CE - Sentencia 11001031500020250148300
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250148300
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: GRUPO JURÍDICO ESCOLA S.A.S. Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad y mínimo vital y de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima / CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIÓN DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA PARA EL PERÍODO DEL 1° DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2027 - Requisitos y cronograma. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse con relación a la acción de tutela instaurada por la sociedad Grupo Jurídico Escola S.A.S., actuando por conducto de su representante legal, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 13 de marzo de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad y mínimo vital y de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima. Hechos relevantes 2. El 25 de noviembre de 2020, la sociedad accionante presentó una solicitud de postulación para desempeñar el
al debido proceso, trabajo, igualdad y mínimo vital y de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima. Hechos relevantes 2. El 25 de noviembre de 2020, la sociedad accionante presentó una solicitud de postulación para desempeñar el cargo de secuestre categoría 3 en la lista oficial de auxiliares de la justicia de la Rama Judicial en Bogotá D. C., cumpliendo con los requisitos normativos exigidos. 3. Luego de ser incluida en la lista de admitidos, el 14 de marzo de 2021 remitió la póliza de garantía núm. 17-43-101002270, con vigencia del 1° de abril de 2021 al
1 Que ingresó para fallo el 1° de abril de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) 2
1° de abril de 2023, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo núm. PSAA15-10448 y la Resolución núm. DESAJBOR23-61 del 17 de enero de 2023. 4. Afirma que durante dicho período cumplió con las obligaciones asignadas según el Código General del Proceso y demás normativas aplicables. 5. El 16 de noviembre de 2022, la sociedad reiteró su postulación para el cargo en el siguiente período legal y fue nuevamente admitida. 6. Posteriormente, el 8 de octubre de 2024, el Grupo Jurídico Escola S.A.S., actuando a través de su representante legal, formuló una petición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, así como a la de Cundinamarca y Amazonas, con el propósito de conocer la documentación, requisitos y términos establecidos para la convocatoria de auxiliares de justicia para el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2027. 7. El 28 de octubre de 2024, mediante correo electrónico, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. respondió a la petición presentada, adjuntando el formulario de inscripción a la convocatoria y el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015 en formato PDF. En el cuerpo del correo, se manifestaba lo siguiente: “En atención al derecho de petición en el que solicita información relacionada con la convocatoria de auxiliares de la justicia en Bogotá 2025-2027, me permito informar: En atención a lo ordenado por los artículos 48 y 618 numeral 3 de la Ley
1564 de 2012 y el Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, las Direcciones Seccionales de Administración Judicial son competentes para realizar la convocatoria, divulgación y elaboración de la lista de los auxiliares de la justicia que será utilizada por los despachos judiciales ubicados dentro de su comprensión territorial. Sobre la convocatoria, de acuerdo al artículo 2 del Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, la misma se divulgará durante el mes de octubre; razón por la cual, próximamente podrá ser consultada en la página de la Rama Judicial. El proceso de inscripción va desde el 1 al 30 de noviembre de 2024, debiendo remitir la documentación al correo electrónico "Auxiliares Justicia Centro Servicios Administrativos - Bogotá - Bogotá D.C." <auxiliaresjusticiabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>, no se aceptarán solicitudes radicadas por fuera de estas fechas. Sobre el formulario de inscripción, se remite link para la descarga del mismo https://etbcsjmy.sharepoint.com/:x:/r/personal/regnal_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9583F735-1945-4466-8C3D7F718B520C2D%7D&file=FORMULARIO%20(3)%20(1).xls&action=default&mobileredirect=true De la misma manera se aclara que la convocatoria que realiza esta Seccional es solo para los auxiliares de la justicia de la ciudad de Bogotá,Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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para los municipios de Cundinamarca, la competencia es de la Seccional Cundinamarca-Amazonas”. 8. Sostiene que en su respuesta oficial la entidad accionada informó expresamente que la convocatoria se desarrollaría del 1° al 30 de noviembre de 2024, generando una expectativa legítima sobre el plazo de inscripción. No obstante, posteriormente cerró la convocatoria el 29 de noviembre de 2024, sin justificación legal alguna. Pretensiones 9. Solicita la parte demandante lo siguiente: “1. Tutelar nuestros derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y confianza legítima, igualdad de oportunidades, principio de legalidad y aplicación objetiva de la norma, acceso a la función pública, derecho al trabajo, y al mínimo vital, los cuales han sido desconocidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C., al generar incertidumbre en el proceso de selección, modificar requisitos sin la debida publicidad y excluir injustificadamente términos del cronograma de la convocatoria causando perjuicios a los postulantes que cumplen con todos los criterios de idoneidad y respaldo legal. 