CE - Sentencia 11001031500020250118200

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250118200
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Pérdida de investidura |Defecto sustantivo – Relevancia Constitucional| Defecto procedimental absolutoViolación del principio de congruencia - Niega

Síntesis del caso: El accionante enjuició la providencia que confirmó la negativa a decretar la pérdida de investidura de una concejal. Alegó que el juez de segunda instancia resolvió sobre aspectos no apelados, pues el recurso se limitó al análisis del elemento subjetivo de la causal, pero la decisión se fundamentó en la supuesta inexistencia del elemento objetivo, sin que este hubiera sido materia de apelación.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Rodolfo Lozano Díaz contra la Sentencia de 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

contra la Sentencia de 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados

1.1. Posición de la parte actora

1. El 3 de marzo de 2025, Rodolfo Lozano Díaz, en nombre propio, presentó una acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso , al considerar que la Sentencia de 31 de octubre de 2024, dictada en el proceso de pérdida de investidura Rad. 66001-23-33-000-2024-00239-01, incurrió en un defecto procedimental absoluto por violación del principio de congruencia, así como en un defecto sustantivo por inaplicación indebida de la ley.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 13 “Primera: tutelar los derechos fundamentales al debido proceso de los cuales es titular el señor Rodolfo Lozano Diaz, vulnerados por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado al proferir la sentencia de segunda instancia del 31 de octubre de 2024, dentro del medio de control de Pérdida de Investidura Radicado No. 66001233300020240023901.

Segunda: Dejar sin efecto la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado dentro del medio de control de Pérdida de Investidura Radicado No. 66001233300020240023901.

TERCERA: Ordenar a la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia en reemplazo de la de fecha 31 de octubre de

2024.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

identificaron los siguientes:

4. 1) El accionante presentó una demanda de pérdida de investidura contra la concejal María Camila Correa López, del Concejo Municipal de Dosquebradas (Risaralda), por la presunta violación al régimen de inhabilidades contemplado en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Argumentó que José Ricardo Correa García, padre de la concejal, fue encargado del cargo de agente de tránsito de la Alcaldía de Dosquebradas desde el 16 de mayo

1994 y el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Argumentó que José Ricardo Correa García, padre de la concejal, fue encargado del cargo de agente de tránsito de la Alcaldía de Dosquebradas desde el 16 de mayo de 2022, y la invoc ada fue elegida el 29 de octubre de 2023. Sostuvo que, conforme con la jurisprudencia, los agentes de tránsito ejercen autoridad civil y administrativa.

5. 2) El 8 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia, negó la acción de pérdida de investidura. Determinó que el empleo público de agente de tránsito no ejercía autoridad administrativa, pero sí autoridad civil, por lo cual encontró configurado el elemento objetivo de la causal. Sin embargo, concluyó que no se acreditó con suficiencia la capacidad del agente de tránsito para influir sobre el electorado ni la culpabilidad en términos de dolo o culpa grave.

6. 3) El accionante interpuso recurso de apelación contra dicha decisión. Afirmó que la conducta de la concejal configuró dolo o culpa grave, no leve, ya que se evidenció su descuido. Expuso que hubo insuficiencia en la asesoría de su abogado y falta de verifica ción del expediente administrativo de José Ricardo Correa García, lo que evidenciaba ausencia de diligencia. Sostuvo que el agente de tránsito sí tenía capacidad para influir sobre el electorado. Destacó el perfil profesional de la concejal como abogada , lo que le permitía conocer la ilicitud de su conducta. Finalmente, indicó que el padre de la concejal fue

tenía capacidad para influir sobre el electorado. Destacó el perfil profesional de la concejal como abogada , lo que le permitía conocer la ilicitud de su conducta. Finalmente, indicó que el padre de la concejal fue incorporado a la carrera administrativa como auxiliar administrativo, y no como agente de tránsito.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 13 7. 4) El 31 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó que no se acreditó el elemento subjetivo de la causal del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Señaló que debía centrarse en el análisis del elemento subjetivo propuesto por el solicitante, para determinar si la conducta de la accionada en la configuración objetiva de la causal de inhabilidad fue dolosa o gravemente culposa, teniendo en cuenta la autoridad civil ejercida por su padre como agente de tránsito municipal durante los doce meses anteriores a su elección. Aclaró que “los cargos relativos a la eventual configuración de autoridad administrativa por los mismos hechos fueron denegados en la sentencia apelada y no son materia de la presente impugnación”.

