CE - Sentencia 11001031500020250111200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250111200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01112-00
Demandante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia ACCIÓN DE TUTELA Radicación 11001-03-15-000-2025-01112-00 Demandante WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Acción de tutela contra providencia judicial. Procedencia: relevancia constitucionaltercera instancia. Reparación directa. Falla médica : pérdida de la oportunidad. La prueba del daño. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por William Eduardo Jaramillo Ramírez de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 26 de febrero de 2025 1 , William Eduardo Jaramillo Ramírez , por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . La
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . La solicitud de amparo busca que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia, proferida por esa autoridad el 16 de septiembre de 2024 , dentro del proceso nro. 05001-33-33-020-2017-00278-00, mediante la cual confirmó la decisión del a quo de negar las pretensiones de la demanda. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1. Se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
2. Se deje sin efecto la providencia mediante la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P. SUSANA NELLY ACOSTA PRADA, confirmó la sentencia de primera instancia expedida por el JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, negando las pretensiones de la demanda dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001333302020170027800, iniciado por WILLIAM EDUARDO
JARAMILLO RAMÍREZ y OTROS contra SAVIA SALUD EPS.
3. Se ordene al el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - M.P. SUSANA NELLY ACOSTA PRADA, proferir una nueva sentencia de reemplazo haciendo una valoración integral del material probatorio debidamente allegado, y así revocar la sentencia proferida por el JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, que negó las
integral del material probatorio debidamente allegado, y así revocar la sentencia proferida por el JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de reparación directa con radicado 05001333302020170027800, iniciado por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ
y OTROS contra SAVIA SALUD EPS»2.
2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai, índices 1 y 2. 2 Página 10 del escrito de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01112-00
Demandante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.1. El señor William Eduardo Jaramillo Ramírez promovió demanda de reparación directa con tra Savia Salud EPS en la que pretende que se declare su responsabilidad por la deficiencia en el servicio médico que le prestó y que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 50.65%. Como antecedente fáctico se indicó que el demandante se resbaló y cayó sobre el techo de una casa en Medellín sufriendo un fuerte golpe en su brazo izquierdo, cara y cabeza. En la demanda se alega la falla en el servicio en la que habría incurrido la EPS, porque no le realizó oportunamente al paciente la cirugía que necesitaba para recuperarse de las lesiones. En particular se discutió la mora en la autorización
En la demanda se alega la falla en el servicio en la que habría incurrido la EPS, porque no le realizó oportunamente al paciente la cirugía que necesitaba para recuperarse de las lesiones. En particular se discutió la mora en la autorización del procedimiento por parte de la entidad demandada. Comfama fue llamada en garantía al proceso por parte de Savia Salud EPS. 2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín que, en sentencia del 14 de septiembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, argumentó que, aunque se acreditó la mora en la autorización de la cirugía , tal omisión no fue la que ocasionó la pérdida de la capacidad laboral que sufrió el señor Jaramillo Ramírez, sino que esa situación es atribuible a la complejidad de la lesión. 2.3. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia. Alegó que la autoridad judicial se equivocó porque no reconoció la pérdida de oportunidad de recuperación derivada de la mora en la emisión de las autorizaciones que se acreditó con conceptos médicos. Manifestó que, aunque los médicos cirujanos reconocieron que eran pocas las posibilidades de recuperación, perdió la posibilidad de obtener una mejoría por las omisiones de la EPS demandada. 2.4. El 16 de septiembre de 2024, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Argumentó que no obran en el proceso medios de convicción que acreditaran
Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Argumentó que no obran en el proceso medios de convicción que acreditaran que, si la cirugía se hubiera practicado antes , el demandante se hubiera recuperado de su lesión o en qué porcentaje hubiera obtenido una mejoría . Por el contrario , se tiene que las posibilidad es de mejoría derivadas de la operación eran demasiado reducidas debido a la complejidad de la lesión y de la intervención. La providencia registró salvamento parcial de voto del magistrado John Jairo Álzate quien aunque m anifestó su acuerdo con el sentido de la decisión de fondo se apartó de la determinación en relación con la condena en costas. La providencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a las partes del proceso el mismo 16 de septiembre de 20243.
