CE - Sentencia 11001031500020250153400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250153400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
Accionante: Lohi S.A.S. en liquidación
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
Accionantes: LOHI S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios establecidos en la ley para la defensa de sus derechos . La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando el debate planteado por el demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Lohi S.A.S. en Liquidación, por intermedio de su representante lega l, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
en Liquidación, por intermedio de su representante lega l, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La sociedad Lohi S.A.S. en Liquidación, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y de acceso a la administración de justicia , que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que revocó la sentencia del 28 de abril de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Tolima , y en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acciónRadicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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de reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y el Municipio de Ataco (Tolima)1.
1.2. La demanda se adelantó con el objeto de que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a las demandadas por los daños sufridos con ocasión de la retención, por parte de agentes de la Policía Nacional, de tres retroexcavadoras, un contenedor con herramientas y los vehículos tipo tractomula que las transportaban, mientras atravesaban el Municipio de Ataco (Tolima).
1.3. El referido medio de control se fundamentó en que la accionante, con
y los vehículos tipo tractomula que las transportaban, mientras atravesaban el Municipio de Ataco (Tolima).
1.3. El referido medio de control se fundamentó en que la accionante, con el fin de iniciar la ejecución de un contrato de operación minera suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), el 3 de agosto de 2011, en 4 vehículos tipo tractomula, movilizó 3 retroexcavadoras y un contenedor con herramientas para el montaje de la operación. Sin embargo, mientras los vehículos se desplazaban por el Municipio de Ataco, fueron detenidos por uniformados de la Policía Nacional, quienes informaron que por, orden de la alcaldía municipal, no se permitía el ingreso de maquinaria con destino a la explotación minera en razón a que ninguna autoridad ambiental había comunicado de forma oficial la concesión de un título minero.
En esa oportunidad , la demandante alegó que las maquinas fueron retenidas entre el 4 y 5 de agosto de 2011, pese a que contaba con los permisos por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y a que las autoridades locales estaban informadas sobre su desplazamiento, lo que se acreditó en el momento de la incautación con los documentos pertinentes.
Por lo anterior, la demandante interpuso una acción de tutela, la cual fue resuelta el 24 de agosto de 2011 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco, quien amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó la entrega de la maquinaria retenida . Sin embargo, solo hasta el 17 de
resuelta el 24 de agosto de 2011 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco, quien amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó la entrega de la maquinaria retenida . Sin embargo, solo hasta el 17 de
1 Proceso que se identificó con la radicación 73001 23 33 000 2013 00651 02.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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septiembre de ese año fueron devueltos los vehículos y las herramientas incautadas. En c onsecuencia, la sociedad Lohi S.A.S. tuvo que asumir costos adicionales y se produjo la terminación del contrato de operación minera.
1.4. La demanda de reparación directa correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima, quien en audiencia inicial del 2 de julio e 2014 declaró probada de oficio la excepción de caducidad, al considerar que el plazo de 2 años que tenía el actor para presentar la demanda había vencido el 21 de octubre de 2013 , y que esta fue radicad a el 19 de noviembre del mismo año.
Contra la anterior decisión la parte demandante presentó recurso de apelación y, mediante proveído del 21 de enero de 2015, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la revocó y declaró no próspera la excepción de caducidad, “sin perjuicio de lo que se estime posteriormente
Estado, Sección Tercera, Subsección B, la revocó y declaró no próspera la excepción de caducidad, “sin perjuicio de lo que se estime posteriormente en el curso de este proceso contencioso sobre el daño a indemnizar y la caducidad de la presente demanda”.
1.5. Mediante sentencia del 28 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , al considerar que el Municipio de Ataco se extralimitó en sus funciones , pues, pese a que conocía que la demandante cumplía con todos los requisitos para adelantar la actividad minera, optó por ordenarle a la Policía Nacional que no permitiera el ingreso de la maquinaria.
