CE - Sentencia 11001031500020250128900

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250128900
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL

REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA

PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON

OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL Y

A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada po r la actora contra

la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1.

1 En adelante la Sección Segunda.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora GLORIA PATRICIA TIGREROS , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA al proferir la sentencia de 23 de octubre de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-2018-01020-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que laboró como docente al servicio de l Municipio de Palmira (Valle del Cauca) para cubrir una licencia por treinta días desde el 7 de enero de 1979 y, asimismo, una por sesenta días desde el 17 de enero de 1994, en el Departamento del Valle del Cauca.

Indicó que, posteriormente, fue vinculada como docente de tiempo3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

completo al servicio del Departamento del Valle del Cauca desde el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

completo al servicio del Departamento del Valle del Cauca desde el 17 de enero de 1994, cargo que desempeñaba hasta al momento de presentar la acción de tutela de la referencia.

Afirmó que en octubre de 2013 2, se causó su derecho a la pensión gracia al haber laborado como docente territorial o nacionalizada por más de 20 años en la Institución Educativa Marco Fidel Su árez, al servicio del Departamento del Valle del Cauca.

Sostuvo que por lo anterior, el 9 de junio de 2011, solicitó el reconocimiento y pago de su pensión gracia y que mediante la Resolución núm. UGM 023226 de 29 de diciembre de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social EICE -CAJANAL-, le denegó la misma porque, a su juicio de la entidad, no cumplió con los requisitos para ello.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES -UGPP-3, antes CAJANAL, con el fin de que se

2 La actora no especificó el día. 3 En adelante la UGPP.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

declarara la nulidad de la Resolución núm. UGM 023226 de 29 de diciembre de 2011 y se le reconociera y ordenara el pago de la pensión gracia, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados.

Advirtió que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 76001-23-33-000-2018-01020-01 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA4 que, en sentencia de 31 de marzo de 202 2, denegó las pretensiones de la demanda.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación ante l a SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 23 de octubre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Resaltó que la presente acción de tutela cumple con todos los requisitos generales para su procedencia y que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales pues no atendió el precedente judicial vertical y no tuvo en cuenta el régimen

4 En adelante el Tribunal.5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

prestacional en el que se encontraba para acceder a su pensión gracia establecido en la leyes 114 de 4 de diciembre de 1913 5; 116 de 22 de noviembre de 19286; 37 de 21 de noviembre de 19337, 43 de 1o. de diciembre de 19758 y 91 de 29 de diciembre de 19899.

Precisó que la Ley 114 de 1913 estableció la pensión gracia como un reconocimiento al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias, para lo cual debía cumplir con los requisitos de 20 años de servicio en establecimiento educativos oficiales del orden territorial y cumpliera 50 años, los cuales se extendieron por medio de las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, a los maestros de secundaria, normalista e inspectores de instrucción pública, análisis que, en su sentir, omitió la SECCIÓN SEGUNDA.

Indicó que conforme a l a Ley 91 de 1989, el personal docente nacional y naci onalizado que se vincularan con posterioridad al 1o. de enero de 1990 para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrían su régimen prestacional establecido en cada entidad territorial y los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980

5 “Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”. 6 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.

entidad territorial y los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980

5 “Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”. 6 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”. 7 “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados”. 8 “Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”. 9 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que por mandato de las leyes 114 de 1913; 116 de 1928 10 y 37 de 1933, se les reconocería la pensión gracia si cumpl ían con los requisitos de Ley para ello . Asimismo, para los docentes vinculados a partir del 1o. de enero de 1987, nacionales y nacionalizados y para aquellos que se nombraran a partir del 1o. de enero de 1990, solo se les reconocería la pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Advirtió que conforme a lo anterior, a su juicio, la autoridad judicial accionada desconoció que los docentes vinculados con anterioridad

les reconocería la pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Advirtió que conforme a lo anterior, a su juicio, la autoridad judicial accionada desconoció que los docentes vinculados con anterioridad al 30 de diciembre de 1980 continuarían cobijados bajo el régimen prestacional de la Ley 114 de 1993 y demás normas, por lo que debía abstenerse de dar aplicación al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues ingresó a la carrera como decente territorial el 27 de febrero de 1979.

Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución, comoquiera que “[…] desconoce una norma (artículo 1 de la ley 114 de 1.913, la Ley 116 de 1928, la Ley 37 de 1933, la Ley 43 de 1.975 y la Ley 91 de 1.989 y demás normas que las hubieren modificado ) o centra su argumento en una que resulta abiertamente

10 “Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927”.7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

inaplicable, bien sea porque: 1) la norma perdió vigencia ; i i) es inconstitucional; ii i) el contenido de la disposición no tiene conexidad

www.consejodeestado.gov.co

inaplicable, bien sea porque: 1) la norma perdió vigencia ; i i) es inconstitucional; ii i) el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso (las resoluciones 03695 del 28 de julio de 1.993 y 04271 del 30 de agosto de 1.993) ; iv) excede la autonomía interpretativa del juez , ya sea por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o por ser su interpretación contraria a la Constitución Política; v) es insuficiente la sustentación o justificación de la providenci a y se afecta con ello derechos fundamentales ; y v1) desconoce el precedente judicial sin presentar un mínimo razonable de argumentación […]”.

Finalmente, trajo a colación la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicado 25000-23-42-000-2013-04683-0111.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo siguiente:

“[…] De Las Pretensiones

Primera. - Se me ampare, mis derechos fundamentales al debido proceso, mi derecho al mínimo vital, derecho a la integridad de la

11 M.P. Carmelo Perdomo Cueter.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

seguridad social en lo pensional, derecho a la igualdad de tratamiento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

seguridad social en lo pensional, derecho a la igualdad de tratamiento ante la ley, el acceso a la administración de justicia, y demás connotaciones referidas en el artículo 53 superior.

Segunda. - Se declare sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado , el día 23 de octubre de 2.024, notificada el 12 de diciembre de 2.024 al suscrito vía correo electrónico, dentro del proceso ordinario de medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, identificado con el radicado 76001-23-33-002-2018-01020-01.

Tercera - Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sección Segunda - Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, emitir una nueva sentencia que incluya dentro de su motivación la garantía efectiva de aplicarme EN SU INTEGRIDAD el régimen prestacional y pensional establecido en la Ley 114 de 1.913, en los artículos 6 y 3 de las leyes 116 de 1.928 y 37 de 1.933, resp ectivamente, y demás normas que lo modifique y adicionen, tal como lo instituyo la ley 43 de 1.975 y el artículo 15 de la ley 91 de 1.989, lo dispuesto en la sentencia C -489 de 2000 de la Corte Constitucional, la Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2 014-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, en

de 2000 de la Corte Constitucional, la Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2 014-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 Radicado 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014), en la sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018 -2017), la s entencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 - 03-15-000-2019-02219-01 (AC) del Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Cuarta. - Se dé aplicación al reiterado precedente judicial fijado por el Honorable Consejo de Estado en caso supuestos de hecho y de derecho similares al reclamado por la aquí accionante; y en caso de que la Sección Segunda - Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se aparte de él, exponga en la parte motiva de la sentencia la relación de motivos y razones que lo llevan a no aplicar las decisiones judiciales ya tomadas con anterioridad por los jueces de igual y de su perior jerarquía.

Quinta. - Que la Sección Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado , al momento de resolver nuevamente el recurso de apelación, efectué adecuadamente la verificación objetiva en los argumentos expuesto, a luz de las normas constitucionales, principalmente el artículo 13 y

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado , al momento de resolver nuevamente el recurso de apelación, efectué adecuadamente la verificación objetiva en los argumentos expuesto, a luz de las normas constitucionales, principalmente el artículo 13 y 53 superiores y tratados internacionales debidamente ratificados, cuya motivación se suplica, quedé incluida en la providencia […]”.9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UGPP manifestó que la presente solicitud de amparo es improcedente porque lo que pretende la actora es sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa, la cual determinó que la actora no cumplió con los requisitos de Ley para ser beneficiaria de la pensión gracia.

