CE - Sentencia 11001031500020250107400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250107400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01074-00
Demandante: CARLOS ALFONSO TRUJILLO CORTES
Demandado: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo . Exclusión de
preguntas del IX Curso de Formación Judicial Inicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes, quien actúa en nombre propio, contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de febrero de 2025, el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes , quien actúa en nombre propio , instauró acción de tutela contra la Escuela Judicial “ Rodrigo Lara Bonilla”, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, así como los
El 25 de febrero de 2025, el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes , quien actúa en nombre propio , instauró acción de tutela contra la Escuela Judicial “ Rodrigo Lara Bonilla”, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, así como los principios de confianza legitima, buena fe y el acceso a cargos públicos.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se efectué un test de ponderación frente las preguntas referentes a los contenidos Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y la Comunicaciones una a una a fin de determinar si su inclusión en la evaluación como factor de calificación afecta el derecho a la igualdad del suscrito y lo pone en desventaja frente a los participantes que presentaron homologación y calificación satisfactoria de servicios
2. Que se declare que las entidades accionadas violan el derecho a la igualdad del suscrito al incluir en la calificación de la fase general del concurso de méritos las preguntas referentes a los contenidos Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y l as Comunicaciones, temas que no fueron evaluados ni previamente ni actualmente a los participantes que presentaron homologación y calificación satisfactoria de servicios.
3. Que se excluyan de la calificación del suscrito, las preguntas referentes a los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las comunicaciones y se proceda a su recalificación con las modificaciones a que haya lugar frente al índice de preguntas y respuestas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
Demandante: Carlos Alfonso Trujillo Cortes
haya lugar frente al índice de preguntas y respuestas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
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4. Que como consecuencia de lo anterior y fruto de la recalificación, se me permita continuar con el desarrollo de la fase especializada del concurso de méritos”.
2. Hechos
El señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes relató que se encuentra participando en el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura.
Agregó que aprobó la prueba de aptitudes y conocimiento, la cual se encuentra publicada en la página de la Rama Judicial y, adicionalmente, pasó la segunda etapa de la Convocatoria consistente en la verificación de los requisitos mínimos.
Expuso que el mencionado concurso se encuentra a cargo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla ” y las subfases se rigen conforme a l Acuerdo No. PCSJA1911400 de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.
Señaló que en el IX Curso de Formación Judicial, se le delegó para la etapa de formación a una Unión Temporal, “ que se apartó flagrantemente del Acuerdo
la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.
Señaló que en el IX Curso de Formación Judicial, se le delegó para la etapa de formación a una Unión Temporal, “ que se apartó flagrantemente del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro ”, en el sentido de que se había acordado una formación semipresencial y se realizó de manera virtual, sin el acompañamiento de tutores o guías dentro del proceso, sin poder tener contacto con los docentes y con una bibliografía extensa, desactualizada y sin justificación alguna.
Mencionó que cada una de las unidades que conformaban la subfase general del IX Curso de Formación Judicial para jueces y magistrados, contaría con un documento denominado Syllabus, y uno de sus componentes era el de “Bibliografía de obligatoria consulta”, en el cual se relacionaban las lecturas obligatorias que servirían como base para realizar la evaluación del módulo correspondiente.
Adujo que en el examen de la fase general del concurso se incorporaron varias preguntas que constituían un requisito sine qua non para la formación de jueces y magistrados, y las mismas fueron objeto de calificación, las cuales ocasionaron la eliminación de cerca de la mitad de las personas que estaban concursando, y sostuvo que no obtuvo el puntaje mínimo requerido para continuar con el curso.
Por último, mencionó que la incorporación de las preguntas relacionadas a los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ocasionaron una violación a los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a cargos públicos, así como de los principios de confianza legítima, buena fe, ya que ponía en desventaja a los participantes que presentaron homologación y calificación satisfactoria de servicios.
cargos públicos, así como de los principios de confianza legítima, buena fe, ya que ponía en desventaja a los participantes que presentaron homologación y calificación satisfactoria de servicios.
3. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial “ Rodrigo Lara Bonilla”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a cargos públicos, así como de los principios de confianza legítima, buenaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
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3 fe, supuestamente vulnerados por la inclusión de las preguntas relacionadas con los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Mencionó que de conformidad con lo preceptuado por la Corte Constitucional, el derecho a la igualdad es uno de los pilares fundamentales en los que se fundamenta el Estado Social del Derecho y se considera una estructura que comprende diversas facetas, la primera de ellas es la denominada “ igualdad formal ”, que significa que todos los ciudadanos merecen el mismo tratamiento formal de la ley, y la segunda es la “ igualdad material ” en la cual se reconocen las condiciones diferenciales entre distintos grupos sociales.
Respecto de lo anterior, aclaró que “ la Corte ha concluido que la distribución de beneficios y cargas implica la decisión de otorgar o imponer algo a determinadas personas o grupos y, por lo tanto, una distinción, lo que demuestra la relación entre distribución e igualdad”.
beneficios y cargas implica la decisión de otorgar o imponer algo a determinadas personas o grupos y, por lo tanto, una distinción, lo que demuestra la relación entre distribución e igualdad”.
En ese orden de ideas, mencionó que la jurisprudencia ha desarrollado el “ juicio integrado de igualdad”, el cual permite establecer si las razones en que se fundamenta una medida relacionada al trato diferenciado son constitucionalmente admisibles, realizándose a través del juicio de proporcionalidad y propone mantener una relación inversamente proporcional entre la facultad de configuración del legislador y la facultad de revisión del juez constitucional.
Así mismo, indicó que “ la jurisprudencia constitucional ha definido una metodología específica para la evaluación, en sede judicial, de las medidas que son acusadas de ser contrarias al principio de igualdad. Las etapas de ese análisis, según lo expuesto, versan sobre (i) la identificación de los sujetos o situaciones reguladas por la medida y el parámetro de comparación predicable de los mismos (tertium comparationis); (ii) la escogencia del nivel de intensidad (leve, intermedio o estricto) del juicio de igualdad, de acuerdo con la naturaleza de la medida analizada; y (iii) la aplicación del test, conforme con los grados de exigencia que prevea el grado de intensidad escogido”.
Sostuvo que el test de igualdad consiste en determinar si el criterio de diferenciación utilizado por el legislador tuvo en cuenta el principio de igualdad, y exige los presupuestos de los términos de comparación (personas, elementos, hechos o situaciones que son comparables) y respecto de los cuales se establece un trato desigual.
utilizado por el legislador tuvo en cuenta el principio de igualdad, y exige los presupuestos de los términos de comparación (personas, elementos, hechos o situaciones que son comparables) y respecto de los cuales se establece un trato desigual.
Por último, concluyó que la aplicación del test de igualdad en el sentido de verificar si se presentó alguna vulneración al principio de igualdad, implica un análisis a partir de niveles de intensidad, en el entendido de que el juicio será leve, intermedio o estricto de conformidad con la norma objeto de estudio.
4. Trámite procesal
Por auto de 27 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades accionadas – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
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4 La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 26143 a 26146 del 4 de marzo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.
Mediante auto de 18 de marzo de 2025, el despacho sustanciador previo a proferir fallo de primera instancia, vinculó al trámite de tutela como accionad a a la Unión
Mediante auto de 18 de marzo de 2025, el despacho sustanciador previo a proferir fallo de primera instancia, vinculó al trámite de tutela como accionad a a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, para garantizar su derecho de defensa.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
La directora general rindió informe en el que solicitó el rechazo de la acción de la tutela, al considerar que es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, ni se advirtió la vulneración de ningún derecho fundamental.
Explicó que, en todos los concursos de méritos, los aspirantes cuentan con medios de defensa judicial eficaces para cuestionar los actos administrativos proferidos en dicho proceso, por lo tanto la acción constitucional no es el mecanismo adecuado para la protección de los derechos fundamentales que el accionante considera vulnerados . En ese sentido, la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la posibilidad de solicitar ante el juez la adopción de medidas cautelares.
Agregó, que mediante Resolución EJR24 -298 del 21 de junio de 2024, se establecieron los resultados de la evaluación, y se evidenció que el accionante no superó la prueba de la subfase general del curso, por lo que obtuvo un puntaje por debajo de los 800 puntos.
Frente a la anterior decisión, el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución EJR24 -910 del 5 de
debajo de los 800 puntos.