Contra la anterior decisión, la parte demandante y el Municipio de Ataco presentaron recurso de apelación, los cuales fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de sentencia del 12 de abril de 2024, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar , declaró probada de oficio la excepción de caducidad , con fundamento en que , según lo relatado en la demanda , los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2011 , por lo que el término de caducidad empezó a correr desde el día siguiente y se suspendió el 4 de abril de 2013, con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial , y seRadicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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reanudó el 19 de junio de 2013, finalizando el 21 de octubre de 2013. Por lo tanto, como la demanda fue radicada el 19 de noviembre del mismo año, resultó extemporánea.
La demandante radicó solicitud de aclaraci ón y adición de la anterior sentencia, la cual fue negada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en proveído del 10 de octubre de 2024 , al considerar que con ella se pretendió cuestionar el análisis jurídico que efectuó la Sala en relación con el cómputo del término de caducidad.
1.6. La accionante adujo en la tutela que la decisión atacada incurrió en vía de hecho, pues ni las contestaciones de la demanda ni los recursos de apelación presentados se sustentaron en la excepción de caducidad, por lo que la autoridad judicial accionada no estaba habilitada para realizar el análisis sobre ésta, máxime cuando ya se había llevado a cabo en el auto del 21 de enero de 2015. Por lo tanto, sostuvo que la valoración de la caducidad ya había sido decantada, y con ocasión a ello se desconocieron los principios de non bis in idem y non reformatio in pejus.
1.7. Por otro lado, adujo que la sentencia atacada desconoció “la línea jurisprudencial” relacionada con el cómputo del término de caducidad del
los principios de non bis in idem y non reformatio in pejus.
1.7. Por otro lado, adujo que la sentencia atacada desconoció “la línea jurisprudencial” relacionada con el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa en los casos en los que el daño se prolonga en el tiempo. No obstante, aunque mencionó al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional 2, no invocó como desconocida ninguna providencia en específico.
1.8. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones3:
“Teniendo en cuenta lo anterior, solicito respetuosamente señor Juez de Tutela, se sirva ordenar A LA ENTIDAD accionada CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
La valoración de Fondo de los recurso de Apelación Presentados dentro del trámite Medio de control de reparación directa - Referencia: (57.504)
Demandante: Sociedad LOHI S.A.S. Demandados: Nación – Ministerio de
2 Hechos decimoséptimo y decimoctavo. 3 Se transcribe del texto original aun con posibles errores.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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Defensa y otros , para que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
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Defensa y otros , para que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación con los derechos cuya tutela se invoca; pero muy especialmente en las disposiciones constitucionales que consagran la garantía de los derechos vulnerados, solicito al juez de tutela de conocimiento, se sirva:
1.TUTELAR el derecho fundamental al, DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A LA IGUALDAD, por haber decretado la EXCEPCION DE CADUCIDAD DE OFICIO SIN SER
PROCEDENTE TAL PRONUNCIAMIENTO.
2. En consecuencia, A LA ENTIDAD ACCIONADA, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, una vez se Compruebe cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE ORDENE VALORAR LOS RECURSOS DE APELACION PROPUESTOS y MODIFICAR la sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata el 12 de abril de
2024 .
4 - Se prevenga a la entidad accionada para que en el futuro no se vuelva a incurrir en conductas de la misma naturaleza, so pena de imponérsele a los
2024 .
4 - Se prevenga a la entidad accionada para que en el futuro no se vuelva a incurrir en conductas de la misma naturaleza, so pena de imponérsele a los funcionarios responsables, las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.
5Se le notifique de manera personal a las partes, o en su defecto por el medio más idóneo, el fallo de tutela que se profiera por su despacho como resultado de la presente acción”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Consejo de Estad o, Sección Tercera, Subsección B informó que en la sentencia objeto de debate se encuentran los razonamientos por los cuales se declaró probada de oficio la excepción de caducidad, y manifestó estar dispuesto a atender lo que disponga la Sala que decida la presente acción constitucional.
2.2. El Tribunal Administrativo del Tolima allegó el expediente de reparación directa con radicado 73001 23 33 000 2013 00651 00/02.
