CE - Sentencia 11001031500020250138500

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250138500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01385-00

Accionantes: ELECTRO HIDRÁULICA S.A. REPRESENTACIONES Y

OTRAS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN B Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Las sociedades Electro Hidráulica S.A. Representaciones, Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A. En Reorganización, Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A., JHM Consultoría S.A.S. y Conhydra S.A. E.S.P., actuando a través de apoderado, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron

de apoderado, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 17 de junio y 11 de septiembre de 2024, proferidas dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 47001-23-31-0001998-06404-00/01 y acumulado número 47001-23-31-000-199806426-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que motivan el ejercicio de esta acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que las sociedades Electrohidráulica Ltda, Incoequipos SA, Arquitectos e Ingenieros Asociados SA, Estudios Técnicos SA, JHM Consultoría Ltda y Conhydra EPS promovieron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

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Accionantes: Electro Hidráulica S.A. Representaciones y otras

número. 15001-23-33-000-2014-00223-01 y acumulado número. 47001-23-31-0001998-06426-00 contra el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, para que se declarara la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal.

2.2. Indicaron que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Magdalena, autoridad judicial que, mediante providencia de 27 de abril de 2022, denegó las súplicas de la demanda.

2.2. Indicaron que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Magdalena, autoridad judicial que, mediante providencia de 27 de abril de 2022, denegó las súplicas de la demanda.

2.3. Refirieron que contra la decisión se interpuso recurso de apelación y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 17 de junio de 2024, se inhibió de emitir decisión de fondo en relación con las pretensiones del expediente núm. 47001-23-31-000-1998-06404-01 y negó las pretensiones de la demanda promovidas en el expediente 47001-23-31-000-1998-06426-00.

2.4. Adujeron que presentaron solicitud de aclaración y adición de la sentencia y que mediante providencia de 11 de septiembre de 2024 fue negada dicha solicitud.

2.5. Afirmaron que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en dos defectos fácticos.

2.6. Por una parte, se indicó que se incurrió en el defecto fáctico por declarar la ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse para fallar las pretensiones de la demanda núm. 47001-23-31-000-1998-06404-01. Al respecto se indicó:

“[…] Se configuró un defecto fáctico por la omisión y/o indebido análisis del expediente del proceso, respecto a la existencia de medios probatorios que demuestran que “la demanda fue presentada con posterioridad a la suscripción del contrato estatal de concesión número 001 de 26 de agosto de 1998, por lo

expediente del proceso, respecto a la existencia de medios probatorios que demuestran que “la demanda fue presentada con posterioridad a la suscripción del contrato estatal de concesión número 001 de 26 de agosto de 1998, por lo cual la nulidad de los actos previos solo podía reclamarse como fundamento de la nulidad del contrato, lo cual no hicieron los demandantes en dicho proceso, quienes no cuestionaron la legalidad del negocio jurídico”.

[…]

Lo cual, para el caso concreto, se ve representado en la decisión (Sentencia del 17 de junio de 2024) de estimar que “la demanda fue presentada con posterioridad a la suscripción del contrato estatal de concesión número 001 de 26 de agosto de 1998, por lo cual la nulidad de los actos previos solo podía reclamarse como fundamento de la nulidad del contrato, lo cual no hicieron los demandantes en dicho proceso, quienes no cuestionaron la legalidad del negocio jurídico”. (subrayas y negrillas por fuera del texto).

[…]

La decisión del CONSEJO DE ESTADO de considerar QUE LA DEMANDA SE

PRESENTÓ FUERA DE TERMINO PARA LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SIN MATERIAL PROBATORIO QUE CERTIFICARA LA PUBLICACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO, representa una preocupante vulneración de los derechos fundamentales del accionante, en3

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particular el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. […]”.

2.7. Adicionalmente, también se señaló que se invirtió injustificadamente la carga de

particular el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. […]”.

2.7. Adicionalmente, también se señaló que se invirtió injustificadamente la carga de la prueba favoreciendo a una de la parte demandada y en detrimento de las pretensiones de la Unión Temporal ACNEDI.

III. PRETENSIONES

3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de los accionantes dentro del proceso referenciado.

SEGUNDA: DECLARAR que el CONSEJO DE ESTADO incurrió en un defecto fáctico y que, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso dentro del proceso 47001-2331-000-199806404-01 (69.127) 47001-23-31-000-1998-06426-00

(ACUMULADO).

TERCERA: REVOCAR la Sentencia fechada 17 de junio de 2024, proferida al interior del proceso identificado 47001-23-31-000-1998-06404-01 (69.127) 47001-23-31-0001998-06426-00 (ACUMULADO).

Y, en consecuencia,

CUARTA: ORDENAR a la SALA DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3ERA, SUBSECCIÓN B, CONSEJO DE ESTADO, PROFERIR una nueva sentencia de segunda instancia, en el término improrrogable de treinta (30) días, en la que valore los medios probatorios expuestos en la presente Acción de Tutela a la luz de los argumentos expuestos, y llegue como mínimo a la conclusión de un fallo en abstracto.

(30) días, en la que valore los medios probatorios expuestos en la presente Acción de Tutela a la luz de los argumentos expuestos, y llegue como mínimo a la conclusión de un fallo en abstracto.

