CE - Sentencia 11001031500020250144500

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250144500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: MARCOS DE JESÚS ESCORCIA GARCÍA Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – el hecho de sobrepasar los términos legales, per se, no configura mora judicial, ya que se deben analizar las circunstancias particulares de cada caso. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por el señor Marcos de Jesús Escorcia García, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 del 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 28 de febrero de 2025 el señor Marcos de Jesús Escorcia García, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia2. Hechos relevantes 2. El señor Marcos de Jesús Escorcia García luego de completar más 1.349 semanas cotizadas y cumplir 61 años, obtenía los requisitos legales para adquirir el derecho a su pensión de jubilación según lo indicado en la Ley 33 de 1985. 3. Luego de que Colpensiones le adeudara por concepto de los valores relativos a su pensión los comprendidos entre el 20 de junio de 2010

los requisitos legales para adquirir el derecho a su pensión de jubilación según lo indicado en la Ley 33 de 1985. 3. Luego de que Colpensiones le adeudara por concepto de los valores relativos a su pensión los comprendidos entre el 20 de junio de 2010 y hasta la fecha en que se ordenó el pago, decidió presentar una reclamación administrativa en la Seccional 1 Que ingresó para fallo el 4 de abril de 2025. 2 Se advierte que mediante auto del 4 de marzo de 2025, el consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que remitiera la presente solicitud de tutela a otro despacho con ocasión de que se dirige contra una de las providencias que fueron dictadas por esa Subsección.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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del Atlántico y mediante respuesta en la Resolución GNR 222328 del 31 de agosto de 20133 se le indicó que solo tenía 1028 semanas cotizadas y 58 años de edad para esa fecha. 4. Una vez obtuvo la relación de las semanas cotizadas, el 2 de marzo de 2015, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión, no obstante la respuesta fue nuevamente negativa a través de la Resolución GNR 62788 del 26 de febrero de 20164. Mismo que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio de apelación5 pero que a través de Resolución GNR 140486 del 12 de mayo de 2016 fue también desfavorable6. 5. Posteriormente, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la entidad de Colpensiones con el fin de declarar la nulidad de las resoluciones i) GNR 62788 del 26 de febrero de 2016; ii) GNR 140486 del 12 de mayo de 2016 y iii) VPB 33938 del 29 de agosto de 2016 mediante la cual Colpensiones denegó el derecho a la pensión de vejez así como el retroactivo pensional, además a título de restablecimiento solicitó que se le reconociera su derecho a la pensión de jubilación debidamente indexado, más los intereses corrientes y moratorios a los que hubiere lugar. 6. La demanda fue conocida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B quien a través de sentencia del 12 de noviembre de 2021 declaró la nulidad de las resoluciones i) GNR 62788 del 26 de febrero de 2016; ii) GNR

140486 del 12 de mayo de 2016 y iii) VPB 33938 del 29 de agosto de 2016 mediante la cual Colpensiones denegó el derecho a la pensión de vejez así como el retroactivo pensional expedidas por Colpensiones y lo condenó a pagar la pensión de jubilación a favor del accionante a partir del 20 de junio de 2010 con equivalencia al 75% del promedio de los salarios sobre el cual se realizó las cotizaciones durante los últimos 10 años de servicio es decir entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 1999. 7. Inconforme con la decisión, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones presentó recurso de apelación, el cual fue conocido por la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado quien a través de sentencia del 2 de mayo de 2024 confirmó la sentencia de primera instancia. Lo anterior en razón a que no existía duda del acto en el que fue beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 porque a la fecha de su entrada en vigencia contaba con más de 15 años de servicio, aspecto que no fue debatido por la entidad recurrente. Siendo aplicable la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, tasa de reemplazo y tiempo de servicio para el reconocimiento de su pensión ordinaria de jubilación, tal como lo 3 Ver índice 20 de samai, obra en documento A77018439C95096C 300528FC5A1A645B 6E94FB669865E27D 8CCB7061912A7DCE, nombre “01. DEMANDA-ANEXOS.pdf”, pág. 50 y ss. 4 Ver índice