2.3. La Policía Nacional y el Municipio de Ataco guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1ºRadicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. La sociedad Lohi S.A.S. en Liquidación interpuso demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Municipio de Ataco, con el objeto de que se les declarara administrativa y extracontractualmente responsables por los daños sufridos con ocasión de la retención de maquinaria, herramientas y vehículos, destinados a la ejecución de un contrato de operación minera suscrito con el Ingeominas.
3.2.2. El Tribunal Administrativo del Tolima, en audiencia inicial del 2 de julio de 2014, declaró probada de oficio la excepción de caducidad. Contra esa decisión la parte demandante presentó recurso de apelación y, mediante proveído del 21 de enero de 2015, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la revocó.
3.2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través sentencia del 28 de abril de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La demandante y el Municipio de Ataco interpusieron recurso de apelación
3.2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través sentencia del 28 de abril de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La demandante y el Municipio de Ataco interpusieron recurso de apelación contra la anterior providencia y, mediante fallo del 12 de abril de 2024 , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la revocó y en su lugar declaró probada de oficio la excepción de caducidad de l medio de control.
3.2.4. La demandante presentó solicitud de aclaración y adición del fallo y, mediante providencia del 10 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la denegó.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicialesRadicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito de subsidiariedad
manera de desconocer principios constituc ionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito de subsidiariedad
Los artículos 86 de la Constitución Política y 6 º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 prevén que la tutela es improcedente cuando no se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. Es allí donde radica la finalidad del requisito de subsidiariedad, que consiste en impedir que esta acción se convierta en un mecanismo principal de protección.
La Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por excelencia para la preservación de los derechos es el proceso 4. Por consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o cuando la petición de amparo se ejerza como un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Siendo así, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3.3.1.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C –590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
3.3.1.2. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C –590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
4 Sentencia C–543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 5, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 6, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.
3.3.1.2.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señ aló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 6 M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU –573 de 2019 7, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.
sentencia SU –573 de 2019 7, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
7 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU -128 de 2021 y SU-103 de 2022.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.
3.3.1.2.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordi narios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza - a problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en cont ra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la ór bita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo expuesto en la SU -128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado” , pues, según explicó, solo
y reiterando lo expuesto en la SU -128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado” , pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.
8 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”. 9 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y cohe rente -es decir segura y en condiciones de igualdad - de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el f allador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
3.3.2.1. La Sala recuerda que los argumentos de la tutela giran en torno a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 12 de abril de 2024, proferida por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, pues considera que esta incurrió en una vía de hecho al declararRadicación: 11001 03 15 000 2025 01534 00
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probada la excepción de caducidad, teniendo en cuenta que esta no fue propuesta en la demanda ni fue materia de los recursos de apelación.
Entonces, la sala advierte que lo que la demandante en últimas reprocha es la falta de coherencia externa del fallo, pues considera que se emitió una decisión por fuera del cauce del debate que se había adelantado. Tal argumento equivale a sostener que el juez de segunda dictó un fallo utra o extra petita, por haberse pronunciado sobre aspectos que no fueron planteados por las partes en las pretensiones ni en las excepciones.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado , en sentencia del 1° de noviembre de 2016 10, señaló diferentes circunstancias que pueden conllevar a la configuración de una nulidad en la sentencia que finaliza un
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado , en sentencia del 1° de noviembre de 2016 10, señaló diferentes circunstancias que pueden conllevar a la configuración de una nulidad en la sentencia que finaliza un proceso ordinario, entre las que se encuentra la incongruencia , por no guardar relación con los fundamentos fácticos, jurídicos y las pruebas puestos a consideración de la autoridad judicial, lo que permitiría que dicha situación se someta a control mediante el ejercicio del recurso extraordinario.
Bajo tales circunstancias, es claro que la actora tenía a su alcance el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 12 de abril de 2024, por la causal de nulidad originada en la sentencia11, establecida en el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) . Tal medio de defensa resultaba eficaz e idóneo para exponer los argumentos sobre la incongruencia que, a su juicio, presenta l
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