús Agudelo Morales.

6. La providencia fue apelada por las dos partes. Los demandantes argumentaron que la decisión de primera instancia no valoró adecua damente los perjuicios causados al núcleo familiar. El Ejército Nacional argumentó que los miembros de la institución que causaron la muerte de Parmenio de Jesús actuaron en estricto cumplimiento de un deber legal y de una orden legítima proferida por una autoridad. La entidad demandada afirmó que la víctima era miembro del ELN y que la misma fue resultado de un enfrentamiento con la fuerza pública. En el recurso de apelación, entre otras cosas, se argumentó que había caducado el derecho de acción, pues los hechos se remontan al 4 de mayo de 2007, pero la demanda se presentó el 29 de noviembre de 2017.

7. En providencia de 21 de agosto de 2024 , el Tribunal Administrativo de

derecho de acción, pues los hechos se remontan al 4 de mayo de 2007, pero la demanda se presentó el 29 de noviembre de 2017.

7. En providencia de 21 de agosto de 2024 , el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar declaró probada la excepción de caducidad, pues los hechos del daño se produjeron el 4 de mayo de 2004, y desde ese mismo día los demandantes tuvieron conocimiento de la participación de las autoridades estatales, pero la solicitud de conciliación se radicó el 11 de agosto de 2017, y la demanda se promovió el 29 de noviembre de 2017.

Antecedentes del proceso de tutela

8. En el escrito de tutela, a través de apoderado judicial, los demandantes sostienen que la providencia proferida el 21 de agosto de 2024, vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la supremacía constitucional, y al derecho a la igualdad entre las víctimas.

9. Lo anterior, como quiera la decisión incurrió en un (i) defecto fáctico, por cuanto la muerte del señor Agudelo fue una ejecución extrajudicial, lo cual se colige

1 Escrito de tutela. Índice Samai 02.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

de las contradicciones entre las declaraciones d e militares y el informe de necropsia, irregularidades en el reporte de la muerte, uso desproporcionado de

Referencia: Segunda instancia acción de tutela

de las contradicciones entre las declaraciones d e militares y el informe de necropsia, irregularidades en el reporte de la muerte, uso desproporcionado de fuerza y una sospechosa retractación de la médico forense. También destacó la omisión en la práctica de la prueba de absorción atómica, para confirma r que la víctima disparó arma alguna. La decisión también constituye, en sentir de los tutelantes un “sustantivo o material”, pues aplicó una norma claramente inaplicable al caso toda vez que la ratio del tribunal administrativo se muestra regresiva con la Constitución; (ii) la decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho y vulnera normas de ius cogens, y (iii) desconoció el precedente judicial sin ofrecer argumentación, puntualmente aquel que indicaba que en casos de graves violaciones a los derechos humanos, no caduca el derecho de acción, (iv) finalmente reprochó que el Tribunal se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando en realidad si correspondía.

10. Sostuvo que si bien la decisión del Tribunal Administrativo se fundó en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por el Pleno de la Sección Tercera de esta Corporación, lo cierto es que posteriormente, otros fallos del mismo Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han priorizado la reparación integral a las víctimas, y el derecho sustancial sobre las normas procesales, máxime cuando se trata de conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad.

11. Adujo que la sentencia SU -167 de 2023 de la Corte Constitucional, indicó

procesales, máxime cuando se trata de conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad.

11. Adujo que la sentencia SU -167 de 2023 de la Corte Constitucional, indicó que el término de caducidad en la acción de reparación directa inicia a contabilizarse desde el momento en que las víctimas están en condiciones de acudir a la administración de justicia para imputar el daño.

12. Agregó que, dentro del grupo de demandantes, hay var ias personas que eran menores de edad para el momento de los hechos, puntualmente, los hijos de la víctima directa, Jhon Mario Agudelo Morales. Andrés Felipe Agudelo Morales, Mónica Andrea Agudelo Morales, Yessica Alejandra Agudelo Morales y Yenny Marcela Agudelo Morales, todos ellos eran menores de edad para el 4 de mayo de 2004, motivo por el cual, no se les podía exigir que demandaran antes del momento que lo hicieron.

Trámite de la tutela

13. La tutela fue repartida a la Sección Quinta de la Corporación que en providencia de ponente de 25 de febrero de 2025, procedió a su admisión, en la que vinculó al procedimiento a las autoridades accionadas, al Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medel lín, a la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado como terceros con interés en las resultas del proceso.