20 de samai, obra en documento A77018439C95096C 300528FC5A1A645B 6E94FB669865E27D 8CCB7061912A7DCE, nombre “01. DEMANDA-ANEXOS.pdf”, pág. 33 y ss. 5 Ver índice 20 de samai, obra en documento A77018439C95096C 300528FC5A1A645B 6E94FB669865E27D 8CCB7061912A7DCE, nombre “01. DEMANDA-ANEXOS.pdf”, pág. 38 y ss. 6 Ver índice 20 de samai, obra en documento A77018439C95096C 300528FC5A1A645B 6E94FB669865E27D 8CCB7061912A7DCE, nombre “01. DEMANDA-ANEXOS.pdf”, pág. 22 y ss.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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había determinado el a quo, cumpliendo con 55 años el 19 de junio de 2010 fecha en la que adquirió su estatus pensional. 8. En múltiples memoriales el señor Yuri Antonio Lora Escorcia informó que en calidad de apoderado del abogado Hernando Peña Martínez, manifestaba que llegaron a un acuerdo conciliatorio dentro del incidente de fijación de honorarios profesionales con el señor Marcos de Jesús Escorcia García. 9. De otra parte el 4 de julio de 2024 luego de que se notificara la sentencia de segunda instancia, el 9 del mismo mes y año la parte demandante presentó una solicitud de adición de sentencia. Pretensiones 10. El actor solicitó lo siguiente: “Así, en aras de garantizar la materialización de mis derechos al debido proceso sin dilaciones y acceso a la administración de justicia como accionante, persona adulto mayor, de la tercera edad, con un estado de salud no muy bueno que digamos, atendiendo precisamente a la prelación que se ha dado a éste tipo de circunstancias. Solicito se tutele mis derechos invocado, produciendo el fallo de segunda instancia con la respectiva aclaración o adición solicitada”. Fundamentos de la demanda de tutela 11. La parte accionante indicó que, una vez proferida la sentencia de segunda instancia, fue objeto de una solicitud, la cual fue presentada por su abogado con el fin de que fueran aclarados algunos argumentos que debían resolverse en dicha providencia, puntualmente los relacionados con el IBL que establecían la tasa de reemplazo para fijar la pensión a partir del 20 de junio de 2010,

sumado a que no se tuvieron en cuenta algunas pruebas que permitían colegir que no había sido retirado del servicio el 31 de diciembre de 1999, error que a su juicio no fue analizado ni por el Tribunal Administrativo del Atlántico ni por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. 12. Además expuso que, es una persona que se encuentra enferma y no cuenta con suficientes recursos económicos tanto para él como su esposa, motivo por el que solicitó una aclaración de la sentencia de segunda instancia, para que le sea aplicado el IBL correcto de acuerdo con el certificado expedido por la Alcaldía de Barranquilla. 13. De otro lado, mencionó las sentencias T-230 de 2013 y T-186 de 2017 en las cuales se explica la configuración de la mora judicial injustificada. Asimismo, puso de presente que el no impulsar las debidas actuaciones a cargo de la Subsección B – Sección Segunda de esta corporación afecta su derecho fundamental al debidoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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proceso y acceso a la administración de justicia por la demora en resolver la solicitud de aclaración de la sentencia. Trámite en primera instancia 14. A través de auto del 17 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico como accionado; a la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado, a Colpensiones y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el radicado 08001-23-33-000-2016-00749-00/01 como terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al accionado para que allegara copia digital del expediente. 15. El 18 de marzo de 2025, el accionante remitió un memorial mediante el cual solicitaba que se vinculara a la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado como accionado y no como tercero con interés dado que fue contra esa autoridad que se presentó la solicitud de aclaración de la sentencia7, por lo que a través de auto del 26 de marzo de 20258 el despacho sustanciador profirió un auto en el cual vinculaba a esa autoridad como parte accionada con miras a garantizar el derecho de audiencia y defensa, además de la presunta vulneración de sus derechos que se atribuía a la misma. Intervenciones 16. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva dado que lo solicitado por el accionante no va dirigido contra Colpensiones y no es de su competencia el responder por lo requerido ya que solo puede asumir asuntos relativos a la administración del régimen de prima media con prestación definida en materia pensional, por lo que se presenta una inexistencia del derecho vulnerado. 17. Precisó que la jurisprudencia ha señalado que, si bien en diversas ocasiones los operadores judiciales

