CE - Sentencia 11001031500020250116900

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250116900
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante ALIANZA FIDUCIARIA S.A. , COMO ADMIN ISTRADORA DEL

FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CxC

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Proceso ejecutivo: la debida integración del título. Requisitos generales de procedibilidad. La relevancia constitucional. Asunto económico y tercera instancia. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

de administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 28 de febrero de 20251, Alianza Fiduciaria S. A., en su calidad de Administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC (en adelante, Alianza Fiduciaria S.A.), por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión , y el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La solicitud de amparo se dirigió contra los autos proferidos el 5 de abril y el 24 de mayo de 2024 por el juez de primera instancia, así como contra el auto del 28 de agosto de 2024, mediante el cual el Tribunal confirmó la decisión del 5 de abril. Todas estas providencias fueron dictadas en el proceso ejecutivo nro. 05001-33-33006-2024-00058-01. En consecuencia, la sociedad formuló las siguientes pretensiones: «Primera. Se ampare los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y del Acceso a la Administración de Justicia de Alianza Fiduciaria S.A. quien actúa única y exclusivamente como Administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, en virtud de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política Nacional. Segunda. En consecuencia, con el fin de garantizar y restablecer el derecho fundamental del debido proceso y del Acceso a la Administración de Justicia de Alianza Fiduciaria S.A. quien

virtud de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política Nacional. Segunda. En consecuencia, con el fin de garantizar y restablecer el derecho fundamental del debido proceso y del Acceso a la Administración de Justicia de Alianza Fiduciaria S.A. quien actúa única y exclusivamente como Administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, respetuosamente solicito se revoquen las siguientes providencias: (i) Auto del 05 de abril de 2024, dictado por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo de Medellín que negó el mandamiento de pago. (ii) Auto del 24 de mayo de 2024, dictado por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito de Medellín mediante el cual decidió no reponer y concedió el recurso de apelación . (iii) Auto del 28 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Octava de Decisión que resolvió “CONFIRMAR el Auto de fecha 5 de abril de 2024” .

1 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai, índices 1 y 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Tercera. En consecuencia, ordenar al Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Medellín, expedir una nueva providencia valorando los documentos y explicaciones allegados con el recurso de reposición y en subsidio apelación y, si es del caso, librar el mandamiento de pago a favor de

una nueva providencia valorando los documentos y explicaciones allegados con el recurso de reposición y en subsidio apelación y, si es del caso, librar el mandamiento de pago a favor de Alianza Fiduciaria S.A. quien actúa única y exclusivamente como Administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos»2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En sentencia del 27 de junio de 2018 , el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín profirió sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa nro. 05001333300620150062100 . En esa providencia, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa , Ejército Nacional por las lesiones que sufrió el señor Andrés Felipe Morales Pérez y ordenó el pago de la correspondiente indemnización a favor de los demandantes.

Posteriormente, el 16 de agosto de 2018, las partes celebraron un acuerdo conciliatorio que fue aprobado por el juez de conocimiento en proveído que adquirió ejecutoria el 30 de agosto de 2018. 2.2. El 22 de octubre de 2018, la parte actora presentó cuenta de cobro en la entidad demandada. 2.3. El 30 de mayo de 2019, los demandantes firmaron un contrato de cesión del crédito sobre el 100% de los derechos litigiosos reconocidos en la sentencia y en la conciliación con Alianza Fiduciaria SA. 2.4. Dicha sociedad presentó demanda ejecutiva contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín.

en la conciliación con Alianza Fiduciaria SA. 2.4. Dicha sociedad presentó demanda ejecutiva contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín. En su calidad de ejecutante, solicitó que se librara mandamiento de pago por $51.558.697,24, correspondiente a la diferencia generada entre la fecha de liquidación establecida en la Resolución del 31 de agosto de 2022 y la fecha en la que realmente se efectuó el pago, esto es, el 20 de diciembre de 2022. En auto del 5 de abril de 2024, el juez ejecutivo de primera instancia negó el mandamiento de pago solicitado, al evidenciar que la parte demandante no allegó copia del acto administrativo que liquidó el crédito con su respectiva constancia de ejecutoria ni la prueba de la fecha en la que el dinero fue consignado en su cuenta. 2.5. La sociedad ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto del 5 de abril de 2024. En esa oportunidad, adjuntó la constancia del pago parcial de la obligación y reiteró que con el anexo de la Resolución SENCON 2018-7725, aportado con la demanda, era suficiente para acreditar que la entidad liquidó los intereses hasta el 31 de agosto de 2022. 2.6. El juez Sexto Administrativo de Medellín, mediante auto del 24 de mayo de 2024, confirmó la decisión de negar el mandamiento de pago an te la persistencia en la omisión de aportar los documentos necesarios para debida conformación del título ejecutivo, en particular el acto administrativo mediante el cual se liquidó la obligación, acompañado de su constancia de ejecutoria.

persistencia en la omisión de aportar los documentos necesarios para debida conformación del título ejecutivo, en particular el acto administrativo mediante el cual se liquidó la obligación, acompañado de su constancia de ejecutoria. Asimismo, aclaró que la documentación aportada con el recurso no subsanaba dicha falencia ni permitía determinar con certeza la fecha de causación de los intereses reclamados.

