CE - Sentencia 11001031500020250128200

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250128200
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

Demandante: Danna Carolina Arenas Domínguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01282-00

Demandante: DANNA CAROLINA ARENAS DOMÍNGUEZ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO

SESENTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de reparación directa por muerte de patrullero de la Policía Nacional durante el servicio. Pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y morales. Defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Danna Carolina Arenas Domínguez , quien actúa en representación de su hija menor de edad 1 , mediante apoderado judicial, contra el

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Danna Carolina Arenas Domínguez , quien actúa en representación de su hija menor de edad 1 , mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de marzo de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como al principio de legalidad, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales igualdad, debido proceso, legalidad, desconocimiento del precedente judicial y acceso a la administración de justicia, vulnerados a la Señora DANNA CAROLINA ARENAS DOMINGUEZ, quien actúa únicamente en calidad de madre de la menor (…), hija de la Señora DANNA CAROLINA ARENAS DOMINGUEZ y del Extinto Patrullero YAMITH JOSE RADA MUÑOZ, quien en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía No. 1.082.894.739 de Santa Marta y falleciera el 27 de enero de 2018 a co nsecuencia de un artefacto explosivo cuando formaba para recibir instrucciones del servicio en la Estación de Policía Centro Histórico de la Policía Metropolitana de

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a co nsecuencia de un artefacto explosivo cuando formaba para recibir instrucciones del servicio en la Estación de Policía Centro Histórico de la Policía Metropolitana de

1 Desde el auto admisorio de la acción de tutela se anonimizó el nombre de la menor de edad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

Demandante: Danna Carolina Arenas Domínguez

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2 Barranquilla, por fallas del servicio y al ser sometido a un riesgo excepcional, mayor al que debían afrontar sus demás compañeros y que no estaba en el deber de soportar.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin efectos las Sentencias proferidas por el JUZGADO SESENTA Y SEIS (66) ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ-SECCIÓN TERCERA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERC ERA-SUBSECCIÓN A MAGISTRADA PONENTE DRA. BERTHA LUCIA CEBALLOS POSADA, de fechas 24 de mayo de 2021 y 13 de febrero de 2025, respectivamente, dentro del RADICADO 11001334306620200006100 (1), medio de control de reparación directa, demandante DANNA CAROLINA ARENAS DOMINGUEZ, demandado Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, que negaron el reconocimiento y pago del perjuicio material causado a la menor ARIANA SOFÍA RADA

de control de reparación directa, demandante DANNA CAROLINA ARENAS DOMINGUEZ, demandado Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, que negaron el reconocimiento y pago del perjuicio material causado a la menor ARIANA SOFÍA RADA ARENAS, LUCRO CESANTE Y LA INDEMNIZACION FUTURA, además en lo que tiene que ver la actualización de los Perjuicios morales para que se ajuste a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes año 2025 año de expedición de la Sentencia condenatoria ya que solo se condenó a pagar la suma de $ 90.852.600, cuando en realidad es $ 142.350.000.oo, conforme también a la evolución del Índice de Precios al Consumidor IPC.

TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponda conocer de esta Tutela o se ordene al JUZGADO SESENTA Y SEIS (66) ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -SECCIÓN TERCERA Y/O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERC ERA-SUBSECCIÓN A MAGISTRADA PONENTE DRA. BERTHA LUCIA CEBALLOS POSADA, se profiera una nueva Sentencia en derecho, respetando los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, legalidad, precedentes judiciales y acceso a la administración de justicia , vulnerados a la Demandante Señora DANNA CAROLINA ARENAS DOMINGUEZ, quien actúa en calidad de madre de la menor (…), nacida el 23 de marzo de 2016, hija de la Señora DANNA CAROLINA ARENAS DOMINGUEZ y del Extinto Patrullero YAMITH JOSE