3. Fundamentos de la acción 3.1. El accionante considera que la acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad. A su juicio el caso tiene relevancia constitucional dado que se acusó la vulneración de derechos de rango constitucional con la emisión de una providencia judicial en la que se valoraron indebidamente
3 Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 05001-33-33-020-2017-00278-02, índice 28.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01112-00
Demandante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 varias pruebas, como el dictamen pericial y los testimonios de neurocirujanos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 varias pruebas, como el dictamen pericial y los testimonios de neurocirujanos en relación con la posibilidad de recuperación que tenía el paciente con la realización oportuna de la cirugía. Además, porque la sentencia desconoció el precedente judicial sobre la pérdida de la oportunidad. También consideró acreditado los requisitos de subsidiariedad e inmediatez porque se discute, a través de este mecanismo, una sentencia de segunda instancia frente a la cual no proceden recursos ni se concretó una nulidad procesal en el proceso. Asimismo, informó que la sentencia que se discute fue notificada el 16 de septiembre de 2024 y la tutela se radicó el 26 de febrero del año en curso, es decir, dentro del plazo de seis meses establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Finalmente, manifestó que no se cuestiona una providencia emitida en el trámite de una acción de tutela, sino en un proceso de reparación directa. 3.2. En relación con el fondo del asunto, el actor alegó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico en el sentido negativo, en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa a la Constitución. Frente al defecto fáctico argumentó la omisión de la valoración integral de las pruebas técnicas aportadas al proceso, como el dictamen pericial rendido por el neurocirujano Bernardo Soto Arboleda y los testimonios de los médicos neurocirujanos Héctor Alfredo Jaramillo Betancur y Julián Andrés España
pruebas técnicas aportadas al proceso, como el dictamen pericial rendido por el neurocirujano Bernardo Soto Arboleda y los testimonios de los médicos neurocirujanos Héctor Alfredo Jaramillo Betancur y Julián Andrés España Peña, médicos tratantes del lesionado. Advierte que estas pruebas demostraban: «(i) que, si la cirugía se hubiera practicado oportunamente, es decir, entre los primeros 6 -12 meses después de sufrir l a lesión en el plexo braquial, el paciente hubiera tenido mayores probabilidades de recuperación y; (ii) el grado de probabilidad de la oportunidad que el paciente tenía de recuperarse si la cirugía se hubiera practicado oportunamente». Relacionó algunos apartes de estos medios de prueba y concluyó que, si la cirugía se hubiese realizado oportunamente, el paciente habría tenido entre un 10% y un 70% de posibilidad de recuperación de la lesión . Es decir , que el lesionado contaba con una expectativa real de mejoría que fue frustrada por la falla en la prestación del servicio médico atribuible a la EPS demandada. De otro lado, c onsidera que la ratio de la sentencia además desconoció el precedente contencioso sobre la pérdida de la oportunidad, pues se probaron todos los elementos exigidos por el Consejo de Estado para declarar este daño. A saber: (i) la certeza respecto de la existencia de una oportunidad perdida; (ii) la imposibilidad de obtener el provecho, pues el paciente perdió la posibilidad de obtener un grado de recuperación que podía ser de hasta un 70%; y que (iii) el paciente estaba en una situación potencialmente apta para pretender recuperarse de su lesión en los porcentajes ya mencionados.