2 Página 9 de la acción de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 En la misma providencia se concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. 2.7. En auto del 28 de agosto de 2024, la Sala Octava del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia. Como fundamento de su determinación, argumentó que la parte ejecutante no presentó los documentos necesarios para conformar debidamente el título, por lo que no había lugar a librar el mandamiento de pago. Recordó que, en procesos ejecutivos fundados en providencias judiciales, el título ejecutivo está integrado tanto por la sentencia con su constancia de ejecutoria como por el acto administrativo que la liquida y ordena su pago. Como la Resolución SENCON-2018-77251 no obra completa en el expediente, y tampoco se aportó la constancia de pago, confirmó la providencia apelada. La providencia se notificó en estado electrónico del 30 de agosto de 20243.

SENCON-2018-77251 no obra completa en el expediente, y tampoco se aportó la constancia de pago, confirmó la providencia apelada. La providencia se notificó en estado electrónico del 30 de agosto de 20243.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La sociedad accionante considera que la tutela cumple con los requisitos establecidos en la Sentencia SU -332 de 2019 para su procedencia excepcional contra providencias judiciales . En primer lugar, afirmó que el asunto tiene relevancia constitucional, pues las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Alegó que agotó todos los mecanismos ordinarios de defensa, como lo son la reposición y apelación, y que no existe otro recurso disponible para cuestionar las decisiones judiciales que vulneraron sus derechos fundamentales . También afirmó que cumplió con el requisito de inmediatez, dado que la acción de amparo se interpuso dentro del término razonable de seis meses desde que el tribunal emitió la decisión de cierre, el 28 de agosto de 2024. Señaló que se concretó una irregularidad procesal , pues las decisiones judiciales acusadas negaron el mandamiento de pago sin permitir que se subsanaran los documentos, lo que equivaldría al rechazo de la demanda y ponerle fin al proceso. Finalmente, indicó que los hechos generadores de la vulneración ius fundamental fueron debidamente identificados en el escrito de tutela y que no se trata de una tutela contra un fallo de tutela, sino contra decisiones judiciales emitidas en un proceso ejecutivo. 3.2. En cuanto al fondo del asunto, se alegó la concreción de un defecto fáctico

se trata de una tutela contra un fallo de tutela, sino contra decisiones judiciales emitidas en un proceso ejecutivo. 3.2. En cuanto al fondo del asunto, se alegó la concreción de un defecto fáctico debido a que los jueces de instancia valoraron caprichosa e irracionalmente las pruebas aportadas por Alianza Fiduciaria SA. con la demanda: la sentencia ejecutoriada, el anexo de la Resolución SECON-2018-77251, que detalla la liquidación de intereses hasta el 31 de agosto de 2022 , y el comprobante de pago, por la suma de $967.510 .037, consignado el 20 de diciembre de 2022 en la cuenta de la ejecutante . A juicio de la accionante, estos documentos permitían establecer con claridad la obligación y las fechas relevantes para el cálculo de los intereses, sin que sea necesario exigir la resolución completa como parte esencial del título ejecutivo. En el escrito de tutela se defiende que el anexo a la resolución contenía información suficiente para acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, pues detalló el periodo en el que se generaron los intereses, sin que fuera necesario exigir la resolución completa para integrar el título ejecutivo. En su consideración, el acto administrativo se limita a dar

3 Samai para tribunales administrativos. Proceso nro. 05001-33-33-006-2024-00058-01, índice 7.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 cumplimiento formal a las providencias judiciales , pero no contenía información adicional relevante para el proceso, como sí lo hacía el anexo. En ese sentido, estimó que las autoridades judiciales incurrieron en un excesivo formalismo al no valorar de manera razonable los documentos anexos a la demanda ejecutiva. La accionante también invocó el defecto por violación directa a la Constitución, dado que las providencias judiciales acusadas exigen un documento que no forma parte del título ejecutivo y desconocen la obligación de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, de conformidad con los artículos 4, 29, 103 y 229 de la Carta. Advirtió que, por tratarse de un título sometido a un plazo, su exigibilidad se ve amenazada por la posible caducidad del medio de control.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 7 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela presentada por Alianza Fiduciaria S. A. , a través de apoderado judicial, contra la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de

Antioquia y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín. Además, se ofició al juez de la primera instancia para que allegara la copia digitalizada del proceso ejecutivo nro. 05001-33-33-006-2024-00058-00/01.

