CE - Sentencia 11001031500020250144800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250144800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
Demandante: ANDERSON GIL CASTRO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE SUBSIDIARIEDAD – El accionante tenía a su disposición otros medios judiciales para reclamar la adopción de medidas de protección en favor de los jueces de paz y de reconsideración, la implementación de controles migratorios y la «pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 del mismo año / NIEGA AMPARO RESPECTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES – Lo expuesto por el accionante no evidenció ningún vicio o irregularidad en la decisión de la UNP de catalogar como ordinario su nivel de riesgo y abstenerse de otorgarle medidas de protección , decisión que, además, se ajustó a las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional.
catalogar como ordinario su nivel de riesgo y abstenerse de otorgarle medidas de protección , decisión que, además, se ajustó a las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional.
La Sala 1 resuelve la acción de tutela instaurada por Anderson Gil Castro contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 12 de marzo de 2025 2, Anderson Gil Castro instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad personal, a la vida, y a la tranquilidad, así como de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la seguridad y la salubridad públicas.
2. En ese sentido, formuló las siguientes pretensiones3:
1 Se advierte que el 4 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente , para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, índice 2. 3 Se transcribe con los posibles errores del texto original.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
Demandante: Anderson Gil Castro
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Demandante: Anderson Gil Castro
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(…) Se deje [n] sin efectos y /o se adopten medidas necesarias para proteger la seguridad de los colombianos que se han visto vulnerados por el Decreto 216 de 2021, la resolución 971 del 2021 y se ajusten las medidas equitativas, que no afecten la seguridad ciudadana y social de los colombianos, en los casos de extorsión, homicidios, secuestros, sicariatos presentados en su mayoría por ciudadanos extranjeros (…) dicha medida en la presente pretensión debe ser adoptada por la presidencia de la república de Colombia en cabeza del Dr. GUSTAVO FRANCISCO
PETRO URREGO (…).
(…) [H]e visto afectad[a] de manera notoria mi seguridad personal (…) por el actuar de ciudadanos venezolanos en relación [con] mis funciones de juez de paz y reconsideración (…) he visto amenazada mi vida [y] la de mi familia. Por [tanto] (…) requiero y solicito se me brinden las medidas de protección necesarias y acordes.
(…) [S]olicito ante su despacho la protección que debe[n] establecer el estado [y] el gobierno nacional a los jueces de paz y reconsideración (…), de igual manera para aquellos actores particulares de justicia comunitaria y/o mecanismos alterativos de justicia como son los conciliadores en equidad, mediadores y presidentes de la [s] juntas de acción comunal (…).
3. Además, respecto de los ciudadanos venezolanos, solicitó la adopción de medidas como la deportación, la exigencia de documentos y de «antecedentes» y la disminución
juntas de acción comunal (…).
3. Además, respecto de los ciudadanos venezolanos, solicitó la adopción de medidas como la deportación, la exigencia de documentos y de «antecedentes» y la disminución del tiempo de esta ncia permitido en el territorio nacional . Igualmente, reclamó la implementación de un modelo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Policía Nacional, a fin de reducir la cantidad de homicidios cometidos por ciudadanos venezolanos y lograr un debido control migratorio4.
4. De la demanda de tutela se extraen los siguientes hechos y argumentos relevantes:
5. El Gobierno Nacional expidió los decretos 1288 de 2018 5 y 216 de 20216, a juicio del accionante, sin analizar su impacto en materia presupuestal y de orden público.
6. Al respecto, el señor Gil Castro aseguró que los delitos de hurto, acceso carnal violento, homicidio , extorsión y secuestro son mayoritariamente cometidos por ciudadanos venezolanos. Para respaldar esa afirmación, citó varios artículos de prensa de 2018 y 2019, referentes a crímenes presuntamente perpetrados por personas de dicha nacionalidad.
7. Asimismo, acusó a la población venezolana de aprovecharse de los «privilegios» concedidos a través de los mencionados decretos y de la igualdad de derechos de la cual gozan frente a los nacionales, con el propósito de delinquir.
