CE - Sentencia 11001031500020250126000
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250126000
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01260-00
Demandante: Wilfrido Vergara Contreras Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia – Falta de relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 28 de febrero de 2025, el señor Wilfrido Vergara Contreras, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en busca de que se dejaran sin efectos las sentencias del 5 de junio de 2023 y 11 de septiembre de 2024, proferidas por el Juzgado Quinto Admini strativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
Administrativo del Chocó, respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto mediante el cual se le negó y reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en su condición de padre de Wilber Rafael Vergara Villalba, por haber causado este último el derecho a la pensión de invalidez.
2. En la providencia del 11 de septiembre de 2024, el Tribunal accionado confirmó la decisión de primera instancia 2, que negó las pretensiones de la demanda . La autoridad judicial señaló que si bien se acreditó que, al momento de su retiro, el señor Vergara Villalba presentaba un porcentaje de disminución de su capacidad laboral equivalente al 54,97%, el 11,2% fue clasificado como enfermedad común. En consecuencia, el porcentaje restante, esto es, el 43,77% imputable al servicio, no
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 El fallo del 5 de junio de 2023.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01260-00
Demandante: Wilfrido Vergara Contreras Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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Demandante: Wilfrido Vergara Contreras Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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resultaba suficiente para adquirir el derecho a la pensión de invalidez y, por tanto, tampoco daba lugar a reclamar la pensión de sobrevivientes.
3. La parte actora alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, toda vez que desconocieron el acervo probatorio obrante en el expediente.
4. Arguyó que los falladores erraron al afirmar que la rinitis alérgica no fue adquirida en el servicio, pues ello se probó a partir de la historia clínica, así como el acta de la Junta Médico Laboral 2363 del 4 de agosto de 2003, ratificada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en acta del 7 de septiembre de 2004, los cuales evidenciaban que, al momento de realizarle los exámenes médicos con ocasión del retiro del causante , este ya presentaba afecciones de otorrinolaringología, como la rinitis alérgica.
5. Señaló que el hecho de que, al momento del retiro, no se le hubiera asignado un puntaje de disminución de capacidad laboral por dicha enfermedad no implica que no la hubiera padecido durante la prestación del servicio, independientemente de que hubiera sido contraída en actos propios del servicio o no, pues, para efectos de indemnización y de la sumatoria en el puntaje, lo relevante es que la enfermedad haya sido adquirida estando en servicio activo y no su origen, tal como lo establece el Decreto 94 de 1989.
indemnización y de la sumatoria en el puntaje, lo relevante es que la enfermedad haya sido adquirida estando en servicio activo y no su origen, tal como lo establece el Decreto 94 de 1989.
6. Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha inaplicado el régimen especial de las Fuerzas Militares en materia pensional , para dar paso a las disposiciones del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, previstas en la Ley 100 de 1993, en virtud del principio de favorabilidad . Esto, por cuanto, a diferencia del régimen especial, el general exige la pérdida de al menos un 50% de capacidad laboral para efectos del reconocimiento de una prestación pensional por invalidez.
7. Refirió que existe legislación y jurisprudencia suficiente en la que se ha establecido que los miembros de las fuerzas militares les asiste el derecho a la pensión de invalidez cuando adquieren una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y no al 75% como lo disponían las antiguas legislaciones especiales , las cuales fueron modificadas en su totalidad.
8. Reprochó que la autoridad judicial hubiera afirmado que no había lugar a reclamar la pensión de sobreviviente, teniendo en cuenta que el causante no alcanzó a adquirir el derecho pensional por invalidez y, además, que su deceso se produjo después de haberse retirado del servicio de forma voluntaria, pues lo cierto es que el fallecimiento fue posterior a que se le efectuaran los exámenes médicos de retiro y cuya valoración fue objeto de reclamo en la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01260-00
Demandante: Wilfrido Vergara Contreras
fue posterior a que se le efectuaran los exámenes médicos de retiro y cuya valoración fue objeto de reclamo en la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01260-00
Demandante: Wilfrido Vergara Contreras Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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B. Trámite procesal y contestación de la demanda
9. Por auto del 10 de marzo de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela ; (ii) notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) vincular al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y; (v) requerir al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 2700133-33-004-201700148-00/01.
10.Las autoridades accionadas no se pronunciaron sobre el escrito de tutela, pero se allegó el expediente ordinario.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
11. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional, en tanto su objeto es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario , con el fin de reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez de la causa.
12. Tanto en el escrito de tutela, como en el recurso de apelación interpuesto contra
de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario , con el fin de reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez de la causa.
12. Tanto en el escrito de tutela, como en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, el demandante alegó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia en el dictamen del 29 de julio de 2022 por concepto de rinitis alérgica, con base en la historia clínica del señor Vergara Villalba, practicado durante el curso del proceso ordinario , corroboraba que , al momento de su retiro, presentaba una serie de patologías que daban lugar al reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez, pues, para establecer el porcentaje de disminución de la capacidad laboral, lo determinante no era el origen de las enfermedades calificadas, sino el hecho de que fueron adquiridas durante el servicio y que , en conjunto, superaban el 50% exigido para acceder a dicha prestación, en aplicación del principio de favorabilidad.