solo puede asumir asuntos relativos a la administración del régimen de prima media con prestación definida en materia pensional, por lo que se presenta una inexistencia del derecho vulnerado. 17. Precisó que la jurisprudencia ha señalado que, si bien en diversas ocasiones los operadores judiciales no dan cumplimiento a los términos legales, la mora judicial puede estar justificada y que en el caso concreto el accionante no demuestra que la mora obedezca a dilaciones injustificadas, por el contrario i) se constituiría una vulneración al derecho de igualdad por parte del accionante contra aquellas personas que también llevan tiempo esperando la resolución de las decisiones judiciales y no respetar los turnos y ii) se abre una puerta para que todos los ciudadanos consideren como única alternativa que resuelvan sus litigios de manera más ágil a través de solicitud de tutela. 18. La Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que, i) el recurso de apelación se resolvió mediante sentencia del 2 de mayo de 2024; ii) la notificación de dicha providencia se realizó el 4 de julio de 2024; iii) el 9 de julio de 7 Ver índice 8 de Samai. 8 Ver índice 13 de Samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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2024, el apoderado de la parte demandante presentó solicitud de adición, aclaración y corrección de la sentencia y iv) el expediente ingresó al despacho el 24 de julio de 2024. 19. De otro lado, expuso que la nueva titular del despacho asumió la sustanciación del proceso objeto de la acción de tutela a partir del 7 de octubre de 2024, fecha en la que tomó posesión del cargo como magistrada de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el que tiene 2523 expedientes a cargo, por lo que desde ese momento ha venido atendiendo los asuntos conforme a su naturaleza y orden de ingreso al despacho. Por lo anterior, en su criterio, no se presenta una tardanza injustificada en la resolución de la solicitud de adición, aclaración y corrección de la sentencia que desató el recurso de apelación dentro del proceso ordinario en el que actuó como demandante el señor Escorcia García. 20. El Tribunal Administrativo del Atlántico remitió el enlace del expediente solicitado9. II. C O N S I D E R A C I O N E S 21. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que señale la ley. 22. Respecto de la mora judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-052 de 2018, precisó: “La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos. (…)

muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos. (…) Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho [de acceso a la administración de justicia], se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia y la procedencia de la acción de tutela frente a la protección del adecuado acceso a la administración de justicia en casos donde exista mora judicial. 9 El link es el siguiente: https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/ventanillad06tadmatl_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fventanillad06tadmatl%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F03%2E%20EXPEDIENTES%20DE%20PROCESOS%20JUDICIALES%2F01ContenciososOrdinarios%2F2016%2F00%20PRIMERA%20INSTANCIA%2F00%20TERMINADOS%2F08001233300020160074900%20%28FALLADO%29%2F01PrimeraInstancia&ga=1&LOF=1Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: ‘(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial’10. (…) En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: ‘(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley’”11. 23. En línea con lo anterior, se ha considerado que el juez de tutela, en cada caso, debe analizar si la conducta del funcionario o Corporación Judicial es injustificada y negligente, pues no toda dilación en emitir un pronunciamiento es constitutiva de mora judicial y tampoco conllevaría, per se, a una afectación a los derechos fundamentales de los asociados12. 24. Esto, teniendo en cuenta que existen situaciones que podrían justificar el retardo, como sería la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el volumen de trabajo o los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que se señalan