4 Aunque esas solicitudes no se incluyeron expresamente en el acápite de pretensiones de la demanda de tutela, sí se contemplaron en sus fundamentos. 5 «Por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro
4 Aunque esas solicitudes no se incluyeron expresamente en el acápite de pretensiones de la demanda de tutela, sí se contemplaron en sus fundamentos. 5 «Por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos». 6 «Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria ».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
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8. Por otro lado, afirmó que, como juez de paz, ha intervenido en diligencias de restitución de inmuebles en Bogotá, en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, los cuales habían sido invadidos por venezolanos, con el propósito de desarrollar actividades ilíci tas relacionadas con el expendio de estupefacientes, por lo que tanto él como su familia han sufrido amenazas y atentados. Agregó que la Unidad Nacional de Protección le negó las medidas de protección solicitadas, por no pertenecer a «grupos desertores, integrantes del [ELN] o proceso de paz».
9. Señaló que la Rama Judicial ha sido permisiva con los inmigrantes venezolanos, brindándoles un trato diferencial con respecto a los colombianos, quienes, de hecho, han aprovechado tal situación para encubrir sus delitos con la participación de aquellos.
brindándoles un trato diferencial con respecto a los colombianos, quienes, de hecho, han aprovechado tal situación para encubrir sus delitos con la participación de aquellos.
10. Desde la óptica del demandante, el Estado ha incumplido su deber de garantizar la seguridad ciudadana, dado que el Decreto 216 de 2021 ha favorecido el aumento de la criminalidad en un «700%» y, en conjunto con la Resolución 971 de 20217, no sólo han generado caos social, sino que son contrarios a la Constitución, en tanto desconocen los derechos fundamentales a la seguridad personal, a la vida, y a la tranquilidad, así como los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la seguridad y la salubridad públicas.
11. Finalmente, advirtió que las políticas públicas necesarias para enfrentar el fenómeno de criminalidad descrito no pueden implementarse mientras el Decreto 216 de 2021 esté vigente, razón por la cual insistió en su inconstitucionalidad.
B. Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto del 21 de marzo de 20258, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó que se efectuaran las notificaciones de rigor.
13. La Policía Nacional9 solicitó que se disponga su desvinculación del proceso o, en su defecto, se declare la improcedencia de la acción de tutela.
14. A fin de sustentar lo anterior, expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues el accionante no describió ninguna situación cuya resolución estuviera dentro de sus competencias. Que, en todo caso, aquel no hace parte de la población a la cual se dirige el programa de prevención y protección de la Policía Nacional.
pasiva, pues el accionante no describió ninguna situación cuya resolución estuviera dentro de sus competencias. Que, en todo caso, aquel no hace parte de la población a la cual se dirige el programa de prevención y protección de la Policía Nacional.
15. De otra parte, sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto los actos administrativos allí mencionados deben ser cuestionados a través del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad.
7«Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por medio del Decreto 216 de 2021 ». Resolución expedida por el director general de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. 8 Samai, índice 5. 9 Samai, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
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16. Finalmente, sostuvo que la Unidad Nacional de Protección es la autoridad competente para adoptar las medidas exigidas por el señor Gil Castro , así como para resolver sus inconformidades al respecto.
17. La Unidad Nacional de Protección (UNP) adujo que no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Anderson Gil Castro10.
18. Expuso que, mediante la Resolución DGRP 000205 de 2025, clasificó el riesgo del señor Gil Castro como ordinario y se abstuvo de adoptar medidas de protección en su favor. Advirtió que esa decisión no fue recurrida por el a ccionante y que, en todo caso,
señor Gil Castro como ordinario y se abstuvo de adoptar medidas de protección en su favor. Advirtió que esa decisión no fue recurrida por el a ccionante y que, en todo caso, se sustentó en un estudio técnico detallado del Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de Medidas –CERREM–, dentro del cual se realizaron varias entrevistas y se solicitó información a otras autoridades. Agregó que, en una de esas entrevistas, el señor Gil Castro manifestó haber recibido amenazas de secuestro por parte de alias La Mona desde julio de 2024, debido a la restitución de un inmueble ubicado en el barrio Santa Fe de Bogotá, destinado a la prostitución. También afirmó que desde agosto del mismo año viene siendo víctima de extorsión y, e n una entrevista realizada en noviembre, indicó que las amenazas en su contra no habían cesado.
19. A partir de lo anterior, la UNP aseguró haber cumplido sus obligaciones y advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener medidas de protección específicas, pues la decisión sobre su procedencia es una competencia del CERREM, de conformidad con el Decreto 1066 de 2015.