2. Ordenar nuestra inclusión en la lista definitiva de auxiliares de justicia en la categoría de secuestre dentro de la lista de la jurisdicción accionada, en atención a que hemos actuado de buena fe y con plena diligencia, cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos y aportando la póliza de respaldo en un tiempo razonable y conforme a las prácticas consolidadas en estos procesos. La entrega de este documento no ha afectado el desarrollo de la convocatoria ni comprometido su legalidad, por lo que no existe
fundamento válido para restringir nuestro derecho a participar en igualdad de condiciones. En virtud de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, transparencia y acceso a la función pública en condiciones de equidad, consagrados en la Constitución Política, solicitamos que se garantice nuestra inclusión en la lista definitiva, asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de selección y garantizando el respeto a los derechos de quienes han cumplido con las exigencias establecidas. 3. Declarar la nulidad de la decisión administrativa que nos excluyó del proceso de selección o, en su defecto, exhortar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. a expedir una nueva resolución o comunicado en la que se nos incluya en la lista definitiva de auxiliares de justicia para el período 2025-2027. Dado que la lista definitiva debe publicarse antes del 1 de abril de 2025, es imperativo que se corrija esta situación de manera inmediata, garantizando así nuestro derecho a participar en igualdad de condiciones y evitando que una exclusión arbitraria nos impida ejercer nuestra labor en el periodo correspondiente. 4. Garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados, ordenando las medidas necesarias para corregir las irregularidades en la convocatoria y asegurar nuestra inclusión en la lista definitiva de auxiliares de justicia, en atención al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y respaldo legal exigidos. Asimismo, considerando la inminente entrada en vigencia del nuevo período el 1 de abril de 2025, y en aras de evitar perjuicios irreparables, solicitamos respetuosamente que, si lo considera pertinente, se adopten medidas provisionales que permitanRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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garantizar la igualdad de condiciones en el proceso de selección, asegurando así el acceso a la función pública en términos de equidad y legalidad. Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. implementar medidas correctivas en futuras convocatorias, asegurando que los requisitos, términos y modificaciones en el proceso de selección sean informados con claridad, precisión y anticipación, tal como lo exige el principio de publicidad y transparencia administrativa. La falta de información oportuna en este proceso ha generado inseguridad jurídica y desigualdad entre los postulantes, por lo que resulta indispensable adoptar correctivos que eviten la repetición de situaciones similares. 6. Exhortar al despacho a considerar que las irregularidades en la presente convocatoria no solo afectan a quienes fueron excluidos por la omisión de la póliza judicial, sino que también han generado otras vulneraciones sustanciales, tales como el cierre anticipado de la convocatoria sin justificación legal, la omisión de términos para la presentación de la póliza y la resolución de recursos administrativos y la falta de claridad en los procedimientos establecidos. Estos hechos han restringido injustificadamente el acceso a la función pública, vulnerando el derecho de los postulantes a competir en condiciones de igualdad y equidad. 7. Exhortar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. a garantizar la resolución de los recursos administrativos dentro de los términos legales, tal como ocurre en otras jurisdicciones, asegurando que el derecho de contradicción y defensa tenga un efecto real antes de que la lista definitiva adquiera firmeza. La falta de un término expreso para la resolución de estos recursos afecta
la eficacia de los mecanismos de impugnación, despojándolos de su razón de ser y generando una grave vulneración al debido proceso de los postulantes afectados, quienes quedan en indefensión e incertidumbre sin conocer el destino de sus postulaciones, y la estabilidad de sus empleos. 8. Disponer las demás medidas que el despacho considere necesarias para restablecer los derechos vulnerados y garantizar que el acceso a la función pública se realice bajo los principios de transparencia, legalidad y equidad, evitando la consolidación de irregularidades que comprometan la legitimidad del proceso y asegurando que los aspirantes cuenten con garantías efectivas para su participación”. Fundamentos de la demanda de tutela 10. La parte demandante alega que la actuación de la entidad accionada contraviene principios esenciales del ordenamiento jurídico, particularmente los principios de legalidad y seguridad jurídica, al haber cerrado de manera anticipada la convocatoria en clara transgresión a lo dispuesto en el Acuerdo núm. PSAA15-10448 de 2015, el cual establece que el proceso de inscripción debe desarrollarse entre el 1° y el 30 de noviembre. Tal decisión arbitraria considera que no solo vulnera la igualdad de oportunidades y el acceso a la función pública, sino que también genera un trato discriminatorio respecto de aspirantes en otras jurisdicciones que sí han contado con el plazo completo para su postulación. 11. Aduce que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá vulneró su derecho de petición al emitir una respuesta errónea, contradictoria e incompleta, afectando la seguridad jurídica y la confianza legítima como peticionaria