14. La Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional solicit ó declarar improcedente el amparo, pues se acude a la acción de tutela para reabrir un debate

del Estado como terceros con interés en las resultas del proceso.

14. La Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional solicit ó declarar improcedente el amparo, pues se acude a la acción de tutela para reabrir un debate procesal ya concluido. Indicó que la sentencia cuestionada se profirió luego de unRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

amplio debate procesal en el que se determinó que los demandantes tuvieron oportunidad de conocer la supuesta responsabilidad de las autoridades estatales desde mayo de 2004, razón por la cual, la acción se ejerció de manera extemporánea.

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó, igualmente, declarar improcedente la tutela de la referencia pues busca reabrir un debate procesal ya concluido. Estimó que carece del requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

16. La Fiscalía General de la Nación solicitó que en relación con la mencionada entidad, se declare que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no participó en la decisión objeto de ataque constitucional. El Juzgado Veintidós Administrativo oral de Medellín no intervino, pero remitió el enlace del expediente ordinario.

Sentencia de primera instancia

17. El 20 de marzo de 2025, la Sección Quinta de esta Corporación declaró improcedente el amparo solicitado, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

18. Concluyó que la tutela invocaba dos defectos específicos; por un lado, el

improcedente el amparo solicitado, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

18. Concluyó que la tutela invocaba dos defectos específicos; por un lado, el defecto fáctico por no valorar adecuadamente la prueba respecto de la responsabilidad de las autoridades estatales en relación con el homicidio de la víctima. La providencia de primera instancia determinó que los mismos carecen de relevancia constitucional pues s e trata de discusiones que se surtieron dentro de las dos instancias del proceso contencioso administrativo. Además, indicó que la sentencia atacada sí reconoció que los hechos que fundamentaron la demanda son delitos de lesa humanidad, pero a pesar de ell o resultaba procedente declarar la caducidad del derecho de acción. Afirmó: “ En efecto, ni el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín ni el Tribunal Administrativo de Antioquia han puesto en duda que el señor Parmenio Agudelo Morales fue víctima de un a ejecución extrajudicial, ni se ha discutido la condición de lesa humanidad de ese delito.”

19. Respecto al cargo por desconocimiento del precedente judicial, igualmente carece de relevancia constitucional, pues el Tribunal Administrativo de Antioquia aplicó el precedente de unificación contenido en la sentencia de 29 de enero de 2020, y se verificó que la acción de tutela menciona como desconocidas sentencias previas a la decisión de unificación.

Recurso de impugnación

20. Dentro del término previsto, la parte actora impugnó la sentencia. Argumentó que la jurisprudencia ha reconocido ampliamente que en los procesos contenciosos administrativos en los que se discute la responsabilidad de autoridades estatales

20. Dentro del término previsto, la parte actora impugnó la sentencia. Argumentó que la jurisprudencia ha reconocido ampliamente que en los procesos contenciosos administrativos en los que se discute la responsabilidad de autoridades estatales por eventuales hechos constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, el asunto revisteRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

relevancia constitucional. Adujo que, en el caso concreto, se presentó una inadecuada aplicación de la figura de la caducidad.

21. Sostuvo que resulta inconstitucional que la entidad accio nada aplicara retroactivamente el precedente judicial de 29 de enero de 2020. Además, afirmó que la Sentencia T-044 de 2022 de la Corte Constitucional precisó que dentro del proceso ordinario debieron darle la oportunidad de explicar las razones por las cuales, no pudo acudir antes a la administración de justicia.

Consideraciones

Competencia

22. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en instancia de impugnación, conforme el artículo 32 del decreto 2591 de 1991.

Problema jurídico

23. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface los requisitos de procedencia formal. En caso de contestar afirmativamente el interrogante, se debe examinar si la decisión cuestionada incurrió en los defectos alegados en el escrito de tutela. Puntualmente, si

satisface los requisitos de procedencia formal. En caso de contestar afirmativamente el interrogante, se debe examinar si la decisión cuestionada incurrió en los defectos alegados en el escrito de tutela. Puntualmente, si desconoció el precedente constitucional fijado en la SU-167 de 2023 y en la T-044 de 2022 de la Corte Const itucional, además de un supuesto defecto fáctico por la incorrecta valoración del material probatorio.

