CE - Sentencia 11001031500020250117600

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250117600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA derecho fundamental de acceso a la administración de justicia – configuración de defecto fáctico.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 28 de febrero de 2025, el señor Diego Alexander Oquendo López, a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela en busca de que se dejaran sin efectos los autos del 17 de junio y 29 de agosto de 2024, proferidos por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y l a Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa2 que promovió el accionante en contra de la Fiscalía General de la Nación y

Administrativo del Circuito de Armenia y l a Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa2 que promovió el accionante en contra de la Fiscalía General de la Nación y otros, con el propósito de que se declarara su responsabilidad administrativa por los perjuicios derivados de las condiciones de hacinamiento que padeció durante el tiempo en el qu e estuvo detenido en las instalaciones del Comando de Policía de Armenia.

2. En el proveído del 29 de agosto de 2024, el Tribunal confirmó la decisión del A quo que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Con radicado número 63001-33-33-005-2024-00106-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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La autoridad judicial señaló que, en los casos en los que se reclama un daño por hacinamiento carcelario, aun cuando éste persista en el tiempo, el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente a aquel que se tuvo pleno conocimiento de las condiciones de hacinamiento.

hacinamiento carcelario, aun cuando éste persista en el tiempo, el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente a aquel que se tuvo pleno conocimiento de las condiciones de hacinamiento.

3. En ese sentido, consideró que el actor conoció el hecho generador del daño alegado desde el momento en que ingresó al Comando de Policía, es decir, el 15 de febrero de 2022, sin que sea válido indicar que, por tratarse de un daño continuado, solo tuvo cono cimiento de este a partir de su salida del lugar de reclusión. Por lo tanto, debió haber acudido a la jurisdicción, a más tardar, el 16 de febrero de 2024.

No obstante, la solicitud de conciliación fue presentada el 20 de marzo siguiente y la demanda radicada el 6 de junio de ese mismo año.

4. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que las autoridades enjuiciadas vulneraron sus derechos de acceso a la administración de justicia e igualdad, por cuanto desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos del Quindío, Tolima y Antioquia.

5. Esgrimió que, en sentencia del 6 de diciembre de 20223, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, al abordar el estudio de un caso similar, indicó que el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo. Tesis contraria a la defendida por las accionadas, ya que estas afirmaron que dicho término empieza a correr de forma automática a partir del día en que la persona ingresa al centro de reclusión.

la defendida por las accionadas, ya que estas afirmaron que dicho término empieza a correr de forma automática a partir del día en que la persona ingresa al centro de reclusión.

6. Plasmó las consideraciones esbozadas en la sentencia del 3 de octubre de 2019, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado 4 e indicó que, de acuerdo con esa providencia, cuando se alega un daño asociado a condiciones derivadas de hacinamiento carcelario, el término de caducidad se computa desde el momento en que aquél cesa, por tratarse de una afectación de carácter continuado.

7. A su vez, trajo a colación otras catorce sentencias, 9 de ellas adoptadas por esta Corporación y 5 por la Corte Constitucional. Citó extractos de otros fallos proferidos por los Tribunales Administrativos de Antioquia, Tolima y Quindío el 29 de enero5, 6 de septiembre 6 y 8 de noviembre de 2024 7, respectivamente, en los que -según afirmó- también se analizaron supuestos fácticos similares.

3 Exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01. 4 Exp. 70001-23-33-0002014-00186-01. 5 Exp. 05001-33-33-029-2019-00033-01. 6 Exp. 73001-33-33-001-2024-00124-01. 7 Exp. 63001-3333-005-2024-00227-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro

7 Exp. 63001-3333-005-2024-00227-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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8. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que en su caso el término de caducidad empezó a transcurrir a partir del día siguiente a la cesación del daño, esto es, el 26 de mayo de 2022, cuando salió del centro de reclusión, por tratarse de un daño continuado. Defiende la idea de que ese co nteo inició el 27 de mayo de 2022, se interrumpió el 20 de marzo de 2024 (cuando se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial) y se reanudó el 20 de mayo siguiente, fecha en la que se expidió el acta de constancia del trámite de conciliación. Por consiguiente, el plazo para acudir a la jurisdicción fenecía el 29 de junio posterior, mientras que la demanda fue presentada el 6 de junio de ese mismo año. No obstante, los falladores concluyeron de forma errónea que el medio de control había caducado.