y aspirante, dado que el propósito del derecho de petición radicado era conocer todas lasRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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condiciones necesarias para postularse a la convocatoria para secuestre categoría 3 en esta entidad, lo que demuestra la diligencia de la compañía en procurar el cumplimiento estricto de todos los requisitos exigidos. Sin embargo, de manera inexplicable, la entidad accionada omitió dar una respuesta de fondo sobre las condiciones reales de la convocatoria. 12. Indica que, pese a que el objeto de la petición era conocer con certeza los requisitos y condiciones del proceso de postulación, la entidad respondió el mismo hasta el 28 de octubre de 2024 (tres (3) días de que se diera apertura a la convocatoria), y no proporcionó la información fundamental para ello. Alega que “no se nos adjuntó el cronograma, no se nos envió copia de la convocatoria, ni se nos detallaron de manera clara y precisa los requisitos exigidos. Además, en ninguna parte de la convocatoria publicada, ni en la respuesta al derecho de petición, ni en el cronograma oficial, ni en la página web de la Rama Judicial, se emitió comunicación o notificación alguna que informara sobre posibles modificaciones en la entrega de la póliza de garantía”. 13. Manifiesta que esa omisión injustificable y la falta de información y claridad en la convocatoria, privó a la sociedad y otros aspirantes de la oportunidad de conocer con claridad las reglas del proceso y ajustarse a ellas, afectando su derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones y vulnerando los principios de publicidad y transparencia administrativa, consagrado en el artículo 209 de la Constitución, y seguridad jurídica e igualdad en el acceso a la función pública consagrado en artículo 40 de la Carta Política. Trámite en primera instancia
14. Por medio de auto del 18 de marzo de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Asimismo, se vinculó a las personas que se hubieren postulado a la convocatoria para conformar la lista de auxiliares de la justicia para el periodo 2025-2027, convocada por el Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015. 15. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Intervenciones 16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá precisó que hizo públicos todos los documentos y avisos respecto del proceso de convocatoria de auxiliares de la justicia; además, los requisitos y el cronograma para la presentación de estos fueron relacionados de manera taxativa, clara y expresa en la convocatoria realizada, sin mencionar ningún tipo de plazo para la presentación de garantías, pues estas son un requisito por evaluar en el proceso correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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17. Sostuvo que la convocatoria pública para la conformación de la lista de auxiliares de la justicia para uso de los despachos judiciales de la comprensión territorial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá en el periodo del 1° de abril de 2025 al 31 de marzo de 2027 fue publicada en la página de la Rama Judicial con el Oficio núm. DESAJBOO24-6441 del 30 de octubre de 2024. 18. Aclaró que, teniendo en cuenta que el 30 de noviembre de 2024 fue un sábado, de acuerdo con lo señalado por la Ley 4 de 1993, los conceptos de la función pública y la jurisprudencia, los plazos de días que señalen las leyes y actos oficiales se entenderán hábiles, es decir se suprimen los domingos, los festivos y los sábados. En ese sentido, dado que los sábados son días inhábiles, toda vez que el horario del Consejo Superior de la Judicatura está reglado en el Acuerdo PSAA07-4063 del 31 de mayo de 2007 y señala que el mismo es de lunes a viernes de 8.00 a 1.00 pm y de 2.00 pm a 5.00 p.m., el plazo de inscripción fenecía el viernes 29 de noviembre de 2024 a las 5.00 p.m. 19. Adicional a ello, expuso que el conocimiento de la presente acción de tutela no le corresponde al Consejo de Estado puesto que esa entidad tiene un alcance territorial y, de conformidad con el Decreto 333 de 2021, las reglas de reparto de las acciones de tutela establecen que asunto como el de la referencia deben ser conocidos por los tribunales. 20. De acuerdo con lo anterior, solicitó que se desvincule a esa dirección seccional, dado que las actuaciones realizadas en torno a la convocatoria para la conformación de la lista de auxiliares de la justicia, destinada al uso de los despachos