24. Por lo anterior, para resolver los problemas jurídicos planteados, se reiterará el precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencia judicial; el precedente de esta corporación y constitucional respecto a la aplicación del precedente fijado por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 29 de enero de 2020, y finalmente se resolverá el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones judiciales. Causales genéricas y específicas de procedencia.

25. Conforme el precedente fijado en la C -590 de 2005 2, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providenci as judiciales, el juez de tutela debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,

generales de procedencia en contra de providenci as judiciales, el juez de tutela debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una

2 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 3 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU -215 de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

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sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 5 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;

que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 5 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

27. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de un a característica que afecte su validez. En consecuencia, se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales6.

28. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia, se trat a de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías constitucionales7.

29. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se

constitucionales7.

29. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

4 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada frau dulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 5 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 6 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. 7 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su fo rmulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

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i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii.Defecto procedimental absoluto , que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o prácti ca de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv.Defecto sustantivo , que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inc onstitucionales, o que no estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.

v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales d el afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

vi.Decisión sin motivación , que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii.Desconocimiento del precedente , que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos

vii.Desconocimiento del precedente , que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

30. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de delitos de lesa humanidad o de guerra.

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos

31. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i) 8 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que, en efecto, el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata de los punibles antes anotados.

32. Ambas p rovidencias de unificación establecieron que el término de caducidad comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo;

(iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que la persona reaparece o se identific an plenamente sus restos, sin que ello impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

33. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias de Sala de Revisión 9 y de Sala Plena 10 en las que ha pr ecisado la manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados

33. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias de Sala de Revisión 9 y de Sala Plena 10 en las que ha pr ecisado la manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa humanidad. Aunque ha reiterado que el derecho de acción caduca, también ha señalado que este requisito debe ser evaluado desde una perspectiva de flexibilidad y ponderación de principios con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia. En efecto, la Corte ha enfatizado que la verificación del cumplimiento del término de caducidad constituye una carga relevante del juez administrativo que no puede ser evaluada de forma mecánica o superficial, especialmente cuando se examinan hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos, com o los crímenes de guerra o de lesa humanidad11.

34. En la sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional estableció las reglas interpretativas que deben observarse para computar el término de caducidad en

estos casos:

“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de

8 Radicado 61.033 C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.

perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de

8 Radicado 61.033 C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. 9 Cfr. T-024 de 2024 M.P. Paola Meneses Mosquera y T -450 de 2024 M.P. Juan Carlos Cortés González. Recientemente T-001 de 2025 M.P. Paola Meneses. 10 Cfr. SU-167 de 2023 M.P. Diana Fajardo Rivera. 11 En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Cons titucional, el análisis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas de reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado, de otro lado”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01017-01

Accionante: Martha Nelly Morales Marín y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Segunda instancia acción de tutela

imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado fuera del texto)

35. En línea con esta postura, la sentencia T-287 de 2024 indicó:

atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado fuera del texto)

35. En línea con esta postura, la sentencia T-287 de 2024 indicó:

“La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado en términos generales la posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado; no obstante, ha precisado que el cómputo de la caduc idad de la acción de reparación directa debe hacerse desde una perspectiva constitucional, de manera que no se utilice para obstaculizar el acceso a la administración de justicia. 12 En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la flexibilización del cómputo del término de caducidad en aras de asegurar la primacía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.” (negrillas y subrayado fuera del texto)

36. Esta regla fue reafirmada en la sentencia T-450 de 202413 mediante la cual se resolvió una acción de tutela contra una providencia del Tribunal Administrativo del Magdalena que declaró la caducidad respecto de una demanda de reparación directa presentada antes del fallo de unificación de enero de 2020, por la ejecución extrajudicial de una persona ocurrida en 2007. Las demandantes alegaron la configuración de varios defectos, entre ellos, el desconocimiento del precedente y la errónea aplicación del concepto de caducidad tratándose de un delito de lesa humanidad.

37. En la providencia, la Corte señaló con fundamento en el principio iura novit curia, que el juez constitucional podía examinar otras causales de procedencia de la tutela, en tanto los demandantes eran sujetos de especial protecció n

37. En la providencia, la Corte señaló

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