CE - Sentencia 11001031500020250124000
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250124000
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
Demandante: Manuel Charris Martínez
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
Demandante: MANUEL CHARRIS MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se acreditan los presupuestos especiales de procedencia de tutela contra fallo de tutela / TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA – Por regla general no procede tutela contra sentencia de tutela, salvo que se presenten circunstancias excepcionalísimas como la existencia de un fraude, hecho que, en este caso, pese a ser alegado, carece de rigor probatorio.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Manuel Charris Martínez contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 19 de febrero de la presente anualidad 2, el señor Manuel Charris Martínez
Valledupar.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 19 de febrero de la presente anualidad 2, el señor Manuel Charris Martínez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado
1 Se advierte que el 27 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La acción de tutela fue inicialmente repartida a la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la que, mediante auto del 20 de febrero de 2025, la remitió al Tribunal Administrativo del Cesar. Posteriormente, en providencia del 4 de marzo de 2025, esta última autoridad judicial remitió las diligencias a esta Corporación, tras advertir que la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante se encuentra relacionada con las actuaciones surtidas en elRadicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
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Sexto Administrativo de Valledupa r 3 , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas, en su orden, el 17 de enero y el 26 de febrero de 202 5, en el marco de la acción de tutela con radicado 20001-33-33-006-202400329-00/01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
● DECRETAR la nulidad de todo lo actuado por violaciones flagrantes a la
00329-00/01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
● DECRETAR la nulidad de todo lo actuado por violaciones flagrantes a la protección fundamental del núcleo esencial del debido proceso, máxime si este juzgado no era competente para tal fin sustentado en debida forma de acuerdo a de conformidad con las facultades co nferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución política Decreto 333 del 2021, advirtiendo que este despacho no tenía competencia habida y dispone que las acciones de tutelas dirigidas contra las autoridades administrativas en ejercicio de sus funcio nes jurisdiccionales, serán repartidas en primera instancia a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial. Así mismo el numeral 11 de la precitada norma refiere que cuando la tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nive l, el reparto se hará al Juez de Mayor Jerarquía. Verbo y gracia las entidades accionadas es la Superintendencia financiera.
● DECRETAR la nulidad de todo lo actuado porque no se vinculó de manera oficiosa a la Agencia Jurídica de Defensa Judicial del Es tado quien debió haber participado en la audiencia el 13 de Diciembre, era esencial su participación en la audiencia, la Superintendencia Financiera de Colombia guardó silencio y no le advirtió al Juez Constitucional que ellos habían convocado a la Agencia Jurídica de Defensa Judicial del Estado quien era parte esencial del proceso, génesis y naturaleza del mismo proceso.
● DECRETAR la nulidad de todo lo actuado porque fue debidamente notificada la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y no asistió a las diferentes audiencias
naturaleza del mismo proceso.
● DECRETAR la nulidad de todo lo actuado porque fue debidamente notificada la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y no asistió a las diferentes audiencias quien debió haber dado su concepto sobre los informes de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el hecho de no asistir a la audiencia ha no haber sido convocado y en el desarrollo de acción de tutela se da las vías de hecho judicial por parte del Juez Constitucional.
● DECRETAR la nulidad de todo lo actuado porque entre las pretensiones de la acción de tutela se solicitó de manera oficiosa y está dentro de las facultades mismas del Juez Constitucional solicitar el audio, l as escuchas o la relatoría del concepto del Procurador Judicial quien sí advirtió e hizo civilmente responsable a YUMA CONCESIONARIA y a la CONSTRUCTORAARIGUANÍ advirtiendo que la arquitectura y el diseño de la vá no cumplía con los mínimos parámetros porq ue en cada uno de los Box Coulvert y Alcantarillas hay una distancia de 700 metros
trámite de la acción de tutela con radicado 20001 -33-33-006-2024-00329-01, cuyo conocimiento le correspondió en segunda instancia. 3 Si bien la petición de amparo también se dirigió en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), mediante auto del 10 de marzo de 2025, el despacho sustanciador del proceso consideró que el señor Manuel Charris Martínez únicamente le atribuyó al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar la vulneración de sus derechos fundamentales, porque, en su cri terio, y
consideró que el señor Manuel Charris Martínez únicamente le atribuyó al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar la vulneración de sus derechos fundamentales, porque, en su cri terio, y de acuerdo con las referidas reglas de reparto, no debió asumir conocimiento de la acción de tutela que promovió, en tanto esta se instauró contra varias autoridades del orden nacional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
Demandante: Manuel Charris Martínez
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que no cumplen con los mínimos estándares legales por eso el terraplén donde se fincó la vía permanece ha negado y esto es un peligro para la infraestructura, también advirtió el Procurador que la toma de las muestras del diseño fue hecha de manera arbitraria con 2 puntos georreferenciados a 60 Kilómetros de donde sucedieron los hechos, verbo y gracia puntos geotérmicos donde se tomaban los flujos de las precipitaciones esta advertencia la hizo el Procurador Judicial.