referencia deben ser conocidos por los tribunales. 20. De acuerdo con lo anterior, solicitó que se desvincule a esa dirección seccional, dado que las actuaciones realizadas en torno a la convocatoria para la conformación de la lista de auxiliares de la justicia, destinada al uso de los despachos judiciales de la jurisdicción territorial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2027, se han llevado a cabo conforme a las competencias del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia. 21. Finalmente, afirmó que “a la fecha se están adelantado los trámites administrativos para resolver los recursos interpuestos ante los resultados de la convocatoria objeto de tutela”. 22. La Unidad de Registro Nacional del Abogados – URNA solicitó que se rechace por improcedente la tutela de la referencia, por cuanto considera que el camino al que debió recurrir la sociedad accionante es el de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de exponer los argumentos de orden legal y constitucional con base en los cuales estima que el acto de convocatoria expedido por esa seccional, el cual fijó el cronograma, está viciado de nulidad; ello, por cuanto, no es de recibo que, so pretexto de la violación de derechos fundamentales, se pretenda trasladar una discusión propia de dicha jurisdicción al escenario constitucional, con mayor razón, si se trata de un acto cuya naturaleza es de carácter general, impersonal y abstracto.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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23. Indicó que, a través de la Resolución núm. DESAJBOR24-10082 del 30 de octubre de 2024, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá convocó a las personas interesadas en conformar la lista de auxiliares de la justicia para el período comprendido entre el 1° de abril de 2025 y 31 de marzo de 2027, que serán utilizadas por los despachos judiciales en su respectiva comprensión territorial, conforme lo dispuso el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10448 de 2015. 24. Asimismo, precisó que, por medio de la Resolución núm. DESAJBOR24-10705 de 20 de diciembre de 2024, la misma Dirección Seccional publicó el listado de aspirantes admitidos e inadmitidos a conformar la lista de auxiliares de la justicia en el distrito judicial de Bogotá, dentro del cual se inadmitió al Grupo Jurídico Escola S.A.S. para el cargo de secuestre categoría 3, por cuanto no acreditó el requisito de garantía, de acuerdo a lo exigido en el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015 y la Resolución núm. DESAJBOR24-10082 del 30 de octubre de 2024. 25. Finalmente, advirtió que, “a la fecha de contestación de la presente acción, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no ha remitido a esta Unidad el expediente administrativo del Grupo Jurídico Escola S.A.S., contentivo del recurso de reposición y en subsidio de apelación, que deba conocer”. 26. El señor Luis Antonio Herrera Univio, como
representante legal de la Corporación de los Profesionales, la sociedad Alolegal S.A.S., la sociedad Prevención y Protección Legal S.A.S., el señor Mauricio Mateus Rodríguez y la señora Karen Natalia Rojas Alba presentaron escritos coadyuvando las pretensiones de la sociedad Grupo Jurídico Escola S.A.S. por los mismos hechos ocurridos en el marco de la convocatoria para conformar la lista de auxiliares de la justicia para el periodo 2025-2027. 27. En ese sentido, solicitaron ser vinculados dentro de la presente acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. II. C O N S I D E R A C I O N E S Competencia 28. Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el Acuerdo 080 de 20192, en cuanto estipula que “las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. 2 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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29. Adicional a ello, el Decreto 333 de 2021, por medio del cual se establecen las reglas de reparto de la acción de tutela, establece que: “las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado”. De la coadyuvancia 30. Conforme con los antecedente descritos, se advierte que el señor Luis Antonio Herrera Univio, como representante legal de la Corporación de los Profesionales, la sociedad Alolegal S.A.S., la sociedad Prevención y Protección Legal S.A.S., el señor Mauricio Mateus Rodríguez y la señora Karen Natalia Rojas Alba presentaron escritos coadyuvando las pretensiones de la sociedad Grupo Jurídico Escola S.A.S. por los mismos hechos ocurridos en el marco de la convocatoria para conformar la lista de auxiliares de la justicia para el periodo 2025-2027. 31. De acuerdo con lo fijado por la jurisprudencia constitucional, la coadyuvancia tiene las siguientes reglas: (i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede formular pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales; (ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional, según sea el caso. 32. Ahora bien, en