8. La providencia incluyó una extensa transcripción jurisprudencial sobre la culpabilidad en la pérdida de investidura y sobre la modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, la cual exige acreditar la culpa grave o el dolo.

la culpabilidad en la pérdida de investidura y sobre la modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, la cual exige acreditar la culpa grave o el dolo.

9. Concluyó que “ una lectura integral y sistémica de la normatividad relacionada, permite observar que los agentes de tránsito y transporte son empleados públicos investidos de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales, perfil profesional que lleva acentuada una instrucción ética, moral, física, ecológica y de servicio comunitario”.

10. No obstante, aclaró que, “la habilitación como autoridad de tránsito que le otorga la legislación, no puede ser equiparada, de plano, a la autoridad civil establecida en la Ley 136, como aquella manifestación propia de mando, poder, dirección, coordinación y control que se ejerce sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o de superioridad y dominio sobre los sectores sociales y económicos; por eso, no cualquier clase de decisión constituye autoridad civil, -como aquellas que adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo d e una organización, en la labor diaria que tiene a cargo -, sino solo esas que determinan originariamente el modo de obrar mismo del Estado ”. En consecuencia, las funciones de los agentes de tránsito están dirigidas principalmente a garantizar el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte y la libre locomoción de las personas.

11. Los agentes de tránsito tienen un “rol fundamental como facilitadores

funciones de los agentes de tránsito están dirigidas principalmente a garantizar el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte y la libre locomoción de las personas.

11. Los agentes de tránsito tienen un “rol fundamental como facilitadores del cumplimiento de las normas de tránsito, investidos de facultades eficaces y útiles en el marco operativo de dicha labor”. Por lo tanto, no tiene potestad administrativa o civi l. En particular, precisó que no ostentan autoridad administrativa en los términos del artículo 188 de la Ley 136 deRadicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

4 de 13 1994, dado que carecen de funciones de mando, las cuales están reservadas a organismos de tránsito departamentales, municipales o distritales, inspectores de tránsito y otras autoridades superiores.

12. Señaló que los agentes de tránsito tampoco tienen poder para nombrar o remover empleados, ni para sancionarlos con suspensiones, multas o destituciones, pues desempeñan una función técnico-operativa sin representación legal o administrativa2.

13. Al verificar el manual específico de funciones y de competencias laborales de los empleado s de la plant a de personal de la alcaldía municipal de Dosquebradas , señaló que resultaba admisible “que la accionada hubiere razonablemente concluido que de las labores misionales y de apoyo operativo desplegadas por su padre (…) en calidad

municipal de Dosquebradas , señaló que resultaba admisible “que la accionada hubiere razonablemente concluido que de las labores misionales y de apoyo operativo desplegadas por su padre (…) en calidad de agente de tránsito encargado durante el período inhabilitante, -29 de octubre de 2022 a 29 de octubre de 2023 -, aquel no hubiere ostentado ni ejercido autoridad civil, ni que, por lo mismo, aquello constituyera obstáculo alguno para ser elegida concejal municipal”.

14. Manifestó que tampoco había prueba que corroborara que “el uniformado hubiese ejercido la autoridad civil a través del desempeño de labores distintas a las enlistadas en sus funciones legales y reglamentarias, que sí hubieran implicado función de mando, nombramiento, remoción y sanción de empleados con suspensi ones, multas o destituciones ”. Por el contrario, el documento denominado “matriz verificación de condiciones candidato al concejo elaborada por el abogado Juan Diego Giraldo Torres -no aparece rúbrica -, se afirma de la accionada, en la casilla correspondiente a la inhabilidad del artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, que su “[…] Padre es agente de tránsito, más no ejerce autoridad civil, política, administrativa o militar, no existen sentencias que así lo clasifiquen y

es de carrera administrativa hace más de 20 años […]”, razón por la cual se señaló que cumplía con carecer de dicho requisito negativo”.