20. De otra parte, sostuvo que, si bien el accionante denunció la extorsión ante la Fiscalía General de la Nación, ello no es suficiente para concluir la existencia de una situación de riesgo extraordinario. Enfatizó en que en la solicitud de amparo no se describió ninguna circunstancia concreta e inminente que evidenciara una amenaza contra la integridad del
señor Gil Castro.
21. Igualmente, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
circunstancia concreta e inminente que evidenciara una amenaza contra la integridad del señor Gil Castro.
21. Igualmente, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para obtener una nueva evaluación del nivel de riesgo, pues, en virtud de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, ello debe solicitarse por vía administrativa, siempre y cuando existan hechos sobrevinientes constitutivos de amenaza.
22. Con fundamento en lo señalado, la UNP acusó al accionante de pretender eludir los procedimientos establecidos en el Decreto 1066 de 2015 y, de esa manera, desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela. En consecuencia, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo.
10 Samai, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
Demandante: Anderson Gil Castro
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23. Las Secretarías Distritales de Integración Social (SDIS) y de Salud de Bogotá11 solicitaron su desvinculación del proceso, por considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva. Argumentaron que la satisfacción de las pretensiones del accionante corresponde a la Presidencia de la República y a la Unidad Nacional de Protección.
24. Adicionalmente, la SDIS resaltó que el señor Gil Castro no ha presentado ninguna petición ante la Alcaldía Mayor de Bogotá.
corresponde a la Presidencia de la República y a la Unidad Nacional de Protección.
24. Adicionalmente, la SDIS resaltó que el señor Gil Castro no ha presentado ninguna petición ante la Alcaldía Mayor de Bogotá.
25. En términos similares, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia12 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto carece de competencias para satisfacer las pretensiones del accionante y, en todo caso, no ha vulnerado ningún derecho fundamental.
26. Además, sostuvo que la solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad, pues los actos administrativos que regulan la situación de los migrantes venezolanos deben cuestionarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que, de hecho, dicho requisito tampoco se satisface porque la protección del derecho a l a seguridad pública, también reclamada en la solicitud de amparo, debe exigirse a través de la acción popular. Al respecto, advirtió que el accionante no aportó prueba s de la vulneración directa de alguno de sus derechos fundamentales ni de la conexidad entre estos y los actos administrativos censurados, motivo por el cual ni siquiera podría considerarse la procedencia excepcional de la acción de tutela.
27. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 13 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, con el argumento de que la UNP es la responsable de adoptar las medidas de protección reclamadas por el accionante y, por ende, la vulneración de sus derechos fundamentales no le es imputable a la Presidencia.
28. También sostuvo que la solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad,
responsable de adoptar las medidas de protección reclamadas por el accionante y, por ende, la vulneración de sus derechos fundamentales no le es imputable a la Presidencia.
28. También sostuvo que la solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto los actos administrativos involucrados pueden ser cuestionados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo , a través del medio de control de nulidad simple, sin que esté acreditado un posible perjuicio irremediable, para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio . Agregó que, si el accionante considera necesaria la protección urgente de sus derechos fundamentales, puede solicitar el decreto de medidas cautelares ante dicha jurisdicción.
29. Los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores guardaron silencio, pese a haber sido notificados14 sobre el auto admisorio de la acción.
11 Samai, índices 11 y 14. 12 Samai, índice 12. 13 Samai, índices 16 y 17. 14 Samai, índice 8.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
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II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar si las pretensiones de amparo del señor Gil Castro superan los requisitos generales de procedencia . Sólo en caso afirmativo, también
establecerá lo siguiente:
32. Primero, si los derechos fundamentales del accionante fueron vulnerados con ocasión de la expedición del Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 del mismo año, y si deben ordenarse los controles migratorios que solicitó.
33. Segundo, si sus derechos fundamentales fueron vulnerados a causa de la denegación de medidas de protección por parte de la UNP.
E. Análisis de la Sala
Improcedencia de la acción de tutela frente a l as pretensiones de control migratorio, de adopción de medidas de protección en favor de jueces de paz y de «pérdida de efectos » del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 de l mismo año
34. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable15.
35. En el presente caso, el actor solicitó el amparo de varios derechos fundamentales y colectivos. Para ello, además de la adopción de medidas de protección para él y para su
irremediable15.