Sostuvo que la decisión de la providencia controvertida se basó en la normativa que rige la pensión gracia y en el material probatorio derivado de las certificaciones laborales para negar dicha prestación, pues su vinculación fue de orden nacional.

Adujo que la SECCIÓN SEGUNDA no desconoció las normas de rango legal aplicables al caso para efectos de negar el reconocimiento de la pensión gracia ni los aplic ó indebidamente o le dio una interpretación errada, comoquiera que la decisión se fundamentó en los preceptos legales relacionados con el tema y la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

interpretación errada, comoquiera que la decisión se fundamentó en los preceptos legales relacionados con el tema y la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Indicó que no existió un desconocimiento del precedente por cuanto tuvo en cuenta la posición normativa fue aplicada, entre otras, la10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] sentencia de 1o. de octubre de 2009, expediente 0423 -2008 […]”.

Advirtió que tanto ella como la SECCIÓN SEGUNDA, han actuado conforme a la normativa que regula la pensión gracia, por lo que el objeto de la acción de tutela ya fue analizado y fallado por el juez natural de la causa a través del control de legalidad que le hizo al acto administrativo que denegó el reconocimiento de la misma.

Resaltó que de accederse a las pretensiones de la demanda se causaría un grave perjuicio a las arcas del Estado, pues los dineros de los cuales se pagan las pensiones administradas por la nómina de pensionados de la entidad no son limitados , afectando la sostenibilidad financiera del sistema que debe ser garantizada.

Afirmó que no se le vulneró ningún derecho fundamental a la actora por cuanto la sentencia censurada se encuentra ajustada a derecho y no existe un perjuicio irremediable, comoquiera que la ella se encuentra pensionada por la FIDUPREVISORA S.A., como se observa

por cuanto la sentencia censurada se encuentra ajustada a derecho y no existe un perjuicio irremediable, comoquiera que la ella se encuentra pensionada por la FIDUPREVISORA S.A., como se observa en el Registro Único de Afiliados -RUAF-.

Finalmente, puso de presente que la acción de tutela no procede para11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

el reconocimiento o reliquidación de prestaciones económicas, máxime si se cuenta con otros mecanismos de defensa como lo es el recurso extraordinario de revisión.

I.5.2.- La SECCIÓN SEGUNDA y el TRIBUNAL, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 201212

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 201212

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acc ión de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos

la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si

momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.15

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 23 de octubre de 2024, proferida

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 23 de octubre de 2024, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-2018-01020-01.

La controversia tiene origen en un proceso ordinario promovido por la actora contra la UGPP, en el cual se le denegó el reconocimiento de la pensión gracia de docentes.

A la citada providencia la accionante le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un en los defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución.

El disenso de la actora radica en que se le debe reconocer la pensión gracia, toda vez que los tiempos que laboró como docente son de carácter territorial en virtud de la vinculación a la Institución Educativa Marco Fidel Su árez, pese a que se tome su servicio de categoría nacional pues dicha Institución depende del Departamento

carácter territorial en virtud de la vinculación a la Institución Educativa Marco Fidel Su árez, pese a que se tome su servicio de categoría nacional pues dicha Institución depende del Departamento del Valle del Cauca , máxime si los docentes vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 , pueden acceder a la pensión sin ser necesario que el vínculo estuviera vigente a esa fecha, pues ingresó a la docencia el 7 de enero de 1979.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos fundamentales alegados e incurrió en el defecto defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01289-00

Actora: GLORIA PATRICIA TIGREROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 ant

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...