15. El Consejo de Estado señaló que, aunque la matriz de riesgos electorales no constituía eximente de responsabilidad, sí era prueba de que la accionada supo oportunamente de la inexistencia de la inhabilidad, y

15. El Consejo de Estado señaló que, aunque la matriz de riesgos electorales no constituía eximente de responsabilidad, sí era prueba de que la accionada supo oportunamente de la inexistencia de la inhabilidad, y

2 Para sustentar su posición hizo referencia a la sentencias en las que indicó que los agentes de tránsito no tenían autoridad civil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 13 de octubre de 1995, Expediente núm. 1422. Asimismo, incorporó una decisión en la que se afirmó que la autoridad civil no recaía en los agentes de tránsito sino sobre los organismos de tránsito de orden departamental, municipal o distrital, así como en sus inspectores de tránsito. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de 2018, número único de radicación 68001 -23-33-000-2017-0122401(PI). También, se refiero a la ausencia de autoridad civil respecto de las funciones de agentes de policía. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 3 de julio de 2003, número único de radicación 200012331000200208420 2, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 28 de abril de 2005, número único de radicación 17001 -23-31-000-2003-01536-01(3510) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 26 de abril de 1991, radicación número 0516.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz

radicación número 0516.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

5 de 13 que actuó conforme con lo señalado por su equipo de campaña, que consideró que el empleo de su padre no impedía su elección.

16. El magistrado Oswaldo Giraldo López salvó su voto. Afirmó que, aunque la providencia indicó que el objeto de apelación era el elemento subjetivo, para negar la pérdida de investidura se pronunció sobre el elemento objetivo y consideró que el padre de la acusada no ejercía autoridad civil, debido a que carecía de función de mando, la cual corresponde a organismos de tránsito departamentales, municipales o distritales. Sostuvo que el juez de apelación se pronunció sobre aspectos no recurridos, en contravía del artículo 320 del CGP, y que debió declararse la pérdida de investidura, pues sí se ejercía autoridad civil y no se probó la buena fe de la accionada.

17. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora sostuvo que la Sentencia de 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrió en un defecto procedimental absoluto por violar el principio de congruencia y en defecto sustantivo por la inaplicación indebida de la ley.

18. Señaló que la providencia incurrió en un defecto procedimental absoluto porque el juez de apelación se apartó del procedimiento

la inaplicación indebida de la ley.

18. Señaló que la providencia incurrió en un defecto procedimental absoluto porque el juez de apelación se apartó del procedimiento establecido por el ordenamiento, “en el caso concreto, la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado extralimitó la competencia que le atribuye la norma al juez de segunda instancia, para pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte o partes apelantes”.

19. Afirmó que el recurso solo se refirió al elemento subjetivo de la causal, pero la decisión abordó el elemento objetivo, y sobre esa base se confirmó la negativa de la pérdida de investidura. Indicó que, aunque la providencia sintetizó los argumentos de apelación y centró el problema jurídico en el elemento subjetivo, desarrolló un análisis del elemento objetivo, limitado a establecer si el padre de la demandada ejercía autoridad civil. Asimismo, reiteró los argumentos del salvamento de voto como respaldo a su posición.

20. Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado se ha referido a que el juez de segunda instancia solo debe pronunciarse sobre los planteamientos de la apelación3. Asimismo, indicó que desconocer el límite competencial viola el principio de congruencia4.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de diciembre de 2017, Radicado 08001-23-31-000-2009-01122-01. “el juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación,

a los planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de impugnación”. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 1 de marzo de 2018, Radicado 11001-03-25-000-2013-00838-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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21. Sostuvo que la providencia incurrió en un defecto sustantivo, pues el Consejo de Estado desconoció el contenido legal que reconoce autoridad civil a los agentes de tránsito.