35. En el presente caso, el actor solicitó el amparo de varios derechos fundamentales y colectivos. Para ello, además de la adopción de medidas de protección para él y para su familia, exigió lo siguiente16: primero, la implementación de controles migratorios má s
15 En la sentencia T-1190 de 2004, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad ». (Énfasis añadido). 16 Las pretensiones del accionante se reordenan para favorecer la coherencia en la exposición de las consideraciones de la Sala.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
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estrictos sobre la población venezolana ; segundo, la concesión de medidas de protección en favor de los jueces de paz y de reconsideración, así como de otros particulares que ejercen función jurisdiccional de forma transitoria; y tercero, la «pérdida
estrictos sobre la población venezolana ; segundo, la concesión de medidas de protección en favor de los jueces de paz y de reconsideración, así como de otros particulares que ejercen función jurisdiccional de forma transitoria; y tercero, la «pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 de esa misma anualidad.
36. De entrada, se advierte que tanto la Corte Constitucional17 como esta Corporación18 han sostenido que la acción de tutela es excepcionalmente procedente en casos que involucren la vulneración de derechos colectivos, pues, en principio, el amparo de estos debe reclamarse a través de la acción popular prevista en la Ley 472 de 1998.
37. La Corte19 ha explicado que, para determinar si la acción de tutela resulta procedente en un caso como los mencionados, es necesario verificar (i) que exista conexidad entre la afectación de derechos colectivos y la de derechos fundamentales ; (ii) que el accionante sea el titular de los d erechos fundamentales lesionados; (iii) que la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales esté demostrada y (iv) que las pretensiones del actor tengan por objeto el amparo de sus derechos fundamentales, no de los derechos colectivos involucrados —sin perjuicio de que estos puedan resultar protegidos con la eventual orden de tutela—.
38. El alto tribunal constitucional también ha indicado que, para determinar si hay conexidad entre la afectación de derechos colectivos y la de derechos fundamentales ,
deben constatarse las siguientes condiciones:
(i) [L]a perturbación de un derecho colectivo; (ii) la existencia prima facie, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, de una amenaza o vulneración a un derecho
deben constatarse las siguientes condiciones:
(i) [L]a perturbación de un derecho colectivo; (ii) la existencia prima facie, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, de una amenaza o vulneración a un derecho fundamental —lo que no debe confundirse con el requisito de la prueba de la real amenaza o violación del derecho fundamental—; y (iii) la existencia de un nexo entre las dos afectaciones que evidencie (a) su simultaneidad y (b) su proximidad causal directa y no mediada por otros factores externos.
39. Ahora, el señor Anderson Gil Castro sostuvo que el Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 del mismo año han favorecido la comisión de delitos por parte de ciudadanos venezolanos y que el Estado ha sido pasivo ante tal situación, todo lo cual ha vulnerado lo s derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la seguridad y salubridad públicas, así como sus derechos fundamentales a la seguridad personal, a la vida y a la tranquilidad.
40. Lo anterior, por sí solo, no evidencia una afectación de derechos colectivos ni, prima facie, de las prerrogativas constitucionales del actor , en tanto constituye una afirmación
17 Al respecto, se puede consultar la sentencia de unificación 1116 de 2001, reiterada en la sentencia T250 de 2023. 18 Sobre el particular, ver la sentencia del 15 de octubre de 2024, proferida por esta Subsección en el proceso 11-001-03-15-000-2024-03273-01. 19 Sentencia T-250 de 2023, que reiteró y sintetizó las reglas fijadas en la sentencia de unificación 1116 de 2001.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
19 Sentencia T-250 de 2023, que reiteró y sintetizó las reglas fijadas en la sentencia de unificación 1116 de 2001.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
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genérica, carente de fundamento, sobre la conexión entre los actos administrativos mencionados, las presuntas omisiones del Estado —que, de hecho, ni siquiera se identifican o singularizan — y el supuesto aumento de crímenes perpetrados por inmigrantes venezolanos, con la consecuente afectación de la seguridad ciudadana.
41. A esto se suma que los artículos de prensa de 2018 y 2019 , referenciados en la demanda, no dan cuenta de una amenaza actual y específica sobre los derechos colectivos aludidos , sino que simplemente se refieren a la supuesta ejecución de conductas delictivas por parte de ciudadanos venezolanos.
42. De ahí que la Sala no pueda inferir la afectación concreta de ningún derecho colectivo ni, mucho menos , una vulneración conexa de los derechos fundamentales del accionante, quien, además , no expuso de qué manera se protegerían sus derechos fundamentales con la imposición de controles migratorios más estrictos a la población venezolana o con la adopción de medidas generales de protección en favor de jueces de paz y de reconsideración, así como para otros particulares que ejercen función jurisdiccional de forma transitoria.