13. Al desatar los reparos propuestos en la alzada, el Tribunal enjuiciado, en la sentencia del 11 de septiembre de 2024 3, abordó el marco normativo y jurisprudencial en torno a la pensión de invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares. En particular, destacó que, en un caso similar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la jurisprudencia constitucional, precisó que si
3 Aunque la parte accionante cuestiona tanto el fallo de primera instancia como el de segunda instancia proferidos
Cundinamarca, con fundamento en la jurisprudencia constitucional, precisó que si
3 Aunque la parte accionante cuestiona tanto el fallo de primera instancia como el de segunda instancia proferidos al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Sala centrará su análisis en este último, dado que fue el que resolvió de forma definitiva la litis.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01260-00
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los miembros de las fuerzas militares tienen derecho a una revaloración de su condición médica con posterioridad a su retiro, siempre que: (i) exista una relación objetiva entre el nuevo examen y una afección atribuible al servicio; (ii) dicha patología tenga un carácter progresivo y; (iii) se trate de un desarrollo nuevo no previsto en el momento de la desvinculación.
14. Bajo esa premisa, la autoridad judicial hizo referencia a las pruebas recaudadas en el trámite contencioso administrativo, entre otras : (i) el acta del 4 de agosto de 2003, expedida por la Junta Médico Laboral con ocasión del retiro del servicio del señor Vergara Villalba, mediante la cual se le asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 41.2% y en la que se clasificaron las lesiones como: “incapacidad permanente parcial – no apto para el servicio ”; (ii) el acta del 7 de septiembre de 2004 emitida por el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía
“incapacidad permanente parcial – no apto para el servicio ”; (ii) el acta del 7 de septiembre de 2004 emitida por el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía que ratificó el dictamen anterior y; (iii) el dictamen del 29 de julio de 2022, dictado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en el que se estableció que presentaba una disminución de su capacidad laboral del 54.97%, porcentaje del cual 11,2% correspondía a una rinitis a lérgica, clasificada como enfermedad de origen común.
15. Tras un análisis conjunto del acervo probatorio, el fallador consideró que aunque se acreditó que el causante presentaba un porcentaje de disminución de su capacidad laboral equivalente al 54,97% , solo el 43,77% correspondía a patologías atribuibles al servicio, porcentaje que no resultaba suficiente para adquirir el derecho a la pensión de invalidez y, por ende, tampoco habilitaba el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
16. El Tribunal aclaró que no desconocía el porcentaje asignado por concepto de rinitis alérgica. No obstante, estimó que, a efectos del reconocimiento pensional, era necesario que dicha afección guardara relación con el servicio, lo que no se acreditó en el caso concreto , pue s la patología en cuestión fue clasificada como una enfermedad de origen común.
17. Del contenido de la providencia acusada, no se desprende un análisis caprichoso o irracional del acervo probatorio . Por el contrario, se observa que la valoración realizada por la autoridad accionada se ajusta a las reglas de la sana crítica y la
o irracional del acervo probatorio . Por el contrario, se observa que la valoración realizada por la autoridad accionada se ajusta a las reglas de la sana crítica y la autonomía judicial. El hecho de no haber arribado a la misma conclusión que pretende la parte actora, no implica que el juzgador hubiera desconocido o apreciado en forma indebida las pruebas obrantes en el expediente, más aun cuando se indicó de forma expresa que no se pasaba por alto el diagnóstico de la rinitis.
18. La autoridad judicial no solo contrastó los antecedentes clínicos, con los dictámenes médicos emitidos en distintos momentos por las autoridades competentes, sino que, además, los confrontó con el marco normativo y jurisprudencial sobre la materia. A part ir de ese análisis, concluyó que la pruebaRadicación: 11001-03-15-000-2025-01260-00
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pericial practicada en el proceso ordinario se acompasaba a las conclusiones a las que llegó el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía respecto a las patologías asociadas al servicio y su incidencia en la calificación de pérdida de capacidad laboral. En ese sentido, concluy ó que dichas patologías no alcanza ban el puntaje mínimo requerido para el reconocimiento del derecho pensional reclamado.
19. Así las cosas, la decisión adoptada no fue producto del desconocimiento de alguna prueba o de una valoración aislada de las mismas, sino el resultado de una ponderación razonada, en la que se extrajeron los elementos fácticos que se
19. Así las cosas, la decisión adoptada no fue producto del desconocimiento de alguna prueba o de una valoración aislada de las mismas, sino el resultado de una ponderación razonada, en la que se extrajeron los elementos fácticos que se estimaron necesarios y pertinentes para resolver el problema jurídico planteado.
20. Bajo ese escenario, no solo se hace evidente que las inconformidades planteadas en sede de tutela para sustentar los yerros endilgados a la providencia acusada también fueron planteadas en el proceso ordinario, sino que, además, tales reproches fueron abordad os por la autoridad accionada bajo un análisis que se enmarca dentro de los parámetros de la razonabilidad jurídica. Ello, en la medida que la autoridad judicial estudió en su integridad las pruebas aportadas y arribó a conclusiones fácticas iguales a las aquí señalados por el accionante respecto a las patologías, el porcentaje asignado a cada una y su origen; no obstante, su análisis jurídico de esos elementos de hecho lo llevaron a una conclusión jurídica diferente, situación que no determina la configuración del alegado defecto fáctico.
21. En las condiciones anotadas, resulta claro que el propósito d el accionante es prolongar una discusión en torno al derecho pensional reclamado, bajo simples discrepancias con la decisión adoptada por el juez natural, que no merecen censura alguna desde la óptica constitucional.
22. Por lo expuesto en precedencia , la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la demanda.
23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
alguna desde la óptica constitucional.
22. Por lo expuesto en precedencia , la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la demanda.
23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01260-00
Demandante: Wilfrido Vergara Contreras Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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