● DECRETAR la nulidad de todo lo actuado porque el Procurador Judicial advirtió que el informe de la Agencia Nacional de Licencias Nacionales quien fue sujeto del ataque de la CONSTRUCTORA ARIGUANÍ y YUMA CONCE SIONARIA ya había hecho tránsito a un acto administrativo debidamente sustentado ya su vez fueron 14 funcionarios (ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero hidráulico, trabajadora social) siendo así esto daría tránsito a una prueba científica, no es un simple informe como pretendieron descalificar YUMA CONCESIONARIA y la
CONSTRUCTORA ARIGUANÍ.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
simple informe como pretendieron descalificar YUMA CONCESIONARIA y la
CONSTRUCTORA ARIGUANÍ.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El 12 de diciembre de 2024, el señor Manuel Charris Martínez presentó acción de tutela contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Defensoría del Pueblo, el Departamento del Cesar, el Municipio de Valledupar - Secretaría de Gobierno, la Personería Municipal de Valledupar y la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar
(Emdupar), con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales de petición, vivienda digna, salud, saneamiento ambiental y dignidad humana.
4. A juicio del accionante, las autoridades entonces demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, pues, resultó damnificado con las inundaciones ocurridas en octubre de 2022, a causa de las obras de construcción de la doble calzada entre los municipios de Bosconia y Valledupar (ruta del sol), que afectaron el paso natural de un río y dificultaron el desagüe en el corregimiento de Aguas Blancas, del municipio de Valledupar (Cesar).
5. Al trámite constitucional se le asignó el radicado 20001-33-33-006-2024-00329-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar , el que,
5. Al trámite constitucional se le asignó el radicado 20001-33-33-006-2024-00329-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar , el que, mediante sentencia del 17 de enero de 2025, amparó el derecho fundamental de petición del accionante y negó las demás súplicas de la demanda.
6. Inconforme con la decisión, la parte actora impugnó la decisión. Allí afirmó que el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar carecía de «competencia» para conocer de la acción de tutela, pues de conformidad con el numeral 10 del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, las acciones de tutelas dirigidas contra las autoridadesRadicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
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administrativas en ejercicio de sus funciones jurisdiccion ales, serán repartidas en primera instancia a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, como es el caso de la Superintendencia Financiera de Colombia . Así mismo agregó que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 11 de la precitada norma , cuando la t utela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía.
7. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión impugnada, bajo la con sideración de que los argumentos expuestos en la alzada no tenían relación alguna con el trámite surtido ante el
Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar. Puntualmente, indicó:
confirmó la decisión impugnada, bajo la con sideración de que los argumentos expuestos en la alzada no tenían relación alguna con el trámite surtido ante el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar. Puntualmente, indicó:
Resulta pertinente indicar que, en la impugnación se alega una falta de competencia del juzgado de primera instancia, habida cuenta que el numeral 10 del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, dispone que las acciones de tutelas dirigidas contra las “autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales serán repartidas en primera instancia a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial”, como es el caso de la Superintendencia financiera (entidad que no fue accionada en el presente asunto ). Asimismo, se indica que no se vinculó de manera oficiosa a la Agencia Jurídica de Defensa Judicial del Estado, quien debió haber participado en “la audiencia el 13 de Diciembre”; que fue debidamente notificada la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y “no asistió a las diferentes audiencias quien debió haber dado su concepto sobre los informes de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales” (sic), entre otros aspectos, que desconoce la Sala que relación tienen con el asunto bajo estudio.
