CE - Sentencia 11001031500020250144200

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250144200
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: WILLIAMS ANDRÉS PABÓN LÓPEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Tutela de fondo – Niega y declara la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el señor Williams Andrés Pabón López contra el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

El señor Williams Andrés Pabón López, en nombre propio, con escrito enviado el 13 de marzo de 2025, radicó acción de tutela con el objeto de que se le ampare su derecho fundamental de petición.

1.1. Solicitud de demanda

El señor Williams Andrés Pabón López, en nombre propio, con escrito enviado el 13 de marzo de 2025, radicó acción de tutela con el objeto de que se le ampare su derecho fundamental de petición.

La referida garantía constitucional la consideró vulnerada por parte del Consejo Superior de la Judicatura por la falta de respuesta a la solicitud que la accionante radicó el 10 de febrero de 2025.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

Se declare que el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su Presidente, Dr. JORGE ENRIQUE VALLEJO JARAMILLO, ha vulnerado mi derecho fundamental de petición.

  • Se tutele mi derecho fundamental de petición.
  • Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su Presidente, Dr. JORGE ENRIQUE VALLEJO JARAMILLO, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, dé respuesta deRadicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 fondo a mi derecho de petición, conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los

2 fondo a mi derecho de petición, conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. El 10 de febrero de 2025, el señor Williams Andrés Pabón López radicó una petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, en la que solicitó respetuosamente una explicación de cinco puntos relacionados con la vacancia judicial y el régimen de vacaciones de los empleados de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

1.3.2. Manifestó que el requerimiento quedó registrado en el sistema de gestión de correspondencia y archivo de documentos oficiales «SIGOBius, el día 2/10/2025, a las 3:34 p.m. con el código de documento EXTPCSJ25-224».

1.3.3. Finalmente, adujo que, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, la parte accionada no le ha dado respuesta a la petición.

1.4. Fundamento de la solicitud

El tutelante aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura transgredió su derecho fundamental de petición.

Lo anterior, con fundamento en que, a la fecha de radicación de esta acción constitucional, la parte demandada no había dado respuesta a la solicitud que el señor Pabón López presentó el 10 de febrero de 2025.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 17 de marzo de

señor Pabón López presentó el 10 de febrero de 2025.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 17 de marzo de 2025, a dmitió la tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Superior de la Judicatura, como parte accionada2.

1.5.2. En providencia de 7 de abril de 2025, el despacho sustanciador profirió providencia en la que ordenó vincular a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ3 y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. 2 En este punto se precisa, que por un error involuntario al proyectar el auto que admitió la tutela, se vinculó a la Secretaría General del Consejo de Estado. 3 Con fundamento en que en su intervención adujo que, por medio de oficio de 19 de marzo de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura le remitió por competencia la petición del señor Pabón López.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias

www.consejodeestado.gov.co 3 1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se present aron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial

El 21 de marzo de 2025, la directora intervino en el presente trámite tutelar y adujo que la entidad no ha transgredido el derecho fundamental de petición del señor Williams Andrés Pabón López.

Lo anterior, con fundamento en que mediante el Oficio CJO25-1473 de 19 de marzo de 2025, le brindó una respuesta de fondo al peticionario, la cual, le fue enviada al correo electrónico wpabon73@outlook.com, «reportado para efectos de notificación, en el cual se le informó al accionante que su solicitud fue remitida po r competencia a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial conforme a las competencias establecidas en el Acuerdo PSJA20-11700 de 2020».

De manera que, solicitó que en el presente asunto se declare la carencia actua l de objeto por hecho superado, toda vez, que por parte de la Unidad «se atendió la petición».

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán

En intervención de 10 de abril de 2025, el apoderado de esa dirección expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que, después de que verificó los canales dispuestos para la radicación de correspondencia, evidenció que la petición en mención no se remitió a esa seccional, situación que demuestra que esa

carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que, después de que verificó los canales dispuestos para la radicación de correspondencia, evidenció que la petición en mención no se remitió a esa seccional, situación que demuestra que esa entidad no vulneró el derecho fundamental de petición del señor Pabón López.

Por consiguiente, solicitó que se le desvincule del presente trámite tutelar porque no se observó una acción u omisión por parte de esa dirección.

1.6.3. Secretaría General del Consejo de Estado

En intervención de 25 de marzo de 2025, la Secretaria del Consejo de Estado adujo que después de revisar el correo electrónico institucional secgeneral@consejodeestado.gov.co, no encontró la petición del 10 de febrero de 2025, a la que el actor hace referencia.

Adicionalmente, adujo que, en la trazabilidad del mensaje de datos aportada por el actor junto con su escrito de tutela, el señor Williams Andrés Pabón López remitió la solicitud del 10 de febrero de 2025 únicamente al correo info@cendoj.ramajudicial.gov.co, cuenta desde la cual se dio traslado de la petición a las direcciones electrónicas mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, con copia al accionante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Por consiguiente, solicitó que se le desvincule del presente trámite.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Por consiguiente, solicitó que se le desvincule del presente trámite.