43. Con fundamento en lo expuesto, se colige que el señor Gil Castro no cumplió ninguna
paz y de reconsideración, así como para otros particulares que ejercen función jurisdiccional de forma transitoria.
43. Con fundamento en lo expuesto, se colige que el señor Gil Castro no cumplió ninguna de las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional citada, por lo que la acción de tutela resulta improcedente, tanto en relación con su solicitud de amparo de derechos colectivos, como frente a las dos pretensiones aludidas.
44. Por otro lado, el accionante solicitó dejar sin efectos el Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 del mismo año, aduciendo que son contrarios a la Constitución porque, al favorecer la comisión de delitos por parte de los inmigrantes venezolanos, amenazan la seguridad ciudadana.
45. Ciertamente, tanto el decreto como la resolución mencionados constituyen actos administrativos de carácter general , para cuyo cuestionamiento se ha establecido un mecanismo de defensa judicial distinto a la acción de tutela: el medio de control de nulidad simple, contemplado en el artículo 13720 de la Ley 1437 de 201121, que debe ser ejercido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
46. En consecuencia, la acción de tutela también resulta improcedente en relación con la pretensión de «pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 de la misma anualidad.
47. Con todo, se advierte que el accionante no expuso ninguna circunstancia de la cual se infiera el carácter apremiante de la concesión de esa pretensión y, aunque lo hubiera hecho, la acción de tutela no se tornaría procedente, pues también tiene a su disposición
se infiera el carácter apremiante de la concesión de esa pretensión y, aunque lo hubiera hecho, la acción de tutela no se tornaría procedente, pues también tiene a su disposición
20 De acuerdo con dicho artículo, «[t]oda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general». 21 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
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la medida cautelar de suspensión de los efectos de dichos actos administrativos, prevista en el artículo 23022 de la Ley 1437 de 2011.
48. En suma, el señor Gil Castro tenía a su disposición dos mecanismos judiciales distintos a la acción de tutela para reclamar los controles migratorios aludidos y las medidas de protección en favor de jueces de paz y de reconsideración , así como la «pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 del mismo año: la acción popular y el medio de control de nulidad simple, respectivamente.
49. Lo anterior, aunado a que el accionante no alegó ni probó ningún hecho del cual se desprendiera la falta de idoneidad o de eficacia de los mecanismos aludidos, o la necesidad de evitar la concreción de un perjuicio irremediable , impone concluir que la acción de tutela es improcedente en relación con las tres pretensiones abordadas en este acápite.
necesidad de evitar la concreción de un perjuicio irremediable , impone concluir que la acción de tutela es improcedente en relación con las tres pretensiones abordadas en este acápite.
Procedencia de la acción frente a la pretensión de adopción de medidas de protección en favor del accionante y de su familia
50. El señor Gil Castro solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal y, consecuentemente, reclamó la adopción de medidas de protección en su favor y en el de su familia.
51. Para sustentar esas solicitudes, el accionante afirmó que ha sufrido amenazas y un atentado por haber participado, como juez de paz , en diligencias de restitución de
inmuebles ubicados en las localidades de Los Mártires y de Santa Fe (Bogotá, D.C.). Igualmente, sostuvo que la UNP se negó a adoptar medidas de protección en su favor , en tanto no pertenece a «grupos desertores, integrantes del [ELN] o proceso de paz».
52. En principio, podría considerarse que la pretensión en cuestión también es improcedente, por cuanto el señor Gil Castro podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la decisión de la UNP ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo . Empero, con fundamento en precedente de la Corte Constitucional, esta Subsección23 ha admitido la solicitud de medidas de protección por vía de tutela , en asuntos promovidos por líderes sociales o d efensores de derechos humanos.
53. Ahora, l a Corte Constitucional 24 ha determinado que, en esos asuntos , exigir el
vía de tutela , en asuntos promovidos por líderes sociales o d efensores de derechos humanos.
53. Ahora, l a Corte Constitucional 24 ha determinado que, en esos asuntos , exigir el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento resulta irrazonable, pues lo involucrado es la vida misma de los accionantes. Además, ha indicado que dicho medio de control carece de eficacia, por cuanto su trámite puede tardar un tiempo
22 En el numeral 3 de ese artículo, se facultó expresamente a los jueces administrativos para decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. 23 Sentencias de tutela del 6 de dic
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