posibilidad de obtener un grado de recuperación que podía ser de hasta un 70%; y que (iii) el paciente estaba en una situación potencialmente apta para pretender recuperarse de su lesión en los porcentajes ya mencionados. Finalmente, invocó la concreción del defecto por violación directa a la Constitución, porque la sentencia desconoció los artículos 90 y 93 de la Carta que establecen el deber del Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, así como la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 5 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela presentada por el señor William Eduardo Jaramillo Ramírez , quien actúa a través de apoderado judicial , contra la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01112-00
Demandante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Asimismo, vinculó, en calidad de tercero s con interés, a la Alianza Medellín Antioquia EPS SAS. Savia Salud EPS; a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, COMFAMA; al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; a los señores Nancy del Socorro Nanclares Sepúlveda, Anderson Jaramillo Nan clares, Eliana Jaramillo Nanclares ( en nombre propio y en representación de sus hijos menores JJEJ y MFEJ) , y Yohnny
Defensa Jurídica del Estado; a los señores Nancy del Socorro Nanclares Sepúlveda, Anderson Jaramillo Nan clares, Eliana Jaramillo Nanclares ( en nombre propio y en representación de sus hijos menores JJEJ y MFEJ) , y Yohnny Andrés Jaramillo Nanclares (en nombre propio y en representación de su hijo menor JPJA) y al Juzgado 20 Administrativo de Medellín, dada la calidad de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 05001-33-33-0202017-00278-00/02. Además, se ofició al Juzgado 20 Administrativo de Medellín para que notificara a las personas que confor maron la parte demandante en el proceso de reparación directa a nalizado y para que remitiera la copia digitalizada del expediente del caso. 4.2. El Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín , a través del titular del despacho, indicó que en el trámite de la primera instancia del proceso se garantizó el derecho al debido proceso de las partes y que la sentencia emitida por ese despacho no materializó defecto alguno que justifique la intervenci ón del juez de tutela . Por ello, solicitó que se le desvincule del proceso constitucional. Adicional a lo anterior, remitió el enlace para acceder al expediente digitalizado del proceso de reparación directa analizado e informó que ofició al apoderado de la parte demandante para que remitiera los datos de notificación de las personas que c onstituyeron la parte activa de la demanda y que esta ba a la espera de la obtención de esta información para cumplir con la notificación encomendada. 4.3. En memorial del 12 de marzo de 2025, la secretaria del Juzgado 20
espera de la obtención de esta información para cumplir con la notificación encomendada. 4.3. En memorial del 12 de marzo de 2025, la secretaria del Juzgado 20 Administrativo de Medellín informó que en esa misma fecha surtió la notificación de la acción de tutela a los señores Nancy del Socorro Nanclares Sepúlveda, Eliana Jaramillo Nanclares (en nombre propio y en representación de sus hijos menores JJEJ y MFEJ) , Yohnny Andrés Jaramillo Nanclares y a Juan Pablo Jaramillo Álvarez. Agregó que la notificación del señor Anderson Jaramillo Nanclares la realizó a través de la empresa de mensajería 4-72. 4.4. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la ponente de la sentencia acusada, manifestó que los argumentos jurídicos y probatorios por los que se negaron las pretensiones de la demanda están contenidos en el texto de la sentencia . Agregó que la decisión se encuentra conforme a derecho por lo que no vulneraron los derechos invocados por el actor ni se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La magistrada también remitió el expediente digitalizado del proceso ordinario en la segunda instancia. 4.5. La Caja de Compensación Familiar de Antioquia , Comfama, a través de apoderada judicial , solicitó que se niegue o declare la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple con el requisito de inmediatez. En su consideración transcurrió un plazo amplio entre la notificación de la sentencia acusada y la radicación de la acción de tutela. En cuanto al fondo del asunto, recordó que en la contradicción del dictamen
consideración transcurrió un plazo amplio entre la notificación de la sentencia acusada y la radicación de la acción de tutela. En cuanto al fondo del asunto, recordó que en la contradicción del dictamen pericial se le preguntó al doctor Bernardo Soto, sobre la posibilidad deRadicado: 11001-03-15-000-2025-01112-00