9. Señaló que, e n todo caso, aun cuando se acogiera el criterio según el cual el término de caducidad debía empezar a contarse a partir del momento en que el demandante se enteró del estado de hacinamiento, tampoco había lugar a declarar la caducidad, toda vez que este solo tuvo conocimiento del daño hasta el 2 de agosto de 2023, fecha en la que el Comando del Departamento de Policía de Armenia,

demandante se enteró del estado de hacinamiento, tampoco había lugar a declarar la caducidad, toda vez que este solo tuvo conocimiento del daño hasta el 2 de agosto de 2023, fecha en la que el Comando del Departamento de Policía de Armenia, mediante oficio GS -2023-DEQUI-MNVCC-1.10, le informó que las instalaciones de ese lugar estaban diseñadas para un cupo máximo de 15 personas y que presentaban un porcentaje de hacinamiento del 307%.

10. Además, aseveró que los juzgadores interpretaron de forma restrictiva y formalista las normas sobre la caducidad del medio de control, sin realizar un análisis acerca de la naturaleza continuada del daño y su impacto en la víctima, pasando por alto que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han determinado que en los casos en los que se debate la responsabilidad del Estado en contextos de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño.

B. Trámite procesal

11. Por auto del 4 de marzo de 2025, se requirió a la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez para que remitiera el poder que la facultaba para actuar en representación del señor Oquendo López en el trámite de tutela de la referencia.

12. Cumplido el requerimiento, mediante auto del 25 de marzo de 2025, se dispuso a admitir la acción de tutela, notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas y comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También se requirió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 63001accionadas y comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También se requirió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 6300133-33-005-2024-00106-01.

13. El Juzgado en mención allegó el expediente requerido. No se pronunció sobre losRadicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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hechos objeto de la solicitud de amparo. El Tribunal también guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

14. En primer lugar, esta Subsección encuentra que el presente asunto satisface los requisitos generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.

15. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que atribuye a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que se debate en esta oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección de l derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerado con ocasión de un vicio en el que incurrió la autoridad accionada, que condujo al rechazo de la demanda de reparación directa, a través de la cual el actor pretendía que se le

fundamental de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerado con ocasión de un vicio en el que incurrió la autoridad accionada, que condujo al rechazo de la demanda de reparación directa, a través de la cual el actor pretendía que se le repararan los daños que afirma le fueron causados por un presunto hacinamiento carcelario.

16. Aunado a lo anterior, (i) el accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima transgredidos8; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercid o oportunamente (28 de febrero de 2025), es decir, dentro del término de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia (30 de agosto de 2024)9; y, (iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza.

17. Respecto a la configuración de la causal específica de procedibilidad atribuida en el caso bajo estudio, si bien el accionante alegó un desconocimiento del precedente y refirió varias providencias que estima desatendidas, los argumentos que sustentan la ocurrencia de dicho vicio se en marcan en una deficiencia de tipo fáctico, pues giran en torno a una discusión probatoria. Aunque ese debate parte de la aplicación de los referidos precedentes, en realidad se orienta a establecer el momento en que debía iniciarse el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa en el caso concreto, a partir de los elementos de hecho con que

8 Contra el auto por medio del cual se dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa que promovió en

reparación directa en el caso concreto, a partir de los elementos de hecho con que

8 Contra el auto por medio del cual se dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa que promovió en contra de la fiscalía general de la Nación y otros, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío. 9 Ese término ha sido considerado por esta Corporación como razonable para acudir al juez de tutela cuando se pretende censurar una providencia judicial.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

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se contaba en el proceso.