lo relativo a las solicitudes presentadas por el señor Luis Antonio Herrera Univio, como representante legal de la Corporación de los Profesionales, el señor Mauricio Mateus Rodríguez y la señora Karen Natalia Rojas Alba, de conformidad con los escritos allegados al plenario se tiene que todos afirman, acorde con la tutela interpuesta por la sociedad accionante, no haber sido incluidos en lista de auxiliares de la justicia y manifiestan su inconformidad por cuanto el cronograma de la convocatoria establecía que el proceso de inscripción debía desarrollarse entre 1° y el 30 de noviembre. 33. En ese sentido, dado que las personas mencionadas oportunamente, es decir, antes de que concluya la actuación procesal, demostraron la certeza de la afectación de sus intereses jurídicos para que sea procedente su reconocimiento en la acción de tutela, se tendrán como coadyuvantes en la misma. 34. No obstante, dado que las sociedades Alolegal S.A.S. y Prevención y Protección Legal S.A.S. presentaron pretensiones propias3 de amparo a sus derechos 3 La sociedad Alolegal S.A.S en su escrito de coadyuvancia interpuso las siguientes pretensiones: “1. Tutelar nuestros derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y confianza legítima, igualdad de oportunidades, principio de legalidad y aplicación objetiva de la norma, acceso a la función pública, derecho al trabajo, y al mínimo vital, los cuales han sido desconocidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C., al generar incertidumbre en el proceso de selección, modificar requisitos sin la debida publicidad y excluir injustificadamente términos del cronograma
de la convocatoria causando perjuicios a los postulantes que cumplen con todos los criterios de idoneidad y respaldo legal. 2. Declarar la nulidad de la decisión administrativa que nos excluyó del proceso de selección o, en su defecto, exhortar a laRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01483-00 Accionante: Grupo Jurídico Escola S.A.S. Accionado: Consejo Superior de la Judicatura Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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fundamentales, siguiendo lo manifestado por la Corte Constitucional se debe rechazar la solicitud de coadyuvancia. Caso concreto 35. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. a expedir una nueva resolución o comunicado en la que se nos incluya en la lista definitiva de auxiliares de justicia para el período 2025-2027. Dado que la lista definitiva debe publicarse antes del 1 de abril de 2025, es imperativo que se corrija esta situación de manera inmediata, garantizando así nuestro derecho a participar en igualdad de condiciones y evitando que una exclusión arbitraria nos impida ejercer nuestra labor en el periodo correspondiente. 3. Garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados, ordenando las medidas necesarias para corregir las irregularidades en la convocatoria y asegurar nuestra inclusión en la lista definitiva de auxiliares de justicia, en atención al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y respaldo legal exigidos. Asimismo, considerando la inminente entrada en vigencia del nuevo período el 1 de abril de 2025, y en aras de evitar perjuicios irreparables, solicitamos respetuosamente que, si lo considera pertinente, se adopten medidas provisionales que permitan garantizar la igualdad de condiciones en el proceso de selección, asegurando así el acceso a la función pública en términos de equidad y legalidad. 4. Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. implementar
medidas correctivas en futuras convocatorias, asegurando que los requisitos, términos y modificaciones en el proceso de selección sean informados con claridad, precisión y anticipación, tal como lo exige el principio de publicidad y transparencia administrativa. La falta de información oportuna en este proceso ha generado inseguridad jurídica y desigualdad entre los postulantes, por lo que resulta indispensable adoptar correctivos que eviten la repetición de situaciones similares. 5. Exhortar al despacho a considerar que las irregularidades en la presente convocatoria no solo afectan a quienes fueron excluidos por la omisión de la póliza judicial, sino que también han generado otras vulneraciones sustanciales, tales como el cierre anticipado de la convocatoria sin justificación legal, la omisión de términos para la presentación de la póliza y la resolución de recursos administrativos y la falta de claridad en los procedimientos establecidos. Estos hechos han restringido injustificadamente el acceso a la función pública, vulnerando el derecho de los postulantes a competir en condiciones de igualdad y equidad. 6. Exhortar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. a garantizar la resolución de los recursos administrativos dentro de los términos legales, tal como ocurre en otras jurisdicciones, asegurando que el derecho de contradicción y defensa tenga un efecto real antes de que la lista definitiva adquiera firmeza. La falta de un término expreso para la resolución de estos recursos afecta la eficacia de los mecanismos de impugnación, despojándolos de su razón de ser y generando una grave vulneración al debido proceso de los postulantes afectados, quienes quedan en indefensión e incertidumbre sin conocer
el destino de sus postulaciones, y la estabilidad de sus empleos. 7. Disponer las demás medidas que el despacho considere necesarias para restablecer los derechos vulnerados y garantizar que el acceso a la función pública se realice bajo los principios de transparencia, legalidad y equidad, evitando la consolidación de irregularidades que comprometan la legitimidad del proceso y asegurando que los aspirantes cuenten con garantías efectivas para su participación”. De igual modo, la sociedad Prevención y Protección Legal S.A.S. solicitó: “Con el mayor respeto, acudimos a su despacho en ejercicio de la presente acción de tutela, confiando en su imparcialidad y compromiso con la protección de los derechos fundamentales. En virtud de los hechos y fundamentos expuestos, y en garantía del principio de justicia material, solicito respetuosamente que se dispongan las siguientes medi
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