22. Sostuvo que el Consejo de Estado interpretó erróneamente los artículos 2 y 5 de la Ley 1310 de 2009, y los artículos 3, 7, 122 y 135 de la Ley 769 de 2002, los cuales afirman que el agente es autoridad de tránsito, investido de facultades regulatorias y sancionatorias. Estas normas lo califican como autoridad civil, por ejercer funciones de mando, dirección y sanción. Como argumento adicional, señaló que el salvamento de voto reconoció que el agente de tránsito ejercía autoridad civil, por lo que debió declararse la pérdida de investidura.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

23. La Sección Primera del Consejo de Estado 6 solicitó declarar

declararse la pérdida de investidura.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

23. La Sección Primera del Consejo de Estado 6 solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia constitucional. Señaló que el accionante pretendía reabrir el debate ya resuelto en el trámite ordinario para imponer su propia interpretación, según la cual el padre de la concejal sí ejercía autoridad civil como agente de tránsito en el mismo municipio donde fue elegida para el período 2024-2027.

24. Advirtió que el accionante sostuvo que se había desconocido la autoridad que ostentaba el agente de tránsito al interpretar de forma equivocada los artículos 2 y 5 de la Ley 1310 de 2009, así como los artículos 3, 7, 122 y 135 de la Ley 769 de 2002. Por lo tanto, el accionante cuestionó la forma en la que el juez de segunda instancia desnaturalizó las funciones regulatorias y sancionatorias propias de los agentes de tránsito, las cuales, en su concepto, evidenciaban el ejercicio de autoridad civil mediante actos típicos de mando, imposición, dirección, y potestades correccionales y sancionatorias.

25. Sostuvo que la acción de tutela no procedía frente a desacuerdos interpretativos, ya que no constituía un mecanismo para corregir o mejorar decisiones judiciales. Por ello, el juez constitucional no podía pronunciarse sobre materias abordadas en el proceso ordinario con el fin equívoco de imponer su criterio o sugerir una solución distinta al caso.

decisiones judiciales. Por ello, el juez constitucional no podía pronunciarse sobre materias abordadas en el proceso ordinario con el fin equívoco de imponer su criterio o sugerir una solución distinta al caso.

26. Agregó que, incluso si se admitiera la existencia de relevancia constitucional, no se encontraban probados los defectos alegados. Señaló que el juez de apelación limitó su análisis al elemento subjetivo de la causal,

5 Mediante Auto 6 de marzo de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandada a la Sección Primera del Consejo de Estado y (3) vinculó al Tribunal de Risaralda y a María Camila Correa López, como terceros con interés en el asunto. 6 Índice 10 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 13 valoró la conducta de la convocada y concluyó que era razonable que la concejal hubiera inferido que su padre no ejercía autoridad civil, ya que desarrollaba funciones misionales y de apoyo operativo. Por esa razón, se limitó a verificar si existía algún e lemento probatorio que permitiera inferir lo contrario, a partir del cumplimiento de funciones distintas a las previstas legal y reglamentariamente.

27. Indicó que se abstuvo de examinar el elemento objetivo de la causal, dado que no fue objeto del recurso de apelación. No obstante, ello no

contrario, a partir del cumplimiento de funciones distintas a las previstas legal y reglamentariamente.

27. Indicó que se abstuvo de examinar el elemento objetivo de la causal, dado que no fue objeto del recurso de apelación. No obstante, ello no impidió que analizara aspectos relacionados con las funciones del agente de tránsito, su regulación nacional y local, y la jurisprudencia aplicable, por estar estrechamente vinculados con la conducta desplegada por la concejal y ser relevantes para determinar la existencia, o no, de dolo o culpa grave.

28. María Camila Correa López7, por su parte, manifestó que la acción de tutela resultaba improcedente, ya que el accionante simplemente cuestionó la forma en que se adoptó la decisión de segunda instancia, basando su argumentación en los planteamientos del salvamento de voto.

Añadió que la tutela no debía prosperar porque no se estructuraba un debate constitucional genuino, sino meramente legal, al reiterar argumentos y consideraciones propias del proceso ordinario. Sostuvo que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia y que, además, el accionante no demostró haber agotado todos los recursos judiciales disponibles.

29. El Tribunal Administrativo de Risaralda8 remitió el expediente ordinario solicitado, pero no se pronunció frente a la presente acción de tutela.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial . 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.4. Conclusiones.

providencia judicial . 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.4. Conclusiones.

