CE - Sentencia 11001031500020250143800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250143800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01438-00 Demandante: JUAN CARLOS ÁNGEL CÁCERES BAYONA Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A Temas: Mora judicial. Carencia actual de objeto por hecho superado. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991. I. ANTECEDENTES 1.1. La petición de amparo Mediante escrito radicado el 12 de marzo de 2025 a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, el señor Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso pronto y efectivo a la administración de justicia. Estimó quebrantadas tales garantías constitucionales por la demora incurrida en el trámite del expediente 25000-23-41-000-2021-00779-00, correspondiente al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos promovido por la Procuraduría General de la Nación contra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otros. Lo anterior, comoquiera que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en
correspondiente al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos promovido por la Procuraduría General de la Nación contra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otros. Lo anterior, comoquiera que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el auto del 28 de septiembre de 2023, en el que se dispuso levantar las medidas cautelares de urgencia que habían sido decretadas a través de proveído del 13 de septiembre de 2021. En concreto, solicitó a esta corporación:Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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Primera: Que se declare la existencia de mora judicial en el trámite del proceso de la referencia. Segunda: Que se declare la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29, Constitución) y al acceso al acceso pronto y efectivo a la administración de justicia (artículo 229, Constitución). Tercera: Que se ordene a la Magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno y a la Secretaría de la Sección Primera -Subsección A – del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se dé inmediato cumplimiento a lo ordenado por la citada funcionaria en el ordinal segundo del Auto de 28 de septiembre de 2023, en el sentido de remitir los oficios pertinentes a la Fiduciaria de Bogotá, con el propósito que se liberen y desembarguen los recursos asociados al Contrato de Aporte No.872 de 2019. 1 1.2. Hechos La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto: Mencionó que el 8 de septiembre de 2021, la Procuraduría General de la Nación presentó demanda encaminada a la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y al acceso al servicio público esencial de internet, que consideró vulnerados con ocasión de las «acciones y omisiones presentadas dentro del proceso de licitación No. LP-038 de 2020 y la celebración y ejecución del Contrato Fondo No. 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 – UT». Refirió que al proceso le correspondió el radicado 25000-23-41-000-2021-00779-00 y, mediante auto del 13 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda
– UT». Refirió que al proceso le correspondió el radicado 25000-23-41-000-2021-00779-00 y, mediante auto del 13 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y decretó una serie de medidas cautelares de urgencia solicitadas por el Ministerio Público. Destacó que entre ellas se encontraba el embargo de los recursos asociados al Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-91958 suscrito entre la Fiduciaria Bogotá S.A. y los miembros de la Unión Temporal Conexión Caribe, así como aquellos relacionados con el Contrato de Aporte No. 872 de 2019. No obstante, afirmó que la autoridad judicial, atendiendo los lineamientos señalados en la sentencia proferida el 27 de julio de 2023 por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 25000-23-41-000-2017-00083-02, promovido por la Procuraduría General de la Nación contra la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y otros, emitió el auto del 28 de septiembre de 2023 en el que ordenó la terminación del proceso. Lo anterior, en atención a que se estaban adelantando, de forma paralela, cuatro medios de control de controversias contractuales ejercidos por el representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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que también tenían como causa el Contrato de Aporte No. 1043 de 2020. Recalcó que en el ordinal segundo de la providencia del 23 de septiembre de 2023, se dispuso levantar las medidas cautelares de urgencia que habían sido decretadas inicialmente. Aseguró que, hasta la fecha de interposición de la acción de tutela, no se había ejecutado dicha orden, pese a que ya había transcurrido más de un año desde su emisión. 1.3. Sustento de la vulneración A juicio de la parte actora, la demora en que ha incurrido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en levantar las medidas cautelares de urgencia, desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso pronto y efectivo a la administración de justicia. Refirió que ante el incumplimiento de lo dispuesto en el auto del 23 de septiembre de 2023, su apoderado radicó escritos el 12 de noviembre y 16 de diciembre de 2024, en los que solicitó que se acatara lo ordenado en la referida providencia y pidió que se remitieran los oficios pertinentes a la Fiduciaria Bogotá S.A., para que se liberaran y desembargaran los recursos asociados al Contrato de Aporte No. 872 de 2019. Añadió que el apoderado del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también procedió en el mismo sentido mediante memoriales del 29 de abril, 14 de junio y 11 de octubre de 2024 y 27 de febrero de 2025. Precisó que aunque no hizo parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, fue vinculado como sujeto procesal en el medio de control y ha sido afectado gravemente con ocasión del embargo que se decretó en su contra, pese a que el trámite judicial ya terminó. Alegó que ni el despacho ponente ni la Secretaría de la Sección Primera