Demandante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 recuperación del pac iente con la realización oportuna de la cirugía, quien respondió: «(…) pero aun con cirugía, yo le doy la oportunidad al paciente a ver si recupera algo, pero no le puedo asegurar ni siquiera que aun con cirugía precoz el paciente hubiera recuperado algo por que esta lesión tiene un problema (…)». Además, manifestó que cuando al profesional se le preguntó por la oportunidad de mejora p erdida, dijo que sería, en todo caso, hipotética, es decir que no había certeza sobre ese daño. Asimismo, trajo a colación el siguiente aparte de la declaración del médico Héctor Jaramillo: «(…) pero con un factor funcional como la electromiografía que no m ostraba reinervación, si dice uno que la probabilidad de recuperación no era muy alta, no era muy alta (…)» A partir de lo anterior, consideró que en el expediente quedó clara la falta de certeza sobre la pérdida de la oportunidad e incluso que la posibili dad de recuperación era mínima debido a que la lesión sufrida por el demandante en el plexo braquial «fruto de su negligencia», era grave. Luego, advirtió que la parte
certeza sobre la pérdida de la oportunidad e incluso que la posibili dad de recuperación era mínima debido a que la lesión sufrida por el demandante en el plexo braquial «fruto de su negligencia», era grave. Luego, advirtió que la parte demandante no p robó que con la realización temprana de la cirugía el lesionado hubiere alcanzado un porcentaje específico de mejora. Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva. 4.6. Savia Salud EPS no respondió la acción de tutela, aunque fue notificada sobre su existencia4.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
4 La notificación se surtió en los siguientes buzones electrónicos: atencionalciudadano@saviasaludeps.com ; notificacionesjudiciales@saviasaludeps.com ; notificacionestutelas@saviasaludeps.com 5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su no mbre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01112-00
Demandante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez na tural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el aná lisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Cuestión previa: solicitud de desvinculación del Juzgado 20
Administrativo de Medellín y de Comfama La Sala negará la solicitud de desvinculación de Comfama y del Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín , ya que no fueron vinculados como
Administrativo de Medellín y de Comfama La Sala negará la solicitud de desvinculación de Comfama y del Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín , ya que no fueron vinculados como autoridades accionadas a este proceso constitucional, sino como tercer os con interés en el proceso, tal y como deriva del auto admisorio de la demanda. En esa medida el interés que les asiste en el resultado de esta acción de tutela deriva de su calidad de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa analizado, pues la autoridad judicial fue el fallador de la primera instancia del proceso y Comfama actuó como llamada garantía. Por lo tanto, al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 9, esta Sala mantendrá la vinculación de las autoridades mencionadas en el proceso como tercer os con interés.
4. Planteamiento del problema jurídico Dado que se trata de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial, la Sala debe determinar, en primer lugar, si la petición de amparo supera el análisis general de procedibilidad, en especial, si se cumple con el presupuesto de relevancia constitucional.
En caso de superarse el examen general de procedibilidad, esta Sala analizará si la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa a la Constitución al proferir la sentencia del 16 de septiembre de 2024 en el proceso ordinario de reparación directa nro. 05001-33-33-020-2017-00278-02, a través de la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
ordinario de reparación directa nro. 05001-33-33-020-2017-00278-02, a través de la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
5. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso particular 5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 9 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coad yuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01112-00
Demandante: William Eduardo Jaramillo Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, adu cir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, adu cir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».10 Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisió n cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tut ela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligaci ón de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corres ponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. 5.2. Establecido lo anterior, esta Sala anticipa que los argumentos en los que se fundamentó la acción de tutela no superan el presupuesto general de relevancia constitucional, ya que se limitan a reite rar la discusión probatoria que tuvo lugar en las dos instancias del proceso ordinario. A ese respecto, se precisa que el desacuerdo del actor con los fallos dictados por los jueces naturales de la causa, por no ser favorables a sus pretensiones, no constituye, por sí solo, una vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, se observa que la parte actora utiliza la a cción de tutela como una instancia
10 Consejo de Estado. Sala Plena. Sen
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