CE - Sentencia 11001031500020250112700

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250112700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01127-00

Demandante: JAVIER COBOS GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el a rtículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2025, e l señor Javier Cobos García en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2025, e l señor Javier Cobos García en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa.

El accionante consideró vulneradas tales garantías con la providencia de l 19 de septiembre de 2024, que revocó l a sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por el accionante en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura. Este e xpediente se identificó con el radicado 73001 -33-33-005-Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2021-00045-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Obtener de su señoría la protección a los derechos al debido proceso, ordenando A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, una vez se Compruebe cómo están los elementos axiológicos

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Obtener de su señoría la protección a los derechos al debido proceso, ordenando A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, una vez se Compruebe cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE ORDENE MODIFICAR la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro

(2024)

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito al Honor able Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “E” a proferir nueva sentencia de fondo CONFIRMADO lo planteado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en sentencia proferida el 22 de agosto de 2023

TERCERO: Se requiera a la Entidad Accionada, para que no vuelva a incurrir en estas conductas.1

1.3. Hechos

La parte accionante señaló que el 19 de enero de 2018 presentó solicitud de pago de sus cesantías, las cuales no fueron reconocidas ni canceladas.

Agregó que el 11 de febrero de 2020, solicitó ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el pago de: i) las cesantías no reconocidas y ii) los valores correspondientes a la sanción por mora en el no pago de estas, petición que fue denegada mediante acto ficto.

Indicó que, en contra de dicha decisión administrativa negativa, promovió una

correspondientes a la sanción por mora en el no pago de estas, petición que fue denegada mediante acto ficto.

Indicó que, en contra de dicha decisión administrativa negativa, promovió una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarar a la existencia del acto ficto en mención configurado por la falta de respuesta a la petición del 11 de febrero de 2020, así como el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso en el pago de dicha prestación.

1 Cita literal del texto original.Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que, a título de restablecimiento del derecho , pidió que se le reconocieran los siguientes valores:

a) La suma de $45.383.749 por concepto de capital de cesantías. b) La suma que resulte por concepto de sanción moratoria por el no pago de las cesantías solicitadas desde el 19 de enero de 2018, generada a partir del 10 de mayo de 2018 y hasta que se haga efectivo el pago, tomando como base un salario mensual de $3.700.000 y un salario diario de $124.000.

Señaló que también solicitó que se or denara el reconocimiento y pago de los reajustes de ley, así como la indexación correspondiente por la depreciación

como base un salario mensual de $3.700.000 y un salario diario de $124.000.

Señaló que también solicitó que se or denara el reconocimiento y pago de los reajustes de ley, así como la indexación correspondiente por la depreciación de la moneda, además de los intereses comerciales y moratorios sobre las sumas adeudadas y se condenara en costas procesales a la demandada.

Expuso que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , mediante sentencia del 22 de agosto de 2023 , accedió a las pretensiones de la demanda, así:

PRIMERO: Declarar probadas las excepciones de mérito propuestas, por la Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG que denominó i) Legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, ii) Improcedencia de la indexación de las condenas, iii) Compensación y iv) Condena en costas, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: Declarar la existencia y posterior nulidad del acto ficto o presunto, configurado el 11 de mayo de 2020 por la no contestación al derecho de petición del 11 de febrero de 2020 por parte del Departamento del Tolima, como consecuencia que la parte actora no recibió respuesta por parte de esta entidad demandada.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar al Departamento del Tolima a reconocer y pagar al señor Javier Cobos García el valor correspondiente a ciento veinticinco millones novecientos treint a y seis mil novecientos veintiocho pesos m/cte., $125.936.928,oo resultado de un (1) día de salario vigente al momento

García el valor correspondiente a ciento veinticinco millones novecientos treint a y seis mil novecientos veintiocho pesos m/cte., $125.936.928,oo resultado de un (1) día de salario vigente al momento de la mora por cada día de retardo, esto es, del 3 de mayo de 2018 a 22 de agosto de 2023, teniendo como base la asignación básica que devengaba el actor para el año 2017, que era el valor de $3.397.579, lo que equivale a que su salario diario era de $113.252,663, por mil ciento doce (1112) días de mora.

Asimismo, condenar al Departamento del Tolima a reconocer y pagar al señor Javier Cob os García la mora de los 835 días causados enDemandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vigencia de la emergencia sanitaria (28 de marzo de 2020 a 1 de julio de 2022), en los términos del parágrafo segundo del artículo 6 del Decreto legislativo 491 de 2020 y la Sentencia C -242-20 de la Corte Constitucional, con una indexación del salario percibido por el actor.

