CE - Sentencia 11001031500020250149500
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250149500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
Demandante: Gloria Inés Ladino Sáenz
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
Demandante: GLORIA INÉS LADINO SÁENZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada , mediante apoderado judicial, por la señora Gloria Inés Ladino Sáenz contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de marzo de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad . En consecuencia, formul ó la s siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR los Derechos Fundamentales de prevalencia del derecho sustancial, debido
Administrativo de Boyacá, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad . En consecuencia, formul ó la s siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR los Derechos Fundamentales de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso, igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros, del accionante de la referencia, los cuales están siendo vulnerados.
2. – DECLARAR que con la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EL VEINTINUEVE
(29) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) POR LA SALA DE DECISIÓN No. 4
DEL H. TRIBUNAL DE BOYACÁ, dentro del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 15001-3333-001-2019-00083-01, adelantado en contra de la NACIÓN – MEN -FNPSM, se incurrió en VÍA DE HECHO Y/O DECISIÓN ILEGITIMA por violación de los derechos fundamentales de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso, igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros.
3.- Como consecuencia de lo anterior, que la SALA DE DECISIÓN No. 4 DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, expida la Sentencia de Segunda Instancia por medio de la cual REVOCA la Sentencia de PRIMERA INSTANCIA, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Tunja, ACCEDIENDO Y/O CONCEDIENDO LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA.»
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
De la actuación administrativaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
Demandante: Gloria Inés Ladino Sáenz
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
De la actuación administrativaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
Demandante: Gloria Inés Ladino Sáenz
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
La señora Gloria Inés Ladino Sáenz trabajó en la docencia pública en el departamento de Boyacá, mediante órdenes de prestación de servicios: del 03 de noviembre al 10 de diciembre de 1998; del 25 de enero al 07 marzo de 1999; y, del 13 de febrero al 11 de diciembre de 2003. Posteriormente, se vinculó como docente oficial en propiedad desde el 3 de marzo de 2004 hasta el 9 de junio de 2013, fecha en que fue retirada por pérdida de capacidad laboral, calificada en un 76.30%.
Mediante Resolución nro. 001019 del 11 de marzo de 2014, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG reconoció y ordenó el pago de una pensión por invalidez a favor de la señora Gloria Inés Ladino Sáenz, aplicando para su liquidación las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Posteriormente, la señora Ladino Sáenz promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad parcial del anterior acto administrativo y, como consecuencia, se ordenara la reliquidación de
Posteriormente, la señora Ladino Sáenz promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad parcial del anterior acto administrativo y, como consecuencia, se ordenara la reliquidación de la pensión de invalidez incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año anterior a la fecha de declaratoria de pérdida de la capacidad laboral (12 de junio de 2012 al 11 de junio de 2013), que se condenara a pagar las diferencias de las mesadas pensi onales desde la fecha en que cumplió con los requisitos de pensión. Lo anterior, teniendo en cuenta que su vinculación inicial fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
El Juzgado Primero Administrativo de Tunja, mediante sentencia del 11 de marzo de 2020, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la actora no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez en los términos solicitados, porque acorde con las pruebas aportadas se vinculó formalmente a la docencia después del 27 de junio de 2003, por lo que, el régimen pensional aplicable es el establecido en la Ley 100 de 1993, además, sostuvo que el tiempo acreditado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios no puede tenerse en cuenta para efectos pensionales.
La actora presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con el argumento de que le era aplicable el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual los docentes vinculados al servicio público antes de 1990 están regidos por el régimen prestacional de empleados públicos del orden nacional, lo que incluye el
argumento de que le era aplicable el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual los docentes vinculados al servicio público antes de 1990 están regidos por el régimen prestacional de empleados públicos del orden nacional, lo que incluye el derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del salario promedio del último año, conforme a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Afirmó que este marco normativo es aplicable al caso, dado que la demandante había adquirido derechos como docente antes de 2003.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 29 de enero de 2025 , confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que los argumentos presentados por la demandante para justificar el reconocimiento del tiempo laborado mediante OPS no desvirtúan las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables. Por lo tanto, se concluye que no es posible reconocer el tiempo laborado bajo esta modalidad ni incluirlo para efectos pensionales debido a la falta de acreditación de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones.