actúa en calidad de madre de la menor (…), nacida el 23 de marzo de 2016, hija de la Señora DANNA CAROLINA ARENAS DOMINGUEZ y del Extinto Patrullero YAMITH JOSE RADA MUÑOZ quien falleciera el 27 de enero de 2018 a consecuencia de un artefacto explosivo cuando formaba para recibir instrucciones de l servicio en la Estación de Policía Centro Histórico de la Policía Metropolitana de Barranquilla, por fallas del servicio y al ser sometido a un riesgo excepcional, mayor al que debían afrontar sus demás compañeros y que no estaba en el deber de soportar, teniendo en cuenta que una cosa es el pago de Prestaciones Sociales o indemnización forfait derivada de una relación laboral (Pensión de Sobreviviente y compensación por muerte), y otra muy distinta el pago de una indemnización por perjuicios materiales de lucro cesante e indemnización futura, que legalmente se debe cancelar cuando el daño se presenta por fallas del servicio y al ser sometido a un riesgo excepcional, mayor al que debían afrontar sus demás compañeros, que no estaba obligado a soportar, lo cual se probó plenamente en las citadas Sentencias; de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1091 de 1995 Artículo 70 y Decreto 4433 de 2004 Artículos 23 y 27.1 y la abrumadora Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera citadas en esta Tutela, teniendo en cuenta además las pruebas que obran el plenario y las aquí citadas, para que en consecuencia se acceda favorablemente a las

Contencioso Administrativo Sección Tercera y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera citadas en esta Tutela, teniendo en cuenta además las pruebas que obran el plenario y las aquí citadas, para que en consecuencia se acceda favorablemente a las pretensiones de la Demanda y de la Tutela en cuanto al pago de los Perjuicios materiales causados de Lucro Cesante e Indemnización Futura y la actua lización de los perjuicios morales causados al IPC, a la menor (…), conforme también se solicitó en la Demanda.

CUARTO: Que para resolver el asunto, se tengan en cuenta las pruebas que obran el plenario y las aquí citadas, para que en consecuencia se acceda favorablemente a las pretensiones de la Tutela y la Demanda”.

2. Hechos

La accionante relató que el señor Yamith José Rada Muñoz, quien era patrullero de la Policía Nacional, falleció el 27 de enero de 2018, como consecuencia de un atentado perpetrado por el ELN dirigido a la Estación de Policía de San José del distrito de Barranquilla.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

Demandante: Danna Carolina Arenas Domínguez

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Afirmó que, en ejercicio del medio de control de reparación directa , presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por configurarse una falla en el servicio al no reforzar la seguridad en la Estación de Policía de San José , lo

demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por configurarse una falla en el servicio al no reforzar la seguridad en la Estación de Policía de San José , lo que conllevó que se perpetrara el atentado en el que murió el patrullero Yamith José Rada Muñoz . En consecuencia, pidió que se condenara al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante , “indemnización futura ” y perjuicios morales.

Sostuvo que el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá en fallo de 24 de mayo de 2021, dictado en el curso de la audiencia inicial, declaró administrativa y patrimonialmente responsab le a la parte demandada . Por consiguiente, la condenó al pago de los perjuicios morales ($90.852.600) en favor de la hija menor del señor Yamith José Rada Muñoz , así como los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y lucro cesante futuro.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 13 de febrero de 2025 la modificó en el sentido de que solo se condenaba a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por el perjuicio moral ($90.852.600), pues acogió la tesis jurisprudencial consistente en que “no se reconoce la indemnización por concepto de lucro cesante cuando se ha reconocido una indemnización administrativa, tal como pensión de sobrevivientes y el daño a reparar es la misma lesión que

jurisprudencial consistente en que “no se reconoce la indemnización por concepto de lucro cesante cuando se ha reconocido una indemnización administrativa, tal como pensión de sobrevivientes y el daño a reparar es la misma lesión que fundamenta la demanda: en este caso, la muerte del patrullero”.

3. Fundamentos de la acción

La actora mencionó que no estaba de acuerdo con la sentencia de 13 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” , toda vez que negó el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y lucro cesante futuro , por la incompatibilidad de estos con la indemnización administrativa que se le canceló y la pensión de sobrevivientes que se le reconoció.

Resaltó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia, pues el asunto goza de relevancia constitucional, toda vez que está de por medio el derecho fundamental al debido proceso. Igualmente, señaló que se agotaron los medios ordinarios de defensa, que la acción de tutela se present ó en un término razonable, que el hecho de que se le negaran el lucro cesante y lucro cesante futuro constituye una irregularidad procesal , que se identificaron adecuadamente los hechos generadores de la vulneración alegada y que no se reprocha una decisión proferida en el curso de otra acción de tutela.