Ante tal es circunstancias, considera esta Colegiatura que, los argumentos expuestos en la alzada no tienen vocación de prosperidad, por la potísima razón que los mismos, al parecer no corresponden al trámite surtido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar.
8. En el escrito de amparo, el señor Charris Martínez alegó que se vulneró su derecho
que los mismos, al parecer no corresponden al trámite surtido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar.
8. En el escrito de amparo, el señor Charris Martínez alegó que se vulneró su derecho al debido proceso, como quiera que el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar carecía de competencia para adelantar el trámite de la acción constitucional con radicado 20001-33-33-006-2024-00329-00. Lo anterior , teniendo en cuenta que el numeral 10 del artículo 1 del decreto 333 de 2021 dispone que las acciones de tutela dirigidas contra las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, serán repartidas en primera instancia a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial. Así mismo el numeral 11 de la precitada norma refiere que cuando la tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía. «Verbo y gracia las entidades accionadas es (sic) la Superintendencia financiera».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
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B. Trámite impartido e intervenciones
9. Mediante auto del 20 de febrero de 2025 4 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la acción de tutela al Tribunal Administrativo del Cesar, en atención a las reglas de competencia previstas en numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, (modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021), como quiera que la petición de amparo estaba dirigida contra el Juzgado Sexto
del Decreto 1069 de 2015, (modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021), como quiera que la petición de amparo estaba dirigida contra el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar.
10. En auto del 24 de febrero de la presente anualidad5, el Tribunal Administrativo del Cesar avocó conocimiento del asu nto bajo estudio y admitió el escrito de tutela .
Asimismo, vinculó y corrió traslado de la demanda al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Naci onal de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE).
11. Posteriormente, mediante auto del 4 de marzo de 2025 6, el magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho, integrante del Tribunal Administrativo del Cesar, declaró fundados los impedimentos manifestados por los magistrados Carlos Mario Arango Hoyos y Carmen Dalis Argote Solano 7, porque, en efecto, la solicitud de amparo se dirige contra actuaciones que se adelantaron dentro del proceso de tutela con radicado 20001-33-33-006-2024-00329-00/01, trámite constitucional que fue zanjado por el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, en sentencia del 17 de enero de 2025, y por el Tribunal Administrativo del Cesar, en fallo del 26 de febrero de 2025, que fue suscrita por los referidos magistrados. Por tanto, en esa providencia, remitió el expediente de tutela a esta Corporación, por considerar que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 333 de 2021, el Consejo de Estado es el «competente» para tramitarlo.
el expediente de tutela a esta Corporación, por considerar que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 333 de 2021, el Consejo de Estado es el «competente» para tramitarlo.
12. Así, mediante providencia del 10 de marzo de 2025 8, el despacho sustanciador del proceso avocó conocimiento del presente asunto , o rdenó la vinculación del Tribunal Administrativo del Cesar , como parte accionada y de las entidades que intervinieron en el proceso de tutela con radicado 20001 -33-33-0062024-0032900/0, en calidad de terceros con interés . Asimismo, mantuvo la vinculación de la Superintendencia Financiera de Colombia, la ANI y a la ANDJE, pero en calidad de terceros con interés.
4 SAMAI, índice 2. 5 SAMAI, índice 2. 6 SAMAI, índice 2. 7 Dichos magistrados manifestaron impedimento el 26 y 28 de febrero de 2025, respectivamente. 8 SAMAI, índice 5.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
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13. La Superintendencia Financiera de Colombia9 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no fueron sus actuaciones las que causaron la supuesta vulneración de los derechos del accionante.
14. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estad o10 solicitó que se le desvinculara del presente trámite, habida cuenta de que, de acuerdo con lo expuesto en la petición de amparo, las acciones u omisiones que supuestamente vulneran los derechos del demandante no le son atribuibles.
desvinculara del presente trámite, habida cuenta de que, de acuerdo con lo expuesto en la petición de amparo, las acciones u omisiones que supuestamente vulneran los derechos del demandante no le son atribuibles.
15. La Superintendencia de Industria y Comercio 11 también pidió que se le desvinculara de la presente acción constitucional, p ues, luego de revisar la información correspondiente en el sistema de trámites, advirtió que no se encontraron reclamaciones presentadas por el accionante que, de modo alguno, est uvieran relacionadas con el asunto.
16. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 12 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, subsidiariamente, que se negara la petición de amparo. Argumentó que la acción de tutela se dirigió a cuestionar exclusivamente los fallos proferidos en primera y segunda instanci a en el trámite constitucional con radicado 20001 -33-33-006-2024-00329-00/01, por lo que no se advierte relación alguna entre el hecho supuestamente transgresor de los derechos del accionante y alguna acción u omisión proveniente de ella.
17. El Tribunal Administrativo del Cesar13 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo, por considerar que la procedencia de la acción de tutela en contra de sentencias proferidas en otros procesos de tutela está restringida.
Adicionalmente, expuso que en la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2025 se analizaron en su integridad los reparos expuestos por el accionante en contra de la providencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar,
Adicionalmente, expuso que en la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2025 se analizaron en su integridad los reparos expuestos por el accionante en contra de la providencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, específicamente, lo relativo a la supuesta falta de competencia para conocer del asunto.
18. El 21 de marzo de 2025 14, el señor Manuel Charris Martínez presentó memorial en el que relacionó las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la
sentencia T-078 de 2025 y solicitó15:
9 SAMAI, índice 2. 10 SAMAI, índice 2. 11 SAMAI, índices 9 y 15. 12 SAMAI, índice 10. 13 SAMAI, índice 11. 14 SAMAI, índice 12. 15 El accionante reiteró la referida solicitud mediante memorial radicado el 26 de marzo de 2025. (SAMAI, índice 17).Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
Demandante: Manuel Charris Martínez
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1.ORDENAR a la Superintendencia de Colombia, por la naturaleza de sus funciones jurisdiccionales y como le compete de manera discrecional, atender el requerimiento de una población vulnerable, atender de manera preferente, las demandas del usuario financiero, que tiene la característica, de la verbalidad y de la oralidad para que sean admitidas dentro de la vigilancia de un contrato de responsabilidad civil extracontractual, al ser una póliza de seguros y las aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Seguros Sura y Seguros Mundial. Por su falta de atención y descuido pretendiendo que
responsabilidad civil extracontractual, al ser una póliza de seguros y las aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Seguros Sura y Seguros Mundial. Por su falta de atención y descuido pretendiendo que personas que están en un altísimo grado de vulnerabilidad sienten miedo y no les admiten la presentación de las demandas. Las rechazan con argumentos como si se estuviera presentando una casación.
2.ORDENAR en el estricto marco constitucional, respetar todas las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y a su vez, abrir proceso disciplinario en contra de los funcionarios de la superintendencia Financiera de Colombia, quienes teniendo facultades jurisdiccionales se oponen a un ordenamiento jurídico y no acatan las órdenes impartidas tanto por la Contraloría General de la Nación como por la Procuraduría, donde dan clara alusión que hallazgos de responsabilidad fiscal en contra de Yuma Concesionaria y Constructora Ariguani. Y si es menester abrir proceso de responsabilidad por corrupción. Por qué termina siendo sorprendente que la postura del Procurador en la audiencia del 13 de diciembre no haya sido tenida en cuenta. Cual fue el diseño de la doble calzada Bosconia—Valledupar, no cumplió con los mínimos estándares internacionales. La contraloría hizo hallazgos de responsabilidad fiscal. Y el ANLA hizo requerimiento y no los han cumplido. La constructora Arigu ani y Yuma concesionaria están cometiendo el presunto delito de sobornos o corrupción. Porque tres entidades advirtiendo y llegando a un análisis; la única que llego a la conclusión fue la Corte Constitucional.
concesionaria están cometiendo el presunto delito de sobornos o corrupción. Porque tres entidades advirtiendo y llegando a un análisis; la única que llego a la conclusión fue la Corte Constitucional.
3.ORDENAR respuesta clara, precisa y de fondo, por parte de la Fiscalía General de la Nación cuando la Contraloría desde el año 2023, lo requirió, para apertura de investigación por corrupción. En la doble calzada Bosconia --Valledupar y desarrollar las estrategias necesarias para presentación de la totalidad de las demandas en contra de Yuma Concesionaria y Constructora Ariguani. Para que las instituciones, universidades y si es menester el abandono por parte de la Defensoría del pueblo se presenten las demandas de responsabilidad fiscal extracontractual.