Además, se ofició al juez de la primera instancia para que allegara la copia digitalizada del proceso ejecutivo nro. 05001-33-33-006-2024-00058-00/01. 4.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, por conducto del titular del despacho, indicó que el proceso ejecutivo se tramitó garantizando el derecho al debido proceso de las partes y la decisión se adoptó con apego a las pruebas que se aportaron con la demanda. Recordó que la decisión de negar el mandamiento de pago obedeció a que el documento a portado para acreditar la liquidación de intereses no contenía fecha de expedición y correspondía, al parecer, a un anexo de un acto administrativo principal que no fue allegado. Además, se descartó la aptitud de la captura de pantalla presentada con la ap elación para acreditar la fecha de consignación, al no considerarse un medio idóneo para probar esa circunstancia. En su consideración, la parte actora busca reabrir una discusión ya resuelta . Asimismo, advierte que no se han vulnerado los derechos fundamentales por ella invocados, pues aún tiene la oportunidad de conformar debidamente el título y presentar una nueva demanda. De acuerdo con lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque la providencia acusada estuvo debidamente motivada y la valoración probatoria fue razonable. 4.3. La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del magistrado ponente del auto de segunda instancia , solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Considera que la sociedad accionante no pretende la protección de los

medio del magistrado ponente del auto de segunda instancia , solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Considera que la sociedad accionante no pretende la protección de los derechos fundamentales vulnerados con las providencias acusadas, sino reabrir un debate ya resuelto en el proceso ejecutivo. Destacó que en el escrito de tutela se insiste en que la Resolución SECON-2018-77251 no era necesaria para conformar el título ejecutivo y que bastaba con su anexo, ese argumento ya fue discutido y descartado por los jueces de instancia. De otro lado, advirtió que los argumentos que fundamentan el defecto fáctico no refieren a una omisión probatoria ni en el decreto de pruebas, sino unaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 deficiencia en la carga de la prueba atribuible a la sociedad ejecutante en la conformación del título, pues no aportó en integridad el acto administrativo que ordenó el pago . Según la jurisprudencia del Con sejo de Estado , en casos como el presente, el título ejecutivo requiere de la sentencia ejecutoriada y del acto administrativo que le da cumplimiento.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indic ado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe

proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Dado que se trata de una acción de tutela interpuesta contra providencias judiciales, la Sala debe determinar, en primer lugar, si la solicitud de amparo supera el análisis general de procedencia, en particular si cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Superado di cho examen , la Sala pasará a analizar si el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia

judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 incurrieron en defecto fáctico y en violación directa a la Constitución al negar el mandamiento de pago en primera y segunda instancia d el proceso ejecutivo nro. 05001-33-33-006-2024-00058-00/01.

6 incurrieron en defecto fáctico y en violación directa a la Constitución al negar el mandamiento de pago en primera y segunda instancia d el proceso ejecutivo nro. 05001-33-33-006-2024-00058-00/01.

4. La acción de tutela no supera el requisito general de relevancia constitucional 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T -248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre l a amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” 8. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acció n de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera

proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01169-00

Demandante: Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una ins tancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es

estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una ins tancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus pretensiones. 4.2. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la tutela bajo estudio es improcedente, en la medida en que se utiliza como una instancia adicional para discutir la interpretación que hicieron los jueces de la causa respecto del marco jurídico aplicable frente a la naturaleza del título ejecutivo y su debida conformación a partir de las pruebas del proceso. Al comparar los argumentos expuestos en la presente acción con los formulados por la sociedad actora en el recurso de reposición y en subsidio apelación9 dentro del proceso ejecutivo nro. 05001-33-33-006-2024-00058-01, se observa que , en su mayoría, coinciden. A ese respecto, c onviene recordar los planteamientos formulados en dicho recurso para evidenciar su semejanza con los de la acción de tutela. Estos fueron los principales argumentos que expuso la sociedad en el proceso ejecutivo: 4.2.1. La fecha en la que se empezaron a causar los intereses fue acreditada, según el recurrente, mediante la liquidación incluida en el anexo de la Resolución SENCON-2018-77251, elaborada por la entidad ejecutada y aportada como prueba con la demanda ejecutiva. 4.2.2. En la misma demanda se indicó que la entidad ejecutada reconoció y

Resolución SENCON-2018-77251, elaborada por la entidad ejecutada y aportada como prueba con la demanda ejecutiva. 4.2.2. En la misma demanda se indicó que la entidad ejecutada reconoció y ordenó el pago de $967.510.037,91 a través del mencionado anexo, dando cumplimiento parcial a lo acordado en la conciliación judicial. Sin embargo, el pago se realizó hasta el 20 de dici embre de 2022, lo que generó un saldo por intereses moratorios entre esa fecha y el 31 de agosto del mismo año. Como sustento, aportó una constancia bancaria que acredita el ingreso de los recursos a la cuenta de la ejecutante el 20 de diciembre de 2022, con lo cual, a su juicio , permite establecer con certeza los parámetros temporales para calcular el valor adeudado por concepto de intereses. 4.2.3. Con base en lo anterior, la ejecutante solicitó revocar el auto recurrido y librar el mandamiento de pago, por considerar que las pruebas aportadas eran suficientes para demostrar la existencia de un título claro, expreso y actualmente exigible. Por otro lado, en la acción de tutela (Supra 3.), Alianza Fiduciaria SA. reiteró esos mismos argumentos bajo la alegación de un defecto fáctico y violación directa a la Constitución

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