La demandante precisó que “la tutela se presenta única y exclusivamente por cuanto a la demandante en las sentencias atacadas, no se le reconoció el pago del perjuicio material causado a la menor (…), lucro cesante y la indemnización futura,

La demandante precisó que “la tutela se presenta única y exclusivamente por cuanto a la demandante en las sentencias atacadas, no se le reconoció el pago del perjuicio material causado a la menor (…), lucro cesante y la indemnización futura, ni se le actualizó el monto del perjuicio moral con ipc”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

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Agregó que “entonces la vulneración de los derechos fundamentales aquí citados, se encamina hacer ver que la demandante si tiene derecho a que se le reconozcan y paguen los perjuicios materiales causados lucro cesante e indemnización futura; independientemente de que se le haya reconocido pensión de sobreviviente y compensación por muerte.”

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial , toda vez que se debió tener en cuenta los diferentes pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado relacionados con la compatibilidad de la indemnización a forfait y la indemnización por ser sometido a un riesgo excepcional o a una falla en el servicio, para lo cual invocó las siguientes decisiones:

  • “Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, en Sentencia del 7 de febrero de 1995 (expediente S-247)”. • “Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de fecha 8 de noviembre de 2007 (expediente 16.352)”.

Sentencia del 7 de febrero de 1995 (expediente S-247)”. • “Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de fecha 8 de noviembre de 2007 (expediente 16.352)”. • Sentencia de unificación de 22 de abril de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (radicado No. 15001-23-31-000-2000-03838-01). • “Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, en Sentencia de trece (13) de mayo de dos mil quince (2015)”. • Sentencia de 25 de febrero de 2016 proferid a por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 52001-23-31-000-1998-00565-01. • Sentencia de 24 de mayo de 2017 de la Sección Tercera , Subsección “A” del Consejo de Estado, radicado No. 27001-23-31-000-2011-00025-01. • “Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C, Consejero ponente: Doctor NICOLÁS YEPES CORRALES en Sentencia del 1º de junio de 2020”. • Sentencia de 28 de abril de 2021 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, dictada dentro del expediente No. 05002-23-31-000-2003-04352-01. • Sentencia de 5 de marzo de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado No. 54001-23-33-000-201300214-01.

  • Sentencia de 5 de marzo de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado No. 54001-23-33-000-201300214-01.

Adicionalmente, mencionó que el Tribunal accionado desconoció su propio precedente judicial, pues en los pronunciamientos de 17 de mayo de 2017 (radicado No. 11001 -33-36-035-2014-00402-01) y de 1 de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo de Cundina marca, Sección Tercera, Subsección “C” (radicado No. 11001-33-43-062-2020-00003-01), se indicó que era procedente solicitar el reconocimiento y pago del daño antijurídico a pesar de que se hubiese pagado una indemnización a forfait, por no ser excluyente. Igualmente, invocó la sentencia de 11 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” (radicado No. 11001-33-36-037-2019-00224-01).

Asimismo, señaló que el Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia de 1 de junio de 2023 y el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal en decisión de 22 de octubre de 2020, reconocieron el perjuicio material en laRadicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

Demandante: Danna Carolina Arenas Domínguez

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Demandante: Danna Carolina Arenas Domínguez

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5 modalidad de lucro cesante, en un caso en el que se había pagado una indemnización a forfait.

Por último, manifestó que en la sentencia objetada se incurrió en defecto fáctico, porque el Tribunal accionado negó a la demandante el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y lucro cesante futuro , por el hecho de que se le reconoció parte de la pensión de sobrevivientes y se le pago una indemnización administrativa, por lo que desconoció que la indemnización reclamada en la demanda de reparación directa fue por la muerte de su padre, el señor Yamith José Rada Muñoz, por un atentado con artefacto explosivo, “por fallas del servicio y al ser sometido a un riesgo excepcional, mayor al que debían afrontar sus demás compañeros, que no tenía porque soportar, tal como se probó en las Sentencias aquí cuestionadas”.

4. Trámite procesal

Por auto de 11 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador requirió a la señora Danna Carolina Arenas Domínguez , quien manifestó que actúa en nombre de su hija, para que aportara el documento que le acreditara como su representante legal.