CUARTO: La suma total causada por sanción moratoria se ajustará en su valor, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, conforme lo dispone el artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A., a partir

CUARTO: La suma total causada por sanción moratoria se ajustará en su valor, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, conforme lo dispone el artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A., a partir del día siguiente en que cesó la causación de la sanción moratoria, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Declarar que no ha operado la prescripción de la sanción moratoria.

SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

…

Refirió que el procurador 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de Ibagué apeló la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que se aplicó de manera retroactiva el a rtículo 57 de la Ley 1955 de 2019, se desconoció el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, previo a la modificación introducida por la Ley 2294, y no se analizó el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, que modificó dicho parágrafo.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Tolima , a través de la sentencia del 19 de septiembre de 2024 , revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, declarar probada la excepción de falta de reclamación administrativa respecto del reconocimie nto y pago de cesantías parciales ante las autoridades demandadas y, por ende, tampoco procedía emitir un pronunciamiento de fondo sobre la sanción moratoria solicitada, en tanto que “dicha penalidad está condicionada al supuesto pago extemporáneo de la prestación”.

ante las autoridades demandadas y, por ende, tampoco procedía emitir un pronunciamiento de fondo sobre la sanción moratoria solicitada, en tanto que “dicha penalidad está condicionada al supuesto pago extemporáneo de la prestación”.

La autoridad judicial precisó que , ante la imposibilidad de pronunciamiento sobre el reconocimiento de las cesantías, no era viable analizar si la sanción moratoria podía o no surgir por el retraso en su pago, como lo reclamó el demandante.

Esta decisión se notificó el 23 de septiembre de 2024 y según constancia secretarial del expediente ordinario, los días 26, 27 y 30 del mismo mes y año corrió el término de ejecutoria.Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales por la “mala interpretación probatoria y el desconocimiento normativo valorado (sic)”, por darle pleno derecho a la argumentación según la cual no se probó la reclamación, ni se aportó, lo cual condujo a una valoración totalment e violatoria y alejada de todo derecho.

Hizo referencia al contenido de la providencia acusada, para destacar que existió la reclamación administrativa de “solicitud provisional de cesantías”,

violatoria y alejada de todo derecho.

Hizo referencia al contenido de la providencia acusada, para destacar que existió la reclamación administrativa de “solicitud provisional de cesantías”, que no fue rechazada ni concedida, por lo que se configuró un acto ficto o presunto y, por ende, el “agotamiento de la vía gubernativa era imposible.”

Afirmó que se incurre en u na vía de hecho, pues se desconoci eron “flagrantemente algunos pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional”, y se violó el debido proceso y el derecho a la igualdad al emitir un fallo sin la valoración probatoria debida.

Cuestionó la decisión en tanto que el ad quem se encontraba condicionado al recurso de apelación que presentó el agente del Ministerio Público, alzada que, a su juicio se limitó a solicitar la desvinculación de la solidaridad y pago de la sentencia para el departamento del Tolima.

Mencionó que, entonces el apelante estuvo de acuerdo con el resto de apartes de la sentencia acusada, al igual que la Fiduprevisora y el departamento en mención que guardaron silencio, es decir aceptaron la decisión. Por tanto, consideró que la autori dad demandada se extralimitó en el proveído demandado.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 4 de marzo de 2025 se admitió la demanda constitucional y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima.

A su vez, se vinculó en calidad de terceros al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, a la Nación, Ministerio de Educación

el Tribunal Administrativo del Tolima.

A su vez, se vinculó en calidad de terceros al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento del Tolima – Secretaría de Educación.Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, se requirió copia del expediente 73001 -33-33-005-2021-0004500/01.

1.6. Informes

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional

Esta cartera solicitó su desvinculación y que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Señaló que, en el caso en concreto , no se evidencia violación alguna a los derechos del accionante y que resulta clara la causal de improcedencia de la acción constitucional, por carecer de absoluta relevancia constitucional.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima

La Secretaría de dicha corporación remitió el enlace digital del expediente ordinario.

1.6.3. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué

Este despacho también envió copia digital del proceso ordinario.

1.7. Trámite posterior

Mediante auto del 21 de marzo de 2025 se dispuso la vinculación en calidad

Este despacho también envió copia digital del proceso ordinario.