18. Dicho de otra manera, aunque la parte actora sostiene que el yerro del Tribunal radicó en desatender la línea jurisprudencial respecto a la forma en que opera la caducidad cuando se está ante un evento en el que el daño es continuado, para abordar la discusión sobre la regla legal o jurisprudencial aplicable, primero debían definirse claramente las circunstancias fácticas del caso, para tener certeza sobre aspectos como la s fechas en que inició y concluyó el daño, si el mismo se puede catalogar como continuado, y si esto último implicaba consideraciones adicionales respecto a la posibilidad de conocer aquél o acceder a la jurisdicción, que influyeran en el conteo de la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que se reclama es una reparación por hacinamiento, que comporta la concurrencia de elementos fácticos adicionales a la privación de la libertad.

en el conteo de la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que se reclama es una reparación por hacinamiento, que comporta la concurrencia de elementos fácticos adicionales a la privación de la libertad.

19. En este punto es importante recordar que la jurisprudencia constitucional 10 ha indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de dilucidar el asunto que motiva la controversia. De manera que, no está limitado estrictamente a lo que indiquen las partes y puede fijar el alcance real del litigio, de conformidad con los presupuestos fácticos puestos a su consideración ; tal y como sucede en esta ocasión en la que el reproche fue encausado como un desconocimiento de precedente, no obstante que los argumentos del accionante se orientan a destacar una omisión probatoria en punto al estudio de la caducidad , particularmente a la fecha en que se debe iniciar el conteo de aquella.

20. En efecto, el actor reprochó que la autoridad demandada haya empezado a contabilizar el referido término -de forma automática - desde el momento en que ingresó al centro de reclusión, sin tener en cuenta que el daño alegado era de carácter continuado y, sobre la base fáctica de que conoció de tal afectación a partir de ese momento , sin que ello encuentre respaldo en el material probatorio . A su juicio, el término de caducidad debía computarse desde que abandonó tal centro de reclusión.

21. Ese argumento también lo planteó en el recurso de apelación que interpuso contra el auto del 17 de junio de 2024, por medio del cual el Juzgado Quinto Administrativo

reclusión.

21. Ese argumento también lo planteó en el recurso de apelación que interpuso contra el auto del 17 de junio de 2024, por medio del cual el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia rechazó la demanda. Concretamente, tras citar varios

extractos jurisprudenciales, indicó lo siguiente:

<<En conclusión, en el presente caso, el hecho, que fue el hacinamiento carcelario, fue visible hasta el día en el que el privado de la libertad fue trasladado del Comando de

10 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Policía de Armenia – Quindío al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Calarcá - Quindío, prolongándose durante toda su detención; es decir, que el hecho o la omisión administrativa se extendió en el tiempo y con ello el daño fue perceptible con el pasar del tiempo, por lo tanto, el término de caducidad debe contabilizarse a partir de que el PPL fue removido de la estación de policía.

(…)

Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que sólo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño .>> (Subrayado

forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño .>> (Subrayado propio).

22. Al desatar la alzada, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío consideró que había lugar a confirmar la decisión del A quo, tras encontrar caducado el medio de control. Para arribar a esa conclusión, señaló que, de conformidad con el artículo 164 numeral 2, literal i) del CPACA, el término para acudir a la jurisdicción debe contabilizarse a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión generadora del daño o, en su defecto, de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, si fue en fecha posterior.

23. A partir de esa consideración, indicó lo siguiente:

<<En ese orden de ideas, para esta Sala es claro que, como lo asestó el Juez de Primera Instancia, el señor Diego Alexander conoció que el hecho causante del daño -esto es, el hacinamiento carcelario -, se presentó desde el día en que ingresó al Comando de Policía, esto es, el 15 de febrero de 2022, fecha a partir de la cual, tenía pleno convencimiento de las condiciones de hacinamiento por las cuales ahora reclama , sin que sea válido indicar que como el daño es continuado -hasta su salida del Comando-, sólo a partir de ese momento tuvo conocimiento del mismo.