de Colombia 2020, fue vinculado como sujeto procesal en el medio de control y ha sido afectado gravemente con ocasión del embargo que se decretó en su contra, pese a que el trámite judicial ya terminó. Alegó que ni el despacho ponente ni la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca han emitido algún pronunciamiento sobre el oficio requerido para el levantamiento de las medidas cautelares, lo que supone un estado de inactividad por un lapso superior a 17 meses que vulnera los principios de celeridad y eficiencia que deben garantizar a la administración de justicia. 1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones Mediante auto de 19 de marzo de 2025 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en calidad de demandados. Así mismo, se ordenó comunicar como terceros interesados a la Procuraduría General de la Nación, a la Nación, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la UT Centros Poblados de Colombia 2020Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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y sus miembros [1) Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e innovación, 2) ICM Ingenieros S.A.S., 3) INTEC de la Costa S.A.S.; y 4) Omega Buildings Constructora S.A.S], Sescolombia S.A.S., BBVA Asset Managment S.A., Sociedad Fiduciaria, Itaú Corpbanca Colombia S.A., Consorcio PE2020 C Digitales, Telemediciones S.A.S., PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol S.A. Sucursal Colombia y demás intervinientes dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 25000-23-41-000-2021-00779-00, para que dentro del término de tres (3) días contado a partir de la fecha de recibo de la correspondiente comunicación, manifiesten lo que consideren pertinente frente al mismo. Para efecto de lo anterior, se ordenó a la Secretaría General de esta corporación y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que publicaran en su página web la existencia de esta acción de tutela. Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.4.1. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional al considerar que no eran las causantes de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora. Con todo, pidieron que se ordenara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que, a través de su secretaría, diera trámite efectivo al levantamiento de las medidas cautelares de urgencia inicialmente decretadas, debido a que ya se había declarado la terminación del proceso bajo controversia. 1.4.2. Procuraduría General de la Nación Aseguró que el Ministerio Público no ha
diera trámite efectivo al levantamiento de las medidas cautelares de urgencia inicialmente decretadas, debido a que ya se había declarado la terminación del proceso bajo controversia. 1.4.2. Procuraduría General de la Nación Aseguró que el Ministerio Público no ha desconocido las garantías constitucionales del demandante, ya que al interior del medio de control con radicado 25000-23-41-000-2021-00779-00 actuó de conformidad con las facultades definidas por el artículo 277 de la Constitución Política. Refirió que, en desarrollo de ese precepto superior, la Procuraduría General de la Nación puede interponer las acciones judiciales que considere necesarias para proteger los derechos fundamentales o el interés público, razón por la cual promovió una acción popular con el fin de salvaguardar la moralidad administrativa, el erario y el acceso a los servicios públicos. Lo anterior, en el marco de su función de prevención, con la cual buscaba anticipar y evitar la ocurrencia de hechos que afectaran las garantías de las personas mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública.Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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Por tal motivo, aseguró que la presente solicitud de amparo constitucional se torna improcedente, ya que no existe alguna acción u omisión de la cual se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados. 1.4.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A La magistrada ponente del auto del 28 de septiembre de 2023, en el cual se declaró la terminación del medio de control de los derechos e intereses colectivos con radicado 25000-23-41-000-2021-00779-00, pidió que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado o, en su defecto, se deniegue la protección requerida. Informó que el accionante, aunque no lo mencionó en su escrito de tutela, es socio de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 que fue demandada en el proceso objeto de discusión. Precisado lo anterior, indicó que el medio de control promovido por la Procuraduría General de la Nación tenía por objeto el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, patrimonio público y acceso al servicio público de internet, que consideró vulnerados por presuntas irregularidades en el Contrato de Aporte No. 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la unión temporal antes mencionada. Resaltó que, luego de admitida la demanda, mediante auto del 13 de septiembre de 2021 decretó una serie de medidas cautelares de urgencia entre las que se encontraba el embargo de las cuentas de ahorros, corrientes y CDTs, entre otros, que tuviera tanto la referida unión temporal como sus socios o miembros que la integraban. Destacó que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia
se encontraba el embargo de las cuentas de ahorros, corrientes y CDTs, entre otros, que tuviera tanto la referida unión temporal como sus socios o miembros que la integraban. Destacó que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 27 de julio de 2023, proferida en el radicado 25000-23-41-000-2017-00083-02, indicó que cuando la violación de un derecho derivado de un contrato afectara una entidad pública, era esta, por intermedio de su representante legal, la que debía adelantar el medio de control de controversias contractuales para procurar la defensa del interés patrimonial, y solo cuando no se estuviera ejerciendo de manera adecuada, podría acudirse al medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. Explicó que, con fundamento en esa decisión, emitió el auto del 28 de septiembre de 2023 con el cual declaró la terminación del proceso y levantó las medidas cautelares decretadas inicialmente. Afirmó que frente a esa decisión, el Ministerio Público interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, el cual fue resuelto mediante proveído del 25 de octubre de 2023 en el que decidió no reponer el auto recurrido y rechazó por improcedente la alzada.Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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Añadió que frente a esta determinación se interpuso recurso de queja, que fue decidido por el Consejo de Estado mediante auto del 15 de marzo de 2024, en el que se estimó bien denegada la apelación. Refirió que la Procuraduría General de la Nación, inconforme con tales decisiones, interpuso acción de tutela que fue tramitada bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-05268-00, en la que la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación emitió sentencia el 13 de enero de 2025, en el sentido de negar el amparo solicitado. Indicó que, con ocasión de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, pidió a la Secretaría de la Sección Primera de ese tribunal que rindiera un informe sobre los hechos expuestos por el accionante. Advirtió que esa dependencia, mediante escrito del 27 de marzo de 2025, manifestó que no se había dado estricto cumplimiento al numeral séptimo del auto del 28 de septiembre de 2023, relativo a notificar y comunicar a las partes y personas naturales y jurídicas mencionadas en la providencia en la que se decretaron las medidas cautelares. Expresó que, según la secretaría, no se encontraron los oficios de comunicación y se desconocía la razón de esa omisión, justamente porque el funcionario que tenía a su cargo esa gestión ya no laboraba en esa corporación. Por tal motivo, indicó que se habían realizado las comunicaciones previstas en el auto que declaró la terminación del proceso y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares de urgencia, entre las que se encontraba específicamente la dirigida a la Fiduciaria Bogotá S.A., echada de menos por el aquí accionante. Precisó que, aunque la secretaría informó y demostró haber realizado tales gestiones el 26 de marzo de 2025,
de las medidas cautelares de urgencia, entre las que se encontraba específicamente la dirigida a la Fiduciaria Bogotá S.A., echada de menos por el aquí accionante. Precisó que, aunque la secretaría informó y demostró haber realizado tales gestiones el 26 de marzo de 2025, mediante auto del 27 del mismo mes y año exhortó a tal dependencia para que, en lo sucesivo, diera estricto cumplimiento a las órdenes impartidas por esa autoridad judicial. Con base en lo expuesto, pidió que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado o, en su defecto, se negara el amparo solicitado, puesto que ya se comunicó el auto del 28 de septiembre de 2023 a la Fiduciaria Bogotá S.A., para lo de su competencia. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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2.2. Cuestión previa El apoderado del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que no eran los responsables de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. Al respecto, se precisa que su vinculación no se realizó calidad de accionados sino como terceros, en atención al posible interés que les asiste en las resultas del presente proceso por conformar el extremo demandado en el proceso objeto de controversia, razón por la cual no se accederá a su petición. 2.3. Cuestión previa Según se tiene, el señor Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por la falta de ejecución de las órdenes impartidas en el auto del 28 de septiembre de 2023, relativas al levantamiento de las medidas cautelares de urgencia decretadas en el proceso de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 25000-23-41-000-2021-00779-00. En su criterio, la omisión de la autoridad judicial afecta sus garantías constitucionales por cuanto no se han liberado los recursos de los cuales es titular, pero que fueron embargados como parte de las decisiones que fueron adoptadas por la autoridad judicial en providencia del 13 de septiembre de 2021. Al respecto, se precisa que el actor no informó de manera clara y específica la calidad en la que actuó dentro del medio de control antes mencionado, presupuesto necesario para establecer la legitimación en la causa por activa dentro del presente trámite de tutela. No obstante, de la revisión del expediente ordinario se encuentra que, dentro de las decisiones adoptadas en el referido auto, se encuentra la relativa al embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y