Una vez se cumplió con el requerimiento, en auto de 21 de marzo de 202 5 se admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales

Una vez se cumplió con el requerimiento, en auto de 21 de marzo de 202 5 se admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales accionadas. Asimismo, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 36973 a 36978 de 26 de marzo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de l Tribunal Adminis trativo de Cundinamarca, Sección tercera, Subsección “A”

La magistrada ponente de la sentencia objeta da informó que el debate planteado por la accionante es de naturaleza legal y económica, por lo que considera que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que no se configuró el defecto fáctico, pues la existencia de una pensión de sobrevivientes ya reparaba el daño reclamado, por lo que se procuró evitar una doble indemnización, para lo cual realizó un análisis completo de los hechos y las pruebas que conforman el expediente ordinario.

5.2. Respuesta de l Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá

El juez titular del despacho manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional , en tanto que la demandante pretende convertirla en una tercera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

Demandante: Danna Carolina Arenas Domínguez

requisito de relevancia constitucional , en tanto que la demandante pretende convertirla en una tercera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

Demandante: Danna Carolina Arenas Domínguez

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6 Indicó que no se configura un defecto material por no valoración adecuada de las pruebas, toda vez que se analizaron los documentos allegados y que, en consecuencia, se demostró el daño invocado por la parte actora.

Finalmente, solicitó que se desvinculara al juzgado accionado de la acción de tutela.

5.3. Respuesta de la Policía Nacional

En un primer escrito, la asesora del Área Jurídica pidió que no se concedieran las pretensiones de la acción de tutela por resultar improcedentes, además que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

Afirmó que cumplió con su obligación legal al reconocer y otorgar a la demandante una pensión de sobrevivientes y una compensación por muerte, de modo tal que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que la indemnización administrativa otorgada a miembros de la fuerza pública constituye una forma de reparación especial derivada del vínculo laboral y destinada a cubrir los riesgos propios del servicio. Por consiguiente, se estableció que cuando la causa jurídica de la reparación es la misma, como ocurre en este caso, no procede la acumulación de indemnizaciones, toda vez que ello generaría un enriquecimiento sin justa

propios del servicio. Por consiguiente, se estableció que cuando la causa jurídica de la reparación es la misma, como ocurre en este caso, no procede la acumulación de indemnizaciones, toda vez que ello generaría un enriquecimiento sin justa causa, contrariando el principio de reparación integral.

Por último, mencionó que la demandante no demostró la configuración de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo , más aún cuando lo reprochado por la accionante ya fue motivo de estudio a través de otros mecanismos.

En un segundo escrito, el apoderado de la Policía Nacional informó que las decisiones objetadas se expidieron con plena observancia y en cumplimiento a lo dispuesto en el marco constitucional, legal y reglamentario.

Agregó que las autoridades judiciales accionadas procedieron en cumplimiento al mandato constitucional, legal y reglamentario de forma diligente y oportuna, siendo garantes de los derechos a los que se tiene acceso en todo proceso judicial sin que se configure alguna responsabilidad sobre los fallos objetados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

El Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó que se desvinculara de la acción de tutela, al considerar que no vulneró los derechos

de estudio.

2. Cuestión preliminar

El Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó que se desvinculara de la acción de tutela, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales de la demandante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

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7 Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 2 , la Sala negará a la solicitud de desvinculación de la referida autoridad judicial, porque ostenta interés directo en el asunto, pues fue quien profirió la sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa que adelantó la accionante.

3. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

En el escrito de tutela la accionante reprocha las sentencias de 13 de febrero de 2025 y de 24 de mayo de 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Sesenta y Seis

2025 y de 24 de mayo de 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, en su orden; sin embargo, los cargos que se plantean se circunscriben a lo resuelto por el ad quem, razón por la cual el estudio se limitará a la decisión de segunda instancia que puso fin al proceso.

Igualmente, se observa que en la demanda se invocan los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, pero al verificar los fundamentos se observan que los argumentos propuestos en el fáctico son similares a los desarrollados en el desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual se estudiarán conjuntamente bajo la caracterización de este último.

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de legalidad de la demandante.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención

constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,

2

Sentencia T-005 de 2022.

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01282-00

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8 cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los

esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la Constitución 15 .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el

6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 12

decisión.

11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 13 Que implica el incumplimiento de los servidores judic

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