1.7. Trámite posterior

Mediante auto del 21 de marzo de 2025 se dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso del procurador 216 Judicial I para Asuntos Administrativos de Ibagué, en calidad de agente del Ministerio Público o a quien hiciera sus veces (pues fue quien presentó el recurso de apelación en el proceso ordinario), así como de la Fiduprevisora S.A., del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

Surtidas las notificaciones correspondientes, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.7.1. Procuraduría General de la Nación

Sostuvo que la inconformidad del actor se centra en el hecho de que el Tribunal Administrativo del Tolima no estaba legitimado para pronunciarse sobre aspectos que iban más allá de los argumentos de la apelación.Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que el alegato en que se centr ó el accionante no es del todo cierto, pues si bien, el tribunal en mención declaró la ineptitud de la demanda por ausencia del agotamiento de la actuación administrativa, ello es una actuación legítima, toda vez que se trata de un presupuesto procesal y, por

pues si bien, el tribunal en mención declaró la ineptitud de la demanda por ausencia del agotamiento de la actuación administrativa, ello es una actuación legítima, toda vez que se trata de un presupuesto procesal y, por consiguiente, puede ser calificado por el operador judicial en cualquie r etapa del proceso.

Refirió que, el recurso de apelación que interpuso tenía como objetivo que se analizara la normatividad que ha surgido sobre la competencia para reconocer sanciones moratorias por el pago tardío de cesantías docentes, pues se está des conociendo la legislación sobre la materia y castigando injustamente a una entidad territorial.

1.7.2. Gobernación del Tolima

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que el análisis realizado por la aut oridad judicial acusada estuvo ajustado a derecho.

Resaltó que el cumplimiento de los requisitos previos para demandar de que trata el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 , son un presupuesto procesal de procedencia del medio de control de nulidad y restab lecimiento del derecho, por lo que, al advertirse que no se cumplió uno de ellos, las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no debían prosperar.

Precisó que, al ser declarada la falta de reclamación en sede administra tiva, para el tribunal acusado no era posible pronunciarse respecto la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, por cuanto dicha sanción está condicionada al pago extemporáneo de la prestación ; por lo que, ante la incertidumbre de que no se h ubiera solicitado en debida forma el

moratoria por el pago tardío de las cesantías, por cuanto dicha sanción está condicionada al pago extemporáneo de la prestación ; por lo que, ante la incertidumbre de que no se h ubiera solicitado en debida forma el reconocimiento y pago de las cesantías, era imposible analizar el pago de la sanción moratoria.

Insistió en que el tribunal demandado no incurrió en los errores indicados por el accionante , pues si bien la sentencia de segunda instancia nada dijo respecto al recurso de alzada interpuesto por el agente del Ministerio Público, esto obedeció a que previo a entrar a analizar cuál era la autoridad responsable de asumir el pago de la sanción moratoria por el retraso del pago de las cesantías, se procedió a estudiar si para el caso se había agotado en debida forma la reclamación administrativa respecto al reconocimiento de las cesantías.Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 2, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 2, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación; no obstante, tal petición será negada en atención a que fungió como demandada en el proceso ordinario que dio origen a la sentencia que se cuestionó con la acción de tutela y, en ese orden, le asiste interés en la causa como tercero vinculado.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, al revocar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por el accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura para, en su lugar, declarar probada la excepción de falta de reclamación administrativa respecto del reco nocimiento y pago de cesantías parciales ante las autoridades demandadas.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio

finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la

2 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021. 3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,

constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.4

Conforme al anterior precedente, es cl aro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún der echo fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la s entencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constit ucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5

distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)

4 Ibídem. 5 Entre otras, en las sentencias T -949 de 16 de octubre de 2003, T -774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de lo s requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,

adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022 explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.”

En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra pro videncias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:Demandante: Javier Cobos García Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2025-01127-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones pa rticulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vu lneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.6

En lo particular, se observa que el accionante consideró que el Tribunal

de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vu lneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.6

En lo particular, se observa que el accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus derechos fundamentales, al revocar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por el accionante con tra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura para, en su lugar, declarar probada la excepción de falta de reclamación adminis trativa respecto del reconocimiento y pago de cesantías parciales ante las autoridades demandadas.

Para tal efecto, invocó la configuración de los defectos fáctico y falta de competencia (por extralimitación) : el primero , porque se incurrió en una indebida valoración probatoria al tener por no presentada su reclamación administrativa del reconocimiento y pago de cesantías y de la sanción moratoria por el pago tardío de estas , y el segundo , porque el ad quem se extralimitó en su decisión al resolver sobre un aspecto que no fue objeto del recurso de apelación presentado por el agente del Ministerio Público.

Por lo anterior, se observa que, el escrito de tutela cuenta con la carga argumentativa necesaria para superar este requisito puesto que el accionante expuso su inconformidad frente a la decisión que revocó la sentencia de primera instancia que le concedía el reconocimiento de la sanción moratoria, para en su lugar declarar probada la excepción de no

argumentativa necesaria para superar este requisito puesto que el accionante expuso su inconformidad frente a la decisión que revocó la sentencia de primera instancia que le concedía el reconocimiento de la sanción moratoria, para en su lugar declarar probada la excepción de no agotamiento de reclamación administrativa , cuando a su juicio sí present

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