4.ORDENAR apertura de investigación para los funcionarios de la ANI que no vieron pasar la corrupción, los sobornos, la falta de atención y descuido por una obra que está causando miedo, zozobra, ruina, incertidumbre, están sometiendo a desplazamiento forzado a todo un corregimiento. Tienen en abandono porque no hay esperanza de vida, no hay un futuro cercano, viven con miedo por culpa de la Constructora Ariguani y Yuma Concesionaria, es una afirmación cierta medible y comprobable, certificado por e l Instituto de Bienestar Familiar. Los Psicólogos, Antropólogos que han participado y han diagnosticado el miedo y la falta de duelo. Sienten miedo los niños, niñas, mujeres embarazadas, y adultos por culpa de Yuma Concesionario y Constructora Ariguani, que pretenden que le entreguen el Hito Nº30, cuando no han hecho la mínima adecuación para que no
falta de duelo. Sienten miedo los niños, niñas, mujeres embarazadas, y adultos por culpa de Yuma Concesionario y Constructora Ariguani, que pretenden que le entreguen el Hito Nº30, cuando no han hecho la mínima adecuación para que no suceda una nueva inundación.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
Demandante: Manuel Charris Martínez
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5.ORDENAR a la ANI dentro de su control y vigilancia, a la Construcción de la doble calzada Bosconia —Valledupar, retener, dar orde n de embargo si es necesario los dineros causados de los peajes para se den las obras complementarias hidraúlicas, para que cese el miedo la zozobra de la comunidad.
6.ORDENAR por parte de la ANI investigación interna, porque no abrieron pliego de cargos por responsabilidad fiscal extracontractual, con toda la información recaudada por el ANLA donde hicieron 100 requerimientos a la Constructora y a Yuma Concesionaria.
19. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres16 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y la improcedencia de la acción de tutela , por carecer del requisito de subsidiariedad. Precisó que sus competencias son esencialmente de dirección y coordinación del Sistema, de formulación, implementación, articulación y evaluación de la política pública nacional en materia de gestión del riesgo de desastres, por lo que no existe relación entre sus funciones y los hechos a los que se atribuye la supuesta vulneración de los derechos del demandante. Además, sostuvo que el accionante puede acudir a la acción popular como mecanismo eficaz para la protección de sus derechos fundamentales.
funciones y los hechos a los que se atribuye la supuesta vulneración de los derechos del demandante. Además, sostuvo que el accionante puede acudir a la acción popular como mecanismo eficaz para la protección de sus derechos fundamentales.
20. La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - Emdupar17 también solicitó que se declare la falta de legit imación en la causa por pasiva y la improcedencia de la acción de tutela. Afirmó que no fue la autoridad que profirió las providencias cuestionadas, por lo que no existe relación entre sus actuaciones y los hechos que generaron la transgresión de los derechos del señor Charris Martínez.
21. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI18 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y que se le desvinculara de la presente acción constitucional. Lo primero, en la medida en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la acción de tutela contra sentenc ias dictadas en otros procesos de tutela es completamente improcedente y lo segundo, por cuanto los hechos a los que se les atribuyó la vulneración de los derechos no devinieron de sus actuaciones.
22. El municipio de Valledupar 19 también solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los hechos que dieron lugar a la vulneración de los derechos del accionante no están relacionados con sus funciones y/o actuaciones.
16 SAMAI, índice 13. 17 SAMAI, índice 14. 18 SAMAI, índice 16. 19 SAMAI, índice 19.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
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17 SAMAI, índice 14. 18 SAMAI, índice 16. 19 SAMAI, índice 19.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
Demandante: Manuel Charris Martínez
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II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13 , 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
24. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela promovida contra una sentencia dictada en otro proceso de tutela.
25. Sólo en el caso de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto con el fin de establecer si el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Manuel Charris Martínez.
E. Análisis de la Sala
Procedencia de la tutela contra una sentencia de tutela
26. La Corte Constitucional, en la sentencia SU -627 de 2015, unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:
26. La Corte Constitucional, en la sentencia SU -627 de 2015, unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se d irige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cu ando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cua ndo, además de cumplir con los requisitos genéricos deRadicado: 11001-03-15-000-2025-01240-00
Demandante: Manuel Charris Martínez
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procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
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procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tu
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