A ese respecto y, en asunto de similares matices el Consejo de Estado sostuvo que:

“(…) El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término

sólo a partir de ese momento tuvo conocimiento del mismo.

A ese respecto y, en asunto de similares matices el Consejo de Estado sostuvo que:

“(…) El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este.

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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(…) Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el

condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el 10 de marzo de 2002.” (Negrillas y subrayado fuera de texto)>>.

24. La Subsección encuentra que en dicha providencia, censurada en esta tutela, no se mencionó ningún elemento probatorio que llevara al Tribunal accionado a concluir que desde que el señor Oquendo López ingresó al lugar de detención pudo conocer sobre todos los elementos que permiten predicar la existencia de hacinamiento en un centro de reclusión. Tampoco se da cuenta de medios de convicción que le permitieran resolver sobre el cuestionamiento que hizo la parte actora relativo a que se estaba ante un daño continuado, que determinó que sólo pudiera acudir a la jurisdicción cuando concluyó dicha afectación. Es decir, obvió el análisis de circunstancias fácticas, que podían abrir paso a conclusiones diferentes.

25. En este punto la Sala llama la atención sobre el extracto jurisprudencial que cita el Tribunal pues, aunque erra en la referencia11, corresponde a la misma sentencia del 6 de diciembre de 202212 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que el accionante señala como precedente desconocido. Ello es relevante porque según el señor Oquendo López, la autoridad judicial desatendió la regla jurisprudencial fijada en esa decisión, en cuya virtud el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo. La lectura de la decisión censurada, particularmente

regla jurisprudencial fijada en esa decisión, en cuya virtud el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo. La lectura de la decisión censurada, particularmente del extracto citado líneas atrás, deja en evidencia que el yerro del Tribunal no estuvo en desatender esa regla sino en pretender aplicarla sin contar con un soporte probatorio para ello.

26. Nótese que al mencionar dicho referente jurisprudencial, el Tribunal accionado pone en evidencia que en aquel caso la Subsección C indicó lo siguiente: “(…) el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario”. Es decir, que a partir de un documento obrante en el plenario, la Sala de decisión -en aquel asunto - pudo advertir una manifestación clara de la víctima sobre las condiciones de reclusión, que daba cuenta del conocimiento que tenía del hacinamiento desde la fecha en que elaboró el documento.

27. Un análisis de ese tipo es el que se extraña en la providencia cuestionada, pues

11 En la providencia, a pie de página, se indican los datos de la sentencia de 23 de abril de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-24-000-202300259-00, que no corresponde al texto que se cita. 12 Exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

11001-03-24-000-202300259-00, que no corresponde al texto que se cita. 12 Exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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el Tribunal Administrativo del Quindío asumió que desde el momento en que inició la reclusión, el señor Oquendo López conoció el daño, pero esa afirmación no encuentra respaldo en ninguna prueba, o por lo menos la decisión judicial no hace explícito ese sustento. De ahí, que le asista la razón al accionante al censurar que la autoridad judicial hiciera un conteo “automático” de la caducidad desde el inicio de la reclusión, sin presentar razones para ello, y prescindiendo de un análisis serio del reproche planteado en la apelación.

28. En tal sentido, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, no dio cuenta de la existencia y el análisis de elementos probatorios que le permitieran -al momento de resolver sobre la admisión o rechazo de la demandaarribar a la conclusión de que el demandante conoció el daño desde la misma fecha de su ocurrencia, es decir, al momento de su ingreso al lugar de reclusión y, menos aún, que l o habilitaran a concluir categóricamente que la alegada continuidad del daño resultaba ser indiferente para el estudio.

29. Por otro lado , el Tribunal ni siquiera hizo mención, y mucho menos an alizó los

aún, que l o habilitaran a concluir categóricamente que la alegada continuidad del daño resultaba ser indiferente para el estudio.