3. Argumentos de la acción de tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
Demandante: Gloria Inés Ladino Sáenz
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A juicio de la tutelante, el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues aportó los elementos de juicio necesarios con los cuales se acredita que estuvo vinculada a la docencia oficial
A juicio de la tutelante, el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues aportó los elementos de juicio necesarios con los cuales se acredita que estuvo vinculada a la docencia oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Que, se omitió aplicar el principio de in dubio pro operario y el criterio de primacía del derecho sustancial, lo cual configura una decisión ilegítima.
Señaló que trabajó en el servicio público educativo en el departamento de Boyacá, mediante órdenes de prestación de servicios desde el 3 de noviembre de 1998, es decir antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Que, en esa medida, tiene derecho a que se le aplique el régimen anterior y, en consecuencia, se le reliquide su pensión de invalidez con todos los factores devengados en el último año previo a la declaratoria de la pérdida de capacidad laboral.
Igualmente, aseguró que la sentencia acusada desconoció el precedente jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado , que establecen que el tiempo trabajado bajo OPS puede computarse para efectos pensionales cuando se demuestra una relación de subordinación o cuando prima la realidad sobre las formas.
Aunado a ello, aseguró que se desconoció lo dispuesto en la Sentencia SUJ-014CE-S2-2019, según la cual para ser beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, no se exige afiliación ni aportes, sino únicamente la vinculación al servicio público educativo antes del 26 de junio de 2003. Que, en esa
en la Ley 812 de 2003, no se exige afiliación ni aportes, sino únicamente la vinculación al servicio público educativo antes del 26 de junio de 2003. Que, en esa medida, el tiempo que estuvo trabajando mediante órdenes de prestación de servicio deben tenerse en cuenta para efecto del reconocimiento de su pensión.
Señaló que, no existe otro medio eficaz para la protección de los derechos vulnerados, por lo que la tutela es procedente al tratarse de una vulneración actual y grave con efectos irreparables sobre el acceso a la pensión de la docente.
4. Trámite previo
Mediante auto del 25 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá , en calidad de demandados y al Juzgado Primero de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en calidad de terceros con interés.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Boyacá adujo que la acción de tutela no cumple los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Que la actora contó con oportunidad procesal suficiente para controvertir, sin éxito, los fundamentos jurídicos de la decisión judicial cuestionada, razón por la cual debe concluirse que no hay lugar a la protección constitucional solicitada y que debe mantenerse incólume lo resuelto en dicha providencia.
Señaló que, la acción de tutela carece de sustento fáctico y jurídico suficiente que permita configurar una vía de hecho o una decisión ilegítima. Aseguró que la
Señaló que, la acción de tutela carece de sustento fáctico y jurídico suficiente que permita configurar una vía de hecho o una decisión ilegítima. Aseguró que la decisión adoptada se enmarca dentro de los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, sin que se advierta vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la parte actora.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
Demandante: Gloria Inés Ladino Sáenz
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Que valoró en debida forma las pruebas aportadas al proceso y siguió la línea jurisprudencial desarrollada por el Consejo de Estado, en el entendido que no acreditó la existencia de aportes al sistema general de pensiones durante el tiempo en que estuvo vinculada mediante órdenes de prestación de servicios, ni tampoco demostró que estas relaciones contractuales constituyeran verdaderas relaciones laborales de facto, por lo que no era procedente reconocer ese tiempo como válido para acceder al régimen pensional anterior a la Ley 812 de 2003.
6. Intervención de los terceros con interés
El Ministerio de Educación pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no tiene una relación de subordinación o control con la autoridad judicial que adoptó la decisión cuestionada, ni se acreditó la vulneración de algún derecho fundamental de su parte.
Por otra parte, adujo que la acción de tutela es improcedente , porque no cumple
autoridad judicial que adoptó la decisión cuestionada, ni se acreditó la vulneración de algún derecho fundamental de su parte.
Por otra parte, adujo que la acción de tutela es improcedente , porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional , pues la actora no acreditó la vulneración de algún derecho fundamental, por el contrario , lo que se advierte es un debate procesal, una controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela.
La Fiduprevisora S.A. solicitó que se le desvinculara del trámite de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues asegura que no hay un nexo de causalidad entre la entidad y la omisión o acción o amenaza de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.
En todo caso, señaló que la autoridad judicial que profirió la sentencia cuestionada actuó conforme a la normativa establecida, sin que pueda concluirse que se desconoció el precedente jurisprudencial del asunto bajo análisis. Que, teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección de las formas propias de cada juicio, conforme lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, la presente acción de tutela es improcedente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico y soluciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
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Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la demandante, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 29 de enero de 2025, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de reliquidación de la pensión de invalidez, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-3333-001-2019-00083-00/01, promovida por la señora Gloria Inés Ladino Sáenz.