Frente a la anterior decisión, el señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución EJR24 -910 del 5 de noviembre de 2024, en la que se resolvió de manera detallada los motivos generales y espec íficos respecto del contenido del cuestionario aplicado en la jornada de evaluación de la Subfase General del Curso de Formación Judicial. En ese sentido, la directora mencionó que contra ese acto administrativo no procedía recurso alguno en sede administrativa al ser un acto definitivo, pero sí en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por otro lado, mencionó que no se evidencia un perjuicio irremediable para el accionante, toda vez que presentó recurso de reposición contra el acto administrativo que definió los puntajes de la prueba, el cual fue atendido y resuelto de conformidad con el acuerdo de la Convocatoria y el acuerdo pedagógico, por lo que “ no sería plausible considerar la existencia de un perjuicio irremediable, cuando se ha actuado de conformidad a derecho, teniendo en cuenta sus derechos y garantías, en atención a la ley y los acuerdos referidos, que gozan de legalidad y son vinculantes tanto para el accionante como para la Administración”.
Por último, informó que la Escuela Judicial ha actuado con respeto al debido proceso, en el entendido de que se le ha dado estricto cumplimiento a los Acuerdos PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018 y PCSJA19 -11400 de 19 de septiembre de 2019
1 Índices16 y 17 de SamaiRadicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
11077 de 16 de agosto de 2018 y PCSJA19 -11400 de 19 de septiembre de 2019
1 Índices16 y 17 de SamaiRadicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
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5 (aclarado mediante el Acuerdo PCSJA19 -11405 de 25 de septiembre de 2019), así como al Cronograma de la Fase III definido por el Consejo Superior de la Judicatura y, adicionalmente, las inconformidades de la parte actora ya habían sido resueltas por medio de la Resolución EJR24-910 del 5 de noviembre de 2024.
5.2. Respuesta de la Unión Temporal Formación Judicial 2019
Por intermedio de su representante legal suplente, la entidad rindió informe en el que solicitó que se desvincule de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Explicó que no puede atender a las pretensiones de la actora toda vez que no es la entidad competente para expedir un acto administrativo que excluya de la calificación las preguntas que el accionante considera que no fueron evaluadas, ni realizar un test de ponderación frente a las preguntas referentes a los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las comunicaciones y , en ese sentido, tampoco puede pronunciarse acerca de una recalificación que le permita a la parte actora continuar con el desarrollo de la subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial.
y Tecnologías de la Información y las comunicaciones y , en ese sentido, tampoco puede pronunciarse acerca de una recalificación que le permita a la parte actora continuar con el desarrollo de la subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial.
Precisó que conforme con el numeral 9 del capítulo VII del Acuerdo Pedagógico, la Escuela Judicial “ Rodrigo Lara Bonilla” tiene la competencia para resolver todos los recursos previstos en el desarrollo del mencionado curso, por lo que, afirmó , es esta la entidad legitimada para responder respecto de la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados como desconocidos y no la Unión Temporal de Formación Judicial 2019.
Sostuvo que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” es la única entidad que tiene la facultad para expedir actos administrativos y , en ese sentido, la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 actúa exclusivamente como “ un aliado estratégico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, careciendo de potestades administrativas para emitir actos o adoptar decisiones en torno a dichas solicitudes”.
Mencionó que respecto de la solicitud del accionante para que se le permita continuar con el desarrollo de la subfase especializada del curso, se observa que el resultado de la evaluación de la subfase general del accionante no le permitió seguir participando en el IX Curso de Formación Judicial y por consiguiente no le era posible cursar la subfase especializada de conformidad con lo regulado en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019. Sin embargo, la parte actora presentó recurso de reposició n contra la Resolución EJR24 -298 del 21 de junio de 2024
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019. Sin embargo, la parte actora presentó recurso de reposició n contra la Resolución EJR24 -298 del 21 de junio de 2024 corregida por la Resolución EJR24-317 de 28 de junio de 2024, por medio de la cual se publicaron los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, el cual fue resuelto y notificado al señor Carlos Alfonso Trujillo Cortes.
Agregó que frente a la solicitud de exclusión de las preguntas relacionadas con los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no es posible pronunciarse, pues la entidad actúa exclusivamente como un aliado estratégico que carece de potestades administrativas para emitir o adoptar decisiones frente a esas solicitudes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
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6 Aseveró que la acción de tutela no es el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales como lo pretende el demandante ni para “solicitar la expedición de actos administrativos que reconozcan acertadas respuestas de la evaluación de la subfase general y la inclusión en la subfase especializada, cuando es claro que conforme a las Acuerdos que rigen el IX Curso de Formación Judicial el accionante no cumple los requisitos exigidos para continuar su participación en el curso-concurso”.