29. Por otro lado , el Tribunal ni siquiera hizo mención, y mucho menos an alizó los documentos aportados por el actor en la demanda de reparación directa , traídos a colación también en la tutela, para señalar que conoció del daño en fecha posterior al inicio de la reclusión.

30. En cualquier caso, la Sala observa que los mismos únicamente dan cuenta de la fecha en que el señor Oquendo López ingresó y salió del Comando de Policía de Armenia, pero no permiten determinar que desde el mismo momento de su llegada a dicho lugar, hubiera podido advertir las situaciones de hacinamiento que , según afirma, dieron origen al daño alega do. Si bien el oficio GS -2023-DEQUI-MNVCC1.10 del 2 de agosto de 2023, certifica que para la fecha de su expedición existía un porcentaje de hacinamiento del 307% en ese centro, lo cierto es que aquella no corresponde a las fechas en las que el a ccionante estuvo recluido en el comando.

Aunque también se reportan porcentajes de hacinamiento en meses y años anteriores, la información se relacionó únicamente a partir del mes de septiembre de 2022, cuando el demandante ya no se encontraba en ese centro de reclusión.

31. Para ilustrar lo expuesto, se presenta n los 2 extractos pertinentes del referido documento, resaltando los periodos de febrero a mayo de 2022 , que corresponden a aquellos en que tuvo lugar la privación de la libertad del accionante, sobre los cuales la entidad indicó que “No se tiene información”:Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

a aquellos en que tuvo lugar la privación de la libertad del accionante, sobre los cuales la entidad indicó que “No se tiene información”:Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

9Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00

Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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32. En tales condiciones, escapa del margen de la razonabilidad jurídica, concluir que se encontraba plenamente acreditado que desde el momento en que el demandante ingresó al Comando de Policía, le era posible conocer la situación de hacinamiento por ser evidente, pues no se tiene soporte documental de ello, y ni siquiera las pruebas aportadas con la demanda -sobre las que el Tribunal omitió pronunciarsepermitían arribar a las conclusiones que se plasmaron en la providencia.

33. En línea con lo anterior , el Tribunal igualmente se abstuvo de razonar sobre la posibilidad de que el daño derivado de las condiciones de hacinamiento solo pudiera ser conocido en un momento posterior a su causación, o sobre la existencia de circunstancias en las que -aun conociendo el daño - resultara materialmente imposible ejercer el derecho de acción dentro del término establecido por el legislador para acudir a la jurisdicción 13. Aspectos de cardinal importancia, de cara

circunstancias en las que -aun conociendo el daño - resultara materialmente imposible ejercer el derecho de acción dentro del término establecido por el legislador para acudir a la jurisdicción 13. Aspectos de cardinal importancia, de cara al recurso de apelación en el que se alegó que el daño era continuado, cualificación que se asumió sin hacer ningún tipo de análisis probatorio, ni estudio jurídico sobre las consecuencias que de ello derivaban.

34. Tratándose de un daño por hacinamiento carcelario, en el que confluyen diversos factores, resulta necesario analizar -entre otros aspectosla capacidad del lugar de reclusión, la cantidad de internos que había al momento en que también se encontraba recluido el demandante, cifra que, además, puede fluctuar de forma constante en el tiempo, máxime considerando que se trataba de un centro transitorio.

Tales circunstancias no fueron objeto de estudio por el juzgador para determinar si el daño que se alegó persistió en el tiempo o no , y poder a partir de ello entrar a dilucidar el argumento expuesto por el accionante relativo a que se trataba de un daño continuado que merecía una valoración especial, por los efectos que ello podía implicar en la posibilidad de acudir a la jurisdicción.

35. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en aplicación de la sentencia del 6 de diciembre de 2022 14, determinó que la caducidad debía contabilizarse a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la afectación, independientemente del tipo de daño. Con base en ello, asumió que el accionante

13 En sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia en relación

independientemente del tipo de daño. Con base en ello, asumió que el accionante

13 En sentencia de unificación del 29 de enero

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