La Sala anticipa que accederá el amparo pretendido, toda vez que la providencia cuestionada adolece de defecto fáctico y por desconocimiento del precedente, pues
señora Gloria Inés Ladino Sáenz.
La Sala anticipa que accederá el amparo pretendido, toda vez que la providencia cuestionada adolece de defecto fáctico y por desconocimiento del precedente, pues no se hizo una valoración adecuada de las pruebas ni se atendió al criterio desarrollado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre los tiempos de vinculación con la docencia oficial mediante la suscripción de órdenes de prestación de servicios, para efectos de determinar el régimen jurídico aplicable.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
Sin embargo, de manera previa se referirá a la legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A.
Legitimación en la causa por pasiva
En el presente caso la actora cuestiona la sentencia del 29 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-3333-001-2019-00083-00/01, por presuntamente incurrir en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.
El Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A. solicitaron que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala advierte que las referidas autoridades se encuentran vinculadas al presente trámite constitucional en calidad de tercero s con interés . La
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala advierte que las referidas autoridades se encuentran vinculadas al presente trámite constitucional en calidad de tercero s con interés . La Fiduprevisora S.A. compareció como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Este fondo de previsión junto con el Ministerio de Educación fueron la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se emitió la sentencia cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negarán las solicitudes.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
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excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esaRadicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
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lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional. La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque el asunto no trata sobre una instancia adicional, no alude a una discusión de orden legal o económico, pues recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con l a seguridad social, pues se trata de la reliquidación de una pensión de invalidez, lo cual, acorde con lo previsto por la Corte Constitucional 4 permite flexibilizan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que debe darse un trato diferencial por tratarse de sujetos de especial protección. Además, cumple con el presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue notificada por correo electrónico el 10 de febrero de 2025 y la demanda de tutela fue radicada el 14 de marzo de 2025, esto es, mes y cuatro días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la tutelante; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
Del r égimen de pensiones de los docentes y los criterios para el reconocimiento de las pensiones de invalidez.
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 Sentencia T – 046 de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
Demandante: Gloria Inés Ladino Sáenz
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El parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señaló que el régimen pensional aplicable a los docentes depende de la fecha de vinculación5, de acuerdo con la entrada en vigencia de la Ley 812 den 2003, esto es, el 27 de junio de 2003.
En ese entendido, si el docente se vinculó al servicio público educativo con anterioridad al 27 de junio de 2003 , el régimen prestacional aplicable es el establecido para el personal docente que regía para esa fecha, es decir, la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; ahora, si el docente se vinculó al servicio público educativo a partir del 27 de junio de 2003, se jubilará con el régimen de prima media con prestación definida, establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Entonces, para los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, prevé lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
de la Ley 812 de 2003, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, prevé lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
2. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 , para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. […]
(Resalta la Sala)
Conforme con lo anterior, se advierte que los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, le es aplicable la Ley 91 de 1989, que remite a los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
En cuanto a la cuantía de la pensión de invalidez, el artículo 63 del Decreto 1848 de 1969 prevé lo siguiente:
Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación:
Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual.
c. Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual, si fuere variable. (Se resalta)
5 El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
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en términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01495-00
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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Respecto a los factores salariales a tener en cuenta para efectos de la liquidación pensional, en estos eventos, debe acudirse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1975, que establece:
Artículo 45. De los factores de salario por la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario: a) la asignación básica mensual; b) los gastos de representación y la prima técnica; c) Los dominicales y feriados; d) las horas extras; e) los auxilios de alimentación y transporte; f) la prima de navidad; g) la bonificación por servicios prestados; h) la prima de servicios; i) los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; j ) los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al decreto -ley 710 de 1978;k) la prima de vacaciones; l) el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; y, ll) las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas.
suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; y, ll) las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas.
Ahora, para efecto de pensión de invalidez cuya vinculación al servicio educativo sea con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, se tiene que los artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993, regulan lo correspondiente a la pensión de invalidez por riesgo común, y que la Ley 776 de 2002, prevé las normas a aplicar en cuestión de pensión de invalidez de origen profesional.
Del caso concreto
La señora Gloria Inés Ladino Sáenz interpuso la presente acción de tutela, al considerar que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al pr
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