Por último, concluyó que la Corte Constitucional ha establecido que la solicitud de
es claro que conforme a las Acuerdos que rigen el IX Curso de Formación Judicial el accionante no cumple los requisitos exigidos para continuar su participación en el curso-concurso”.
Por último, concluyó que la Corte Constitucional ha establecido que la solicitud de amparo no es procedente para controvertir actos administrativos toda vez que las inconformidades que puedan surgir deben ser dirimidas ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de los medios de control previstos para ello, por lo que concluyó que la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo alterno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Unión Temporal de Formación Judicial 2019, en la contestación de la acción de tutela, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es l a entidad competente para decidir sobre la exclusión de las preguntas relacionadas con los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como tampoco puede disponer que el accionante continue con el desarrollo de la subfase especializada d el curso, cuando el resultado de la evaluación de la subfase general no le permitió seguir participando en el IX Curso de Formación Judicial.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
Formación Judicial.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales ”. Bajo esa línea, la Corte Constitucional en la sentencia T -005 de 2022 2 señaló que dicho requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
La Sala pone de presente que la Escuela Judicial “ Rodrigo Lara Bonilla” y la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 suscribieron contrato No. CO1.PCCNTR.1240112 de 2019, en el que se pactó el “Diseño, estructuración académica y desarrollo en modalidad virtual y presencial del IX Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a Magistrados/as y Jueces/zas de la República de todas las especialidades y jurisdicciones 3 ”.
2 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. 3 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” / Unión Temporal Formación Judicial 2019. Anexo técnico especificaciones técnicas para la realización del IX Curso de Formación Judicial Inicial. (Documento de Trabajo), 2019. p. 4Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
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7 De conformidad con lo expuesto, la Sala negará a la solicitud de desvinculación debido a que la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, participó en el diseño del IX curso de Formación judicial, respecto del cual se alega la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a cargos públicos , así como los principios de confianza legítima, y buena fe, por lo que es necesario que comparezca en calidad de demandada.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es procedente para excluir de la calificación del accionante las preguntas relacionadas con los contenidos de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial, así como para permitir que el accionante continue con el desarrollo de la subfase especializada del curso y, en caso de superarse los demás requisitos, determinar si la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a cargos públicos , así como los principios de confianza legítima, y buena fe.
4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de los concursos de méritos
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un perjuicio
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte Constitucional ha reconocido 3 eventos en los cuales el mecanismo constitucional es procedente para controvertir las decisiones adoptadas
administrativa, que se presumen idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte Constitucional ha reconocido 3 eventos en los cuales el mecanismo constitucional es procedente para controvertir las decisiones adoptadas en un concurso de méritos, a saber: i) inexistencia de un mecanismo judicial: “Se trata del reconocimiento “de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial” . Esto sucede, por ejemplo, frente a los actos administrativos de trámite. En estos eventos, la acción de tutela opera como mecanismo definitivo” , ii) urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable: “por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que,Radicado: 11001-03-15-000-2025-01074-00
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8 de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción” y iii) p lanteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo: se aplica este supuesto cuando existen criterios de discriminación. “Por ejemplo, en la Sentencia T-160 de 2018 se excluyó al concursante por tener un tatuaje. En la Sentencia T-438 de 2018 esto se dio por la estatura del aspirante” 4 .
T-160 de 2018 se excluyó al concursante por tener un tatuaje. En la Sentencia T-438 de 2018 esto se dio por la estatura del aspirante” 4 .
En conclusión, pese a que por regla general la acción de tutela es improcedente contra actos administrativos que se produzcan con ocasión de un concurso de méritos, la corte ha admitido que procede de manera excepcional y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el respectivo proceso.
En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control judicial 5 . El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles, es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de exclusión de un aspirante por n o haber cumplido determinado requisito se encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el proceso de selección 6 .
ejemplo, que una decisión de exclusión de un aspirante por n o haber cumplido determinado requisito se encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el proceso de selección 6 .
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T -049 de 2019 7 indicó que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra los actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar continuidad a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.
Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en algunos casos aun
4 Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas 5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001 -03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001 -03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
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