1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 10 de abril de 2025, el abogado adscrito a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la referida Dirección, expuso que en efecto por medio de «Oficio DEAJRHO25 -1215 de 3 de abril de 2025, la Unidad de Recursos Humanos de la División de Asuntos Laborales de la DEAJ» remitió la inquietud del tutelante.

Finalmente, precisó que «los supuestos fácticos y jurídicos que sustentan esta acción de tutela, desaparecieron con la expedición de la respuesta de 3 de abril de 2025, razón por la cual, se configura el fenómeno jurídico de hecho superado».

Por consiguiente , solicitó que se declare la «improcedencia» de esta acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Williams Andrés Pabón López contra el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 . del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 . del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y la Secretaría General del Consejo de Estado, en sus intervenciones solicitaron que se les desvincule del presente trámite tutelar.

Respecto a dicho requerimiento, la Sala accederá, debido a que después de revisar las pruebas obrantes en el expediente, se evidenció que la petición de 10 de febrero de 2025, solo se remitió por competencia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Consejo Superior de la Judicatura transgredió el derecho fundamental de petición al señor los derechos fundamentales de petición y al trabajo del señor Williams Andrés Pabón López.

Lo anterior, con fundamento en que, a la fecha de radicación de esta acción de tutela, no le había respondido la solicitud que radicó el 10 de febrero de 2025.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, y (iii) el caso concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se habilita de forma transitoria, l o que limita sus efectos futuros a la activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el constituyente.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar

constituyente.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha estable cido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 20154, que señala 15 días para resolver la misma, de

4 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala:

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días

días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su rec epción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticion ario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la pet ición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la pet ición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos

respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitu d, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además , incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expres ando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

previsto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto 2.6.1. Ahora bien, a juicio del señor Williams Andrés Pabón López, la parte demandada transgredió su derecho fundamental de petición , dado que a la fecha de presentación de esta acción no le había respondido la solicitud que radicó el 10 de febrero de 2025, en la que pidió que se le explicaran cinco puntos relacionados con la vacancia judicial y el régimen de vacaciones de los empleados de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

En este punto, para esta Sala de Decisión es importante precisar que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial en su intervención de 21 de marzo de 2025, manifestó que mediante el Oficio CJO251473 de 19 de marzo de 2025, le informó al tutelante por medio del correo electrónico wpabon73@outlook.com, que su solicitud había sido remitida por competencia a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial conforme a las competencias es tablecidas en el Acuerdo

electrónico wpabon73@outlook.com, que su solicitud había sido remitida por competencia a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial conforme a las competencias es tablecidas en el Acuerdo PSJA20-11700 de 2020.

De manera que, es evidente que dicha corporación no transgredió el derecho fundamental del accionante, por consiguiente, se negará el amparo respecto del Consejo Superior de la Judicatura.

2.6.2. Ahora bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en memorial de 10 de abril de 2025, expuso que el 3 del mismo mes y año le había dado respuesta a la dirección web del señor Pabón López, a saber:

En este punto es importante poner de presente las cinco inquietudes que el señor Williams Andrés Pabón plasmó en su petición de 10 de febrero de 2025:Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

En su respuesta, l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial después de transcribir los artículos relacionados con el régimen de vacaciones aplicable al personal adscrito a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conforme a las modificaciones de que fue objeto el tema en la Ley 270 de 1996, «Estatutaria de la Administración de Justicia» entre otros, en su artículo 146 con la

personal adscrito a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conforme a las modificaciones de que fue objeto el tema en la Ley 270 de 1996, «Estatutaria de la Administración de Justicia» entre otros, en su artículo 146 con la expedición de la Ley 2430 de 2024, le contestó al actor lo siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

De la revisión y análisis de la solicitud y la resp uesta plasmada en las imágenes precedentes, esta Sección advierte que la contestación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue clara, de fondo y congruente respecto de las cinco inquietudes que tenía el accionante, pues como se puede eviden ciar, a pesar de que en la respuesta no se resolvió punto por punto, lo cierto es que de la lectura integral y análisis de lo dicho por la entidad , es claro que aborda las inquietudes del señor Pabón López, respecto del alcance normativo del sistema de vacaciones del personal adscrito a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Al respecto, esta colegiatura en anteriores oportunidades5 se ha referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho : (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y (iii) por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T -481 de 2016, que la sala cita como criterio auxiliar, señaló que:

5 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Qui nta.

Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;

(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017 -2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Williams Andrés Pabón López

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de am paro pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquie r determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.6

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T -494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho

acción.6

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T -494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la im posibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenóm eno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”7.

Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha sostenido que:

I. El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual

sostenido que:

I. El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], cons iste en que a partir de la vulneración iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de

6 Sentencias : SU-225 de 2013; T-317 de 2005. 7 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01442-00

Demandante: Willi

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...