2.1. Fijación de la controversia

30. Le corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sección Primera del Consejo de Estado, en su calidad de juez de segunda instancia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso por desconocer el principio de

7 Índice 9 de Samai. 8 Índice 12 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

8 de 13 congruencia. Esto, al confirmar la denegación de la pérdida de investidura con base en el análisis del elemento objetivo de la causal, cuando la apelación solo contenía reparos frente al elemento subjetivo. Asimismo, se debe determinar si realizó una inter pretación errónea de las normas que definen el alcance de la autoridad civil atribuida a los agentes de tránsito.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

31. En este caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, únicamente, frente a la presunta violación al debido proceso por el desconocimiento del principio de congruencia, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa

proceso por el desconocimiento del principio de congruencia, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Cabe precisar que, al tratarse de una providencia que confirm ó otra, y en la que se habría producido una aparente incongruencia entre lo solicitado en la apelación y lo resuelto, tal situación no encaja dentro de las causales de nulidad taxativamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Por tanto, el recurso extraordinario de revisión no resultaba procedente ni idóneo9.

32. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la Sentencia de 31 de octubre de 2024 (18/11/202410) y la interposición de la presente acción de tutela (3/3/2025)11. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de pérdida de investidura . Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

33. Por último, la controversia plantea una cuestión de relevancia constitucional, dado que se alega la afectación del derecho fundamental al debido proceso con ocasión de una providencia judicial. El eje central del debate es la existencia de un defecto procedimental absoluto que, por su naturaleza, no pudo ser discutido en el proceso ordinario. Lo anterior, porque la presunta violación se materializó con la expedición de la sentencia de segunda instancia, solo a partir de ese momento fue jurídicamente posible invocar el principio de congruencia como vulnerado.

su naturaleza, no pudo ser discutido en el proceso ordinario. Lo anterior, porque la presunta violación se materializó con la expedición de la sentencia de segunda instancia, solo a partir de ese momento fue jurídicamente posible invocar el principio de congruencia como vulnerado.

34. No obstante, respecto del defecto s ustantivo, la Sala declarará su improcedencia porque el debate gira en torno a la inconformidad de la

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 10 de octubre de 2024, Radicado 66777, Sentencia de 10 de octubre de 2024, Radicado 67862 y Sentencia de 2 de agosto de 2024, Radicado 64550. 10 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI el mensaje de datos fue enviado el 14 de noviembre de

2024. Ver índice 13 de Samai. 11 Según acta Individual de reparto.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00

Demandante: Rodolfo Lozano Díaz Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

9 de 13 parte accionante frente a la interpretación normativa realizada por el juez de apelación. Es evidente que la acción de tutela fue instrumentalizada para proponer una mejor interpretación de las normas aplicables . No obstante, se recuerda que la acción de tutela no puede emplearse para cuestionar el criterio de los jueces al momento de resolver el caso.

35. En realidad, el objetivo de la acción fue reabrir el debate jurídico resuelto en sede ordinaria, buscando una decisión que coincidiera con el

cuestionar el criterio de los jueces al momento de resolver el caso.

35. En realidad, el objetivo de la acción fue reabrir el debate jurídico resuelto en sede ordinaria, buscando una decisión que coincidiera con el razonamiento expuesto en la tutela. Así, el accionante no solo cuestionó la argumentación del juez, sino que reiteró los planteamientos realizados en la demanda sobre la naturaleza de la autoridad de los agentes de tránsito, lo cual escapa al ámbito de competencia del juez de tutela.

36. Por las razones expuestas, la acción de tutela no presenta una controversia de relevancia constitucional en relación con el defecto sustantivo. Su finalidad real fue reinterpretar el concepto de autoridad de los agentes de tránsito y controvertir el criterio adoptado por el juez de apelación al negar la pérdida de investidura12.

2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales

37. La Sala negará el amparo solicitado, al no acreditarse la configuración de un defecto procedimental absoluto derivado de la violación del principio de congruencia. Las razones se explican a

continuación:

38. En relación con el defecto procedimental absoluto por violación del principio de congruencia 13, la Sala encuentra que la Sección Primera del Consejo de Estado no incurrió en una violación del principio de congruencia, ya que, en su calidad de juez de apelación, resolvió el caso conforme a los reparos concretamente formulados en la apelación. Por tanto, no excedió los límites de su competencia, como equivocadamente lo afirmó el acciona

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