CE - Sentencia 11001031500020250151600
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250151600
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01516-00
Accionante: BAYRON ALEXIS CHACUA REALPE
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA IMPROCEDENTE – No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Bayron Alexis Chacua Realpe solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la salud y a la igualdad , cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 7 de febrero de 202 5, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 5200133-33-005-2022-00186-00/01.
Administrativo de Nariño dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 5200133-33-005-2022-00186-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que promovió la demanda de reparación directa núm. 52001-33-33-0052022-00186-00/01 contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional para que le repararan los daños ocasionados en el operativo realizado por la demandada el 5 de mayo de 2021 en el Municipio de Pasto.2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01516-00
Accionante: Bayron Alexis Chacua Realpe
2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, autoridad judicial que, mediante providencia de 25 de septiembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.3. Refirió que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el Tribunal Administrativo de Nariño revocó, mediante sentencia de 7 de febrero de 2025, el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la salud y a la
demanda.
2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la salud y a la igualdad, al incurrir en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Frente al defecto sustantivo, refirió que la autoridad judicial accionada al revocar la decisión de primera instancia desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual “[…] en casos de responsabilidad estatal bajo el régimen de riesgo excepcional, para prueba del nexo causal no exige certeza absoluta, sino una probabilidad alta basada en el acervo probatorio, se resalta se aportaron videos y testimonios que acreditaban la responsabilidad del ESMAD de la policía Nacional, no obstante, el Tribunal administrativo de Nariño sala segunda de decisión, desestimo [sic] estas pruebas con base en el criterio restrictivo que contradice la jurisprudencia de las Honorable Corte Constitucional y Consejo de Estado en materia de responsabilidad el estado, además la decisión de segunda instancia se basó en un estándar probatorio inapropiado para el régimen de responsabilidad objetiva y de riesgo excepcional, en estos casos debe imputarse al estado cuando se acredita que el perjuicio provienen de una actividad riesgosa, como lo es el uso de proyectiles lacrimógenos en manifestaciones […]”.
2.6. Acerca del desconocimiento del precedente judicial sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño se apartó e ignoró de manera injustificada una decisión previa que era vinculante, proferida “[…] por el CONSEJO DE ESTADO
2.6. Acerca del desconocimiento del precedente judicial sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño se apartó e ignoró de manera injustificada una decisión previa que era vinculante, proferida “[…] por el CONSEJO DE ESTADO como consejera ponente la Dra. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO con radicado 90012333000201700068 01 (65350) […]”. [Mayúscula original del texto]
2.7. Al respecto expuso:
“[…] se trata de una demanda de medio de control de reparación directa presentada ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA cuyo actor fue YHON EDUAR MOSTACILLA BALDOMERO Y OTROS, vs NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA Y PLICIA [sic] NACIONAL, los hechos narran específicamente que al actor le impacto [sic] una bala de goma en medio de una confrontación con el ESMAD de la POLICIA [sic] NACIONAL en la cual el perdió el ojo izquierdo, el fallo de primera instancia resolvió lo siguiente: […]3
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Accionante: Bayron Alexis Chacua Realpe
(.) la Sala considera que el daño antijurídico, consistente en la lesión del señor Yhon Eduar Mostacilla, es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policia [sic] Nacional, por haber sido causado en medio de un enfrentamiento entre agentes del Esmad con otras personas, en aras de retomar el orden público, lo que se enmarca en un rompimiento de la igualdad de las cargas públicas que el señor Mostacilla no estaba en el
enfrentamiento entre agentes del Esmad con otras personas, en aras de retomar el orden público, lo que se enmarca en un rompimiento de la igualdad de las cargas públicas que el señor Mostacilla no estaba en el deber de soportar, por lo que el daño es imputable bajo el titulo objetivo de responsabilidad de daño especial […]”. [Mayúscula original del texto]
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia vulnerados por el TRIBUNAL ADMINSTRATIVO [sic] DE NARIÑO sala segunda de decisión, en sentencia de reparación directa proferida el 7 de febrero de 2025.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior, se deja sin efecto el fallo de sentencia de segunda instancia proferido el 7 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño Sala Segunda de decisión bajo el radicado 52001-33-33-005-2022-0018601 (13882), por haber incurrido esta subsección en vías de hecho por defecto sustantivo, orgánico o procedimental y desconocimiento del precedente.
TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y ante evidentes vías de hecho en que incurrió el Tribunal Administrativo De Nariño Sala Segunda De Decisión, se ordene al accionado vuelva a estudiar y proferir sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta la salvaguarda constitucional […]”. [Mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta la salvaguarda constitucional […]”. [Mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a los señores Amparo de Jesús Chacua
Realpe, María Emérita Realpe de Chacua, Elizabeth Chacua, Nelson Duván Cuasanchir Chacua, Diana Marcela Chacua, Jhonny Alexander Chacua y Brayan Stiven Chacua.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto señaló que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque la decisión controvertida no fue proferida por ese despacho, por lo que solicitó su desvinculación de la acción.4
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Accionante: Bayron Alexis Chacua Realpe
5.2. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional manifestó que la acción de tutela era improcedente porque no se hubo vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
5.3. Los señores Amparo de Jesús Chacua Realpe, María Emérita Realpe de Chacua, Brayan Stiven Chacua, Nelson Duván Cuasanchir Chacua, Jhonny
fundamentales de la parte accionante.
5.3. Los señores Amparo de Jesús Chacua Realpe, María Emérita Realpe de Chacua, Brayan Stiven Chacua, Nelson Duván Cuasanchir Chacua, Jhonny Alexander Chacua, Diana Marcela Chacua, Elizabeth Chacua y Bayron Alexis Chacua Realpe señalaron que el señor Bayron Alexis Chacua Realpe “[…] sufre de secuelas que se han convertido degenerativas consistente en Enfermedad de Ataques de Epilepsia que le dejo dicha lesión a raíz del proyectil de impacto, lo que lo han llevado ha entrado en Episodios Psicóticos tanto es el caso que la madre de nuestro ser querido ha tenido que llevarlo en varias ocasiones por Urgencias […]”.
5.4. Agregaron que les “[…] duele que las entidades que causaron el daño se queden sin recibir el castigo adecuado por cuanto hasta la actualidad desde el momento que sucedió el hecho no han brindado ninguna colaboración, ayuda o han resarcido el daño que causaron a una familia que ha sido unida y más doloroso mirar como el ser humano que fue BAYRON ALEXIS CHACUA REALPE desapareció por cuanto no volvió a reír se la pasa en un estado de depresión y que lo han llevado a realizar acciones suicidas de terminar con su vida y que las personas que realizaron ese sufrimiento no han realizado nada por hacer superar ese impase […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01516-00
Accionante: Bayron Alexis Chacua Realpe
desvinculación procesal presentada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto.
Accionante: Bayron Alexis Chacua Realpe
desvinculación procesal presentada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto fue señalado en el escrito de tutela como accionado, la Sala considera que le asiste el interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional.
9. Teniendo en cuenta que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto fue señalado en el escrito de tutela como accionado, la Sala considera que le asiste el interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01516-00
Accionante: Bayron Alexis Chacua Realpe
- resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
- resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 7 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.7
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17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. El señor Bayron Alexis Chacua Realpe solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la salud y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 7 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 5200133-33-005-2022-00186-00/01.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 11 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).8
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23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 15 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
[Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 15 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económi co con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]
12 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 13 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 14 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.9
Ramírez Ramírez. 15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01516-00
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a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norm a de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o partic ular. Esto no significa, claro está, que jamás
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o partic ular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. […]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
16 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de marzo de 2023.10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01516-00
Accionante: Bayron Alexis Chacua Realpe
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales17.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida, a la salud y a la igualdad por hab
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