asociados12. 24. Esto, teniendo en cuenta que existen situaciones que podrían justificar el retardo, como sería la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el volumen de trabajo o los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora13. 25. En el presente asunto, el señor Marcos de Jesús Escorcia García solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado debido a que dicha Corporación no se ha pronunciado respecto de la solicitud de adición, aclaración y corrección de sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 08001-23-33-000-2016-00749-01. 26. Revisado el trámite del proceso, se evidencia lo siguiente: 10 Original de la cita: “Concepto desarrollado por Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007, citado en la Sentencia T-230 de 2013”. 11 Original de la cita: “Ibídem”. 12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves García, radicado 2021-06075-00. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de julio de 2019, expediente 54.047.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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  • El 2 de mayo de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del Consejero Cesar Palomino Cortés profirió sentencia de segunda instancia14. - En los índices 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 del proceso 08001-23-33-000-2016-00749-01 se observan algunos memoriales presentados por el abogado Yuri Antonio Lora Escorcia, el abogado Hernando Peña Martínez y el señor Marcos de Jesús Escorcia García en el cual se informaba que llegaron a un acuerdo conciliatorio dentro del incidente de fijación de honorarios, así como los paz y salvo correspondientes. - El 4 de julio de 2024 la Secretaría realizó la notificación a las partes de la sentencia de segunda instancia15. - El 9 de julio de 2024 se presentó una solicitud de adición, aclaración y corrección de la sentencia del 2 de mayo de 202416. - El 24 de julio de 2024, la Secretaría realizó una actuación en la que se indicaba que el consejero Juan Enrique Bedoya Escobar se encontraba en encargo de ese despacho con ocasión de la terminación del período del consejero Cesar Palomino Cortés17. - En la misma fecha se realizó el paso a despacho de los memoriales presentados por la parte demandante, allegando poder, paz y salvo, anexos, entre otros dispuestos en los índices 47,48,49,51 y 52 de Samai18. - El 27 de marzo de 2025 nuevamente se realiza el cambio de ponente a la consejera Elizabeth Becerra Cornejo quien se posesionó el 7 de octubre de 202419. 27. Así las cosas, tras revisar entre el paso a despacho y el cambio de ponente, la Sala observa que la consejera titular tomó posesión de su cargo el 7 de octubre de 2024, fecha que es posterior al paso a despacho

el 7 de octubre de 202419. 27. Así las cosas, tras revisar entre el paso a despacho y el cambio de ponente, la Sala observa que la consejera titular tomó posesión de su cargo el 7 de octubre de 2024, fecha que es posterior al paso a despacho de los diferentes memoriales remitidos por la parte demandante y su apoderado. Durante este tiempo, y según lo indicado por la misma consejera de la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado han sido evidentes las vicisitudes, pues tal como lo indicó en su respectivo informe de tutela, tiene a cargo 2523 expedientes que ha venido atendiendo de acuerdo con la naturaleza de los asuntos y con el respectivo orden de ingreso al despacho. Todo esto sugiere que se ha requerido de una gestión cuidadosa y una atención particular a diversos aspectos procesales y sustanciales. 14 Ver índice 44 de Samai del proceso 08001-23-33-000-2016-00749-01. 15 Ver índice 54 de Samai del proceso 08001-23-33-000-2016-00749-01. 16 Ver índice 46 de Samai del proceso 47001-23-33-000-2020-00687-00. 17 Ver índice 56 de Samai del proceso 47001-23-33-000-2020-00687-00. 18 Ver índice 57 de Samai del proceso 47001-23-33-000-2020-00687-00. 19 Ver índice 58 de Samai del proceso 47001-23-33-000-2020-00687-00.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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28. En este contexto, la Sala considera que las posibles demoras son consecuencia de la carga laboral que se encontraba en el despacho con anterioridad a su posesión y que ha venido adelantando los diferentes asuntos de conformidad con la naturaleza de los expedientes que tiene a cargo y el orden de ingreso al despacho, lo que exige una celosa atención por parte del funcionario judicial y su equipo de trabajo al tiempo que dificulta la resolución de la litis dentro de lapsos cortos. 29. Por tanto, la Subsección concluye que no se configura una mora judicial injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, pues es posible colegir que los tiempos han sido razonables y se ajustan a la realidad de la congestión judicial. 30. Es importante señalar que la presentación de impulsos procesales y/o memoriales no constituye una causa válida para modificar la asignación de turnos para fallo, ya que esta posibilidad está reglada. La ley prevé ciertos eventos en los que se puede solicitar prioridad en la resolución de demandas, sin necesidad de ajustarse al orden cronológico asignado, como lo establece el artículo 63A de la Ley 270 de 199820. 31. En ese contexto, la Sala negará el amparo solicitado mediante acción de tutela presentada por el señor Marcos de Jesús Escorcia García, actuando en nombre propio, en contra de la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado. 20 “ARTÍCULO 63A. Adicionado por el Artículo 16 de la Ley 1285 de 2009. así: Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones

de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente. Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos. Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán,

mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio. PARÁGRAFO 1°. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. PARÁGRAFO 2°. El reglamento interno de cada corporación judicial señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio que cada Sala decida sesionar con mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a sus actuaciones. PARÁGRAFO 3°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la Rama Judicial”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01445-00 Accionante: Marcos de Jesús Escorcia García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

9 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor el señor Marcos de Jesús Escorcia García en contra de la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. VF

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