QUINTA: ADOPTAR cualquier otra medida adicional que CONSIDERE

EFECTIVA. […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de tercero s con interés directo en el resultado del proceso al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a Estudios Técnicos S.A., a Diseño y Construcciones Civiles Ltda., a DICONCI Ltda., a Necso Entrecanales y Cubiertas S.A., a Grupo Acciona S.A., a Selfinver Banca de Inversión Ltda., a Corfipacíf ico S.A., a Conalvías S.A., a Constructora Global S.A., a Conciviles S.A., a

Agremezclas S.A., a los señores Norberto Garcés Alarcón, Óscar Sánchez Velásquez, Agustín Calderón Serrada, Miguel Montes Swanson, Magdalena Barón de Martínez, Mario Estrada Salas y al Tribunal Administrativo del Magdalena.4

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V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada s las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos

vinculados, se allegaron los siguientes informes:

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada s las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos

vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que la acción de tutela resulta improcedente porque la parte accionante “[…] pretende injustificada e indebidamente revivir un debate procesal ya concluido como si tratara de una tercera instancia, sin perjuicio de lo cual debe advertirse que la sentencia materia ahora de examen se encuentra debida y puntualmente soportada en los elementos facticos y jurídicos aplicables al caso sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de la autonomía funcional de la sala de decisión que la profirió, para cuya constatación basta una lectura desprevenida de la providencia […]”.

5.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó su desvinculación en razón a que la acción de tutela no se dirigió contra esa autoridad judicial.

5.3. El Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó la desvinculación por “[…]no ser la persona jurídica responsable de la presunta vulneración del Derecho Fundamental invocado por la parte accionante […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.

tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.5

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83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.5

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desvinculación procesal presentadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20066, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta fue parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento y el Tribunal Administrativo del Magdalena fue la autoridad judicial que conoció el proceso en primera instancia, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se

deberá determinar:

b) Si las providencias aquí enjuiciada s vulneraron los derechos fundamentales invocados por los accionantes, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico.

6 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.6

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11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias

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11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 8 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.

legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.7

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16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y

parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.4.1. El caso concreto

19. Las sociedades Electro Hidráulica S.A. Representaciones, Incoequipos

Ingeniería Construcción y Equipos S.A. En Reorganización, Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A., JHM Consultoría S.A.S. y Conhydra S.A. E.S.P., actuando a través de apoderado, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al ac ceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 17 de junio y 11 de septiembre de 2024, proferidas dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 47001-23-31-0001998-06404-00/01 y acumulado número 47001-23-31-000-1998-06426-00.

20. Se precisa que en la decisión cuestionada se declaró la ineptitud sustantiva de la demanda “[…] en relación con las pretensiones del expediente 47001-23-31-00047001-23-31-000-1998-06426-00.

20. Se precisa que en la decisión cuestionada se declaró la ineptitud sustantiva de la demanda “[…] en relación con las pretensiones del expediente 47001-23-31-0001998-06404-01 y, en consecuencia, inhíbese de resolverlas de fondo […]”, en razón a que “[…] fue promovida en forma posterior a la suscripción del contrato, el cual se firmó el 26 de agosto de 2008 (fl. 750 cdno. 4), por lo cual, […], la validez de los actos previos solo podía reclamarse con fundamento en la nulidad absoluta del contrato […]”.

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01385-00

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21. Adicionalmente, también se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad 47001-23-31-000-1998-06426-00, promovida por la Unión Temporal ACNEDI.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos

47001-23-31-000-1998-06426-00, promovida por la Unión Temporal ACNEDI.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional y subsidiariedad.

VI.4.2. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de subsidiariedad

23. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.

24. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo l as circunstancias en que se encuentra el solicitante.

[…]

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

[Negrilla original del texto]

cuanto a su eficacia, atendiendo l as circunstancias en que se encuentra el solicitante.

[…]

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

[Negrilla original del texto]

25. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza11), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

26. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de

la acción de tutela, en los siguientes términos:

11 Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.9

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“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos judiciales […]”12.

27. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”13.

28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”13.

28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

30. Descendiendo al caso objeto de estudio, la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales por dictar un fallo inhibitorio frente las pretensiones de la demanda núm. 47001-23-31-000-199806404-01.

12 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente

número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01385-00

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31. Al respecto se sostuvo:

“[…] Se configuró un defecto fáctico por la omisión y/o indebido análisis del expediente del proceso, respecto a la existencia de medios probatorios que demuestran que “la demanda fue presentada con posterioridad a la suscripción del contrato estatal de concesión número 001 de 26 de agosto de 1998, por lo cual la nulidad de los actos previos solo podía reclamarse como fundamento de la nulidad del contrato, lo cual no hicieron los demandantes en dicho proceso, quienes no cuestionaron la legalidad del negocio jurídico”.

[…]

Lo cual, para el caso concreto, se ve representado en la decisión (Sentencia del 17 de junio de 2024) de estimar que “la demanda fue presentada con posterioridad a la suscripción del contrato estatal de concesión número 001 de 26 de agosto de 1998, por lo cual la nulidad de los actos previos solo podía reclamarse como fundamento de la nulidad del contrato, lo cual no hicieron los demandantes en dicho proceso, quienes no cuestionaron la legalidad del negocio jurídico”. (subrayas y negrillas por fuera del texto).

[…]

La decisión del CONSEJO DE ESTADO de considerar QUE LA DEMANDA SE

PRESENTÓ FUERA DE TERMINO PARA LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SIN MATERIAL PROBATORIO QUE

CERTIFICARA LA PUBLICACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO, representa

PRESENTÓ FUERA DE TERMINO PARA LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SIN MATERIAL PROBATORIO QUE CERTIFICARA LA PUBLICACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO, representa una preocupa

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