establecer la legitimación en la causa por activa dentro del presente trámite de tutela. No obstante, de la revisión del expediente ordinario se encuentra que, dentro de las decisiones adoptadas en el referido auto, se encuentra la relativa al embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y CDTs que tuvieran tanto la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, como los socios de los miembros que la integraban, que para el caso en cuestión correspondían a los siguientes: i) Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación ii) ICM Ingenieros S.A.S. iii) INTEC de la Costa S.A.S. iv) Omega Buildings Constructora S.A.S. En cumplimiento de lo anterior, se libraron las comunicaciones respectivas a todos los bancos del país y se precisó que el monto a embargar sería hasta por $70.243.279.599. De igual manera, se decretó el embargo y secuestro de los bienes muebles, inmuebles, rentas y derechos que llegaran a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar, entre otros.Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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Además, ordenó a la Superintendencia Financiera de Colombia que impidiera, la disposición de los derechos y encargos fiduciarios que tuvieran los integrantes de esa unión temporal en las distintas sociedades fiduciarias del país. Luego, mediante auto del 28 de marzo de 2022, se estimó pertinente la vinculación específica de los socios de los miembros de Centros Poblados de Colombia 2020, así: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Información Juan Carlos Cáceres Bayona Shirley Carolina Castellar Serrano Shirley Osorio Orozco Harold Wilson Núñez Aguirre ICM Ingenieros S.A.S. Inversiones Infraestructura S.A.S. y Jorge Iván Rozo Barragán Luis Guillermo Mesa Sanabria Luz Fabiola Ortegón Murcia Luis Esteban Mesa Ortegón Andrea Catalina Mesa Ortegón Omega Buildings Constructora S.A.S. Álvaro Eduardo Torres Buelvas Intec de la Costa S.A.S. Hugo Armando Canabal Hoyos De lo anterior, es posible advertir que el señor Cáceres Bayona, como miembro de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Información, fue vinculado directamente dentro del proceso objeto de controversia y, de hecho, fue afectado con las medidas cautelares de urgencia decretadas en el auto del 13 de septiembre de 2021, al determinarse el carácter de socio de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020. Así las cosas, es claro para la sala que el actor se encuentra legitimado en la causa para promover la acción de tutela de la referencia, puesto que la presunta demora en el levantamiento del embargo de los recursos lo afecta directamente por hacer parte de los destinatarios de tales medidas. En consecuencia, al estar habilitado para procurar la protección de sus garantías, presuntamente desconocidas en el proceso bajo censura, se abordará el estudio de la solicitud de amparo promovida por el señor Juan Carlos
recursos lo afecta directamente por hacer parte de los destinatarios de tales medidas. En consecuencia, al estar habilitado para procurar la protección de sus garantías, presuntamente desconocidas en el proceso bajo censura, se abordará el estudio de la solicitud de amparo promovida por el señor Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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2.4. Problema jurídico Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la demora incurrida en el trámite del expediente 25000-23-41-000-2021-00779-00, correspondiente al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos promovido por la Procuraduría General de la Nación contra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otros. Lo anterior, comoquiera que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el auto del 28 de septiembre de 2023, en el que se dispuso levantar las medidas cautelares de urgencia que habían sido decretadas a través de proveído del 13 de septiembre de 2021. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) mora judicial justificada y (iii) análisis del caso concreto. 2.5. Generalidades de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991. Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio
de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19912, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado. 2.6. Mora judicial justificada La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a trasgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.3 Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los 2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 3 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.Demandante: Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01438-00
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términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»4. En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que: […] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial5, según la cual solo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y, de contera, al debido proceso de las partes en un proceso. 2.7. Caso
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y, de contera, al debido proceso de las partes en un proceso. 2.7. Caso concreto Como se expuso en líneas anteriores, el señor Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que con
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